Gobierno flexibiliza pago de deudas tributarias para afectados por terremoto: así funcionarán los plazos
La nueva norma busca
facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias de los afectados, reducir
temporalmente sanciones e intereses.
El Gobierno Nacional
expidió el Decreto 1419 de 2026, con el que establece medidas tributarias,
aduaneras y cambiarias para personas y empresas afectadas por el terremoto del
10 de agosto.
La norma hace parte del
Estado de Emergencia Económica. Las medidas aplican exclusivamente a los
municipios afectados y a las personas naturales o jurídicas cuya afectación
directa por el sismo haya sido acreditada por las autoridades.
Entre los principales
beneficios está una facilidad de pago de hasta 24 meses sin garantía para
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administradas por la DIAN que
se encuentren en mora.
Para acuerdos de más de 24
y hasta 36 meses podrán aceptarse garantías personales cuando la deuda no
supere las 6.000 UVT ($314.244.000). En todos los casos, el solicitante deberá
pagar como mínimo el 10 % del total adeudado al momento de suscribir el acuerdo.
El decreto también
establece una tasa de interés moratorio de 4,5 % anual para las obligaciones
cobijadas por estas medidas. Los contribuyentes afectados podrán solicitar los
beneficios hasta el 19 de noviembre de 2026.
Además, quienes ya tenían
una facilidad de pago vigente al 10 de agosto podrán solicitar, por una sola
vez, una reprogramación de hasta 12 meses para las cuotas exigibles entre esa
fecha y el 31 de diciembre de 2026. Esta solicitud no será considerada como un
incumplimiento del acuerdo.
Otro de los alivios
consiste en la reducción de sanciones e intereses moratorios. Para acceder a
este beneficio, los contribuyentes deberán pagar el 100 % de la obligación
tributaria, los intereses calculados con la tasa del 4,5 % y únicamente el 15 %
de las sanciones y su actualización, sujeto a las condiciones establecidas en
el decreto.
La medida también cobija a
quienes hayan omitido declaraciones o necesiten corregirlas. En estos casos,
podrán reducir la sanción correspondiente al 15 %, siempre que cumplan con los
pagos y presenten las declaraciones o correcciones antes del 19 de noviembre de
2026.
Conciliación de procesos
contra la DIAN
El Decreto 1419 también
permite que la DIAN concilie procesos contencioso-administrativos en materia
tributaria, aduanera y cambiaria que cumplan determinadas condiciones.
En procesos que estén en
primera instancia, se podrá conciliar el 85 % de las sanciones, su
actualización e intereses, siempre que el contribuyente pague el 100 % del
impuesto discutido y el 15 % restante de las sanciones e intereses. En segunda
instancia, la conciliación podrá alcanzar el 80 % de esos conceptos, con el
pago del 20 % restante.
Para acceder a estas
conciliaciones, entre otros requisitos, la demanda debió haberse presentado
antes del 10 de agosto de 2026 y no puede existir una sentencia o decisión
judicial en firme que haya terminado el proceso. La solicitud ante la DIAN
podrá presentarse hasta el 19 de noviembre de 2026.
DIAN en regiones afectadas
por el terremoto. Imagen generada con IA para fines ilustrativos
Por otra parte, las
donaciones y pagos en especie que reciban directamente las personas naturales
afectadas estarán exentos de ser considerados renta o ganancia ocasional hasta
un acumulado de 2.600 UVT ($136.172.400)por beneficiario, siempre que se reciban
entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2026 y sean destinados a
necesidades relacionadas con el desastre, como vivienda, salud, reposición de
activos productivos o reactivación económica.
El decreto también permite
que los contribuyentes donen a la Nación, hasta el 31 de diciembre de 2026,
saldos a favor que tengan en declaraciones tributarias y que sean susceptibles
de devolución o compensación. Estos recursos deberán destinarse exclusivamente
a la atención, recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el
terremoto.
Los beneficios no aplican
a los Grandes Contribuyentes. En términos generales, el Decreto 1419 busca
facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias de los afectados, reducir
temporalmente sanciones e intereses y acelerar la movilización de recursos para
la recuperación económica de las zonas golpeadas por el terremoto.
Fuente: Valora
Pasaportes en Colombia: Cancillería toma medida urgente
para garantizar la continuidad del servicio
La Cancillería declaró la
urgencia manifiesta para garantizar el suministro de pasaportes y visas
mientras se define el futuro del nuevo modelo de expedición.
La Cancillería declaró la
urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de expedición
de pasaportes en Colombia, luego de la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que suspendió provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo
modelo de producción y entrega de estos documentos.
La medida fue adoptada el
17 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo
Rotatorio y busca asegurar, sin interrupciones, el suministro, la
personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte, además
de las etiquetas de visa colombiana.
El anuncio tiene un efecto
inmediato para los ciudadanos: el servicio de expedición de pasaportes continúa
con normalidad, según informó la Cancillería. Las oficinas expedidoras y los
consulados mantienen la atención, las citas que ya estaban programadas siguen
vigentes y los usuarios no necesitan realizar un trámite adicional por esta
decisión.
¿Por qué la Cancillería
declaró la urgencia manifiesta por el tema pasaportes?
La decisión se produce
después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la
suspensión provisional de los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de
pasaportes, dentro de una acción popular.
Según la Cancillería, el
Tribunal adoptó esa medida mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP
del 2 de septiembre de 2026 y, al mismo tiempo, ordenó adoptar las medidas
necesarias para garantizar que el servicio continúe de manera regular e ininterrumpida.
La decisión judicial
también puso sobre la mesa aspectos relacionados con la planeación del modelo,
el cumplimiento de los cronogramas y los soportes fiscales necesarios para
comprometer vigencias futuras. Estos elementos deberán ser esclarecidos por las
entidades involucradas mientras continúa la discusión sobre el esquema de
expedición.
En ese escenario, la
Cancillería recurrió a la figura de urgencia manifiesta, contemplada en el
artículo 42 de la Ley 80 de 1993, para adoptar las medidas contractuales que
resulten indispensables cuando la continuidad de un servicio exige una
actuación inmediata.
La decisión, por tanto, no
significa que el Gobierno haya dado por terminado el nuevo modelo de pasaportes
ni que se haya suspendido la atención al público. Su objetivo inmediato es
crear un mecanismo transitorio que permita mantener disponible el servicio
mientras se define la salida jurídica y contractual frente al escenario
generado por la decisión judicial.
¿Qué pasará con la
producción de pasaportes?
Uno de los puntos
centrales de la declaratoria es que la contratación que se desprenda de la
urgencia manifiesta tendrá un carácter estrictamente transitorio. La
Cancillería precisó que los contratos estarán limitados a lo indispensable para
garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes y visas. Esto
significa que la medida busca funcionar como un mecanismo de contingencia y no
como una solución contractual permanente.
De manera paralela, el
Ministerio de Relaciones Exteriores ya inició la estructuración de un nuevo
proceso de licitación pública, con el propósito de atender la necesidad de
manera permanente. La entidad señaló que este proceso tendrá un cronograma
definido, responsables establecidos y seguimiento mensual.
El movimiento es relevante
porque el servicio de pasaportes requiere continuidad en varias etapas: desde
el suministro de las libretas hasta su personalización, custodia y
distribución. Cualquier interrupción en alguno de estos puntos puede terminar
afectando la capacidad de las oficinas y consulados para atender las
solicitudes de los ciudadanos.
¿Hay riesgo de que se
acaben los pasaportes?
La declaratoria de
urgencia manifiesta se produce precisamente para evitar que la controversia
alrededor del nuevo modelo termine afectando la prestación del servicio.
De acuerdo con las cifras
entregadas previamente por el Gobierno, Colombia contaba con 410.000 pasaportes
disponibles, mientras el consumo mensual se ubicaba alrededor de 150.000
documentos. Además, estaba previsto el ingreso de un lote adicional de 190.000
pasaportes.
Con esos niveles de
inventario y consumo, el Gobierno había sostenido que no existía un riesgo
inmediato de desabastecimiento. Sin embargo, la situación contractual generada
por la suspensión judicial obligaba a adoptar medidas para garantizar que el
suministro no se interrumpiera en los meses siguientes.
La nueva declaratoria
responde precisamente a ese escenario: mantener la capacidad operativa mientras
se define el mecanismo permanente para garantizar la producción y distribución
de los documentos.
El proceso tendrá dos
caminos paralelos. Por un lado, la Cancillería deberá implementar las medidas
transitorias necesarias para mantener la expedición de pasaportes y visas. Por
otro, avanzará con la licitación pública que deberá definir el mecanismo permanente
para atender el servicio.
Además, la declaratoria no
elimina los controles sobre los recursos públicos. La Cancillería informó que
el acto administrativo que declara la urgencia manifiesta, los contratos que se
celebren bajo esta figura y sus antecedentes serán enviados a la Contraloría
General de la República para el correspondiente control fiscal.
La decisión también deja
abierta la discusión judicial sobre el nuevo modelo. Mientras el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mantiene la suspensión provisional de los
instrumentos asociados a ese esquema, las entidades involucradas deberán
atender los requerimientos relacionados con la planeación, ejecución y
condiciones bajo las cuales se estaba implementando.
Fuente: Valora
De la Espriella respalda propuesta para trasladar
$100.000 millones de la JEP a la Rama Judicial
La iniciativa busca
financiar más jueces y despachos para atender el rezago de cerca de 2,2
millones de procesos pendientes de decisión.
El presidente de Colombia,
Abelardo De la Espriella, respaldó públicamente la propuesta del senador y
director de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, para trasladar $100.000
millones del presupuesto de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la
Paz (JEP) al Consejo Superior de la Judicatura.
La propuesta fue
presentada en medio del trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) para
2027, cuyo monto de $634,9 billones ya fue aprobado por las comisiones
económicas del Congreso como parte de la primera etapa del debate.
Gómez planteó que los
$100.000 millones sean destinados a la creación de nuevos despachos judiciales
o a la formalización de encargos dentro de la planta de la Rama Judicial. El
senador señaló que la iniciativa busca atender el rezago que, según sus declaraciones,
enfrenta la justicia ordinaria.
La posición del mandatario
se conoció después de que Enrique Gómez hiciera pública la iniciativa. De la
Espriella respondió en sus redes sociales con el mensaje: “¡Publíquese,
comuníquese y cúmplase!”, expresión con la que manifestó su respaldo a la propuesta.
Gómez explicó que fueron
radicadas dos proposiciones para modificar la distribución de los recursos del
sector Justicia dentro del proyecto de presupuesto de 2027: “Acabamos de
radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la nación 2027 en el
sector justicia, solicitando se le reduzca en $100.000 millones el presupuesto
de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos $100.000 millones al Consejo
Superior de la Judicatura para la creación de nuevos despachos o para la
formalización de encargos en la planta judicial”, afirmó el senador.
El congresista sostuvo que
la transferencia permitiría aumentar la capacidad de la justicia ordinaria para
atender los procesos que permanecen pendientes. También cuestionó los
resultados de la JEP y planteó que los recursos deberían concentrarse en fortalecer
la Rama Judicial.
Gómez afirmó, además, que
la justicia ordinaria enfrenta cerca de 2,2 millones de procesos, cifra que
utilizó como argumento para defender la necesidad de ampliar su capacidad
institucional. Sus cuestionamientos sobre el desempeño y el costo de la JEP corresponden
a su posición política sobre la jurisdicción y no constituyen, por sí mismos,
una evaluación oficial de sus resultados.
Presupuesto de 2027 ya
tiene un monto aprobado
La propuesta llega cuando
el Congreso avanza en la discusión del Presupuesto General de la Nación para
2027. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron un monto
de $634,9 billones, que corresponde al techo general del proyecto presentado
por el Gobierno.
El proyecto contempla
recursos para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. De acuerdo con
la información divulgada por el Senado, el presupuesto incluye $155,4 billones
para el servicio de la deuda y $87 billones para inversión, mientras que los
gastos de funcionamiento alcanzan $392,6 billones.
La aprobación del monto no
significa que la distribución definitiva de todos los recursos haya quedado
cerrada. Después de establecer el techo presupuestal, las comisiones terceras y
cuartas deben avanzar en la discusión de las asignaciones correspondientes a
los diferentes sectores y entidades.
Precisamente en esta etapa
es donde pueden plantearse modificaciones como la propuesta de Gómez para
trasladar recursos entre entidades del sector Justicia.
Aunque De la Espriella
manifestó su respaldo público, la propuesta no queda aprobada automáticamente
por esa declaración. Su incorporación al Presupuesto General de la Nación
depende del trámite legislativo y de las decisiones que adopten las comisiones y
posteriormente las plenarias del Congreso.
Fuente: Valora
Relevante | Colombia Fintech anuncia $4,3 billones de
sus miembros para fondear empresas y jalonar crecimiento
Así lo confirmó el
presidente de Colombia Fintech al cierre de la primera jornada del Latam
Fintech Market 2026.
Gabriel Santos, presidente
de Colombia Fintech, reveló al cierre de la primera jornada del Latam Fintech
Market 2026 que esta industria “en los próximos 12 meses, van a hacer
materialmente inversiones por al menos $4,3 billones para fondear sus operaciones,
para financiar la innovación tecnológica en Colombia”.
El anuncio fue hecho tras
la presentación del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien
dijo que el mercado de capitales y, en especial, los fondos de pensiones, deben
ser los protagonistas del crecimiento empresarial para que el país logre crecer
al 6 %.
Restrepo le pidió al nuevo
superintendente financiero, Pablo Rivas, ejecutar una desregulación del sector
financiero y del sector fintech para apuntalar su crecimiento. El funcionario
dijo: “Hagamos un esfuerzo en la regulación para pagos digitales y que hagamos
un esfuerzo de disminuir el uso del efectivo en este país”.
Además, enfatizó en que
“aquí todos los actores que administran ahorro de la Nación deben convertirlo
en inversión. El camino fácil no debe ser invertir en TES. Proyectos hay,
necesitamos gestores de proyectos para lograrlo”.
Esta inversión se
ejecutará en el plazo de un año para fortalecer las operaciones de las empresas
del sector, ampliar su cobertura y profundizar la inclusión financiera de
millones de personas.
“Este anuncio representa
el compromiso del sector con el desarrollo de Colombia durante la Patria
Milagro y la confianza en los millones de clientes que hoy atienden las más de
360 empresas afiliadas a Colombia Fintech. Como gremio, estamos convencidos del
potencial que tiene este país para transformar las finanzas e impulsar el
acceso financiero en el país”, concluyó el presidente ejecutivo de Colombia
Fintech.
Fuente: Valora
Olímpica dispara utilidades en el primer semestre y
acelera expansión: anuncia novedades en precios y aperturas
Olímpica cerró el primer
semestre con resultados financieros positivos y ahora prepara nuevos
movimientos para fortalecer su presencia en el país.
La competencia por el
bolsillo de los colombianos sigue marcando la estrategia de las grandes cadenas
de retail. En un escenario en el que los hogares todavía miran con cuidado
cuánto destinan a alimentos, productos para el hogar y cuidado personal, Olímpica
cerró el primer semestre de 2026 con ingresos operacionales de $3,4 billones y
una utilidad neta que creció 10,3 % frente al mismo periodo anterior.
El resultado se dio
mientras la compañía ha continuado ampliando su presencia física en el país. En
lo corrido de 2026 ha abierto cuatro nuevos puntos de venta y llegó a 403
tiendas, distribuidas en 117 municipios y 21 departamentos, con cerca de
430.000 metros cuadrados de área comercial.
La expansión ocurre en
paralelo con una estrategia enfocada en precios, marcas propias, productos
frescos y eficiencia operativa. La empresa también aumentó el número de
referencias incluidas en su programa Precios Rojos, que pasó a 1.547 artículos,
y llevó su portafolio de marcas propias a 811 productos.
Olímpica aumentó sus
ganancias por encima de la inflación
Uno de los datos que más
destaca en los resultados es el comportamiento de la utilidad neta. Olímpica
reportó un crecimiento de 10,3 % en su utilidad neta después de impuestos
durante el primer semestre de 2026. La compañía compara ese resultado con una inflación
interanual de 6,14 % a junio, lo que representa una diferencia superior a
cuatro puntos porcentuales.
Los márgenes también
mostraron avances. El margen Ebitda se ubicó en 8,5 %, mientras que el margen
operacional alcanzó 4,9 % durante el periodo. La empresa atribuyó el desempeño
a una combinación de disciplina financiera y una propuesta comercial basada en
precios bajos, productos perecederos y marcas propias, en un entorno que
calificó como exigente por el incremento de los costos operativos y las altas
tasas de interés.
José Manuel Carbonell,
presidente de Olímpica, explicó que la estrategia busca diferenciarse mediante
el surtido de productos frescos y una política de precios apoyada en las marcas
propias y en el programa Precios Rojos: “En un ambiente complicado, nuestro
propósito se ha centrado en una propuesta de valor diferenciada en variedad y
profundidad de perecederos, con precios muy económicos”, afirmó Carbonell.
Así va la apertura de
tiendas Olímpica en Colombia
La expansión física es
otro de los elementos centrales de la estrategia de Olímpica. Con las cuatro
aperturas realizadas durante 2026, la compañía alcanzó 403 establecimientos y
cerca de 430.000 metros cuadrados de área comercial. Su operación está distribuida
en 117 municipios de 21 departamentos.
La cifra supone una
ampliación de su cobertura justo cuando el negocio minorista enfrenta el reto
de atraer consumidores sensibles a los precios y, al mismo tiempo, defender sus
márgenes.
En ese escenario, la
compañía está combinando la apertura de establecimientos con inversiones en
tecnología para mejorar la operación de las tiendas. Durante el semestre
instaló 45 nuevas cajas de autopago, con lo que llegó a un total de 70. Además,
lanzó “Oli”, un asistente personalizado de compra basado en inteligencia
artificial generativa. Según la compañía, ambas iniciativas buscan mejorar la
experiencia del cliente y aumentar la productividad.
Asimismo, la empresa lanzó
49 nuevos productos de marca propia durante el primer semestre, con referencias
en alimentos, cuidado personal y productos para el hogar. Con esas
incorporaciones, el portafolio llegó a 811 productos de marca propia.
La apuesta por las marcas
propias tiene además un componente de producción nacional. Olímpica reportó que
el 100 % de sus marcas propias de textiles, Dakota y Style son elaboradas por
productores locales.
En frutas y verduras
también existe una fuerte participación de proveedores nacionales: 94 % de las
compras de estos productos se realiza a proveedores colombianos, según las
cifras entregadas por la compañía.
Asimismo, Olímpica informó
que 186 almacenes y centros de distribución cuentan actualmente con sistemas de
energía solar fotovoltaica. La compañía señala que se trata de la red más
amplia de este tipo en el retail colombiano. Además, cinco establecimientos
obtuvieron la certificación ISO 50001 de Icontec, relacionada con sistemas de
gestión de la eficiencia energética.
Fuente: Valora
Dólar en Colombia se dispara y cierra en $3.162,55 tras
romper techo
La tasa de cambio abrió al
alza en $3.130, marcó un mínimo intradiario de $3.119,01 y trepó con fuerza
hasta alcanzar un máximo de $3.173,90.
La cotización del dólar en
Colombia registró un fuerte repunte este jueves y cerró en $3.162,55, lo que
representó un alza de +$39,22 (+1,26 %) frente al dato del miércoles
($3.123,33).
La jornada presentó una
intensa presión compradora de principio a fin. La tasa de cambio abrió al alza
en $3.130, marcó un mínimo intradiario de $3.119,01 y trepó con fuerza hasta
alcanzar un máximo de $3.173,90.
De acuerdo con JP
Tactical, tras dos semanas de consolidación lateral, la divisa logró romper el
techo de resistencia técnica que venía monitoreándose, confirmando la salida
del rango previo.
Por su parte, analistas de
Global66 destacaron que el mensaje de la Reserva Federal (que dejó abierta la
puerta a nuevos incrementos de tasas) sumado a rendimientos del bono del Tesoro
a 10 años por encima del 5 % podría llevar a que las posiciones vendidas de no
residentes se reviertan, impulsando la cotización hacia el rango de $3.150 –
$3.200.
Entre tanto, el Índice DXY
operó prácticamente plano en 100,24 unidades (-0,01 %), consolidándose por
encima de la cota de los 100 puntos.
Petróleo cede terreno tras
anuncios de restablecimiento operativo
En los mercados internacionales de materias primas, los precios del crudo hilaron su segunda jornada consecutiva de corrección a la baja, moderando el soporte sobre las divisas emergentes.
El petróleo Brent cayó un
0,96 % hasta los US$104,81 por barril (cediendo hacia la zona de US$103) y el
WTI retrocedió un 0,38 %, situándose en US$102,04 por barril.
El alivio en las
cotizaciones respondió al anuncio de Arabia Saudita sobre la restauración de la
mitad de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste en cuestión de días, sumado a
la oferta de transferencias de crudo de buque a buque cerca de Omán para mitigar
temores de desabastecimiento.
Analistas prevén inflación
del 6,8 % a fin de año y alza en la tasa del BanRep hasta 12,25 %
En el plano macroeconómico
interno, los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas del Banco de la
República revelaron un deterioro en las proyecciones de los expertos para el
cierre de 2026.
Los analistas proyectan
que la inflación continuará escalando en lo que resta del año hasta ubicarse
cerca del 6,8 % en diciembre de 2026, la expectativa más elevada registrada
desde finales de 2023.
En respuesta a las
presiones inflacionarias, el mercado anticipa nuevos incrementos en la tasa del
Banco de la República, estimando que escalará hasta el 12,25 % a fin de año,
nivel en el que se mantendría hasta abril de 2027 antes de iniciar un ciclo paulatino
de recortes hacia el 9,25 % en el horizonte de 24 meses.
Finalmente, la deuda
pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,10 % en el
promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que
integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Por otra parte, los
cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del
Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia,
registraron los siguientes movimientos:
Los TES de 2028 terminaron
en 12,410 % desde los 12,390 % de la sesión previa.
Los TES de 2033
concluyeron en 12,674 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en
12,675 %.
Los TES de 2050
finalizaron en 12,616 %; la jornada anterior en 12,579 %.
Fuente: Valora
