Febrero 11 de 2026

Acciones de BBVA, Cibest y Davivienda suben con fuerza en Colombia

Las acciones de Grupo Cibest ordinaria avanzaron 4,51 %.

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 10 de febrero de 2026 en 2.418,04 puntos registrando una variación positiva de 0,92 %.

El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 16,93 %.

Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.562 puntos.

Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $172.463 millones, mostrando una variación negativa de 11,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $194.500 millones.

Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:

Ecopetrol (Ecopetrol – 1,56 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $58.550 millones al finalizar el día.

En el segundo puesto encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,68 %) que negoció $43.968 millones.

Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest + 4,51 %) que transaron un monto de $13.189 millones.

En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:

En el primer lugar, las acciones del banco BBVA (BBVACOL) que suben 6,38 %. 

En la segunda casilla, Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que avanzó 4,51 %.

Finalmente, los títulos de Davivienda preferencial (PFDavvnda) que se valorizaron 3,91 %.

Las acciones de ISA (ISA) cayeron – 2,59 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.

Fuente: Valora

Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol que más se ha ‘rajado’ en confianza y generación de valor para la empresa

Confianza y reputación son palabras clave para una compañía que cotiza en el mercado bursátil.

La fiscalía general de la Nación imputará dos delitos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en calidad de presunto responsable. El primero está relacionado con la compra irregular de un apartamento en el norte de Bogotá, en medio de un posible tráfico de influencias. El segundo tiene que ver con la violación de los topes de financiación en la campaña Petro presidente, que Roa gerenció antes de asumir la presidencia de Ecopetrol.

Si se pone la lupa sobre el paso de los presidentes de la estatal energética en los últimos 25 años, desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe en 2002, Ricardo Roa es uno de los que más controversias ha enfrentado por su cercanía con el Ejecutivo. Según analistas, episodios como los mencionados envían señales negativas al mercado, afectan el manejo reputacional de la compañía y condicionan sus decisiones estratégicas, como ocurre con el activo en la cuenca Permian.

Sería exagerado afirmar que ha sido el peor presidente de Ecopetrol, ya que las polémicas actuales no se comparan con escándalos del pasado, como los sobrecostos y los actos de corrupción en la estructuración de la Refinería de Cartagena (Reficar). Sin embargo, tampoco puede considerarse el mejor, pues las cifras no lo respaldan. Si se comparan los resultados del tercer trimestre de 2023 (cuando llegó a la presidencia) con los del tercer trimestre de 2025, último período reportado, las utilidades netas atribuibles a los accionistas han caído en más de 50 %.

Además, Roa ha enfrentado un entorno adverso. Algunos lapsos de bajos precios del Brent, la revaluación del peso y la dificultad de extraer petróleo y gas en yacimientos en declive, junto con el aumento de costos, son algunas de las variables que pueden limitar el crecimiento de la compañía.

Sin embargo, las controversias judiciales sí han generado un nivel adicional de incertidumbre para una empresa que cotiza en bolsa. Analistas consultados, que prefirieron mantener el anonimato, señalaron que resulta atípico que una empresa como Ecopetrol mantenga a un presidente con este nivel de exposición. Según ellos, su permanencia en el cargo, en medio de múltiples polémicas, destruye valor, erosiona la confianza y afecta la reputación corporativa, lo que termina traduciéndose en daños reales. No obstante, la fortaleza y el peso de Ecopetrol en el mercado han impedido que estos efectos se materialicen.

Por su parte, el banquero de inversión y experto del sector Iván Arroyave afirmó que Ecopetrol ha atravesado diferentes contextos y controversias en los últimos 25 años, cada una con una naturaleza distinta.

Arroyave recordó que el caso Reficar fue una controversia de carácter técnico, contractual y de gobernanza, con impactos fiscales significativos. Asimismo, señaló que la inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio durante la administración de Felipe Bayón fue un episodio institucionalmente serio, pero acotado.

“Lo que sí es distinto en el caso actual de Roa es la frecuencia, diversidad y origen de las polémicas. En su administración, las controversias no se concentran en un proyecto o evento, sino que abarcan frentes simultáneos: gobierno corporativo, decisiones estratégicas, relación con el Ejecutivo, señales al mercado, transición energética y manejo reputacional. Eso genera una percepción de mayor ruido y exposición pública”, enfatizó.

Según Arroyave, más que polémico, el actual presidente enfrenta un entorno mucho más politizado, con una mayor interferencia del poder gubernamental.

Por ejemplo, esto se refleja en el debate sobre la cuenca Permian, localizada en EE. UU. Cuando el Gobierno Petro ha sugerido la posibilidad de vender este activo, Roa ha señalado públicamente que se podría evaluar una eventual desinversión, pese a que el Permian representa cerca de 14 % de la producción de hidrocarburos (petróleo y gas) de la compañía. Lo anterior se produce porque su explotación mediante fracking choca con la política ambiental del Ejecutivo.

En este contexto vuelve a surgir el interrogante: ¿es Roa el peor presidente de Ecopetrol de los últimos 25 años?

Otros analistas del mercado, también bajo reserva, señalaron que una empresa de las dimensiones de Ecopetrol siempre está expuesta a malos negocios y elevados gastos de funcionamiento. En compañías con características casi “monopólicas”, sostienen, “siempre se cuecen habas”. En ese sentido, consideran que la administración de Roa no ha sido la peor, pero sí la más ruidosa, politizada y con mayor impacto reputacional negativo.

Fuente: Valora

Piden la renuncia de la secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz: estas son las razones

El concejal citó informes de la Contraloría de Bogotá que advierten presuntas irregularidades financieras y contractuales.

El concejal Julián Forero radicó formalmente una moción de censura contra la secretaria distrital de Movilidad, Claudia Díaz, argumentando incumplimiento de funciones, falta de resultados y un agravamiento sostenido de la crisis de movilidad en la capital.

Según Forero, Bogotá atraviesa una “emergencia diaria” en materia de tránsito, con niveles de congestión que ubican a la ciudad entre las 10 urbes con peor movilidad en el mundo, sin que la administración distrital haya presentado soluciones efectivas.

“Si Bogotá no camina segura, tampoco rueda segura. La movilidad es un derecho, no un negocio”, afirmó el concejal, quien señaló que la gestión de Díaz ha estado marcada por incompetencia administrativa, pérdida de control institucional y decisiones que afectan directamente a conductores, motociclistas y ciudadanos.

Principales razones de la moción de censura

El cabildante sustentó su solicitud de separación del cargo en una serie de hechos que, asegura, evidencian fallas estructurales en la Secretaría de Movilidad:

Presuntas irregularidades en contratos de grúas, patios y señalización.

Procesos contravencionales con vulneración de derechos y del debido proceso.

Falta de devolución de dineros a conductores absueltos de comparendos.

Más de 400 denuncias por suplantación en permisos de pico y placa para personas con discapacidad.

Abuso de autoridad por parte de agentes de tránsito e imposición de comparendos fuera de servicio.

Cámaras de fotodetección enfocadas en sancionar y no en reducir la siniestralidad.

Incumplimiento de la mesa de conductores y de la Comisión de Tránsito obligatoria por ley.

Falta de garantías en zonas de parqueo, semáforos dañados y vías en mal estado sin respuesta oportuna.

Baja ejecución del Plan de Desarrollo en movilidad, cercana al 30 %, con metas entre 10 % y 40 % de avance.

Hallazgos de la Contraloría de Bogotá

Forero también citó informes de la Contraloría de Bogotá que advierten presuntas irregularidades financieras y contractuales dentro de la Secretaría, entre ellas:

$6.500 millones en un contrato con la ETB por consultas al RUNT consideradas injustificadas.

$180 millones en planes de datos para bodycams sin soporte claro.

Incumplimientos en la exoneración de cobros de grúas y patios a ciudadanos no infractores.

Más de $16.000 millones en deficiencias del proyecto de zonas de parqueo pago.

“No es justo que Bogotá siga pagando los platos rotos de una gestión fallida. Los ciudadanos merecen soluciones reales, no excusas ni intereses particulares”, sostuvo el concejal.

El concejal advirtió que, aunque varios cabildantes estarían dispuestos a respaldar la moción por la mala gestión evidenciada, presuntamente acuerdos políticos con la Alcaldía Mayor estarían frenando la decisión.

“Bogotá no puede seguir detenida por la ineficiencia de una funcionaria que presuntamente protege los intereses de unos pocos. La gente merece soluciones reales, no negocios con el bolsillo ciudadano”, enfatizó.

Finalmente, Forero aseguró que conductores, motociclistas y ciudadanos esperan que Claudia Díaz deje el cargo y que la movilidad vuelva a enfocarse en el bienestar colectivo, en medio de una de las crisis viales más profundas que ha enfrentado Bogotá en los últimos años.

Fuente: Valora

Analistas alertan que el gobierno Petro estaría buscando una tributaria con nuevo impuesto al patrimonio

Los analistas del mercado local señalan que el nuevo impuesto al patrimonio en Colombia que propone el Gobierno es lesivo para el país.

Rechazo entre algunos importantes analistas del país ha generado la propuesta del gobierno Petro de imponer un nuevo impuesto al patrimonio en una eventual emergencia económica, que buscaría decretar el ejecutivo por la crisis invernal.

Según ha detallado el Gobierno, esta disposición se enfocaría en 15.000 empresas del país, una propuesta que algunos sectores no ven con buenos ojos.

Los llamados de atención se centran en que la intención del gobierno Petro con este nuevo impuesto al patrimonio, de nuevo, no tendría sustento económico y generaría presiones para la actividad productiva en el país.

“¿Cómo va a crecer Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio a las empresas?”, señaló el presidente de ANIF, José Ignacio López.

Agregó el experto que ese impuesto no existe en casi ningún lugar del mundo. Y, en cambio, se convierten en políticas que “empobrecen” y “solo nos dejan peor para futuras calamidades”.

Otros llamados de atención por la propuesta del gobierno Petro de tener un nuevo impuesto al patrimonio

El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo: “¿De dónde sacan que se necesitan $8 billones? Es clave que nos muestren el detalle. La suma parece desproporcionada y merece una auditoría académica externa”.

Enfatizó Restrepo en que este nuevo impuesto al patrimonio del gobierno Petro podría terminar siendo una ley de financiamiento “para cubrir derroche en gasto público, disfrazada de una calamidad pública”.

Otros análisis, como el del exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, alertó que lo que propone el Gobierno, en una nueva emergencia económica, va en contra del crecimiento económico.

Agregó Junco que la idea de ese nuevo impuesto al patrimonio genera “fuga de inversiones, efectos inflacionarios e incremento del déficit fiscal”.

Fuente: Valora

Inflación en Colombia subiría todavía más en los próximos meses

La inflación en Colombia volvió a subir a enero del 2026, de acuerdo con el reporte entregado por el DANE.

La inflación en Colombia arrancó, de nuevo, su ciclo alcista luego de que el DANE diera a conocer que el indicador se estableció en el 5,34 %, el dato para enero más alto desde el 2024.

De acuerdo con el informe, el aumento de los precios se dio con mayor fuerza por cuenta de los alimentos, pero, indican algunos análisis, hay presiones más complejas por el aumento del salario mínimo.

Dicen estos análisis que, a diferencia de lo que dice el gobierno Petro, el aumento de la inflación en Colombia se está transmitiendo a las industrias cuya mano de obra depende de este tipo de salarios.

A ojos del mercado, la posibilidad de que el país vea una relajación de los precios por las reducciones en lo valores de la gasolina y, más adelante, de algunos alimentos, no sería suficiente.

Expectativas para la inflación en Colombia

Indican las expectativas que el IPC pareciera entonces no escapar a llegar al 6,5 % en 2026, bastante más lejos del 4,5 % que se estimaba a mediados del año pasado.

La inflación en Colombia va a seguir siendo alta, indica el mismo Banco de la República, hasta el año entrante, y la posibilidad de ver un 3 % llegará en un plazo más largo.

Espera finalmente el mercado lo que pueda pasar con el dólar en Colombia y una menor presión sobre valores clave de la economía local, con foco en lo que sean algunos insumos para alimentos.

Fuente: Valora

EE. UU. abre la puerta a algunas actividades petroleras en Venezuela, bajo condiciones: así impactaría a Colombia

La licencia amplía el margen para operaciones energéticas específicas en Venezuela, pero bajo control contractual estadounidense.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó que en Venezuela se puedan realizar transacciones relacionadas con la exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones.

La entidad emitió una licencia (GL 48) para permitir actividades operativas específicas en el sector energético venezolano, bajo jurisdicción estadounidense y sin levantar las sanciones estructurales vigentes.

Según explicó AmCham Colombia, la autorización aplica incluso cuando las operaciones involucren al Gobierno de Venezuela, PDVSA o entidades donde la petrolera tenga participación mayoritaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

La licencia autoriza transacciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para suministrar desde EE. UU. o por ciudadanos estadounidenses bienes, tecnología, software o servicios destinados a la exploración, desarrollo o producción de petróleo y gas en Venezuela.

¿Qué se autorizó y qué no para Venezuela?

De acuerdo con AmCham, la medida incluye procesamiento de pagos, servicios de logística y transporte (incluido fletamento de buques), seguros marítimos y cobertura P&I, además de servicios portuarios y de terminales, así como mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de equipos para operaciones petroleras o gasíferas.

Además, deberá cumplir ciertas condiciones para que las transacciones estén autorizadas:

1.      Los contratos con el Gobierno de Venezuela o PDVSA deben establecer que se rigen por leyes de EE. UU. y que cualquier disputa se resolverá en territorio estadounidense.

2.      Los pagos a personas bloqueadas (salvo impuestos o tasas locales) deben realizarse a través de cuentas designadas por el Tesoro estadounidense, conforme a la Orden Ejecutiva 14373.

Además, se restringen los pagos no comercialmente razonables, swaps de deuda, pagos en oro o criptomonedas emitidas por el Gobierno venezolano (incluido el petro), así como transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.

Tampoco se podrá hacer el desbloqueo de activos previamente sancionados, ni operaciones con embarcaciones bloqueadas. También se restringe la creación de nuevas empresas o joint ventures para explorar o producir petróleo o gas en Venezuela, o la exportación o reexportación de diluyentes hacia Venezuela.

Así impacta la decisión a empresas colombianas

Aunque la autorización está dirigida a operaciones realizadas desde territorio estadounidense o por personas de ese país, también abre oportunidades indirectas para empresas colombianas.

Especialmente, en segmentos auxiliares de la cadena de valor como logística, transporte marítimo, seguros, servicios portuarios, mantenimiento y reparación de equipos.

En ese contexto, compañías con capacidades en ingeniería y mantenimiento industrial, transporte regional, suministro de repuestos y servicios técnicos especializados podrían participar como proveedoras o subcontratistas de firmas estadounidenses autorizadas.

Fuente: Valora