EE. UU. elevó al 12,5 % el arancel adicional para
productos colombianos: estos serían los principales efectos y sectores
afectados
Este arancel adicional se
suma al arancel ordinario o preferencial vigente bajo el Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y Estados Unidos. E
Las exportaciones
colombianas hacia Estados Unidos enfrentarán desde este 24 de julio un mayor
costo de ingreso a ese mercado, luego de que la Oficina del Representante
Comercial de Estados Unidos (USTR) oficializara un arancel adicional del 12,5 %
para una parte de los productos provenientes de Colombia.
La decisión se deriva de
la investigación adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974,
mediante la cual Estados Unidos concluyó que Colombia no ha adoptado ni
implementado de forma efectiva mecanismos para prohibir la importación de mercancías
producidas con trabajo forzoso.
Aunque la medida no señala
que los bienes exportados por Colombia sean elaborados bajo estas condiciones,
sí considera insuficientes los controles que el país ejerce sobre las
mercancías que importa desde terceros mercados.
El nuevo recargo entró en
vigor a las 12:01 a. m. del 24 de julio, hora del Este de Estados Unidos (11:01
p. m. del 23 de julio en Colombia), reemplazando el gravamen temporal del 10 %
que estaba vigente desde febrero de 2026. Esto significa que el incremento
efectivo para los productos cobijados es de 2,5 puntos porcentuales, al pasar
del 10 % al 12,5 %.
Cambios en aranceles
recíprocos podrían favorecer a Colombia. Imagen: Valora Analitik.
Este arancel adicional se
suma al arancel ordinario o preferencial vigente bajo el Tratado de Libre
Comercio entre Colombia y Estados Unidos. En consecuencia, incluso aquellos
productos que ingresaban con un arancel base del 0 % deberán asumir el nuevo recargo
del 12,5 % si no están dentro de las excepciones establecidas por Washington.
Primeros efectos y
sectores impactados por los aranceles
Entre los principales
efectos para la economía colombiana está la pérdida de competitividad de varios
sectores manufactureros y agroindustriales que dependen del mercado
estadounidense. Productos como flores frescas, confecciones, manufacturas de
plástico, algunos alimentos procesados y diferentes bienes industriales
tendrían mayores costos de acceso frente a competidores internacionales.
Esto podría traducirse en
menores márgenes para los exportadores colombianos, quienes deberán decidir
entre absorber el mayor costo, reduciendo su rentabilidad, o trasladarlo a los
compradores estadounidenses, con el riesgo de perder participación frente a
proveedores de otros países.
Otro impacto relevante es
que Colombia queda en una posición menos favorable frente a economías que
obtuvieron el tratamiento preferencial del 10 %, entre ellas Argentina, Canadá,
Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Bangladesh, India, Indonesia, Malasia,
Pakistán y Sri Lanka, países que Estados Unidos considera cuentan con medidas
suficientes para combatir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo
forzoso.
No obstante, la decisión
excluye una parte importante de la oferta exportadora colombiana. Permanecen
por fuera del nuevo arancel productos estratégicos como café, banano, aguacate,
mango, piña, petróleo, carbón, oro, cacao, medicamentos e insumos farmacéuticos,
además de determinados bienes sujetos a investigaciones bajo la Sección 232.
Estas exclusiones reducen
el impacto sobre algunos de los principales renglones de exportación del país,
aunque sectores intensivos en mano de obra, como el floricultor y el
textil-confección, sí podrían enfrentar mayores dificultades para mantener su
competitividad en el mercado estadounidense.
La medida también
contempla un período de transición para mercancías en tránsito. Los productos
que hubieran sido cargados antes de la entrada en vigor del nuevo arancel y
sean nacionalizados en Estados Unidos antes del 28 de julio podrán ingresar sin
el nuevo recargo.
Expertos en comercio
exterior señalan que la decisión aumenta la presión para que Colombia
fortalezca su marco regulatorio y los mecanismos de control sobre la
importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, pues una implementación
efectiva de estas medidas podría permitir al país acceder nuevamente al
tratamiento arancelario reducido establecido por Estados Unidos para las
economías que cumplen con estos estándares.
Fuente: Valora
Detalles del nuevo decreto del Gobierno Petro sobre el
desastre nacional por El Niño: crean una bolsa exclusiva de recursos
El Gobierno Petro declaró
el desastre nacional por El Niño y activó nuevas reglas para financiar la
emergencia, priorizar inversiones y acelerar la respuesta.
El Gobierno Petro dio un
paso más en la estrategia para enfrentar el denominado Mega Niño al expedir el
Decreto 0802 de 2026, con el que declara la situación de desastre de carácter
nacional por un periodo inicial de 12 meses y activa un régimen especial para
responder a los efectos que, según las proyecciones oficiales, comenzarán a
intensificarse desde diciembre de este año.
Más allá del anuncio de
recursos para atender la emergencia, el decreto introduce herramientas
concretas para acelerar la ejecución de inversiones, crear una bolsa exclusiva
de recursos para el fenómeno climático y definir las prioridades que deberán
seguir las entidades nacionales y territoriales en la preparación y
recuperación frente a la sequía.
La decisión se fundamenta
en la evidencia técnica que, según el Gobierno, advierte que la evolución del
fenómeno de El Niño podría provocar interrupciones graves y prolongadas en el
servicio público de energía, afectar el abastecimiento de agua, la producción
de alimentos, la salud pública y la infraestructura crítica del país. En ese
sentido, el decreto concluye que existe un riesgo inminente que justifica la
declaratoria de desastre nacional conforme a la Ley 1523 de 2012.
La decisión también tiene
un componente político y administrativo relevante. Aunque el decreto fue
expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, su vigencia se extenderá durante 12
meses, por lo que buena parte de las medidas, la ejecución de los recursos y el
desarrollo del Plan de Acción Específico deberán ser implementados por la
administración que encabezará Abelardo de la Espriella, la cual asumirá el reto
de definir si mantiene, ajusta o amplía la estrategia diseñada para enfrentar
los efectos del fenómeno de El Niño.
La declaratoria de
emergencia regirá por un año
El Decreto 0802 establece
que la situación de desastre tendrá una vigencia inicial de 12 meses, periodo
durante el cual las entidades públicas podrán aplicar las medidas especiales
previstas en el régimen de gestión del riesgo para atender la emergencia.
Durante ese tiempo, las
entidades nacionales, departamentales y territoriales deberán adoptar acciones
técnicas, administrativas y presupuestales orientadas a la reducción del
riesgo, la preparación para la respuesta, el manejo de la emergencia y la recuperación,
bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD).
El Gobierno argumenta que
la decisión busca actuar antes de que los efectos del fenómeno climático se
materialicen y evitar daños de mayor magnitud sobre la población y la economía.
Detalles del nuevo decreto
del Gobierno Petro
Uno de los cambios más
relevantes del decreto es la creación de una subcuenta temporal denominada
«Fenómeno de El Niño 2026-2027» dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres.
La finalidad de esta
subcuenta será mantener separados presupuestal y contablemente los recursos
destinados a atender la emergencia, garantizando que el dinero tenga una
destinación exclusiva para las acciones derivadas de la declaratoria de
desastre.
Según el decreto, esta
bolsa podrá recibir recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación,
de otras entidades públicas nacionales y territoriales, así como de otros
mecanismos jurídicos que permitan financiar las actividades contempladas en el
plan de recuperación.
Además, el Ministerio de
Hacienda quedó facultado para realizar los traslados presupuestales que
resulten necesarios para atender la situación de desastre y garantizar que el
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuente con recursos suficientes para ejecutar
las medidas urgentes.
La norma ordena a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) formular y
ejecutar un Plan de Acción Específico para la Recuperación, que deberá
coordinarse con los ministerios, departamentos administrativos y entidades
territoriales.
Ese documento tendrá como
eje la protección de la vida humana, la conservación de la naturaleza y la
garantía de las condiciones mínimas para mantener los servicios esenciales
durante la emergencia.
Como parte de ese plan, el
Gobierno priorizará inversiones para asegurar el abastecimiento y el uso
eficiente del agua, mediante proyectos como plantas desalinizadoras para zonas
costeras e insulares, sistemas de captación de aguas lluvias, rehabilitación de
pozos y ampliación de la capacidad de almacenamiento.
La estrategia también
contempla medidas para fortalecer la seguridad alimentaria, con apoyo a
pequeños y medianos productores, subsidios para insumos estratégicos y
fertilizantes, además de acciones encaminadas a evitar pérdidas de cosechas y
garantizar la oferta de alimentos durante el periodo de sequía.
En materia energética, el
decreto ordena impulsar la transición hacia fuentes renovables, priorizando la
instalación de sistemas fotovoltaicos en hogares vulnerables de los estratos 1,
2 y 3 y en zonas rurales, con el objetivo de reducir el riesgo de racionamientos
y diversificar el suministro eléctrico en las regiones más expuestas.
El plan también incorpora
medidas para reforzar la salud pública, entre ellas el fortalecimiento de la
vigilancia epidemiológica, el monitoreo de la calidad del agua para consumo
humano, la búsqueda activa de población vulnerable y la ejecución de jornadas
de vacunación y prevención de enfermedades asociadas al fenómeno climático.
Finalmente, el decreto
ordena fortalecer la capacidad institucional para la prevención y atención de
incendios forestales, mediante la disposición de recursos para los cuerpos de
bomberos, medios aéreos, equipos especializados, sistemas de alertas tempranas,
coordinación interinstitucional y acciones dirigidas a proteger ecosistemas
estratégicos.
El plan deberá tener
metas, cronogramas y fuentes de financiación
El decreto también fija
requisitos específicos para la elaboración del Plan de Acción. Cada línea
estratégica deberá incluir programas, proyectos, responsables, cronogramas,
metas, requerimientos presupuestales y fuentes de financiación claramente
definidas.
Además, la formulación del
plan tendrá que articularse con las políticas de gestión del riesgo, seguridad
hídrica, seguridad alimentaria, transición energética, salud pública y
protección ambiental, con el fin de garantizar una respuesta integral frente a
la emergencia climática.
Según ha explicado Petro,
el objetivo es anticiparse a una sequía que podría extenderse hasta marzo de
2027 o incluso más allá, evitando que sus efectos comprometan la prestación de
servicios públicos esenciales y la seguridad alimentaria de millones de colombianos.
Fuente: Valora
La propuesta de De la Espriella para que Barranquilla
sea capital alterna: reforma necesita ocho debates y dos legislaturas
Este será el proceso para
que el presidente electo logre colocar a Barranquilla como capital alterna.
La propuesta del
presidente electo, Abelardo de la Espriella, de convertir a Barranquilla en una
capital alterna de Colombia abre varios frentes jurídicos que podrían
dificultar que la iniciativa se convierta en realidad.
Según De la Espriella, el
objetivo es dar mayor visibilidad a las regiones del país.
Por eso anunció que
presentará un proyecto y respaldar un modelo de gobierno con mayor presencia
territorial, una estrategia que busca acercar el Ejecutivo a los territorios y
reducir la concentración administrativa en Bogotá.
El mandatario electo
precisó que Barranquilla no sería el único punto de operación: Medellín y Cali
tendrían también un papel como sedes alternas dentro de esta reorganización
política y operativa.
Un cambio constitucional,
no administrativo
Aunque el Gobierno puede
comenzar a dar órdenes desde Barranquilla mediante decisiones administrativas,
convertir oficialmente a la ciudad en capital alterna exige modificar la
Constitución.
El artículo 322 establece
que Bogotá es la capital de la República, por lo que el cambio requiere la
aprobación de un acto legislativo en el Congreso.
Ese trámite implica
superar ocho debates distribuidos en dos vueltas legislativas: la iniciativa
debe empezar en la Comisión Primera del Senado o de la Cámara de
Representantes, continuar en las plenarias de ambas corporaciones y repetir el
mismo recorrido en el siguiente periodo legislativo. En la segunda vuelta, la
reforma necesitará mayoría absoluta para convertirse en modificación
constitucional.
Ese calendario convierte
la construcción de consensos políticos en uno de los principales desafíos del
proyecto: la administración entrante deberá mantener mayorías estables durante
dos legislaturas consecutivas para evitar que la propuesta se estanque en
cualquiera de sus etapas, un obstáculo recurrente para las reformas
constitucionales en Colombia.
El costo fiscal de una
capital alterna
Otro frente es la
viabilidad, la propuesta también implica desafíos operativos y financieros. Una
capital alterna supone disponer de infraestructura adecuada para el
funcionamiento del Ejecutivo, mantener despachos, garantizar la logística
institucional y coordinar el desplazamiento permanente de funcionarios,
aspectos que deberán respaldarse con recursos del presupuesto nacional.
La seguridad será otro de
los aspectos clave, no solo por el despliegue logístico que implicaría
trasladar el dispositivo de la Fuerza Pública, sino porque la Casa de Nariño
cuenta con una unidad militar especializada —la Guardia Presidencial— encargada
de proteger al presidente de la República, su familia y la sede del Gobierno.
Ese componente
presupuestal no es menor en un escenario de presión sobre las finanzas públicas
y elevados compromisos de deuda. La eventual implementación del modelo obligará
al Gobierno a sustentar el impacto fiscal de mantener sedes oficiales funcionando
de forma simultánea, mientras avanza la descentralización administrativa que
propone el presidente electo.
Fuente: Valora
Precio de la gasolina aumentaría casi $2.000 con la
nueva reforma tributaria de Petro: galón superaría $17.000
El diésel aumentaría $841
por galón en 2027 y se ubicaría en más de $12.400. Para 2028, el incremento
acumulado sería de $1.331 por galón.
El Gobierno Petro llevó al Congreso su último intento de implementar una reforma tributaria. Según lo señalaron Fendipetróleo (Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos) y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), esta iniciativa incrementaría el precio de la gasolina en $1.942 por galón cuando finalice 2028.
La primera alza se daría
el 1 de enero de 2027. En ese momento, el combustible aumentaría $860 por
galón, en caso de que la reforma sea aprobada, al pasar de $16.291 a $17.151
por galón. Entre tanto, el diésel subiría $841 y llegaría a $12.417 por galón.
Para 2028, este combustible acumularía un incremento de $1.331 por galón.
Es decir, el alza sería,
según el gremio y si se aplica la reforma, de $860 para el galón de gasolina,
mientras que el gravamen al alcohol carburante y del IVA al ingreso del
productor de 19 % completarían el aumento. Lo anterior fue señalado por David Jiménez
Mejía, vocero de la Unión Gremial Somos Uno, que representa a las estaciones de
servicio del país.
Según manifestó Jiménez,
el proyecto del Gobierno presenta varios problemas de fondo. Uno de ellos es el
componente ambiental, que, a su juicio, no corresponde al verdadero origen del
recaudo. Explicó que el Gobierno proyecta ingresos por $7,58 billones provenientes
del IVA a los combustibles para 2028, mientras que el componente ambiental
representaría $218.000 millones. Sin embargo, cuestionó que el proyecto grave
con IVA al alcohol carburante y a los biocombustibles, ya que, según dijo, el
mismo texto reconoce que estos energéticos no hacen parte de los combustibles
fósiles.
En segundo lugar, expresó
que la reforma tributaria rompería el principio del IVA plurifásico al excluir
la venta minorista de ACPM o diésel, convirtiendo este impuesto en un costo
para los transportadores, el sector agropecuario y la industria.
“No sería un IVA
descontable, sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al
precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la
producción nacional”, expresó el dirigente gremial.
A lo anterior sumó que
aumentar los precios de los combustibles no reduce la capacidad de consumo y,
por el contrario, tiene un efecto limitado sobre la reducción de emisiones.
Señaló que la tarifa del IVA recaería, en caso de aprobarse la iniciativa, sobre
el margen regulado de las estaciones de servicio, lo que representaría $219
adicionales por galón, equivalentes a $928.000 millones al año.
“Contrario a lo planteado
por el Ministerio de Hacienda, numerosas estaciones no podrán trasladar ese
mayor costo al consumidor debido a la regulación vigente de los precios, por lo
que tendrían que absorber el impuesto, reduciendo significativamente su margen
de operación”, dijo la organización.
Pese a que el proyecto
tendría pocas posibilidades de ser aprobado en el Congreso, según lo manifestó
Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, la
organización sostuvo que aún puede corregirse el tratamiento que se le da al diésel
para preservar el IVA plurifásico y “evitar un impuesto en cascada”. Asimismo,
señaló que debe mantenerse la exclusión del IVA para el alcohol carburante y
los biocombustibles.
“En 226 municipios de
Colombia existe una sola estación de servicio. Si el margen deja de cubrir los
costos de operación, no habrá quien garantice el abastecimiento de
combustibles”, concluyó Jiménez.
Fuente: Valora
Petro sacó a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, sin
previo aviso; Ruth Quevedo queda encargada de la cartera
Quevedo se venía
desempeñando como viceministra de Agua y Saneamiento Básico en la misma
entidad. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia.
Ruth Maritza Quevedo asumió como ministra encargada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El presidente Gustavo Petro designó a la funcionaria mediante el Decreto 0793 del 22 de julio de 2026. Fuentes le mencionaron a Valora Analitik que Helga Rivas fue destituida del cargo sin aviso previo del mismo presidente.
Según informó la cartera
en un comunicado, Quevedo asumió el cargo en el tramo final del gobierno Petro
con la finalidad de fortalecer la articulación institucional frente a eventos
como el frente frío y el fenómeno de El Niño.
“En este momento en el que
el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de desastre nacional por la
amenaza de El Niño, es importante intensificar la articulación con distintas
entidades nacionales y territoriales, a fin de hacer un seguimiento estricto
que nos permita tomar las decisiones clave orientadas a velar por el suministro
de agua en el territorio nacional”, manifestó Quevedo.
La funcionaria es
economista de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en
ordenamiento urbano y regional. Se venía desempeñando como viceministra de Agua
y Saneamiento Básico. Además, fue comisionada experta y directora de la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) durante los
primeros años del gobierno Petro.
Según el Ministerio de
Vivienda, la gestión de Quevedo ha estado enfocada en la implementación de
políticas públicas como Basura Cero en Bogotá y el fortalecimiento de la
gestión comunitaria del agua en Colombia, con énfasis en el acceso al agua
potable.
Desde la semana del 13 de
julio de 2026 se venían advirtiendo cambios en el gabinete, a dos semanas de
que Petro concluya su mandato el 7 de agosto.
Fuente: Valora
Ricardo Roa saldrá oficialmente de Ecopetrol el 30 de
julio: no presentará resultados ni informe de gestión
El directivo solicitó
permanecer unos días más en el cargo con el fin de presentar los resultados
financieros. La Junta Directiva no accedió a su petición.
Fuentes cercanas a
Ecopetrol confirmaron que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, saldrá
oficialmente de la compañía. Permanecerá hasta el 30 de julio y no podrá
presentar los resultados financieros de la compañía el 3 de agosto de 2026.
El directivo solicitó
permanecer unos días más en el cargo con el fin de presentar los resultados
financieros. Sin embargo, la Junta Directiva no accedió a su petición.
Otra de las salidas en la
cúpula de Ecopetrol es la de Byron Triana, quien se venía desempeñando como
vicepresidente de Energías para la Transición.
Pero los cambios no
terminan ahí. También dejará la compañía Victoria Sepúlveda, una de las
colaboradoras más cercanas a Ricardo Roa, según dijo Caracol Radio.
También se confirmó que
Ecopetrol deberá convocar una asamblea e iniciar un proceso interno, con el
apoyo de una firma de ‘headhunters’, para seleccionar al nuevo presidente de la
compañía.
Aunque no hay información
oficial sobre quién asumirá el cargo, los nombres que más suenan son los de
Joaquín Gutiérrez y Felipe Bayón; este último presidió Ecopetrol hasta 2023.
Pese a que la Junta tiene
actualmente tres vacantes, el organismo ya está en capacidad de iniciar el
proceso de selección. No obstante, el Ministerio de Hacienda deberá definir los
lineamientos para la búsqueda del sucesor de Ricardo Roa, en su calidad de
representante del accionista mayoritario de la petrolera: el Estado colombiano.
Todo este proceso se
llevará a cabo bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y su vicepresidente
José Manuel Restrepo, a partir del 7 de agosto. Ambos han señalado que los
cambios en la cúpula de Ecopetrol harán parte de los primeros decretos que firmarán,
los cuales incluirán la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas.
Lo anterior también tiene
como finalidad llenar las tres vacantes que actualmente existen en la Junta y
realizar los cambios que el nuevo gobierno considere necesarios al interior del
máximo órgano de dirección de la compañía.
Fuente: Valora
Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la Junta de
Ecopetrol; renunciaron Ángela María Robledo y Tatiana Roa
Esto se suma a otros
cambios en la dirección de la estatal energética, que incluyen la salida
oficial de Ricardo Roa de la presidencia a partir del 30 de julio
Luis Felipe Henao, miembro
de la Junta Directiva de Ecopetrol, es el nuevo presidente del organismo, luego
de las renuncias de Ángela María Robledo -quien ocupaba ese cargo- y Tatiana
Roa.
Henao asumirá la
presidencia del organismo a partir del 1 de agosto de 2026, según confirmó
Valora Analitik.
Esto se suma a otros
cambios en la dirección de la estatal energética, que incluyen la salida
oficial de Ricardo Roa de la presidencia a partir del 30 de julio, con lo cual
Juan Carlos Hurtado seguirá como presidente encargado.
Fuentes también le
confirmaron a este medio que Byron Triana, vicepresidente de Energías para la
Transición, y Victoria Sepúlveda, una de las personas más cercanas a Ricardo
Roa, serán otros ejecutivos que saldrán de la compañía.
También se confirmó que
Ecopetrol deberá convocar una asamblea e iniciar un proceso interno, con el
apoyo de una firma de ‘headhunters’, para seleccionar al nuevo presidente de la
compañía.
Aunque no hay información
oficial sobre quién asumirá el cargo, los nombres que más suenan son los de
Joaquín Gutiérrez y Felipe Bayón; este último presidió Ecopetrol hasta 2023.
Pese a que la Junta tiene
actualmente tres vacantes, el organismo ya está en capacidad de iniciar el
proceso de selección. No obstante, el Ministerio de Hacienda deberá definir los
lineamientos para la búsqueda del sucesor de Ricardo Roa, en su calidad de
representante del accionista mayoritario de la petrolera: el Estado colombiano.
Todo este proceso se
llevará a cabo bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y su vicepresidente
José Manuel Restrepo, a partir del 7 de agosto. Ambos han señalado que los
cambios en la cúpula de Ecopetrol harán parte de los primeros decretos que firmarán,
los cuales incluirán la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas.
Relevante | Luis Felipe
Henao, nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol; renunciaron Ángela María
Robledo y Tatiana Roa
Lo anterior también tiene
como finalidad llenar las tres vacantes que actualmente existen en la Junta y
realizar los cambios que el nuevo gobierno considere necesarios al interior del
máximo órgano de dirección de la compañía.
Fuente: Valora
Dólar en Colombia perfora el piso de los $3.200 tras
dos meses de caídas consecutivas
La tasa de cambio inició
operaciones en $3.224 y marcó un precio máximo de $3.240. Sin embargo, marcó un
mínimo de $3.197,01 al cierre.
El mercado cambiario
colombiano marcó un hito técnico de gran calado. En una jornada dominada por el
masivo flujo de capitales offshore y el disparado precio de los combustibles a
nivel mundial, el dólar estadounidense perforó de forma contundente la barrera
de los $3.200, cerrando en $3.197,01.
Con una desvalorización
diaria de $10,39 frente a la rueda del miércoles ($3.207,40), el tipo de cambio
se ubica en niveles mínimos que la economía colombiana no presenciaba desde
julio de 2019.
La tasa de cambio inició
operaciones en $3.224 y marcó un precio máximo de $3.240. Sin embargo, la
persistente presión compradora de pesos por parte de inversores extranjeros
terminó por hundir la divisa hasta marcar su mínimo de la rueda en el mismo nivel
de su cierre: $3.197,01, lo que confirma que la presión vendedora se mantuvo
hasta el final de la sesión, según JP Tactical Trading.
Este desplome del dólar
local se produjo a contracorriente de la tendencia global, donde el Índice DXY
subió un 0,30 %, ubicándose en 101,43 unidades.
De acuerdo con las
lecturas recogidas por Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp
Capital, quien había anticipado niveles abajo de $3.200 esta mañana, el
comportamiento de la moneda local abarca una dinámica excepcional donde el peso
se ha consolidado como una de las divisas más fuertes del mundo, acumulado
apreciaciones masivas de entre $600 y $650 en los meses recientes.
Citando el análisis de
Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores y
Fiduciaria, el fenómeno responde a una clara combinación de factores que
incluyen en alto precio de los hidrocarburos, que continúa inyectando un flujo
constante de divisas a la balanza comercial del país, y el entusiasmo a las
expectativas y promesas del nuevo gobierno de ejecutar recortes presupuestales
significativos y alcanzar un gasto eficiente.
Los analistas enfatizan
que este comportamiento evoca la estabilización institucional observada hace
cuatro años, donde tras episodios iniciales de volatilidad, la certidumbre
sobre el respeto a las reglas de juego macroeconómicas devolvió la confianza a
las mesas de dinero.
Fuerte repunte del Brent
sobre los US$101
En el mercado de materias
primas, la incertidumbre geopolítica desencadenó una disparada en las
cotizaciones del petróleo.
El barril de Brent se
disparó un 7,38 % hasta los US$101,01, mientras que la referencia WTI trepó un
6,78 % para ubicarse en US$92,72.
El fuerte repunte responde
a nuevos ataques de los rebeldes hutíes contra buques petroleros saudíes en el
Mar Rojo y a las advertencias de Donald Trump de intensificar las acciones
militares sobre infraestructura energética en Irán.
Noticias nacionales e
internacionales
En Washington, las
solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron sorpresivamente en
22.000 hasta situarse en 187.000, marcando su cifra más baja desde septiembre
de 1969. Este dato reflejó la resiliencia del empleo estadounidense, dándole
impulso al DXY.
A nivel macroeconómico
interno, la atención se centró en la gestión pública de los recursos de
inversión. Un reciente reporte del Observatorio Fiscal de la Universidad
Javeriana reveló que el sector transporte atraviesa una paradoja financiera:
encabeza el presupuesto nacional de inversión con una asignación de $15,6
billones (el 18 % del total), pero al cierre del segundo trimestre de 2026 solo
ha logrado ejecutar un 11,5 % ($1,8 billones).
Esta baja dinámica
contrasta fuertemente con carteras como Educación (55,9 %) y Minas y Energía
(46,5 %), en un momento donde la infraestructura resulta crucial para sostener
la actividad productiva.
Finalmente, la deuda
pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,79 % en el
promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que
integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Por otra parte, los
cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del
Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia,
registraron los siguientes movimientos:
Los TES de 2028 terminaron
en 12,849 % desde los 12,650 % de la sesión previa.
Los TES de 2033
concluyeron en 12,463 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en
12,150 %.
Los TES de 2050
finalizaron en 12,290 %; la jornada anterior en 12,061 %.
Fuente: Valora
