Julio 24 de 2026

 

EE. UU. elevó al 12,5 % el arancel adicional para productos colombianos: estos serían los principales efectos y sectores afectados

Este arancel adicional se suma al arancel ordinario o preferencial vigente bajo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. E

Las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos enfrentarán desde este 24 de julio un mayor costo de ingreso a ese mercado, luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) oficializara un arancel adicional del 12,5 % para una parte de los productos provenientes de Colombia.

La decisión se deriva de la investigación adelantada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, mediante la cual Estados Unidos concluyó que Colombia no ha adoptado ni implementado de forma efectiva mecanismos para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso.

Aunque la medida no señala que los bienes exportados por Colombia sean elaborados bajo estas condiciones, sí considera insuficientes los controles que el país ejerce sobre las mercancías que importa desde terceros mercados.

El nuevo recargo entró en vigor a las 12:01 a. m. del 24 de julio, hora del Este de Estados Unidos (11:01 p. m. del 23 de julio en Colombia), reemplazando el gravamen temporal del 10 % que estaba vigente desde febrero de 2026. Esto significa que el incremento efectivo para los productos cobijados es de 2,5 puntos porcentuales, al pasar del 10 % al 12,5 %.

Cambios en aranceles recíprocos podrían favorecer a Colombia. Imagen: Valora Analitik.

Este arancel adicional se suma al arancel ordinario o preferencial vigente bajo el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. En consecuencia, incluso aquellos productos que ingresaban con un arancel base del 0 % deberán asumir el nuevo recargo del 12,5 % si no están dentro de las excepciones establecidas por Washington.

Primeros efectos y sectores impactados por los aranceles

Entre los principales efectos para la economía colombiana está la pérdida de competitividad de varios sectores manufactureros y agroindustriales que dependen del mercado estadounidense. Productos como flores frescas, confecciones, manufacturas de plástico, algunos alimentos procesados y diferentes bienes industriales tendrían mayores costos de acceso frente a competidores internacionales.

Esto podría traducirse en menores márgenes para los exportadores colombianos, quienes deberán decidir entre absorber el mayor costo, reduciendo su rentabilidad, o trasladarlo a los compradores estadounidenses, con el riesgo de perder participación frente a proveedores de otros países.

Otro impacto relevante es que Colombia queda en una posición menos favorable frente a economías que obtuvieron el tratamiento preferencial del 10 %, entre ellas Argentina, Canadá, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, Bangladesh, India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka, países que Estados Unidos considera cuentan con medidas suficientes para combatir el ingreso de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso.

No obstante, la decisión excluye una parte importante de la oferta exportadora colombiana. Permanecen por fuera del nuevo arancel productos estratégicos como café, banano, aguacate, mango, piña, petróleo, carbón, oro, cacao, medicamentos e insumos farmacéuticos, además de determinados bienes sujetos a investigaciones bajo la Sección 232.

Estas exclusiones reducen el impacto sobre algunos de los principales renglones de exportación del país, aunque sectores intensivos en mano de obra, como el floricultor y el textil-confección, sí podrían enfrentar mayores dificultades para mantener su competitividad en el mercado estadounidense.

La medida también contempla un período de transición para mercancías en tránsito. Los productos que hubieran sido cargados antes de la entrada en vigor del nuevo arancel y sean nacionalizados en Estados Unidos antes del 28 de julio podrán ingresar sin el nuevo recargo.

Expertos en comercio exterior señalan que la decisión aumenta la presión para que Colombia fortalezca su marco regulatorio y los mecanismos de control sobre la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, pues una implementación efectiva de estas medidas podría permitir al país acceder nuevamente al tratamiento arancelario reducido establecido por Estados Unidos para las economías que cumplen con estos estándares.

Fuente: Valora

Detalles del nuevo decreto del Gobierno Petro sobre el desastre nacional por El Niño: crean una bolsa exclusiva de recursos

El Gobierno Petro declaró el desastre nacional por El Niño y activó nuevas reglas para financiar la emergencia, priorizar inversiones y acelerar la respuesta.

El Gobierno Petro dio un paso más en la estrategia para enfrentar el denominado Mega Niño al expedir el Decreto 0802 de 2026, con el que declara la situación de desastre de carácter nacional por un periodo inicial de 12 meses y activa un régimen especial para responder a los efectos que, según las proyecciones oficiales, comenzarán a intensificarse desde diciembre de este año.

Más allá del anuncio de recursos para atender la emergencia, el decreto introduce herramientas concretas para acelerar la ejecución de inversiones, crear una bolsa exclusiva de recursos para el fenómeno climático y definir las prioridades que deberán seguir las entidades nacionales y territoriales en la preparación y recuperación frente a la sequía.

La decisión se fundamenta en la evidencia técnica que, según el Gobierno, advierte que la evolución del fenómeno de El Niño podría provocar interrupciones graves y prolongadas en el servicio público de energía, afectar el abastecimiento de agua, la producción de alimentos, la salud pública y la infraestructura crítica del país. En ese sentido, el decreto concluye que existe un riesgo inminente que justifica la declaratoria de desastre nacional conforme a la Ley 1523 de 2012.

La decisión también tiene un componente político y administrativo relevante. Aunque el decreto fue expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, su vigencia se extenderá durante 12 meses, por lo que buena parte de las medidas, la ejecución de los recursos y el desarrollo del Plan de Acción Específico deberán ser implementados por la administración que encabezará Abelardo de la Espriella, la cual asumirá el reto de definir si mantiene, ajusta o amplía la estrategia diseñada para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

La declaratoria de emergencia regirá por un año

El Decreto 0802 establece que la situación de desastre tendrá una vigencia inicial de 12 meses, periodo durante el cual las entidades públicas podrán aplicar las medidas especiales previstas en el régimen de gestión del riesgo para atender la emergencia.

Durante ese tiempo, las entidades nacionales, departamentales y territoriales deberán adoptar acciones técnicas, administrativas y presupuestales orientadas a la reducción del riesgo, la preparación para la respuesta, el manejo de la emergencia y la recuperación, bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Gobierno argumenta que la decisión busca actuar antes de que los efectos del fenómeno climático se materialicen y evitar daños de mayor magnitud sobre la población y la economía.

Detalles del nuevo decreto del Gobierno Petro

Uno de los cambios más relevantes del decreto es la creación de una subcuenta temporal denominada «Fenómeno de El Niño 2026-2027» dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La finalidad de esta subcuenta será mantener separados presupuestal y contablemente los recursos destinados a atender la emergencia, garantizando que el dinero tenga una destinación exclusiva para las acciones derivadas de la declaratoria de desastre.

Según el decreto, esta bolsa podrá recibir recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, de otras entidades públicas nacionales y territoriales, así como de otros mecanismos jurídicos que permitan financiar las actividades contempladas en el plan de recuperación.

Además, el Ministerio de Hacienda quedó facultado para realizar los traslados presupuestales que resulten necesarios para atender la situación de desastre y garantizar que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo cuente con recursos suficientes para ejecutar las medidas urgentes.

La norma ordena a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) formular y ejecutar un Plan de Acción Específico para la Recuperación, que deberá coordinarse con los ministerios, departamentos administrativos y entidades territoriales.

Ese documento tendrá como eje la protección de la vida humana, la conservación de la naturaleza y la garantía de las condiciones mínimas para mantener los servicios esenciales durante la emergencia.

Como parte de ese plan, el Gobierno priorizará inversiones para asegurar el abastecimiento y el uso eficiente del agua, mediante proyectos como plantas desalinizadoras para zonas costeras e insulares, sistemas de captación de aguas lluvias, rehabilitación de pozos y ampliación de la capacidad de almacenamiento.

La estrategia también contempla medidas para fortalecer la seguridad alimentaria, con apoyo a pequeños y medianos productores, subsidios para insumos estratégicos y fertilizantes, además de acciones encaminadas a evitar pérdidas de cosechas y garantizar la oferta de alimentos durante el periodo de sequía.

En materia energética, el decreto ordena impulsar la transición hacia fuentes renovables, priorizando la instalación de sistemas fotovoltaicos en hogares vulnerables de los estratos 1, 2 y 3 y en zonas rurales, con el objetivo de reducir el riesgo de racionamientos y diversificar el suministro eléctrico en las regiones más expuestas.

El plan también incorpora medidas para reforzar la salud pública, entre ellas el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el monitoreo de la calidad del agua para consumo humano, la búsqueda activa de población vulnerable y la ejecución de jornadas de vacunación y prevención de enfermedades asociadas al fenómeno climático.

Finalmente, el decreto ordena fortalecer la capacidad institucional para la prevención y atención de incendios forestales, mediante la disposición de recursos para los cuerpos de bomberos, medios aéreos, equipos especializados, sistemas de alertas tempranas, coordinación interinstitucional y acciones dirigidas a proteger ecosistemas estratégicos.

El plan deberá tener metas, cronogramas y fuentes de financiación

El decreto también fija requisitos específicos para la elaboración del Plan de Acción. Cada línea estratégica deberá incluir programas, proyectos, responsables, cronogramas, metas, requerimientos presupuestales y fuentes de financiación claramente definidas.

Además, la formulación del plan tendrá que articularse con las políticas de gestión del riesgo, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, transición energética, salud pública y protección ambiental, con el fin de garantizar una respuesta integral frente a la emergencia climática.

Según ha explicado Petro, el objetivo es anticiparse a una sequía que podría extenderse hasta marzo de 2027 o incluso más allá, evitando que sus efectos comprometan la prestación de servicios públicos esenciales y la seguridad alimentaria de millones de colombianos.

Fuente: Valora

La propuesta de De la Espriella para que Barranquilla sea capital alterna: reforma necesita ocho debates y dos legislaturas

Este será el proceso para que el presidente electo logre colocar a Barranquilla como capital alterna.

La propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de convertir a Barranquilla en una capital alterna de Colombia abre varios frentes jurídicos que podrían dificultar que la iniciativa se convierta en realidad.

Según De la Espriella, el objetivo es dar mayor visibilidad a las regiones del país.

Por eso anunció que presentará un proyecto y respaldar un modelo de gobierno con mayor presencia territorial, una estrategia que busca acercar el Ejecutivo a los territorios y reducir la concentración administrativa en Bogotá.

El mandatario electo precisó que Barranquilla no sería el único punto de operación: Medellín y Cali tendrían también un papel como sedes alternas dentro de esta reorganización política y operativa.

Un cambio constitucional, no administrativo

Aunque el Gobierno puede comenzar a dar órdenes desde Barranquilla mediante decisiones administrativas, convertir oficialmente a la ciudad en capital alterna exige modificar la Constitución.

El artículo 322 establece que Bogotá es la capital de la República, por lo que el cambio requiere la aprobación de un acto legislativo en el Congreso.

Ese trámite implica superar ocho debates distribuidos en dos vueltas legislativas: la iniciativa debe empezar en la Comisión Primera del Senado o de la Cámara de Representantes, continuar en las plenarias de ambas corporaciones y repetir el mismo recorrido en el siguiente periodo legislativo. En la segunda vuelta, la reforma necesitará mayoría absoluta para convertirse en modificación constitucional.

Ese calendario convierte la construcción de consensos políticos en uno de los principales desafíos del proyecto: la administración entrante deberá mantener mayorías estables durante dos legislaturas consecutivas para evitar que la propuesta se estanque en cualquiera de sus etapas, un obstáculo recurrente para las reformas constitucionales en Colombia.

El costo fiscal de una capital alterna

Otro frente es la viabilidad, la propuesta también implica desafíos operativos y financieros. Una capital alterna supone disponer de infraestructura adecuada para el funcionamiento del Ejecutivo, mantener despachos, garantizar la logística institucional y coordinar el desplazamiento permanente de funcionarios, aspectos que deberán respaldarse con recursos del presupuesto nacional.

La seguridad será otro de los aspectos clave, no solo por el despliegue logístico que implicaría trasladar el dispositivo de la Fuerza Pública, sino porque la Casa de Nariño cuenta con una unidad militar especializada —la Guardia Presidencial— encargada de proteger al presidente de la República, su familia y la sede del Gobierno.

Ese componente presupuestal no es menor en un escenario de presión sobre las finanzas públicas y elevados compromisos de deuda. La eventual implementación del modelo obligará al Gobierno a sustentar el impacto fiscal de mantener sedes oficiales funcionando de forma simultánea, mientras avanza la descentralización administrativa que propone el presidente electo.

Fuente: Valora

Precio de la gasolina aumentaría casi $2.000 con la nueva reforma tributaria de Petro: galón superaría $17.000

El diésel aumentaría $841 por galón en 2027 y se ubicaría en más de $12.400. Para 2028, el incremento acumulado sería de $1.331 por galón.

El Gobierno Petro llevó al Congreso su último intento de implementar una reforma tributaria. Según lo señalaron Fendipetróleo (Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos) y la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce), esta iniciativa incrementaría el precio de la gasolina en $1.942 por galón cuando finalice 2028. 

La primera alza se daría el 1 de enero de 2027. En ese momento, el combustible aumentaría $860 por galón, en caso de que la reforma sea aprobada, al pasar de $16.291 a $17.151 por galón. Entre tanto, el diésel subiría $841 y llegaría a $12.417 por galón. Para 2028, este combustible acumularía un incremento de $1.331 por galón.

Es decir, el alza sería, según el gremio y si se aplica la reforma, de $860 para el galón de gasolina, mientras que el gravamen al alcohol carburante y del IVA al ingreso del productor de 19 % completarían el aumento. Lo anterior fue señalado por David Jiménez Mejía, vocero de la Unión Gremial Somos Uno, que representa a las estaciones de servicio del país.

Según manifestó Jiménez, el proyecto del Gobierno presenta varios problemas de fondo. Uno de ellos es el componente ambiental, que, a su juicio, no corresponde al verdadero origen del recaudo. Explicó que el Gobierno proyecta ingresos por $7,58 billones provenientes del IVA a los combustibles para 2028, mientras que el componente ambiental representaría $218.000 millones. Sin embargo, cuestionó que el proyecto grave con IVA al alcohol carburante y a los biocombustibles, ya que, según dijo, el mismo texto reconoce que estos energéticos no hacen parte de los combustibles fósiles.

En segundo lugar, expresó que la reforma tributaria rompería el principio del IVA plurifásico al excluir la venta minorista de ACPM o diésel, convirtiendo este impuesto en un costo para los transportadores, el sector agropecuario y la industria.

“No sería un IVA descontable, sino un impuesto en cascada que terminaría incorporándose al precio del transporte de carga, de los alimentos y de buena parte de la producción nacional”, expresó el dirigente gremial.

A lo anterior sumó que aumentar los precios de los combustibles no reduce la capacidad de consumo y, por el contrario, tiene un efecto limitado sobre la reducción de emisiones. Señaló que la tarifa del IVA recaería, en caso de aprobarse la iniciativa, sobre el margen regulado de las estaciones de servicio, lo que representaría $219 adicionales por galón, equivalentes a $928.000 millones al año.

“Contrario a lo planteado por el Ministerio de Hacienda, numerosas estaciones no podrán trasladar ese mayor costo al consumidor debido a la regulación vigente de los precios, por lo que tendrían que absorber el impuesto, reduciendo significativamente su margen de operación”, dijo la organización.

Pese a que el proyecto tendría pocas posibilidades de ser aprobado en el Congreso, según lo manifestó Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, la organización sostuvo que aún puede corregirse el tratamiento que se le da al diésel para preservar el IVA plurifásico y “evitar un impuesto en cascada”. Asimismo, señaló que debe mantenerse la exclusión del IVA para el alcohol carburante y los biocombustibles.

“En 226 municipios de Colombia existe una sola estación de servicio. Si el margen deja de cubrir los costos de operación, no habrá quien garantice el abastecimiento de combustibles”, concluyó Jiménez.

Fuente: Valora

Petro sacó a la ministra de Vivienda, Helga Rivas, sin previo aviso; Ruth Quevedo queda encargada de la cartera

Quevedo se venía desempeñando como viceministra de Agua y Saneamiento Básico en la misma entidad. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia.

Ruth Maritza Quevedo asumió como ministra encargada del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El presidente Gustavo Petro designó a la funcionaria mediante el Decreto 0793 del 22 de julio de 2026. Fuentes le mencionaron a Valora Analitik que Helga Rivas fue destituida del cargo sin aviso previo del mismo presidente. 

Según informó la cartera en un comunicado, Quevedo asumió el cargo en el tramo final del gobierno Petro con la finalidad de fortalecer la articulación institucional frente a eventos como el frente frío y el fenómeno de El Niño.

“En este momento en el que el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de desastre nacional por la amenaza de El Niño, es importante intensificar la articulación con distintas entidades nacionales y territoriales, a fin de hacer un seguimiento estricto que nos permita tomar las decisiones clave orientadas a velar por el suministro de agua en el territorio nacional”, manifestó Quevedo.

La funcionaria es economista de la Universidad Nacional de Colombia y candidata a magíster en ordenamiento urbano y regional. Se venía desempeñando como viceministra de Agua y Saneamiento Básico. Además, fue comisionada experta y directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) durante los primeros años del gobierno Petro.

Según el Ministerio de Vivienda, la gestión de Quevedo ha estado enfocada en la implementación de políticas públicas como Basura Cero en Bogotá y el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en Colombia, con énfasis en el acceso al agua potable.

Desde la semana del 13 de julio de 2026 se venían advirtiendo cambios en el gabinete, a dos semanas de que Petro concluya su mandato el 7 de agosto.

Fuente: Valora

Ricardo Roa saldrá oficialmente de Ecopetrol el 30 de julio: no presentará resultados ni informe de gestión

El directivo solicitó permanecer unos días más en el cargo con el fin de presentar los resultados financieros. La Junta Directiva no accedió a su petición.

Fuentes cercanas a Ecopetrol confirmaron que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, saldrá oficialmente de la compañía. Permanecerá hasta el 30 de julio y no podrá presentar los resultados financieros de la compañía el 3 de agosto de 2026.

El directivo solicitó permanecer unos días más en el cargo con el fin de presentar los resultados financieros. Sin embargo, la Junta Directiva no accedió a su petición.

Otra de las salidas en la cúpula de Ecopetrol es la de Byron Triana, quien se venía desempeñando como vicepresidente de Energías para la Transición.

Pero los cambios no terminan ahí. También dejará la compañía Victoria Sepúlveda, una de las colaboradoras más cercanas a Ricardo Roa, según dijo Caracol Radio.

También se confirmó que Ecopetrol deberá convocar una asamblea e iniciar un proceso interno, con el apoyo de una firma de ‘headhunters’, para seleccionar al nuevo presidente de la compañía.

Aunque no hay información oficial sobre quién asumirá el cargo, los nombres que más suenan son los de Joaquín Gutiérrez y Felipe Bayón; este último presidió Ecopetrol hasta 2023.

Pese a que la Junta tiene actualmente tres vacantes, el organismo ya está en capacidad de iniciar el proceso de selección. No obstante, el Ministerio de Hacienda deberá definir los lineamientos para la búsqueda del sucesor de Ricardo Roa, en su calidad de representante del accionista mayoritario de la petrolera: el Estado colombiano.

Todo este proceso se llevará a cabo bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, a partir del 7 de agosto. Ambos han señalado que los cambios en la cúpula de Ecopetrol harán parte de los primeros decretos que firmarán, los cuales incluirán la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas.

Lo anterior también tiene como finalidad llenar las tres vacantes que actualmente existen en la Junta y realizar los cambios que el nuevo gobierno considere necesarios al interior del máximo órgano de dirección de la compañía.

Fuente: Valora

Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol; renunciaron Ángela María Robledo y Tatiana Roa

Esto se suma a otros cambios en la dirección de la estatal energética, que incluyen la salida oficial de Ricardo Roa de la presidencia a partir del 30 de julio

Luis Felipe Henao, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, es el nuevo presidente del organismo, luego de las renuncias de Ángela María Robledo -quien ocupaba ese cargo- y Tatiana Roa.

Henao asumirá la presidencia del organismo a partir del 1 de agosto de 2026, según confirmó Valora Analitik.

Esto se suma a otros cambios en la dirección de la estatal energética, que incluyen la salida oficial de Ricardo Roa de la presidencia a partir del 30 de julio, con lo cual Juan Carlos Hurtado seguirá como presidente encargado.

Fuentes también le confirmaron a este medio que Byron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición, y Victoria Sepúlveda, una de las personas más cercanas a Ricardo Roa, serán otros ejecutivos que saldrán de la compañía.

También se confirmó que Ecopetrol deberá convocar una asamblea e iniciar un proceso interno, con el apoyo de una firma de ‘headhunters’, para seleccionar al nuevo presidente de la compañía.

Aunque no hay información oficial sobre quién asumirá el cargo, los nombres que más suenan son los de Joaquín Gutiérrez y Felipe Bayón; este último presidió Ecopetrol hasta 2023.

Pese a que la Junta tiene actualmente tres vacantes, el organismo ya está en capacidad de iniciar el proceso de selección. No obstante, el Ministerio de Hacienda deberá definir los lineamientos para la búsqueda del sucesor de Ricardo Roa, en su calidad de representante del accionista mayoritario de la petrolera: el Estado colombiano.

Todo este proceso se llevará a cabo bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo, a partir del 7 de agosto. Ambos han señalado que los cambios en la cúpula de Ecopetrol harán parte de los primeros decretos que firmarán, los cuales incluirán la convocatoria de una Asamblea General de Accionistas.

Relevante | Luis Felipe Henao, nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol; renunciaron Ángela María Robledo y Tatiana Roa

Lo anterior también tiene como finalidad llenar las tres vacantes que actualmente existen en la Junta y realizar los cambios que el nuevo gobierno considere necesarios al interior del máximo órgano de dirección de la compañía.

Fuente: Valora

Dólar en Colombia perfora el piso de los $3.200 tras dos meses de caídas consecutivas

La tasa de cambio inició operaciones en $3.224 y marcó un precio máximo de $3.240. Sin embargo, marcó un mínimo de $3.197,01 al cierre.

El mercado cambiario colombiano marcó un hito técnico de gran calado. En una jornada dominada por el masivo flujo de capitales offshore y el disparado precio de los combustibles a nivel mundial, el dólar estadounidense perforó de forma contundente la barrera de los $3.200, cerrando en $3.197,01.

Con una desvalorización diaria de $10,39 frente a la rueda del miércoles ($3.207,40), el tipo de cambio se ubica en niveles mínimos que la economía colombiana no presenciaba desde julio de 2019.

La tasa de cambio inició operaciones en $3.224 y marcó un precio máximo de $3.240. Sin embargo, la persistente presión compradora de pesos por parte de inversores extranjeros terminó por hundir la divisa hasta marcar su mínimo de la rueda en el mismo nivel de su cierre: $3.197,01, lo que confirma que la presión vendedora se mantuvo hasta el final de la sesión, según JP Tactical Trading.

Este desplome del dólar local se produjo a contracorriente de la tendencia global, donde el Índice DXY subió un 0,30 %, ubicándose en 101,43 unidades.

De acuerdo con las lecturas recogidas por Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, quien había anticipado niveles abajo de $3.200 esta mañana, el comportamiento de la moneda local abarca una dinámica excepcional donde el peso se ha consolidado como una de las divisas más fuertes del mundo, acumulado apreciaciones masivas de entre $600 y $650 en los meses recientes.

Citando el análisis de Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, el fenómeno responde a una clara combinación de factores que incluyen en alto precio de los hidrocarburos, que continúa inyectando un flujo constante de divisas a la balanza comercial del país, y el entusiasmo a las expectativas y promesas del nuevo gobierno de ejecutar recortes presupuestales significativos y alcanzar un gasto eficiente.

Los analistas enfatizan que este comportamiento evoca la estabilización institucional observada hace cuatro años, donde tras episodios iniciales de volatilidad, la certidumbre sobre el respeto a las reglas de juego macroeconómicas devolvió la confianza a las mesas de dinero.

Fuerte repunte del Brent sobre los US$101

En el mercado de materias primas, la incertidumbre geopolítica desencadenó una disparada en las cotizaciones del petróleo.

El barril de Brent se disparó un 7,38 % hasta los US$101,01, mientras que la referencia WTI trepó un 6,78 % para ubicarse en US$92,72.

El fuerte repunte responde a nuevos ataques de los rebeldes hutíes contra buques petroleros saudíes en el Mar Rojo y a las advertencias de Donald Trump de intensificar las acciones militares sobre infraestructura energética en Irán.

Noticias nacionales e internacionales

En Washington, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo cayeron sorpresivamente en 22.000 hasta situarse en 187.000, marcando su cifra más baja desde septiembre de 1969. Este dato reflejó la resiliencia del empleo estadounidense, dándole impulso al DXY.

A nivel macroeconómico interno, la atención se centró en la gestión pública de los recursos de inversión. Un reciente reporte del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que el sector transporte atraviesa una paradoja financiera: encabeza el presupuesto nacional de inversión con una asignación de $15,6 billones (el 18 % del total), pero al cierre del segundo trimestre de 2026 solo ha logrado ejecutar un 11,5 % ($1,8 billones).

Esta baja dinámica contrasta fuertemente con carteras como Educación (55,9 %) y Minas y Energía (46,5 %), en un momento donde la infraestructura resulta crucial para sostener la actividad productiva.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una desvalorización del 0,79 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,849 % desde los 12,650 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,463 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,150 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,290 %; la jornada anterior en 12,061 %.

Fuente: Valora