El negocio de las elecciones en Colombia:
así funcionará la reposición de votos en 2026 para los candidatos
¿Qué tan rentable es presentarse a las elecciones en Colombia? Presentarse a elecciones también paga.
En
Colombia, la reposición de votos se ha convertido en una de las piezas
centrales —y más controvertidas— del sistema de financiación pública de la
política. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado reconoce recursos
a partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, con el fin de
reembolsar parte de los gastos de campaña según el número de votos válidos
obtenidos en las urnas.
El objetivo, al menos en el papel, es claro: equilibrar la competencia electoral y permitir que candidaturas con menor músculo financiero privado puedan competir en condiciones menos desiguales frente a estructuras políticas con mayores recursos.
La reposición está sujeta a dos condiciones esenciales
La primera es el umbral mínimo de votación. Solo tienen derecho a recibir estos recursos quienes superen un porcentaje determinado de votos válidos. En el caso de elecciones presidenciales y consultas, el requisito es alcanzar al menos el 3 % de los votos válidos a nivel nacional, un umbral que aplica tanto para consultas interpartidistas como para la primera vuelta presidencial.
La segunda condición es que el cálculo se basa exclusivamente en los votos válidos. El Estado reconoce un valor monetario por cada uno, cifra que el Consejo Nacional Electoral (CNE) actualiza periódicamente con base en criterios técnicos como la inflación o los costos reales de una campaña.
Cabe mencionar que solo se devuelve lo que la campaña efectivamente gastó y certificó con facturas legales.
Felipe Jiménez Ángel, quien fue coordinador de Misión de Observación Electoral explica que “Solo se devuelve lo que la campaña efectivamente gastó y certificó con facturas legales. Si no hay factura, no hay un peso”.
Y solo lo que genera una deuda o esfuerzo económico real del candidato se repone: “créditos con bancos, créditos con personas naturales (con contrato mutuo), recursos propios o de familiares cercanos y donaciones de privados”.
Un salto
millonario para 2026
De cara a las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo de 2026, el CNE fijó el valor de reposición en $8.287 por cada voto válido, una cifra que marca un incremento del 224 %.
El monto es casi tres veces mayor al aplicado en 2025, cuando la reposición era de $2.555 por voto. Según el CNE, este ajuste responde a una actualización técnica basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, tal como lo establece la normativa electoral.
La medida quedó consignada en la Resolución No. 12111 de 2025, que además fijó los topes máximos de gastos de campaña para estas consultas en más de $18.555 millones, bajo el argumento de garantizar transparencia y equidad en el uso de los recursos públicos.
Los valores de reposición han variado considerablemente según el tipo de elección. En los comicios regionales de 2023, por ejemplo, el Estado reconoció $4.590 por voto para gobernadores y diputados, y $2.766 para alcaldes y concejales. En la consulta interpartidista de octubre de 2025, el valor se mantuvo en $2.555 por voto válido.
Este patrón de ajustes anuales con base en inflación y costos ha sido defendido por el CNE como una necesidad técnica. Sin embargo, sectores sociales y organizaciones de observación electoral han cuestionado el salto abrupto de 2026, advirtiendo que incrementos tan pronunciados pueden alterar el equilibrio del sistema y aumentar la presión fiscal sobre el Estado.
El
cálculo y el retorno para los candidatos
Un ejemplo cercano es el de la consulta del 2025, cuando la reposición estatal era de $2.555 por voto válido, Carolina Corcho, con 678.962 votos, habría recibido un reintegro cercano a $1.734 millones, mientras que Iván Cepeda, con alrededor de 1,3 millones de votos, habría alcanzado aproximadamente $3.321 millones.
No obstante, el tope máximo de gastos de campaña para este tipo de consultas se ubicaba alrededor de $6.080 millones, estableciendo el techo legal de inversión permitido para cada aspirante, más allá del monto reconocido posteriormente por reposición de votos.
Pero ahora el número subiría de manera importante ya que los candidatos de las tres consultas que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo tendrán la oportunidad de sustentar votos por hasta $18.555 millones.
Se necesitarían aproximadamente 2,24 millones de votos para alcanzar el tope de $18.555 millones con una reposición de $8.287 por voto.
El peso
político del dinero público
La reposición de votos alimenta, cada ciclo electoral, un debate de fondo sobre la financiación de la democracia: cuánto debe pagar el Estado por las campañas, cómo se controla ese gasto y hasta qué punto el dinero público termina sosteniendo estructuras partidistas.
Casos emblemáticos han mostrado el tamaño de estas devoluciones. El movimiento Colombia Humana, por ejemplo, tras la campaña presidencial de 2018, tiene derecho a recibir más de $23.000 millones por reposición, según reportes del propio CNE.
La segunda vuelta presidencial de 2022, que enfrentó a Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ilustra con claridad el alcance del mecanismo. Según el escrutinio oficial de la Registraduría, Petro obtuvo 11.281.013 votos, mientras Hernández alcanzó 10.580.412.
Bajo las reglas vigentes para ese proceso, el Estado reconocía cerca de $1.561 por voto válido en segunda vuelta. Con esos resultados, el cálculo teórico indicaría que la campaña de Petro podría haber accedido a cerca de $17.000 millones, y la de Hernández a unos $16.500 millones.
Sin embargo, estos montos no se entregan completos ni de forma inmediata. El CNE aplica topes máximos y solo desembolsa recursos equivalentes a los gastos efectivamente reportados, auditados y aprobados, descontando además anticipos o aportes privados.
Para esa segunda vuelta, el tope máximo de reposición fue fijado en aproximadamente $12.840 millones, lo que significa que ninguna campaña podía superar esa cifra, sin importar el número de votos alcanzado.
Fuente: Valora
Dólar en Colombia se mantuvo estable pese
a la caída global del DXY; deuda pública se valorizó
La divisa abrió la sesión en $3.650. Durante el día, tocó un mínimo de $3.635 y un máximo de $3.665.
El mercado cambiario en Colombia inició la segunda semana de febrero con una jornada de marcada estabilidad y equilibrio. El dólar estadounidense cerró en $3.658, registrando una variación mínima de apenas $1,75 frente al último dato del viernes pasado ($3.656,25).
La divisa
abrió la sesión en $3.650, nivel que funcionó como eje central de la
negociación. Durante el día, la moneda tocó un mínimo de $3.635 y un máximo de
$3.665. Este comportamiento lateral se dio a pesar de un retroceso
significativo del dólar a nivel internacional, con el índice DXY cayendo a los
96,93 puntos (-0,71 %).
Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, identificó un posible pivote en los $3.650, proyectando que el dólar se mantendría en una franja de negociación entre los $3.630 y los $3.680.
Los analistas coinciden en que la jornada careció de catalizadores claros para romper la tendencia actual.
Petróleo al alza por tensiones en el
Estrecho de Ormuz
Los precios del crudo iniciaron la semana con ganancias, impulsados por la geopolítica en Oriente Medio.
El barril WTI subió a US$64,81 (+1,98 %) y el Brent a US$69,32 (+1,87 %).
Aunque existe una perspectiva de sobreoferta para 2026, el mercado reaccionó a la recomposición de la prima de riesgo ante posibles sanciones adicionales al crudo iraní y la incertidumbre sobre el paso de cargamentos por el Estrecho de Ormuz.
Expectativa de inflación en EE. UU. y
situación fiscal en Colombia
Una encuesta de la Reserva Federal reveló que los consumidores estadounidenses están más optimistas: la expectativa de inflación para finales de 2026 bajó del 3,4 % al 3,1 %, y la percepción sobre la estabilidad del mercado laboral mejoró notablemente.
En el plano local, las cifras del Ministerio de Hacienda generaron una nota de cautela sobre las finanzas públicas.
El déficit fiscal del Gobierno se situó en el -6 % del PIB para el periodo enero-noviembre de 2025. En términos nominales, la diferencia entre ingresos y gastos alcanzó los $109,5 billones, superando los $102,2 billones registrados en el mismo periodo de 2024.
Solo en el mes de noviembre de 2025, el déficit fue de $25,7 billones (-1,4 % del PIB), una cifra superior a los $18,1 billones registrados un año atrás. No obstante, el reporte destaca que las operaciones de manejo de deuda permitieron moderar el indicador en meses previos, logrando incluso un superávit en septiembre.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,16 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Fuente: Valora
Comprar vivienda en Colombia será más
difícil por estas razones
La dificultad para comprar vivienda en Colombia se extenderá al segmendo de usadas e incluso impactará los arriendos.
Comprar
vivienda en Colombia entra en una fase más exigente en este 2026. La reciente
decisión del Banco de la República de elevar su tasa de intervención volvió a
tensionar el mercado inmobiliario y encendió alertas entre constructores,
analistas y entidades financieras, que anticipan un freno en la demanda y un
encarecimiento sostenido del crédito hipotecario durante los próximos meses.
Aunque el ajuste monetario todavía no se refleja de forma plena en las cuotas que pagan los hogares, el impacto comienza a proyectarse con claridad. En su primera reunión del año, la Junta Directiva del emisor votó por mayoría subir en 100 puntos básicos la tasa de interés, llevándola a 10,25 %, un nivel que no se observaba desde hace dos años y que marca un giro frente al ciclo de recortes que se había iniciado a finales de 2024.
¿Por qué será más difícil comprar
vivienda en Colombia?
El aumento de la tasa de intervención tiene implicaciones directas sobre el costo del dinero en toda la economía. En la práctica, cuando el Banco de la República endurece su política monetaria, los créditos se vuelven más caros, se reduce la capacidad de endeudamiento de los hogares y se desacelera el consumo. La vivienda, uno de los sectores más sensibles a los movimientos de tasas, es de los primeros en sentir el efecto.
Desde el
sector constructor ya se cuantifican los posibles impactos. Camacol Bogotá
estima que un incremento de un punto porcentual en las tasas puede traducirse
en una reducción cercana al 6 % en las ventas de vivienda de interés social.
“Encontramos que la reacción de las ventas en el segmento de vivienda de
interés social es de una reducción del 6 %. Dicho eso, aumenta un punto la tasa
de interés y se reducen las ventas”, explicó Edwin Chiriví, presidente del
gremio en la capital en entrevista con Noticias Uno.
Con corte a diciembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 5,1 %, aún lejos de la meta del 3 % que persigue el Banco de la República. Para la autoridad monetaria, este desanclaje inflacionario explica la necesidad de priorizar la estabilidad de precios, incluso a costa de un menor crecimiento económico en el corto plazo.
Efectos en el precio de vivienda nueva,
usada y arriendos
El encarecimiento del crédito no solo afecta la compra de vivienda nueva. Gremios del sector inmobiliario advierten que el impacto se extenderá al mercado de vivienda usada y a los arriendos, presionando precios y modificando decisiones de inversión.
“Esto se va a traducir en presiones en los precios de la vivienda usada y de los arrendamientos, y a su vez en un panorama de inflación mayor para 2026”, agregó al mismo medio Mario Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas).
En la práctica, tasas más altas implican cuotas mensuales más elevadas, mayor exigencia en ingresos y una reducción en la capacidad de compra de los hogares, especialmente en segmentos medios y bajos.
Qué anticipan los bancos y el mercado
sobre las tasas de interés
Las entidades financieras ya ajustaron sus escenarios. El BNP Paribas mantiene una visión de “no consenso” sobre una tasa terminal del 12,5 %, mientras que el Banco de Occidente prevé que los incrementos continúen hasta alcanzar el 12 % a mediados de 2026. Goldman Sachs estima un aumento acumulado que llevaría la tasa a 11,75 % este año, y BBVA anticipa un ajuste total de hasta 300 puntos básicos de forma relativamente rápida.
Estas proyecciones refuerzan la lectura de que la Junta del emisor está priorizando su credibilidad y el control de la inflación, tras varios años de incumplimiento de la meta, incluso si eso implica sacrificar dinamismo económico.
Hacia adelante, los analistas coinciden en que el mercado de vivienda enfrentará un entorno más restrictivo, con menor ritmo de ventas, ajustes en precios y mayor cautela por parte de compradores e inversionistas. Goldman Sachs ya ajustó a la baja su previsión de crecimiento del PIB para 2026 a 2,4 %, reflejando los costos del endurecimiento monetario.
Para los hogares, el mensaje es claro: el acceso a la vivienda será más exigente. Para el sector constructor y financiero, el reto estará en adaptarse a un ciclo prolongado de tasas altas sin comprometer la sostenibilidad del mercado. Lo que ocurra en las próximas decisiones del Banco de la República será clave para definir si este escenario se profundiza o comienza a moderarse.
Fuente: Valora
Inflación en Colombia volverá a subir con
fuerza en 2026 impulsada por el salario mínimo
La lectura de los expertos es unánime: el incremento del 23,7 % en el salario mínimo, el más alto del siglo, es el factor determinante detrás de este repunte.
Tras conocerse que en Colombia la inflación de enero de 2026 se ubicó en el 5,35 % anual, por encima del 5,10 % registrado el mes anterior, de acuerdo con el DANE, los analistas advirtieron que el país ha entrado en un nuevo ciclo de presiones alcistas.
De hecho, el primer mes de este año marcó el registro más alto para un enero desde 2023, con una variación mensual del 1,18 %.
La lectura de los expertos es unánime: el incremento del 23,7 % en el salario mínimo —el más alto del siglo— es el factor determinante detrás de este repunte.
Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá señaló que el dato «confirma que las proyecciones y supuestos utilizados por el consenso lucen razonables en cuanto a la transmisión del aumento salarial a los precios».
Este impacto se ha sentido con especial fuerza en los sectores intensivos en mano de obra. Los servicios sin arrendamientos, rubro estrechamente ligado al costo laboral, aportaron cerca del 40 % de la inflación del mes, con un salto anual del 6,7 % al 7,5 %.
Dentro de este grupo, las comidas fuera del hogar registraron aumentos mensuales cercanos al 3 %, reflejando cómo las empresas han trasladado los mayores costos de producción al consumidor final, según el informe de Acciones & Valores.
El transporte también ha servido de correa de transmisión. Según el Banco de Bogotá, el «significativo aumento del salario mínimo redundó en incrementos en los sistemas de transporte de las principales ciudades de 5,1 % mensual», elevando la inflación anual de este sector al 10,2 %.
Proyecciones: un 2026 bajo presión
Los analistas le apuntan en promedio a una variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 6,4 % al cierre de 2026, tras el anuncio del incremento del salario mínimo, pues hace apenas unos meses la proyección era del 4,6 %.
El Banco de Bogotá proyecta que la inflación mensual se mantendrá elevada en febrero (1,2 %) y marzo (0,8 %), con una variación anual que cerraría 2026 en el 6,2 %.
Por su parte, Acciones & Valores sitúa el cierre de año en un rango entre el 6,10 % y el 6,5 %, una revisión al alza frente a sus pronósticos previos (4,7 %) debido precisamente a los efectos del ajuste salarial.
Desde el Banco de Occidente advierten que «lo peor está por venir», previendo que los precios continúen aumentando significativamente durante todo el primer trimestre de 2026 hasta ubicarse en el 6 % al cierre de este año.
Respaldo a la política restrictiva del
Banco de la República
Ante este panorama, Mariana Quinche, economista de BBVA, sostiene que el resultado de la inflación «justifica la decisión de la Junta del Banco de la República de incrementar la tasa de política monetaria».
En su reciente reunión, la Junta Directiva sorprendió al mercado elevando la tasa en 100 puntos básicos (pb), una medida que ahora es vista como «consistente y oportuna», de acuerdo con Acciones & Valores, para evitar un desanclaje de las expectativas.
El jefe de macroestrategia para Lartinoamérica en XP Investments, Andrés Pardo, prevé que este «ciclo de aumentos anticipados (front-loaded hiking cycle)» continuará, con la posibilidad de otro incremento de 100 pb en marzo, buscando una tasa de política que no baje del 11,75 % al cierre del año.
Otros analistas, entre ellos los del Banco de Occidente, sugieren que las tasas podrían llegar incluso al 12 % durante el primer semestre para asegurar la convergencia de la inflación hacia la meta en el largo plazo.
Fuente: Valora
Petro pidió a la Corte Constitucional levantar suspensión de la emergencia económica
El presidente aseguró que, en los últimos días, se han presentado nuevos hechos graves y sobrevinientes que ponen en riesgo al país
En una
nueva jugada para recuperar la emergencia económica, el presidente Gustavo
Petro envió una carta a la Corte Constitucional en la que pidió que le levante
la suspensión sobre este decreto, pues argumentó que la situación humanitaria
se ha agravado de forma acelerada.
"Me dirijo a ustedes como presidente de la República, con respeto profundo por la Corte Constitucional y por el papel esencial que cumple en la defensa de la Constitución y del Estado Social de Derecho, pero también les escribo desde la responsabilidad concreta de gobernar en medio de una emergencia real", se lee en la misiva.
El jefe de Estado señaló que es consciente de que el Decreto 1390 de 2025 está suspendido; sin embargo, afirmó que hay unos hechos graves y sobrevinientes que están cambiando la realidad que vive el país, los cuales deberían estar puestos a conocimiento del alto tribunal.
Petro advirtió que, desde que la Corte suspendió la emergencia económica, la situación humanitaria se ha agravado, hecho que calificó como una 'tragedia en curso'. Entre sus argumentos, detalló que, en Córdoba y Sucre, han muerto por lo menos 14 personas, más de 9.000 viviendas han resultado destruidas, alrededor de 50.000 hectáreas productivas están inundadas y se está viendo comprometido el sustento y la alimentación de miles de hogares.
"Lo que hace semanas era una advertencia técnica, hoy empieza a sentirse en el día a día de comunidades enteras. No es un riesgo teórico: es un hecho extraordinario", aseguró. El Presidente también indicó que, pese a que el Estado ha identificado riesgos generales asociados al cambio climático, lo que está sucediendo no corresponde a una evolución normal.
Petro enfatizó en que la crisis ambiental y climática que enfrenta el país supera cualquier escenario razonable y no se podía prever. "Los informes técnicos advierten sobre la posible llegada de un nuevo frente frío, lo que podría profundizar aún más esta tragedia", agregó.
El Presidente afirmó que no está en juego una concesión política, ni un debate ideológico, sino la vida de los colombianos y la protección de las familias. Aclaró que "cada día que pasa sin contar con todas las herramientas constitucionales disponibles significa más sufrimiento, más pérdidas y más riesgo para comunidades ya golpeadas".
Aseguró
que, por todas estas razones, la Corte debería levantar la suspensión del
decreto de emergencia económica, para permitir que el Estado atienda las
emergencias. "Levantar la suspensión del decreto no es un gesto político:
es una decisión humana, constitucional y necesaria para salvar vidas".
