Mayo 05 de 2026

Colombia tiene más de 2 millones de unidades de negocios: DANE revela radiografía empresarial 

Por sectores, el comercio concentra la mayor participación de unidades de negocio en Colombia con el 53,1 %. 

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer cómo está construida la economía colombiana, a través de los resultados preliminares del Censo Económico Nacional Urbano. 

El objetivo del estudio es determinar la cantidad de unidades económicas en el territorio, incluyendo empresas, establecimientos, viviendas con actividad económica visible, entidades públicas y vendedores informales. El operativo censal abarcó 1.122 áreas, con más de 8.000 censistas en campo, y permitió evaluar más de dos millones de unidades económicas en todo el país. 

En total, se identificaron 2.005.613 unidades económicas, lo que equivale a 38,5 unidades por cada 1.000 habitantes. 

Predominio del comercio

Por sectores, el comercio concentra la mayor participación con el 53,1 %, seguido por servicios (32,3 %), industria (5,2 %), transporte (1,1 %), construcción (0,4 %) y administración pública junto a servicios públicos domiciliarios (0,3 %). 

Estos datos confirman el peso estructural del comercio dentro de la economía nacional, especialmente en entornos urbanos. 

A nivel territorial, Bogotá lidera con 360.115 unidades económicas, seguida de Antioquia (250.460) y Valle del Cauca (194.075). En los territorios étnico-raciales, el censo identificó una distribución concentrada en tierras de comunidades negras (58 %, con 6.202 unidades) y resguardos indígenas (42 %, con 4.580). 

El DANE aclaró que estas unidades se clasifican por su ubicación geográfica dentro de territorios oficialmente reconocidos, lo que no implica que sus propietarios se autorreconozcan étnicamente. Además, estos territorios corresponden a centros poblados según la categorización geográfica de la entidad. El informe también señala que 1.994.831 unidades económicas quedaron sin clasificar en categorías específicas. 

Fuente: Valora

Dólar en Colombia se dispara casi $100 y supera la barrera de los $3.700 

La divisa estadounidense registró un comportamiento dinámico impulsado por la más reciente decisión del BanRep en torno a la tasa de interés. 

El dólar en Colombia inició la semana al alza. Al cierre de la jornada de este lunes 4 de mayo, la divisa estadounidense alcanzó los $3.728,99, lo que se traduce en un incremento de $94 respecto a la última sesión ($3.634,30). 

De acuerdo con datos de Set-FX, la moneda mantuvo un comportamiento dinámico a lo largo de las negociaciones, tocando un techo de $3.730,74 y un valor mínimo de $3.674,00. El precio promedio, por su parte, se ubicó en $3.709,90. 

Los expertos atribuyen esta tendencia alcista a la más reciente decisión de política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República. El Emisor optó por mantener inalterada la tasa de interés en 11,25 % con miras a aquietar las tensiones institucionales y gestionar la coyuntura económica actual. 

«Desde el enfoque táctico, continuaremos monitoreando este nivel de cerca, ya que de mantenerse la tendencia alcista actual, el mercado podría buscar un nuevo techo en la zona de $3,780, nivel que no se visita desde marzo y que se convierte en una referencia clave de corto plazo», destacan los analistas de JP Tactical Trading. 

Lo que mueve el precio del dólar

Desde el foco internacional, el dólar en Colombia sigue condicionado por nuevas opciones de negociación sobre la apertura de Ormuz y el cese de hostigamientos entre Estados Unidos e Irán. 

En el escenario local, las proyecciones muestran que la inflación no va a perder fuerza en lo que sigue de este año y, en cambio, hay escenarios en los que los fenómenos que presionan a los precios al alza se siguen materializando. 

Del lado de los commodities, el petróleo Brent se mantiene al alza, llegando a los US$114,56; mientras que el WTI le sigue el ritmo, negociándose en US$106,08. 

Fuente: Valora 

Colombia seguiría sufriendo por falta de gas pese a nuevas regasificadoras y proyecto Sirus 

Gremios como Campetrol manifestaron que, a pesar de las iniciativas para fortalecer el sistema, podrían presentarse períodos de estrechez. 

Las cifras más recientes de la industria gasífera colombiana señalaron que, aun con la entrada de proyectos de regasificación para importar gas desde el exterior y con el suministro proveniente de yacimientos costa afuera como Sirius, el mercado enfrentaría estrechez, particularmente en 2031, 2033, 2034 y 2035. 

Pese a que Ecopetrol avanza en tres puntos de regasificación, en Buenaventura (Valle del Cauca), Puerto Bahía (Cartagena) y Coveñas (Sucre), e incluso con el desarrollo del yacimiento Sirius, localizado en aguas del mar Caribe, gremios como Campetrol (Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía) señalaron que el mercado presentará episodios de estrechez y presiones sobre el sistema, lo que refuerza la necesidad de ampliar la infraestructura energética. 

Asimismo, el gremio planteó la necesidad de avanzar en yacimientos no convencionales mediante técnicas como el fracking, al considerar que sería una medida para fortalecer la seguridad energética. Según la organización, la capacidad estimada alcanzaría 167.000 Giga Pies Cúbicos de gas, equivalentes a 70 veces las reservas actuales. No obstante, esto dependerá de condiciones ambientales, regulatorias y de la viabilidad técnica de los yacimientos. 

Cifras de la entidad indican que los desarrollos costa afuera, junto con el proyecto de regasificación de Coveñas, ganarán participación en el abastecimiento de la demanda. Sin embargo, como se mencionó, en algunos periodos la demanda superaría la oferta, de acuerdo con proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). 

Cabe señalar que los déficits proyectados corresponden a estimaciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) y no implican que necesariamente se materialicen, se trata de escenarios que sirven como insumo para la toma de decisiones. A esto se suma que la estrechez del sistema también puede responder a la temporalidad del mercado y a restricciones en la capacidad de transporte de los energéticos.

Adicionalmente, en la última década Colombia ha registrado una caída de 53 % en sus reservas probadas de gas, al pasar de 4.361 Giga Pies Cúbicos en 2015 a 2.064 Giga Pies Cúbicos en 2024. 

Por último, el gremio recalcó la necesidad de dar viabilidad a los proyectos costa afuera, que serán determinantes para la política energética del país en los próximos años, dado que concentrarían una parte relevante de los recursos. Esto cobra mayor importancia ante la declinación natural de campos como Cupiagua, Cusiana, Chuchupa y Ballena, por lo que el desarrollo de Sirius se perfila como uno de los proyectos clave para atender la demanda. Este proyecto es operado por Ecopetrol junto con Petrobras. 

Fuete: Valora 

Gobierno Petro da ultimátum al Congreso para que apruebe ley clave de la jurisdicción agraria 

La propuesta plantea jueces dedicados exclusivamente a los litigios del campo: propiedad, posesión, contratos, ocupaciones. 

El Gobierno vuelve a meter presión al Congreso para destrabar una de las reformas clave, este lunes, los ministros de Agricultura, Justicia e Interior radicarán el mensaje de insistencia del proyecto de ley que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. 

La movida busca acelerar el trámite de una iniciativa que el propio Ejecutivo considera “la pieza pendiente” del ciclo de reformas derivadas del acuerdo, en un momento en el que el calendario juega en contra. 

El proyecto de Ley 398 no es un ajuste menor: es la pieza que aterriza una de las apuestas más sensibles del Estado, la Jurisdicción Agraria, creada por el Acto Legislativo 03 de 2023. 

La propuesta plantea jueces dedicados exclusivamente a los litigios del campo —propiedad, posesión, contratos, ocupaciones— bajo un enfoque de justicia social agraria. En la práctica, introduce reglas de juego distintas: procesos orales, mayor protagonismo del juez, desplazamiento al territorio y fallos integrales que resuelvan de fondo los conflictos sobre un mismo predio. 

La jurisdicción pretende inclinar la balanza hacia los sectores históricamente más débiles —campesinos y comunidades étnicas—, en línea con el espíritu del Acuerdo de Paz. Pero también abre interrogantes: capacidad institucional, coordinación con entidades como la Agencia Nacional de Tierras y el riesgo de congestión en una justicia que nace con altas expectativas. 

La Corte dio un llamado de atención

La semana pasada, la Corte Constitucional dejó en firme parte del Decreto Ley 902 de 2017, que regula el acceso y uso de tierras en el marco del Acuerdo de Paz. El fallo, aprobado por unanimidad (9-0), condicionó la aplicación de varias disposiciones a una transición ordenada: mientras la jurisdicción agraria no entre en funcionamiento, las competencias seguirán en cabeza de los jueces actuales, en línea con lo establecido en la Sentencia C-073 de 2018. 

El alto tribunal le pidió al Congreso expedir a la mayor brevedad la ley de implementación y al Consejo Superior de la Judicatura, le ordenó adelantar desde ya las acciones para poner en marcha tribunales y juzgados agrarios de forma gradual a partir de 2027. 

A pesar de la presión institucional acumulada —desde el Ministerio de Agricultura, la Corte Constitucional y el propio mandato constitucional de 2023—, la aprobación de la jurisdicción agraria enfrenta un Congreso distraído. Las plenarias de Cámara y Senado deben votar el articulado que define las competencias del nuevo sistema judicial, pero la agenda legislativa compite con el calendario electoral. Si no se aprueba antes del receso, el gobierno Petro cerraría su mandato sin haber completado uno de los compromisos centrales derivados del proceso de paz. 

Una deuda de décadas

El problema no es nuevo. Al menos desde hace 90 años han existido intentos, en su mayoría frustrados, de regular de forma más equitativa el acceso a la tierra en Colombia. 

Según datos del Instituto Agustín Codazzi, el 1 % de los propietarios concentra la mitad de las extensiones del campo, mientras que el 80 % de los dueños accede a menos del 8 % del área disponible. Dos terceras partes de los predios son microfundios y minifundios de baja productividad, lo que explica que la pobreza rural supere con creces la urbana. 

La reforma rural integral fue el primer punto del acuerdo suscrito con las Farc en 2016. El Congreso dio un paso significativo en 2023 al crear la jurisdicción agraria mediante el Acto Legislativo 03, pero esa creación constitucional no tiene efectos prácticos sin la ley que la desarrolle y le dé competencias concretas. Esa ley es precisamente la que duerme en el Legislativo. 

Fuente: Valora 

Utilidad de Grupo Cibest (Bancolombia) bajó 16 % en el primer trimestre de 2026; acelera consolidación regional 

El holding financiero dio a conocer que su cartera en Colombia y Centroamérica arrojó crecimiento en los primeros tres meses del año. 

Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, Nequi, Bancoagrícola, Bam, Wenia y Wompi, presentó sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre del año. 

De acuerdo con el holding, su balance continúa reflejando generación de valor y solidez operativa, así como el avance de una estrategia enfocada en responder a las nuevas dinámicas de los clientes en América Latina. 

En términos de resultados, con corte a marzo de 2026, los activos de Grupo Cibest llegaron a $389,1 billones, con un crecimiento anual de 6,9%. 

El saldo de cartera en Colombia y Centroamérica aumentó 6,5% y terminó el trimestre en $261,8 billones, mientras que los depósitos de clientes se ubicaron en $271,7 billones: 10,4% más que en el mismo periodo de 2025. 

Entre tanto, las utilidades del Grupo Cibest entre enero y marzo se ubicaron en $1,5 billones, con un descenso de 16 % para los primeros tres meses del año. 

Foco en clientes globales de Grupo Cibest

Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Cibest, destacó que los resultados del primer corte de 2026 “confirman la fortaleza de nuestro modelo y la confianza de nuestros 33 millones de clientes en la región”. 

Destacó además que las cifras “evidencian el avance de una estrategia pensada para una América Latina cada vez más integrada y global. En Grupo Cibest seguimos construyendo un ecosistema financiero regional que conecta capacidades, y acompaña a personas y empresas en el manejo de su dinero sin fronteras».  

Se destacó, por ejemplo, que Grupo Cibest avanza en la construcción de una propuesta para clientes digitales y globales, respondiendo a la expectativa de contar con “experiencias financieras simples, integradas y seguras que les permitan mover su dinero cuando y donde lo necesiten, orquestadas desde sus distintas compañías”, según un comunicado. 

El punto de partida es Wenia, compañía de activos digitales del Grupo Cibest, que brinda varias opciones que se están incorporando también en otras marcas del Grupo. 

En total, Wenia App cuenta con 11 activos digitales para invertir, ahorrar o mover valor, además de una cuenta global que permite a las personas enviar, recibir, comprar y vender dólares digitales y euros digitales de manera fácil y segura, desde y hacia Estados Unidos y Europa respectivamente. 

Por otro lado, Nequi ya habilitó la compra y venta de dólares digitales desde su app, y próximamente esta opción estará disponible en la App Mi Bancolombia. 

Esto llega a completar otras soluciones que ya están al servicio de los clientes, como la apertura de cuentas en dólares en las filiales de Grupo Cibest en Panamá y Puerto Rico desde la App Mi Bancolombia con el botón «Cuenta en dólares», y las posibilidades que ofrecen Bancolombia, Bam, Bancoagrícola y Nequi para recibir giros y remesas desde el exterior. 

Avances en plataforma de inversión

Otro de los ejes destacados por el holding financiero es Cibest Capital, la plataforma regional de inversión de Grupo Cibest que desde Colombia, Panamá y Estados Unidos integra sus capacidades en banca de inversión y banca privada. 

Lo que se busca es ofrecer una sola propuesta para dar acceso a soluciones más sofisticadas y a oportunidades en mercados globales, “que acompañan decisiones de inversión más diversificadas y de largo plazo”. 

La evolución de su oferta para atender a clientes locales con soluciones globales es la forma en que Grupo Cibest continúa materializando su visión regional como grupo financiero que, por medio de sus distintas marcas, responde a las necesidades de sus grupos de relación. 

Fuente: Valora 

Primicia | Petro recortará por decreto la nómina de contratistas y eliminará nuevos arbitrajes internacionales 

La medida pretende blindar los recursos públicos frente a los elevados costos de la defensa jurídica exterior. 

El Gobierno Nacional ha puesto sobre la mesa una de las reformas administrativas más ambiciosas y controvertidas de su mandato a través del borrador del Plan de Austeridad del Gasto 2026. Con este documento, conocido por Valora Analitik, el presidente Gustavo Petro eliminará por decreto los nuevos arbitrajes internacionales en los contratos estatales y, simultáneamente, aplicar un severo recorte a la nómina de contratistas en todas las entidades del Presupuesto General de la Nación. 

La medida pretende blindar los recursos públicos frente a los elevados costos de la defensa jurídica exterior, estableciendo que las controversias comerciales relativas a inversiones deberán resolverse exclusivamente ante los jueces nacionales, salvo casos excepcionales que cuenten con el aval de la Secretaría Jurídica de la Presidencia. 

A la par, el Ejecutivo también impone un «tijeretazo» a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, obligando a las entidades a demostrar reducciones reales en su gasto de personal externo frente a lo ejecutado en la vigencia anterior. 

¿Por qué Petro eliminará por decreto los nuevos arbitrajes internacionales?

La decisión de eliminar por decreto los nuevos arbitrajes internacionales se sustenta en una visión crítica sobre la soberanía jurídica y la eficiencia del gasto. 

Según la memoria justificativa del Ministerio de Hacienda, «dentro del ordenamiento jurídico colombiano ninguna norma de carácter legal impone que las entidades públicas deban solucionar sus controversias comerciales ante la justicia arbitral internacional». 

Por ello, el documento es enfático al señalar que «las controversias que se susciten con entidades públicas pertenecientes al Presupuesto General de la Nación deben resolverse ante la justicia ordinaria, administrativa y constitucional de la República de Colombia». 

Esta movida tiene un trasfondo netamente fiscal, pues el Gobierno argumenta que «esta medida busca reducir la conformación de tribunales de arbitramento los cuales demandan pago de honorarios altos, bien por conformación por las mismas partes, ya por acudir ante un tribunal de renombre”. 

Ofensiva contra la duplicidad de contratos y el gasto en viáticos

Paralelamente al objetivo de eliminar por decreto los nuevos arbitrajes internacionales, el plan de austeridad para 2026 lanza una ofensiva contra la contratación de personal indirecto. El artículo cuarto del borrador de decreto ordena que las entidades reduzcan la contratación de personal mediante la modalidad de prestación de servicios, especialmente aquellas que ya realizaron procesos de formalización de sus plantas durante 2025. 

El Ministerio de Hacienda justifica este recorte señalando que se debe «reducir la duplicidad de costos asociados a la ejecución de programas y proyectos de inversión, mediante la reducción en la contratación de personal de servicios técnicos especializados, profesionales o de apoyo a la gestión». 

Esta política prohíbe celebrar nuevos contratos cuando las tareas puedan ser atendidas por el personal de planta, buscando que las instituciones aprovechen al máximo el talento humano existente antes de recurrir al erario para contratar terceros. 

De otro lado, la normativa para 2026 introduce recortes en la logística institucional. Por ejemplo, los servidores del nivel directivo verán disminuidos sus viáticos al 80 % de la tarifa legal en viajes con pernoctación y al 50 % en desplazamientos de un solo día, una medida que busca racionalizar los costos operativos más altos de la administración. 

Para garantizar que estas disposiciones no se queden en el papel, el decreto introduce por primera vez un indicador cuantitativo obligatorio: las oficinas de control interno deberán calcular el «monto en pesos del ahorro que se obtiene en 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior”. 

Fuente: Valora