Contraloría cuestiona emergencia económica y pide recorte responsable del gasto
Para la Contraloría, el
Gobierno tendría alternativas como realizar operaciones para el manejo de la
deuda.
La Contraloría le hizo un
llamado de atención al Ministerio de Hacienda para que considere las medidas
que tomará frente al proceso de recorte del Presupuesto General de la Nación.
La alerta llega por el
plan que tiene el Gobierno de declarar emergencia económica. El órgano de
control dice que la alternativa más viable es hacer recorte del gasto “el cual
debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición,
pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92 % del presupuesto es
inmodificable”.
Las recomendaciones de la
Contraloría
Asimismo, sostiene que es
fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que
asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un
aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la
sostenibilidad de las finanzas públicas evitando generar desequilibrios
fiscales a largo plazo.
“Colombia ha mantenido
históricamente el cumplimiento estricto de sus compromisos crediticios, por lo
que el recorte de esta deuda estaría exento. Sin embargo, mediante operaciones
de manejo de deuda, el Gobierno puede reducir una porción de este gasto”, dijo
la Contraloría.
Por otro lado, señaló que,
aunque la deuda pública debe mantenerse exenta de recortes por el historial de
cumplimiento crediticio del país, el Gobierno puede reducir parte de este gasto
mediante operaciones de manejo de deuda.
El ente de control
advirtió sobre la rigidez del gasto en rubros como personal, pensiones y
transferencias —en especial las del Sistema General de Participaciones—, pero
planteó que el Ministerio de Hacienda puede identificar ajustes en componentes
operativos como contratación y viáticos. En materia de inversión, indicó que,
pese a ser el rubro más flexible, existen restricciones por compromisos de
vigencias futuras, por lo que pidió priorizar proyectos con alto impacto
macro-regional y capacidad de impulsar la estabilidad económica y la
transformación productiva.
Asimismo, la Contraloría
instó a mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal, tras evidenciar
bajos niveles tanto en el presupuesto total como en inversión, especialmente en
2024 y en lo corrido de 2025. También recomendó acelerar la modernización de la
DIAN y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión para aumentar
el recaudo tributario efectivo. Finalmente, subrayó la necesidad de que los
recortes se hagan de manera transparente y participativa, con una comunicación
clara de criterios e impactos, y reiteró la importancia de reafirmar la
disciplina fiscal para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas en
el mediano plazo.
Fuente: Valora
Benedetti confirma que decreto de emergencia económica
ya quedó firmado
Durante una rueda de
prensa este sábado, 20 de diciembre, Benedetti explicó que el decreto fue
firmado por todos los ministros del gabinete.
De acuerdo con el ministro
del Interior, Armando Benedetti, el Gobierno Nacional firmó el decreto de
emergencia económica.
Durante una rueda de
prensa este sábado, 20 de diciembre, Benedetti explicó que el decreto fue
firmado por todos los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro el
jueves 18 de diciembre y que su radicación se completó el viernes 19, un paso
previo a su publicación oficial y posterior revisión por parte de la Corte
Constitucional.
«El decreto se firmó el
día jueves por parte de los ministros y tuvo que haber sido radicado ayer y
básicamente se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y
no como han dicho la oposición y los empresarios que es a la clase media», señaló
el ministro del Interior.
Por el momento, el decreto
no ha sido publicado, no obstante, el funcionario expresó que la declaratoria
de emergencia es una respuesta directa a la falta de recursos para el
Presupuesto General de la Nación 2026, tras el fracaso de la ley de financiamiento
cuyo objetivo era recaudar más de $16 billones para cubrir el déficit fiscal.
Sin ese recaudo, el Gobierno advirtió sobre el riesgo de no cumplir con
obligaciones como el pago de deuda o subsidios clave, entre otros compromisos
financieros del Estado.
Facultades extraordinarias
y alcance del decreto
La emergencia económica
permite al Ejecutivo expedir normas con fuerza de ley sin necesidad de trámite
por el Congreso, aunque dichas normas están sujetas al control de la Corte
Constitucional. Esta herramienta constitucional busca agilizar la implementación
de medidas que garanticen la estabilidad fiscal y financiera del país ante
situaciones excepcionales.
En sus declaraciones,
Benedetti destacó que la estructura del decreto está enfocada en imponer
gravámenes a los sectores de mayores ingresos, evitando, asegura, afectar a la
clase media o a los estratos socioeconómicos más vulnerables.
“Si la ley de
financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos
internacionales. Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque
una ley de financiamiento se hace para pagar la deuda”, expresó Benedetti.
La oposición y diversos
sectores empresariales han cuestionado esa afirmación, argumentando que algunas
figuras tributarias podrían terminar impactando a segmentos más amplios de la
población.
Fuente: Valora
Gasto público ha aumentado 15 veces más que los
ingresos en el gobierno Petro: CARF
Juan Sebastián Betancur,
director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), habló de una
incoherencia estructural en las finanzas del país.
La economía colombiana
muestra indicadores de recuperación innegables, como la reducción del desempleo
y una mayor confianza general. Sin embargo, estas buenas noticias en el corto
plazo ocultan una alta dependencia del gasto público para impulsar el crecimiento.
Juan Sebastián Betancur,
director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), habló de una
incoherencia estructural en las finanzas del país con ingresos limitados y un
gasto alto que ya genera alertas este martes durante el evento del Observatorio
Fiscal de la Universidad Javeriana, en conversación con Valora Analitik.
Hace unos días, el CARF
publicó sus proyecciones de déficit fiscal, pero parece que no hay buenas
noticias…
En opinión del CARF, el
déficit primario es una variable fundamental y quisiera enfatizar mucho su
importancia porque el balance primario lo que muestra la salud de las finanzas
públicas, en la medida en que refleja cuál es el equilibrio entre ingresos y
gastos excluyendo el pago de intereses, así como la capacidad que tiene un
gobierno para honrar esas obligaciones operativas y algunas inversiones. Cuando
esos ingresos alcanzan a financiar los gastos fijos y algunos de inversión, uno
está bien. Cuando ese no es el caso, uno tiene un déficit primario y la única
manera de financiarlo es con deuda. No hay otra manera, igual que en una casa:
si yo quiero comprar un apartamento y para eso me endeudo, bien, pero si yo voy
a estar endeudándome para pagar el mercado y el arriendo, eso es un campanazo.
¿Cuál es la lectura del
CARF de cómo llegamos a esta situación?
En Colombia ha habido una
incoherencia estructural en la dinámica entre ingresos y gastos, eso no es del
último año ni de los últimos dos años. Los ingresos han crecido 0,3 puntos del
PIB en un contexto en que los gastos han crecido 4,5 puntos del PIB entre el
2019 y el 2024, esto es 15 veces más. Un análisis que hicimos recientemente en
el comité muestra que los ingresos han seguido la tendencia histórica que se
traía hasta la hasta antes de la pandemia, a pesar de que se han hecho reformas
tributarias. Los gastos han crecido 2,5 puntos del PIB por encima de esa
tendencia, se nos dispararon.
¿En cuáles rubros crece
más el gasto?
Los tipos de gastos que
más han crecido respecto de la pandemia son Sistema General de Participaciones
(SGP), pensiones y salud. Esos tres cheques, que son casi la mitad del
presupuesto total, son constitucionales. Si queremos como país cambiar esos
tres cheques, hay que cambiar la Constitución. Hay unas inflexibilidades muy
estructurales que implican que el Gobierno y el Congreso acuerden unas
decisiones difíciles, dolorosas, pero que son necesarias. Hay otros aspectos
que han crecido, como la inversión, que este año va a ser bastante más alta de
lo que estaba previsto en nuestras estimaciones o el déficit del fondo es de
estabilización del precio de los combustibles.
Justamente los temas en
los que este Gobierno hizo reformas… ¿Las modificaciones en esas leyes pueden
corregir ese gasto altamente inflexible?
Sobre esas reformas hay un
montón de dimensiones que un actor de política pública debe tener en cuenta.
Yo, por el mandato legal que tiene el CARF solo voy a hablar de lo fiscal. En
el frente puramente fiscal, esas tres reformas están direccionadas hacia
aumentar el gasto fiscal, ninguna está direccionada hacia reducirlo. Hay un
déficit estructural en Colombia y una diferencia grande entre ingresos y gastos
quitando el costo de los intereses. Y la perspectiva es que, si nos quedamos
cruzados de brazos, ese boquete se va a abrir aún más. Más nos vale que el país
y las autoridades competentes tengan las discusiones que se requieren, que no
son fáciles, son difíciles, pero que son absolutamente necesarias si queremos
tener un escenario de sostenibilidad fiscal. El reto es que como Colombia no
tiene historial de insostenibilidad fiscal, es difícil convencer a la gente de
que ese escenario es tan catastrófico.
¿Qué opciones tiene el
Gobierno ahora que se cayó la ley de financiamiento para ajustar el desbalance
a través de mayores ingresos?
El CARF no tiene mandato
para dar recomendaciones puntuales de qué manera de subir ingresos o de qué
manera bajar gastos. La norma dice que si se cayó la ley de financiamiento y se
aprobó un presupuesto que ahora queda desfinanciado, el gobierno muy temprano
en enero tiene que reducir el gasto. El año pasado hubo la misma situación
porque había otra ley de financiamiento que tampoco se aprobó y el gobierno
aplazó $12 billones de gasto que no se han recortado. En el comité lo que hemos
dicho es: más allá de los $16,3 billones que no se aprobaron en la ley de
financiamiento y que habrá que aplazar o recortar, faltan $37,6 billones. El
monto que es necesario, no para para cumplir con la Regla Fiscal que está
suspendida, no para estabilizar la deuda pública, sino para llegar a la meta
que el mismo Gobierno se trazó se necesita un ajuste en total de $37,6
billones.
¿Han identificado desde el
CARF cuáles son los impuestos o los frentes donde el Gobierno tiene mayor
probabilidad de aumentar el recaudo?
El tema de la gestión de
la DIAN, sin duda es importante. Ha dado muestras de ser efectivo en muchos
países, pero eso toma tiempo. Hay que hacerlo, indiscutiblemente. Y Colombia ha
hecho apuestas en el pasado, no es la primera vez que hablamos de gestión de la
DIAN, y en alguna medida ocurrió. Pero uno no puede pensar que de la noche a la
mañana se van a conseguir $20 billones o $30 billones. Colombia debe pensar el
ajuste fiscal en dos dimensiones: liquidez y solvencia.
¿Qué lectura hacen ustedes
de esa posibilidad de ajustes en un año electoral?
Nosotros desde el CARF
dijimos que la ley de financiamiento tenía varios elementos técnicamente
válidos desde nuestro punto de vista. El Congreso de la República ya se
pronunció y decidió archivar el proyecto. Creo que el principal valor del CARF
es que no está modificando análisis en función del ciclo político. Nosotros lo
que decimos es: si Colombia no hace un ajuste pronto, el dolor va a ser más
grande. Habrá unas decisiones que hay son difíciles que habrá que tomar, pero
que si no se toman nos dejarían a todos nosotros en una situación peor.
¿Por qué enfocarse en el
déficit primario si el pago de la deuda es tan significativo?
Lo importante de la deuda
es que se pueda pagar. Hace 10 años $1 de cada $6 de recaudo por impuestos se
iba al pago de la deuda. Hoy en día es $1 de cada $3 y si la deuda sigue
creciendo, serán $1 de cada $2. Yo no estoy diciendo que Colombia esté en ese
punto de no poder pagar todavía, pero sí estoy diciendo que, si no hacemos las
medidas que se tienen que hacer, podríamos llegar a una situación así. Colombia
nunca ha tenido un problema fiscal de crisis, de impago de su deuda la historia
reciente y, por supuesto, esperamos que evitemos esos escenarios.
¿Pero estamos cerca de
tenerlo?
Yo no quiero especular,
eso depende de muchas fuerzas de mercado que son difíciles de simular. No
pienso que Colombia hoy esté en una situación en la que no pueda honrar sus
obligaciones financieras. De lo que sí estoy convencido es que ese desbalance
tan grande que existe entre ingresos y gastos solo es consistente con un
crecimiento sostenido de la deuda. Si eso no se corrige, en algún momento en el
futuro, no sé cuándo, llegará el punto en el que será inviable el pago de los
intereses.
En medio de esta
coyuntura, la gente tiene más capacidad de gasto, el desempleo ha venido
bajando, la percepción es de mayor confianza, pero desde el frente fiscal más
bien todo parece alarmante. ¿Cómo leer esas dos caras?
Hay varios indicadores de
corto plazo que están mostrando una fortaleza económica y eso es innegable. La
economía se ha recuperado de manera importante, más fuerte que en otros países.
Pero la composición importa y lo que se ha recuperado del consumo privado y
público. Si la economía colombiana no tuviera consumo público, no estaría
creciendo al 2,8 % sino al 2 % y la aceleración respecto del año pasado no
sería como de 1,5 puntos porcentuales, sino de 0,5. La pregunta que hay que
hacerse es: ¿es sostenible que el consumo público siga impulsando de esa manera
la economía? Si hay un ajuste de ingresos y de gastos para que la deuda deje
crecer, probablemente sí. Pero ese no es el caso hoy en día, en el escenario
actual no es sostenible que el consumo público siga aportándole tanto
crecimiento.
Fuente: Valora
Gremios y expertos piden a la Corte medidas urgentes
para tumbar la emergencia económica de Petro
La Corte Constitucional
podría reunirse extraordinariamente para analizar las normas, dada la actual
vacancia judicial.
Durante la rueda de prensa
posterior a la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, el
ministro de Hacienda, Germán Ávila, reveló a cuentagotas la declaratoria de
emergencia económica tras la caída de la reforma tributaria.
Horas después se conoció
el borrador del texto, con el que se busca conseguir más de $16 billones que le
hacen falta al Presupuesto General de la Nación para el próximo año. El
borrador incluye un incremento temporal al impuesto del 4×1.000, con lo que el
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) subiría al 5×1.000 de forma
temporal durante el año gravable 2026.
El borrador conocido por
Valora Analitik también propone nuevas tarifas para el impuesto al patrimonio
en personas naturales y empresas para 2026. Otras empresas que quedaron en la
mira del Gobierno fueron las del sector de hidrocarburos, pues con el decreto
se crearía un «impuesto especial para la estabilidad fiscal» del 1 % en las
ventas o exportaciones.
Vale mencionar que este
decreto levanta serios cuestionamientos institucionales por el momento elegido
para su expedición, pues la declaratoria se produce justo cuando la Corte
Constitucional entra en vacancia judicial, un periodo en el que el alto tribunal
no puede pronunciarse de fondo sobre los decretos y artículos que emita el
Ejecutivo al amparo de esta figura excepcional.
¿Qué dicen empresarios y
expertos?
Luis Fernando Mejía, quien
hasta el 31 de diciembre será el director de Fedesarrollo, consideró que “no
existe ningún hecho sobreviniente que justifique la declaratoria de emergencia
económica por parte del Gobierno nacional”.
De acuerdo con Mejía, los
$16 billones de la ley de financiamiento representan menos del 3 % del
presupuesto para 2026, por lo que es «imposible argumentar que un impacto de
esta magnitud pueda perturbar o amenazar perturbar en forma grave e inminente
el orden económico, social y ecológico del país”, tal como precisa la
Constitución en su artículo 215.
Por su parte, Bruce Mac
Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), afirmó que
no hay razones para la declaratoria y dijo que: “La ley que rige el presupuesto
dice que cuando una ley de financiamiento no es aprobada, el gobierno debe
aplazar el gasto o debe recortarlo”.
El líder gremial también
consideró que “en este momento es una medida altamente desleal con la sociedad
colombiana, ya que el gobierno sabe que en este momento entramos en vacancia
judicial. No se le está jugando limpio a la sociedad colombiana”.
En esta misma línea, María
Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, aceptó que “sí hay fragilidad
fiscal. Pero eso no significa que exista un escenario constitucional de
emergencia económica. No es ideología, son reglas de juego”.
Corte podría reunirse de
manera extraordinaria
Teniendo en cuenta que, la
norma sería expedida en medio de la vacancia judicial, Blu Radio reveló que la
Corte Constitucional, en cabeza del magistrado Jorge Enrique Ibañez podría
citar a una sala plena extraordinaria, que se daría la próxima semana.
El objetivo sería comenzar
el trámite de la discusión de la emergencia económica, en el escenario que el
Gobierno Petro expida el decreto.
En esta misma línea,
Lacouture pidió a la Corte que, “cuando se emitan los decretos de emergencia
económica, tal como lo anunció el Gobierno, que conforme a la discreción y
reglamento de la Corte”, sesione excepcionalmente para analizar este debate.
Fuente: Valora
Petro defiende venta directa de TES por $23 billones;
analistas alertan por alta tasa de la operación y falta de caja
Colombia vendió US$6.000
millones en TES a fondo internacional en una operación directa.
Este viernes, el Gobierno
Petro, a través del Ministerio de Hacienda, anunció una de las operaciones más
importante de TES, con la venta directa por US$6.000 millones, equivalentes a
$23 billones, a uno de los inversionistas extranjeros más grandes del mercado.
El comunicado de prensa de
la cartera de Hacienda afirma que “esta venta directa implicará una reducción
en las necesidades de financiamiento de la Nación para la vigencia 2026”, en
medio de la caída de la reforma tributaria en días previos.
Sin embargo, las voces en
contra de la operación no se hicieron esperar e, incluso, llegaron al espectro
político, en el que ha habido múltiples reacciones.
Una de las primeras voces
en pronunciarse fue la de José Ignacio López, presidente de la Asociación
Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), quien calificó como un “viernes
negro en lo fiscal”, al pasado 19 de diciembre.
Gobierno Petro entregó
nuevas pistas sobre el aumento del salario mínimo del año entrante
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Colombia vendió US$6.000 millones en TES a fondo internacional
Reacciones sobre la venta
directa de TES
Si bien el comunicado de
Hacienda no mencionó la tasa de la transacción, expertos dieron a conocer que
estos bonos vendidos el viernes vencen en 2029, 2033, 2035 y 2040 y ofrecen un
rendimiento del 12,99 %, 13,05 %, 13,24 % y 13,32 %, en su orden, calificadas
como altas.
Sobre esta operación, el
presidente de ANIF afirmó que esta emisión privada por $23 billones a tasas de
13 %, se hizo “en una operación poco transparente que refleja la mala
programación fiscal y falta de caja” que tendría el Gobierno Petro.
A este “viernes negro”
López añadió: “El próximo Gobierno se encontrará con una situación fiscal peor
dado que las empresas tendrán saldos a favor en materia de impuestos”.
Lisandro Junco, exdirector
de la DIAN, también mencionó que “siguen endeudándonos por los problemas de
caja que tiene el gobierno”, mientras que José Manuel Restrepo, exministro de
Hacienda y actual rector de la IAE, por su parte, alertó por la falta de rigor
técnico.
El debate sobre estas
operaciones de manejo de deuda llegó al escenario político, algo poco habitual.
Por ejempo, María Fernanda Cabal, senadora y hasta hace poco precandidata
presidencial, afirmó que: “El Ministerio de Hacienda celebra la venta de TES por
$23 billones como un logro. ¿Éxito? No. Más deuda para los colombianos, más
carga para futuras generaciones. Endeudar al país no es una victoria, es una
irresponsabilidad”.
Justificación oficial
Ante las críticas que ha
tenido esta venta directa de TES, en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro
respondió que “esa deuda de $23 billones es para pagarle la deuda por otros $23
billones a los que les compraron títulos al gobierno de Duque que ya se
vencen”.
Por su parte, el
comunicado emitido del MinHacienda afirma que “con esta operación se inicia una
importante relación comercial que refleja un voto de confianza no sólo en el
mercado de deuda pública, sino en los fundamentales de la economía colombiana”.
Dice además que “esta
operación es la primera de varias que potencialmente podrían ejecutarse con
este inversionista el cual ve en Colombia un mercado y una economía con
perspectivas positivas y con instituciones sólidas”.
Fuente: Valora
BanRep Colombia mantiene las tasas de interés en 9,25 %
por quinta reunión consecutiva
La decisión estuvo
alineada con el consenso del mercado, que anticipaba que la tasa de referencia
se mantuviera inalterada
Las tasas de interés en
Colombia se mantendrán en 9,25 % después de que la Junta Directiva del Banco de
la República votara por mayoría no hacer ajustes, completando cinco sesiones
sin anunciar cambios en la política monetaria.
Esto significa que en todo
el año solo se hizo un recorte de 25 puntos básicos (pb), el cual tuvo lugar en
abril.
La decisión estuvo
alineada con el consenso del mercado, que anticipaba que la tasa de referencia
se mantuviera inalterada, a pesar de que otros actores no descartaban la
posibilidad de que esta subiera.
Según el comunicado del
banco central, cuatro directores votaron a favor de esta decisión, mientras que
dos se inclinaron por una reducción de 50 pb y uno por un recorte de 25 pb.
El gerente del Banco de la
República, Leonardo Villar, mencionó que la Junta tuvo en cuenta el
comportamiento de la inflación (que se mantiene por encima del nivel observado
en 2024), el aumento en las expectativas de comportamiento del IPC, un
crecimiento económico que superó las proyecciones de la entidad, los déficits
comercial y en la balanza de pagos, así como el entorno internacional.
También manifestó que han aceptado desviaciones de la meta de inflación porque se debe a distintas circunstancias internas y externas. También señaló que el emisor no ha querido una política monetaria más contractiva porque espera conciliar el objetivo de mantener la inflación hacia la meta con una economía que crezca de manera satisfactoria.
Por su parte, el ministro
de Hacienda, Germán Ávila, insistió en que el Gobierno no estuvo de acuerdo con
la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República y señaló que no han
podido llegar a un consenso con algunos miembros.
«La decisión no es una
sorpresa, la esperaban la mayoría de los analistas», dijo el gerente del Banco
de la República, Leonardo Villar, en la rueda de prensa cuando se le preguntó
por las apuestas del mercado sobre el comportamiento futuro de las tasas de
interés. Sin embargo, no se refirió a la tendencia que se pueda tomar el
próximo año.
Fuente: Valora
