Acciones de BBVA, Cibest y Davivienda suben con fuerza en Colombia
Las acciones de Grupo
Cibest ordinaria avanzaron 4,51 %.
El índice MSCI Colcap de
la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 10 de febrero de 2026
en 2.418,04 puntos registrando una variación positiva de 0,92 %.
El acumulado anual del
índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 16,93 %.
Desde nuestra perspectiva
técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de
tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.300 puntos. En
cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.562 puntos.
Al finalizar la rueda de
negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones
de $172.463 millones, mostrando una variación negativa de 11,30 % con respecto
a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $194.500 millones.
Los tres títulos más
activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
Ecopetrol (Ecopetrol –
1,56 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $58.550 millones al
finalizar el día.
En el segundo puesto
encontramos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,68 %) que negoció $43.968
millones.
Finalmente, en la tercera
casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest +
4,51 %) que transaron un monto de $13.189 millones.
En una jornada positiva
para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores
incrementos:
En el primer lugar, las
acciones del banco BBVA (BBVACOL) que suben 6,38 %.
En la segunda casilla,
Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que avanzó 4,51 %.
Finalmente, los títulos de
Davivienda preferencial (PFDavvnda) que se valorizaron 3,91 %.
Las acciones de ISA (ISA)
cayeron – 2,59 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada
bursátil.
Fuente: Valora
Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol que más se ha
‘rajado’ en confianza y generación de valor para la empresa
Confianza y reputación son
palabras clave para una compañía que cotiza en el mercado bursátil.
La fiscalía general de la
Nación imputará dos delitos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en calidad
de presunto responsable. El primero está relacionado con la compra irregular de
un apartamento en el norte de Bogotá, en medio de un posible tráfico de
influencias. El segundo tiene que ver con la violación de los topes de
financiación en la campaña Petro presidente, que Roa gerenció antes de asumir
la presidencia de Ecopetrol.
Si se pone la lupa sobre
el paso de los presidentes de la estatal energética en los últimos 25 años,
desde el inicio del gobierno de Álvaro Uribe en 2002, Ricardo Roa es uno de los
que más controversias ha enfrentado por su cercanía con el Ejecutivo. Según
analistas, episodios como los mencionados envían señales negativas al mercado,
afectan el manejo reputacional de la compañía y condicionan sus decisiones
estratégicas, como ocurre con el activo en la cuenca Permian.
Sería exagerado afirmar
que ha sido el peor presidente de Ecopetrol, ya que las polémicas actuales no
se comparan con escándalos del pasado, como los sobrecostos y los actos de
corrupción en la estructuración de la Refinería de Cartagena (Reficar). Sin embargo,
tampoco puede considerarse el mejor, pues las cifras no lo respaldan. Si se
comparan los resultados del tercer trimestre de 2023 (cuando llegó a la
presidencia) con los del tercer trimestre de 2025, último período reportado,
las utilidades netas atribuibles a los accionistas han caído en más de 50 %.
Además, Roa ha enfrentado
un entorno adverso. Algunos lapsos de bajos precios del Brent, la revaluación
del peso y la dificultad de extraer petróleo y gas en yacimientos en declive,
junto con el aumento de costos, son algunas de las variables que pueden limitar
el crecimiento de la compañía.
Sin embargo, las
controversias judiciales sí han generado un nivel adicional de incertidumbre
para una empresa que cotiza en bolsa. Analistas consultados, que prefirieron
mantener el anonimato, señalaron que resulta atípico que una empresa como
Ecopetrol mantenga a un presidente con este nivel de exposición. Según ellos,
su permanencia en el cargo, en medio de múltiples polémicas, destruye valor,
erosiona la confianza y afecta la reputación corporativa, lo que termina
traduciéndose en daños reales. No obstante, la fortaleza y el peso de Ecopetrol
en el mercado han impedido que estos efectos se materialicen.
Por su parte, el banquero
de inversión y experto del sector Iván Arroyave afirmó que Ecopetrol ha
atravesado diferentes contextos y controversias en los últimos 25 años, cada
una con una naturaleza distinta.
Arroyave recordó que el
caso Reficar fue una controversia de carácter técnico, contractual y de
gobernanza, con impactos fiscales significativos. Asimismo, señaló que la
inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio durante la
administración de Felipe Bayón fue un episodio institucionalmente serio, pero
acotado.
“Lo que sí es distinto en
el caso actual de Roa es la frecuencia, diversidad y origen de las polémicas.
En su administración, las controversias no se concentran en un proyecto o
evento, sino que abarcan frentes simultáneos: gobierno corporativo, decisiones
estratégicas, relación con el Ejecutivo, señales al mercado, transición
energética y manejo reputacional. Eso genera una percepción de mayor ruido y
exposición pública”, enfatizó.
Según Arroyave, más que
polémico, el actual presidente enfrenta un entorno mucho más politizado, con
una mayor interferencia del poder gubernamental.
Por ejemplo, esto se
refleja en el debate sobre la cuenca Permian, localizada en EE. UU. Cuando el
Gobierno Petro ha sugerido la posibilidad de vender este activo, Roa ha
señalado públicamente que se podría evaluar una eventual desinversión, pese a
que el Permian representa cerca de 14 % de la producción de hidrocarburos
(petróleo y gas) de la compañía. Lo anterior se produce porque su explotación
mediante fracking choca con la política ambiental del Ejecutivo.
En este contexto vuelve a
surgir el interrogante: ¿es Roa el peor presidente de Ecopetrol de los últimos
25 años?
Otros analistas del
mercado, también bajo reserva, señalaron que una empresa de las dimensiones de
Ecopetrol siempre está expuesta a malos negocios y elevados gastos de
funcionamiento. En compañías con características casi “monopólicas”, sostienen,
“siempre se cuecen habas”. En ese sentido, consideran que la administración de
Roa no ha sido la peor, pero sí la más ruidosa, politizada y con mayor impacto
reputacional negativo.
Fuente: Valora
Piden la renuncia de la secretaria de Movilidad de
Bogotá, Claudia Díaz: estas son las razones
El concejal citó informes
de la Contraloría de Bogotá que advierten presuntas irregularidades financieras
y contractuales.
El concejal Julián Forero
radicó formalmente una moción de censura contra la secretaria distrital de
Movilidad, Claudia Díaz, argumentando incumplimiento de funciones, falta de
resultados y un agravamiento sostenido de la crisis de movilidad en la capital.
Según Forero, Bogotá
atraviesa una “emergencia diaria” en materia de tránsito, con niveles de
congestión que ubican a la ciudad entre las 10 urbes con peor movilidad en el
mundo, sin que la administración distrital haya presentado soluciones
efectivas.
“Si Bogotá no camina
segura, tampoco rueda segura. La movilidad es un derecho, no un negocio”,
afirmó el concejal, quien señaló que la gestión de Díaz ha estado marcada por
incompetencia administrativa, pérdida de control institucional y decisiones que
afectan directamente a conductores, motociclistas y ciudadanos.
Principales razones de la
moción de censura
El cabildante sustentó su
solicitud de separación del cargo en una serie de hechos que, asegura,
evidencian fallas estructurales en la Secretaría de Movilidad:
Presuntas irregularidades
en contratos de grúas, patios y señalización.
Procesos contravencionales
con vulneración de derechos y del debido proceso.
Falta de devolución de
dineros a conductores absueltos de comparendos.
Más de 400 denuncias por
suplantación en permisos de pico y placa para personas con discapacidad.
Abuso de autoridad por
parte de agentes de tránsito e imposición de comparendos fuera de servicio.
Cámaras de fotodetección
enfocadas en sancionar y no en reducir la siniestralidad.
Incumplimiento de la mesa
de conductores y de la Comisión de Tránsito obligatoria por ley.
Falta de garantías en
zonas de parqueo, semáforos dañados y vías en mal estado sin respuesta
oportuna.
Baja ejecución del Plan de
Desarrollo en movilidad, cercana al 30 %, con metas entre 10 % y 40 % de
avance.
Hallazgos de la
Contraloría de Bogotá
Forero también citó
informes de la Contraloría de Bogotá que advierten presuntas irregularidades
financieras y contractuales dentro de la Secretaría, entre ellas:
$6.500 millones en un
contrato con la ETB por consultas al RUNT consideradas injustificadas.
$180 millones en planes de
datos para bodycams sin soporte claro.
Incumplimientos en la
exoneración de cobros de grúas y patios a ciudadanos no infractores.
Más de $16.000 millones en
deficiencias del proyecto de zonas de parqueo pago.
“No es justo que Bogotá
siga pagando los platos rotos de una gestión fallida. Los ciudadanos merecen
soluciones reales, no excusas ni intereses particulares”, sostuvo el concejal.
El concejal advirtió que,
aunque varios cabildantes estarían dispuestos a respaldar la moción por la mala
gestión evidenciada, presuntamente acuerdos políticos con la Alcaldía Mayor
estarían frenando la decisión.
“Bogotá no puede seguir
detenida por la ineficiencia de una funcionaria que presuntamente protege los
intereses de unos pocos. La gente merece soluciones reales, no negocios con el
bolsillo ciudadano”, enfatizó.
Finalmente, Forero aseguró
que conductores, motociclistas y ciudadanos esperan que Claudia Díaz deje el
cargo y que la movilidad vuelva a enfocarse en el bienestar colectivo, en medio
de una de las crisis viales más profundas que ha enfrentado Bogotá en los
últimos años.
Fuente: Valora
Analistas alertan que el gobierno Petro estaría
buscando una tributaria con nuevo impuesto al patrimonio
Los analistas del mercado
local señalan que el nuevo impuesto al patrimonio en Colombia que propone el
Gobierno es lesivo para el país.
Rechazo entre algunos
importantes analistas del país ha generado la propuesta del gobierno Petro de
imponer un nuevo impuesto al patrimonio en una eventual emergencia económica,
que buscaría decretar el ejecutivo por la crisis invernal.
Según ha detallado el
Gobierno, esta disposición se enfocaría en 15.000 empresas del país, una
propuesta que algunos sectores no ven con buenos ojos.
Los llamados de atención
se centran en que la intención del gobierno Petro con este nuevo impuesto al
patrimonio, de nuevo, no tendría sustento económico y generaría presiones para
la actividad productiva en el país.
“¿Cómo va a crecer
Colombia, tener empleo de calidad, más inversión y prosperidad, si la primera
idea frente a la ola invernal es cobrar un impuesto al patrimonio a las
empresas?”, señaló el presidente de ANIF, José Ignacio López.
Agregó el experto que ese
impuesto no existe en casi ningún lugar del mundo. Y, en cambio, se convierten
en políticas que “empobrecen” y “solo nos dejan peor para futuras calamidades”.
Otros llamados de atención
por la propuesta del gobierno Petro de tener un nuevo impuesto al patrimonio
El exministro de Hacienda,
José Manuel Restrepo, dijo: “¿De dónde sacan que se necesitan $8 billones? Es
clave que nos muestren el detalle. La suma parece desproporcionada y merece una
auditoría académica externa”.
Enfatizó Restrepo en que
este nuevo impuesto al patrimonio del gobierno Petro podría terminar siendo una
ley de financiamiento “para cubrir derroche en gasto público, disfrazada de una
calamidad pública”.
Otros análisis, como el
del exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, alertó que lo que propone el
Gobierno, en una nueva emergencia económica, va en contra del crecimiento
económico.
Agregó Junco que la idea
de ese nuevo impuesto al patrimonio genera “fuga de inversiones, efectos
inflacionarios e incremento del déficit fiscal”.
Fuente: Valora
Inflación en Colombia subiría todavía más en los
próximos meses
La inflación en Colombia
volvió a subir a enero del 2026, de acuerdo con el reporte entregado por el
DANE.
La inflación en Colombia
arrancó, de nuevo, su ciclo alcista luego de que el DANE diera a conocer que el
indicador se estableció en el 5,34 %, el dato para enero más alto desde el
2024.
De acuerdo con el informe,
el aumento de los precios se dio con mayor fuerza por cuenta de los alimentos,
pero, indican algunos análisis, hay presiones más complejas por el aumento del
salario mínimo.
Dicen estos análisis que,
a diferencia de lo que dice el gobierno Petro, el aumento de la inflación en
Colombia se está transmitiendo a las industrias cuya mano de obra depende de
este tipo de salarios.
A ojos del mercado, la
posibilidad de que el país vea una relajación de los precios por las
reducciones en lo valores de la gasolina y, más adelante, de algunos alimentos,
no sería suficiente.
Expectativas para la
inflación en Colombia
Indican las expectativas
que el IPC pareciera entonces no escapar a llegar al 6,5 % en 2026, bastante
más lejos del 4,5 % que se estimaba a mediados del año pasado.
La inflación en Colombia
va a seguir siendo alta, indica el mismo Banco de la República, hasta el año
entrante, y la posibilidad de ver un 3 % llegará en un plazo más largo.
Espera finalmente el
mercado lo que pueda pasar con el dólar en Colombia y una menor presión sobre
valores clave de la economía local, con foco en lo que sean algunos insumos
para alimentos.
Fuente: Valora
EE. UU. abre la puerta a algunas actividades petroleras
en Venezuela, bajo condiciones: así impactaría a Colombia
La licencia amplía el
margen para operaciones energéticas específicas en Venezuela, pero bajo control
contractual estadounidense.
La Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizó que
en Venezuela se puedan realizar transacciones relacionadas con la exploración,
desarrollo y producción de petróleo y gas, bajo el cumplimiento de ciertas
condiciones.
La entidad emitió una
licencia (GL 48) para permitir actividades operativas específicas en el sector
energético venezolano, bajo jurisdicción estadounidense y sin levantar las
sanciones estructurales vigentes.
Según explicó AmCham
Colombia, la autorización aplica incluso cuando las operaciones involucren al
Gobierno de Venezuela, PDVSA o entidades donde la petrolera tenga participación
mayoritaria, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.
La licencia autoriza
transacciones “ordinariamente incidentales y necesarias” para suministrar desde
EE. UU. o por ciudadanos estadounidenses bienes, tecnología, software o
servicios destinados a la exploración, desarrollo o producción de petróleo y
gas en Venezuela.
¿Qué se autorizó y qué no
para Venezuela?
De acuerdo con AmCham, la
medida incluye procesamiento de pagos, servicios de logística y transporte
(incluido fletamento de buques), seguros marítimos y cobertura P&I, además
de servicios portuarios y de terminales, así como mantenimiento, reparación y
reacondicionamiento de equipos para operaciones petroleras o gasíferas.
Además, deberá cumplir
ciertas condiciones para que las transacciones estén autorizadas:
1. Los contratos con el Gobierno de
Venezuela o PDVSA deben establecer que se rigen por leyes de EE. UU. y que
cualquier disputa se resolverá en territorio estadounidense.
2. Los pagos a personas bloqueadas (salvo
impuestos o tasas locales) deben realizarse a través de cuentas designadas por
el Tesoro estadounidense, conforme a la Orden Ejecutiva 14373.
Además, se restringen los
pagos no comercialmente razonables, swaps de deuda, pagos en oro o
criptomonedas emitidas por el Gobierno venezolano (incluido el petro), así como
transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del
Norte, Cuba o China.
Tampoco se podrá hacer el
desbloqueo de activos previamente sancionados, ni operaciones con embarcaciones
bloqueadas. También se restringe la creación de nuevas empresas o joint
ventures para explorar o producir petróleo o gas en Venezuela, o la exportación
o reexportación de diluyentes hacia Venezuela.
Así impacta la decisión a
empresas colombianas
Aunque la autorización
está dirigida a operaciones realizadas desde territorio estadounidense o por
personas de ese país, también abre oportunidades indirectas para empresas
colombianas.
Especialmente, en
segmentos auxiliares de la cadena de valor como logística, transporte marítimo,
seguros, servicios portuarios, mantenimiento y reparación de equipos.
En ese contexto, compañías
con capacidades en ingeniería y mantenimiento industrial, transporte regional,
suministro de repuestos y servicios técnicos especializados podrían participar
como proveedoras o subcontratistas de firmas estadounidenses autorizadas.
Fuente: Valora
