Nu Colombia amplía su red de corresponsales con alianza con tiendas D1
La entidad permitirá
retirar efectivo desde las cajas de las tiendas mediante un código QR y sin
necesidad de utilizar una tarjeta física
Nu Colombia anunció una
alianza con D1 que permitirá a sus clientes retirar efectivo directamente en
las cajas de esta cadena de tiendas, utilizando únicamente su celular y la
aplicación de la entidad.
Con esta integración, la
compañía incorporará cerca de 2.800 establecimientos D1 a su red de puntos para
disposición de dinero, con cobertura en 28 departamentos y 540 municipios del
país. La medida amplía las opciones disponibles para los más de 5 millones de
clientes de Nu Colombia.
El nuevo servicio se
habilitará de manera progresiva desde el 9 de septiembre. Para realizar un
retiro el cliente deberá ingresar a la aplicación de Nu, seleccionar la opción
"Retirar" y luego "En D1 con QR". Posteriormente, tendrá que
escanear el código que genere el datáfono en la caja y autorizar la
transacción.
El monto máximo
establecido será de $700.000 por operación. A diferencia de los retiros
tradicionales, el proceso no requiere presentar una tarjeta física, pues la
transacción se completa desde el teléfono celular.
La expansión de esta red
llega cuando Nu Colombia cumple cinco años de operación en el país. Durante
este periodo, la compañía asegura haber entregado su primera tarjeta de crédito
a cerca de 1 millón de colombianos y haber alcanzado una cobertura equivalente
a alrededor de 15% de la población adulta.
“Nuestra obsesión siempre
ha sido hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, y esta alianza con D1 es
un paso estratégico en esa dirección. No sólo estamos eliminando las barreras
al permitir retiros sin tarjeta, sino que nos estamos conectando de forma
directa con la rutina diaria de los colombianos”, dijo Marcela Torres, gerente
general de Nu Colombia.
La operación se suma a las
alternativas que ya ofrece la compañía para que sus clientes puedan disponer de
efectivo y amplía su presencia física de la entidad en distintas regiones del
país.
Fuente: La Republica
Aseguradoras estiman el pago por indemnizaciones en
$3,7 billones tras un mes del sismo
En Valle del Cauca y
Risaralda se concentran la mayoría de las reclamaciones realizadas en más de
451 municipios de 31 departamentos a lo largo de tres semanas
A un mes del terremoto del
pasado 10 de agosto, que azotó a varios departamentos del territorio nacional,
las aseguradoras continúan avanzando en la atención de las reclamaciones de los
afectados. De acuerdo con el más reciente reporte de Fasecolda, con corte al 7
de septiembre, el valor asegurado asociado a los siniestros reportados asciende
a $3,7 billones, $1 billón más frente al balance presentado la semana anterior.
Durante este primer mes de
atención, las compañías han recibido 68.270 reclamaciones, frente a 66.370
registradas en el reporte anterior. Esto representa un incremento de 3% en ocho
días y de cerca de 550% frente al primer balance de la emergencia, cuando se
contabilizaron 10.465 casos.
Al mismo tiempo, las
aseguradoras han desembolsado $95.076 millones en indemnizaciones, recursos que
están llegando directamente a los asegurados y que contribuyen a la reparación
de viviendas, comercios, copropiedades y otros bienes afectados. El monto pagado
representa un crecimiento de 121% frente al tercer reporte de Fasecolda.
“A un mes del terremoto,
nuestra prioridad sigue siendo acompañar a las personas, familias, empresas y
copropiedades afectadas. Los $3,7 billones estimados en indemnizaciones
reflejan la magnitud de los daños asegurados y, sobre todo, el compromiso que hoy
tiene el sector con quienes confiaron la protección de su patrimonio a una
aseguradora”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.
El dirigente gremial
recordó además que los afectados cuentan con un plazo de hasta dos años,
contados desde la fecha del terremoto, para presentar todas sus reclamaciones,
por lo que el proceso todavía se encuentra en una etapa inicial.
La afectación reportada al
sector asegurador se extiende a 451 municipios de 31 departamentos, con una
concentración importante en el suroccidente y centro del país. Entre los
departamentos con mayor número de reclamaciones se encuentra Valle del Cauca, con
28.201 siniestros. Le siguen Risaralda, con 14.755; Quindío con 8.158;
Antioquia, con 5.847, y Caldas con 3.998.
Valle del Cauca también es
el departamento que encabeza el mayor monto de pagos realizados con $46.220
millones, mientras que el valor estimado a pagar alcanza $1,35 billones.
En Risaralda, las
compañías han desembolsado $26.337 millones y estiman obligaciones por $1,30
billones. En Quindío, por su parte, acumulan $12.446 millones en pagos, con un
valor estimado a pagar de $256.000 millones. El departamento de Caldas registra
$4.677 millones desembolsados y obligaciones estimadas por $220.000 millones,
mientras que en Antioquia los pagos ascienden a $660 millones, con un valor
estimado a pagar de $106.000 millones.
Por tipo de seguro, el
ramo de terremoto, que abarca categorías de hogar e incendio, concentra la
mayor cantidad de los casos reportados a nivel nacional, con 63.786
reclamaciones y una reserva total de $3,34 billones. Le siguen el ramo de
automóviles con 1.219 reclamaciones y reservas por $22.900 millones; riesgos
laborales con 1.113 reclamaciones y $16.600 millones en reservas.
Por su parte, el ramo de
lucro cesante registra cinco reclamaciones, aunque el valor de sus reservas
alcanza $33.900 millones, debido al impacto económico que pueden representar
las interrupciones de actividades productivas o comerciales cubiertas por este
tipo de pólizas.
Para facilitar todo lo que
conlleva el proceso, Fasecolda habilitó en su página web un ABC con información
para las personas que tengan dudas sobre sus seguros, las coberturas y el
procedimiento que deben seguir para presentar la reclamación. Con este panorama,
las cifras reportadas todavía no representan el costo definitivo de la
emergencia para el sector asegurador.
Fuente: La Republica
Por los falsos rechazos de identidad a la hora de
pagar, los bancos pierden hasta US$160.000
El análisis estimó que
para 2029 los falsos rechazos costarán US$297.000 millones para la industria
internacional de los pagos
Los falsos rechazos en una
transacción financiera son aquellos que se producen cuando el usuario de una
entidad financiera va a realizar una operación y los filtros de seguridad pasan
sus datos legítimos como intentos de fraude de alguien más. Según un análisis
de BPC, esto podría significar que en América Latina los bancos pierden
US$160.000 en ingresos por intercambio por la problemática.
La Superintendencia
Financiera reveló que los ataques a la ciberseguridad son constantes; tan solo
en el primer semestre de 2025, la entidad reveló que se habían presentado
27.000 millones de ataques, lo que significa 69% más que en 2024. Esto
demuestra que, si bien los filtros de seguridad son necesarios, la cuestión va
a un punto de imprecisión de los filtros en casos en los que no es posible
validar la identidad propia.
BPC resaltó que, si bien
los bancos monitorean el fraude, pierden de vista la medición de estos casos de
bloqueos de transacciones legítimas. Y declaro que muchas veces se trata de uno
de los mayores costos ocultos de la industria de pagos.
El análisis estimó que
para 2029 los falsos rechazos costarán US$297.000 millones para la industria
internacional de los pagos. Y afirmo que la situación tiene que ver
exclusivamente con plataformas desactualizadas y heredadas con protocolos
rígidos que identifican comportamientos válidos como sospechosos, en lugar de
usar plataformas modernas que miden el riesgo de formas coherentes.
El reporte de BPC modeló
el costo anual de los falsos rechazos evitables en cinco mercados. Y se calcula
a través de la referencia de un emisor con 10 millones de intentos de
transacciones débito al mes. En el análisis, la entidad incluso promedia con tasas
de riesgo moderado y descubrió que aun así los falsos rechazos representan 0,50
puntos porcentuales, lo que se traduce en 50.000 transacciones legítimas
bloqueadas incorrectamente cada mes.
Lo que quiere decir que en
transacciones de US$30 bloqueadas se desaprueban alrededor de US$1,5 millones
por mes. La entidad aclaró que, sin embargo, dependiendo de las tasas de
intercambio de cada mercado, el impacto anual sobre los ingresos puede variar
significativamente.
“La mayoría de los bancos
tiene una visión clara de las pérdidas por fraude, pero muy pocos miden
realmente cuánto les cuestan los falsos rechazos. Cada transacción legítima
bloqueada incorrectamente representa ingresos por intercambio perdidos hoy y,
potencialmente, la pérdida de la lealtad del cliente mañana”, señaló Joel
Mendoza, director de consultoría para Latinoamérica de BPC.
Por otro lado, los
emisores corren el riesgo de perder el gasto de futuro de clientes, ya que los
consumidores normalizan la alternativa de usar otra tarjeta en lugar de
reintentar el ingreso. Datos Insights: Halló que 78% de las instituciones
financieras considera que los pagos fallidos tienen un impacto crítico en la
experiencia del cliente, mientras que un tercio reporta haber perdido entre 2%
y 5% de sus clientes debido a fallas en los pagos.
Fuente: La Republica
El Banco Agrario anunció la elección de su Junta
Directiva para los próximos dos años
La Junta Directiva del
Banco Agrario para el periodo 2026-2028 quedó integrada por nueve miembros,
entre quienes hay cinco patrimoniales
El Banco Agrario de
Colombia realizó cambios en la composición de su Junta Directiva durante una
sesión extraordinaria universal de la Asamblea General de Accionistas, en la
que estuvo representado el 100% del capital social de la entidad.
De acuerdo con el
documento divulgado por el banco, Clara Sarmiento Arzuaga fue designada para
ocupar el renglón uno de la Junta Directiva, en reemplazo de Ligia Peñuela
Peñuela. Asimismo, Enrique de la Espriella Castro entró en sustitución de
Carlos Alberto Suescún Barón.
Con estas modificaciones,
la Junta Directiva del Banco Agrario para el periodo 2026-2028 quedó integrada
por nueve miembros: Clara Sarmiento Arzuaga, Andrés Ricardo Quevedo Caro,
Sandra Janeth Romero Barrios, Marcelino Romero Alejo, Cicerón Fernando Jiménez
Rodríguez, Andrés Barreto González, Sara María Ramírez Arias, Enrique de la
Espriella Castro y Carlos Eduardo Beltrán.
Según la clasificación
presentada por la entidad, cinco integrantes tienen la calidad de miembros
patrimoniales, mientras que tres son independientes y uno corresponde a la
categoría de empleado. Los miembros patrimoniales son Clara Sarmiento Arzuaga,
Andrés Ricardo Quevedo Caro, Sandra Janeth Romero Barrios, Marcelino Romero
Alejo y Sara María Ramírez Arias.
Por su parte, Cicerón
Fernando Jiménez Rodríguez, Andrés Barreto González y Enrique de la Espriella
Castro figuran como miembros independientes, mientras que Carlos Eduardo
Beltrán aparece como representante en la categoría de empleado.
Fuente: La Republica
En próximos días se anunciará el desmonte del arancel
de 12,5% con EE.UU.
Estados Unidos impuso este
arancel al considerar que el país no tenía una normativa clara contra el
trabajo forzoso
En julio de este año la
Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Ustr por sus siglas en
inglés, determinó imponer un arancel adicional de 12,5% a algunas de las
importaciones de productos originarios de Colombia. Sin embargo, este diario conoció
que en los próximos días se anunciará el desmonte de dicho arancel, en parte
gracias a los acercamientos liderados por el ministro de Comercio, Mauricio
Gómez Amín.
En su momento, EE.UU. tomó
esta medida al considerar que Colombia está dentro de los países que aún no
cuentan con una prohibición efectiva contra la importación de bienes producidos
con trabajo forzoso.
Por tal motivo, en las
últimas semanas el Ministerio de Comercio publicó un proyecto de decreto
disponible para comentarios en el que se establece dicha prohibición. Este
documento fue pieza clave para poder negociar el arancel.
Dentro del proyecto de
decreto se establece que se prohibirá el ingreso al territorio a aquellas
mercancías que hayan sido, total o parcialmente, extraídas, producidas,
manufacturadas o transformadas mediante trabajo forzoso u obligatorio.
Esta prohibición
comprenderá todas las etapas de la cadena de suministro, incluidas, entre
otras, la extracción, el
cultivo, la cosecha, la manufactura, el ensamble y el procesamiento.
Y se define trabajo
forzoso como "todo trabajo o servicio exigido a una persona bajo la
amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicha persona no se haya ofrecido
voluntariamente".
En ese sentido, el
documento también estipula que la Dian será la autoridad competente encargada
para controlar el cumplimiento de la prohibición.
Fuente: La Republica
Banco de Bogotá advierte que PGN sugiere el peor
escenario con déficit fiscal en 9,4%
Investigaciones Económicas
recalcó que, del aumento al PGN, $30 billones corresponden al supuesto de que
en 2026 el gobierno no tomará acciones para reducir las amortizaciones de deuda
Pese a que el gobierno
radicó un PGN para 2027 que buscaría "sincerar las cuentas" y poner
en evidencia los factores que la anterior administración no tuvo en cuenta, un
análisis de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá reveló que ese aumento
de casi $60 billones y la falta de acciones para reducir el gasto en
amortizaciones son evidencia un proyecto sin estrategias para cambiar el rumbo
de las finanzas públicas y que deja entrever el peor escenario posible,
llevando el déficit fiscal de 2027 a 9,4% del PIB.
El aumento de $59,3
billones entre ambos proyectos se explica principalmente por un mayor
reconocimiento del gasto en servicio de la deuda, que subió $37,4 billones bajo
el supuesto de que el Gobierno no hará roll-over de deuda; así como por el
sinceramiento del gasto de intereses. A esto se sumó un mayor presupuesto para
personal, que creció $4,5 billones, lo que sugiere, de acuerdo con el informe,
que el Ejecutivo ya incorpora una expectativa de ajuste del salario mínimo de
8% y no de 1,4% y que el proyecto no trae, por ahora, un recorte de nómina.
También subió el gasto en
pensiones en $6,5 billones, debido al impacto del incremento salarial y los
desafíos de deslizamiento; las transferencias en salud, en $2 billones, por los
cálculos desfasados de la UPC; y se incluyó el pago del Fondo de Estabilización
de Precios de los Combustibles, Fepc, por $9,6 billones, que antes se
contabilizaba a través de TES. No obstante, el incremento no fue mayor porque
el PGN redujo en $3 billones la destinación a inversión.
Frente a este balance,
Investigaciones Económicas recalcó que, del aumento al PGN, $30 billones
corresponden al sinceramiento de esas partidas de gasto y otros $30 billones al
supuesto de que en 2026 el gobierno no tomará acciones para reducir las amortizaciones
de deuda de 2027, algo que calificó como "inusual y que corresponde
entonces a la estrategia de Hacienda de mostrar un escenario en el que no
realizan operaciones de manejo de deuda".
"Reducir las
amortizaciones, como se ha hecho habitualmente, debería traducirse en un menor
PGN, lo que abriría espacio al Gobierno para mejorar sus números fiscales, o
como se mencionó redirigir recursos para atender el terremoto", enfatizó
en el informe.
En cuanto al anuncio del
gobierno de que presentará una Ley de Ajuste Fiscal para reducir el déficit de
2027 en 2,2 puntos del PIB , mediante una combinación de recortes de gasto y la
eliminación de tratamientos diferenciales en el estatuto tributario, cuyo
potencial recaudo rondaría 8,9% del PIB; Banco de Bogotá indicó que el ajuste
podría terminar siendo incluso mayor al anunciado, teniendo en cuenta que, por
el lado de los ingresos, la meta de recaudo tributario de $296,7 billones para
2027 luce conservadora frente a una expectativa de crecimiento de apenas 1,8%,
que podría sorprender al alza, especialmente si la construcción, la manufactura
y el sector minero-energético repuntan.
A su vez, por el lado del
gasto, un ajuste del salario mínimo de un solo dígito moderaría las
expectativas de inflación y de tasas de interés, con lo que se reducirían los
gastos indexados al IPC, el costo de financiación de la deuda y las presiones
sobre pensiones y nómina.
Con todo y eso, el
deterioro fiscal se extendería más allá de 2027, debido a que, según advirtió
Investigaciones Económicas, se alcanzarí un posible déficit primario de -3,5%
del PIB en 2026, frente al -2,1% que incorporaba el Marco Fiscal de Mediano Plazo,
por la elevada ejecución presupuestal y la ausencia de ajustes de gasto de la
administración saliente.
De hecho, el gobierno
confirmó esa alerta, con un déficit primario esperado de -3,3% del PIB, que ya
incorpora un recorte de $21,9 billones, de los cuales $16,3 billones son
exigidos por ley, tras la no aprobación de la Ley de Financiamiento y la caída
de la emergencia económica de finales de 2025; mientras que $5,6 billones
corresponderían a recorte discrecional adicional, dos factores con los que el
déficit fiscal total de 2026 se ubicaría en 7,2% del PIB.
Para financiar ese mayor
desbalance, Hacienda aumentó el cupo de emisiones de TES en $25 billones, hasta
$110,25 billones, y prevé volver a los mercados internacionales con una emisión
de bonos globales por cerca de USD3.000 millones, según explicó el nuevo
director de Crédito Público, César Arias.
En cuanto al terremoto del
10 de agosto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, anunció que la emergencia
se atenderá sin deteriorar las finanzas públicas, con una asignación
presupuestal inicial de apenas $4 billones para 2026, que iría aumentando según
la evolución de la emergencia. Del total, solo 15% se financiaría con deuda,
mientras el resto provendría de reasignaciones presupuestales: traslados de la
emergencia económica, regalías, la sobretasa del ACPM y recursos del Fonpet y
de organismos multilaterales. El gobierno espera, además, que buena parte de la
reconstrucción se apoye en incentivos al sector privado y alianzas
público-privadas.
Al respecto, Banco de
Bogotá planteó que la estrategia podría seguir el mismo camino de reorientación
de partidas: si el gobierno finalmente sí hace roll-over de los vencimientos de
deuda interna, algo que el PGN no está asumiendo explícitamente, los recursos
presupuestados para amortizaciones quedarían libres y podrían redirigirse a la
atención del terremoto.
Ahora bien, esa
divergencia entre el escenario inercial y el que plantea el PGN también se
refleja en la deuda neta del Gobierno Nacional Central, que en el escenario de
inacción pasaría de 59,7% del PIB en 2026 a 82% en 2030, frente a un techo de
64,8% si se cumplen los supuestos del PGN, al mismo tiempo que en el frente de
intereses Hacienda reconoció un gasto de 3,8% del PIB en 2026 y de 4,5% en
2027, un máximo reciente.
Fuente: La Republica
Deuda externa alcanzó US$247.908 millones en junio,
equivalente a 48,6% del PIB
Al desagregar el total, el
informe mostró que la deuda externa pública representó 29,% del PIB, mientras
que la privada totalizó US$96.360 millones
El Banco de la República
entregó el balance de deuda externa con corte a junio de este año e informó
que, entre el sector público y privado, alcanzó US$US$247.908 millones,
equivalente a 54,8% del PIB. Para el mismo mes de 2025, las obligaciones
extenas sumaban US$137.946 y representaban 53,8% del PIB.
Al desagregar el total, el
informe mostró que la deuda externa pública representó 29,% del PIB, con
US$151.548 millones; mientras que la deuda externa privada totalizó US$96.360
millones y se ubicó en 17,8%. En materia de plazos, evidenció que US$212.011
millones corresponden a largo y el restante, US$35.897, al corto.
Cabe recordar que la
información de deuda externa que reporta el Emisor no corresponde únicamente a
las obligaciones del gobierno, debido a que incluye los compromisos adquiridos
con acreedores del exterior por otras instituciones y entidades del Estado.
Al comparar este resultado
con el nivel registrado un año atrás, tanto las obligaciones del sector público
como las del privado muestran una reducción: por una parte, la deuda externa
pública pasó de 32,5% a 29,7% del PIB, reflejando una caída de 2,8 puntos
porcentuales; y por otra parte, la del sector privado bajó de 21,3% a 18,9%, lo
que representó una reducción de 2,4 puntos porcentuales.
Ahora bien, si se revisan
las obligaciones del gobierno nacional, que ascienden a US$114.482 millones,
sale a la luz que US$78.987 son de títulos de deuda y US$35.495 millones de
préstamos. Para el mismo mes del año pasado, el primer dato sumaba US$67.806
millones y el segundo, US$35.701 millones.
Fuente: La Republica
