Noviembre 26 de 2025

Reforma tributaria: Gobierno pretende dejar impuesto especial al petróleo, gas y carbón; habría alivios a renovables

Analistas mencionaron que, frente al primer proyecto presentado, no hay cambios en las propuestas para cambiar beneficios tributarios para energías renovables.

El Gobierno Nacional radicó la ponencia positiva para la discusión de la reforma tributaria. La iniciativa pretende ir por $16,3 billones. Entre múltiples puntos que tocan a personas naturales, retención en la renta e impuestos al sector financiero, también están los gravámenes e incentivos a energías renovables que se aplicarían al sector energético.

El proyecto tiene como meta seguir implementando el impuesto especial a la extracción de petróleo y carbón, que está en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, a causa del decreto de conmoción interior del Catatumbo.

César Cermeño, socio de la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & de La Rosa, expresó que esa medida tenía un carácter temporal; sin embargo, el Ejecutivo desea convertirla en permanente, con una meta de recaudo de $869.000 millones para 2026 y $1,1 billones en 2030.

“Esto demuestra que la medida de emergencia nunca tuvo la finalidad de conjurar la grave perturbación del orden público que se está viviendo en el Catatumbo, sino un hambre de recaudo para tapar la crisis fiscal del país. Llama la atención que, salvo pequeños detalles, la norma recoge la versión del decreto de excepción que ha generado debates interpretativos, incluso analizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que no son superados en esta propuesta”, enfatizó.

De esta manera, se busca que el gravamen transitorio que se aplicó por la conmoción sea permanente, con un tributo de 1 % sobre la primera venta o comercialización al exterior de petróleo y carbón.

¿Cómo sería el recaudo del impuesto de la tributaria?

Tanto las personas naturales como jurídicas que exporten tramitarán el proceso con la DIAN. De esta forma, sería la entidad tributaria la que impondría sanciones y liquidación de impuestos.

La ponencia de la reforma tributaria también incluye un tributo al carbono en energéticos, considerando sus emisiones de gas de efecto invernadero. La tarifa sería de $42.609 para 2026 por tonelada de carbono equivalente; mientras que la actual es de $27.399.

No obstante, habría gradualidad en el impuesto al carbón dentro de este rubro. Para este energético, se aplicaría así:

2026: 40 % del valor de la tarifa plena.

2027: 60 % del valor de la tarifa plena.

2028: 80 % del valor de la tarifa plena.

2029 y siguientes: tarifa plena.

Los cambios en comparación con el primer proyecto

Clara Inés Ramírez, exsubdirectora de fiscalización internacional de la DIAN y docente universitaria, señaló que el proyecto original incluía tres frentes: el primero era más impuestos al petróleo, el gas y el carbón, un nuevo impuesto especial a la extracción de estos energéticos y estímulos a las fuentes renovables.

La experta señaló que el gas licuado de petróleo y el gas natural, excepto para el consumo en el sector residencial y térmico, estarían también gravados con el impuesto. 

“Con esta medida se espera recibir en recaudo $617.000 millones en 2026 y $929.000 millones en 2030”, expresó luego.

María Alejandra Buitrago, abogada y socia de Capra Legal, dijo que se eliminó la propuesta de una sobretasa de hasta 15 % a las sociedades que extraen carbón. Luego planteó que el texto no trae ninguna modificación en este segmento. De esta forma, permanece en hasta 10 %.

“Tampoco hay cambios en las propuestas para modificar los beneficios tributarios para las actividades de generación de energía a partir de fuentes no convencionales. Estas se mantienen en los mismos términos”, explicó.

Incentivos a inversiones en energías renovables

En contraste con todo lo anterior, el Gobierno y los partidos del oficialismo pretenden dar alivios a las energías renovables. En la ponencia se manifestó que quien haga inversiones en este rubro o gestione eficientemente la energía podría expedir bonos de transición energética que confieren deducir 50 % de la inversión realizada.

Sin embargo, para contar con esto se requeriría una certificación de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). A lo que se adicionó que el bono tendría una usabilidad de 15 años contados a partir del año siguiente a la entrada en operación de la inversión. A todo este panorama se añadió que los procesos para fuentes renovables (eólica y solar) estarán exentos del IVA.

Ramírez afirmó que “se cambia la “exclusión” por “exención” para equipos de inversión y reinversión en generación con fuentes alternativas, garantizando derecho a devolución de saldos a favor que se pudieran generar. Esta medida representa un sacrificio fiscal de recaudo de $110.000 millones en 2026 y $140.000 millones en 2030, pero que sería una acción coherente con la política de transición energética y deja en las mismas condiciones a los bienes extranjeros y a los bienes nacionales”.

¿Qué dicen desde el Congreso y el Gobierno?

La representante a la Cámara y miembro de las comisiones económicas, Saray Robayo, manifestó que la ley de financiamiento incluye medidas que afectan a los hogares colombianos, como el aumento del impuesto al carbono. Para ella, esto se traducirá en un incremento en los servicios públicos.

Argumentó que aumentaría en 97 % el valor del impuesto al carbono para el gas, señalando que este energético es consumido principalmente por la población de estratos 1 y 2. Añadió que este impuesto, sumado al que se aplica al carbón, haría que en una época de sequía aumente el recibo de la luz.

Enrique Cabrales, senador y presidente de la Comisión Cuarta, manifestó que este proyecto tributario grava ingresos sin reconocer costos para el sector energético, “afectando exportaciones y castigando sectores agravados con sobretasas”.

Destacado: Petróleo y gas harán parte de la canasta energética en 2050; gas de Venezuela no es viable para Colombia a corto plazo

Pese a todas estas declaraciones, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dicho en múltiples ocasiones que esta ley de financiamiento pretende cubrir un presupuesto que es altamente inflexible, y que además busca generar incentivos para la transición energética y aplicar la progresividad en las finanzas públicas, es decir, que quienes tengan más, paguen más.

Fuente: Valora

Gobierno radica proyecto para que Colombia entre al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS

Esta entidad multilateral creada por los países BRICS financia proyectos de infraestructura sostenible, transición energética y desarrollo a gran escala.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley con el que Colombia busca avanzar en su proceso de vinculación formal al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD).

Esta entidad multilateral creada por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Bangladesh, Egipto y Uruguay) financia proyectos de infraestructura sostenible, transición energética y desarrollo a gran escala. 

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional pretende habilitar al país para convertirse en miembro pleno del organismo, ampliar sus fuentes de financiamiento internacional y fortalecer el portafolio de recursos disponibles para obras estratégicas en vivienda, transporte, energía limpia y productividad.

Radicación del proyecto en el Congreso

En una publicación en la cuenta de X de la entidad, el ministro Ávila Plazas destacó que el Nuevo Banco de Desarrollo representa una alternativa adicional dentro del ecosistema de instituciones multilaterales con las que Colombia ya mantiene relaciones, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“Este nuevo banco de desarrollo es una multilateral que, al igual que las otras con las cuales el gobierno colombiano mantiene relaciones, moviliza recursos para atender necesidades de inversión en el país”, señaló.

Para el jefe de cartera, ingresar al NBD permitiría ampliar el espacio de trabajo financiero de Colombia, diversificando las fuentes de crédito de largo plazo y abriendo la puerta a nuevos esquemas de cooperación en proyectos de alto impacto social y ambiental.

“Creemos que estos nuevos escenarios de relación financiera con los mercados internacionales van a fortalecer y generar posibilidades de desarrollo muy importantes para el país”, afirmó.

“Estamos haciendo la radicación para efectos de realizar esta participación en el Nuevo Banco de Desarrollo que, por su carácter multilateral, requiere aprobación del Congreso en la lógica de un tratado internacional que nos vincula con este nuevo escenario financiero”, agregó Ávila Plazas.

El ministro estuvo acompañado por el canciller encargado, el secretario general del Senado y el viceministro de Hacienda, quienes respaldaron la importancia del proyecto.

¿Qué es el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)?

El NBD fue creado en 2015 por los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y posteriormente abrió la puerta a nuevos miembros como Bangladesh, Egipto y Uruguay. Su misión es financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en economías emergentes, con un enfoque en resiliencia climática, energía limpia, conectividad digital y movilidad sostenible.

El banco ha aprobado más de US$32.000 millones en créditos desde su fundación y se ha consolidado como un actor relevante en la arquitectura financiera global, especialmente para países que buscan opciones adicionales a las multilaterales tradicionales.

La eventual entrada de Colombia podría permitir el acceso a recursos competitivos para proyectos públicos y privados en áreas como energías renovables, infraestructura vial, fortalecimiento de redes eléctricas y sistemas de transporte sostenible.

Fuente: Valora

Dólar en Colombia vuelve a subir pese a la debilidad de la divisa global; deuda pública apenas varió

La cotización abrió en $3.785 y experimentó una volatilidad notable, moviéndose entre un mínimo de $3.775 y un máximo de $3.826.

La divisa norteamericana concluyó la jornada de este martes con un repunte en el mercado local, aunque el índice que mide su fuerza global muestra una tendencia contraria. El precio de cierre del dólar se estableció en $3.811,92, un incremento frente al día anterior ($3.800,50).

La cotización abrió en $3.785 y experimentó una volatilidad notable, moviéndose entre un mínimo de $3.775 y un máximo de $3.826. Este comportamiento local de alza se produjo a pesar de que el DXY del dólar retrocedió a 99,69 puntos (-0,45 %).

El DXY empieza a mostrar debilidad, presionado por los comentarios moderados de varios miembros de la Reserva Federal que sugieren la posibilidad de una continuación bajista en las tasas si los próximos datos confirman un escenario inflacionario más favorable, explicó Paula Chaves, analista de mercados de HFM.

La probabilidad de un recorte de tasas en diciembre ya supera el 80 %, muy por encima del 42 % observado hace una semana. La atención del mercado se dirige ahora al dato más importante del mes: el Core PCE (Gasto en Consumo Personal subyacente), que se publicará mañana.

Según Chaves, desde la óptica técnica, la zona de $3.820 sigue siendo la resistencia clave para el dólar en Colombia. Un quiebre sólido por encima de este nivel podría marcar el inicio de una reversión alcista, siempre que ingresen los flujos derivados de las operaciones de financiamiento del Gobierno, que continúan siendo determinantes para la dirección del peso.

Petróleo y contexto global

Los precios del crudo retroceden, debido al mayor optimismo sobre el posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Dicho escenario podría facilitar el retorno de petróleo ruso al mercado y acentuar el riesgo de exceso de oferta. El barril WTI se cotizó en US$57,74 (-2,00 %) y el Brent en US$61,60 (-1,79 %).

En Estados Unidos, las ventas minoristas crecieron solo 0,2 % en septiembre, dando cuenta de una desaceleración después de varios meses de gasto sólido. Por otro lado, los precios al productor subieron 0,3 %, tras la caída vista en agosto. Esta tendencia se atribuye a los mayores costos en energía y alimentos.

En Colombia, las comisiones conjuntas económicas de Senado y Cámara inician este martes el debate de la reforma tributaria con tres ponencias sobre la mesa: la del Gobierno, que espera recaudar $16,3 billones con impuestos nuevos o más altos, y dos de oposición que solicitan archivar el proyecto de ley de financiamiento.

Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,01 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Fuente: Valora

Fiscalía pedirá imputar cargos a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, por el caso UNGRD

Bonilla se convierte en el funcionario de más alto nivel del gobierno Petro involucrado en el caso de la UNGRD.

La Fiscalía General dio un giro determinante en el proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que el ente acusador solicitará imputar cargos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, uno de los funcionarios más cercanos al Gobierno Petro, por presuntas irregularidades vinculadas a ese entramado.

Según indicó Camargo, la solicitud formal será radicada este miércoles 26 de noviembre, como está previsto, y estará a cargo de la fiscal María Cristina Patiño, quien lidera el expediente que ha salpicado a exdirectivos de la entidad, excongresistas y contratistas.

Bonilla ha sido mencionado en múltiples declaraciones de personas involucradas en el caso, quienes lo señalan de haber intervenido en la destinación de recursos a través de contratos suscritos en distintas regiones del país, presuntamente impulsados por congresistas.

Incluso, María Alejandra Benavides, exasesora del propio Bonilla, lo acusó de tener conocimiento de las gestiones de congresistas para direccionar recursos públicos hacia proyectos específicos.

En varias ocasiones, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha respondido a las acusaciones que lo vinculan con el escándalo. 

En noviembre de 2024, aseguró no cometió ningún delito, aunque admitió que pudo haber cometido errores. “Puedo cometer errores, pero no delitos”.

Bonilla ha sido mencionado en las investigaciones que advierten sobre una supuesta operación para comprar votos de congresistas con el fin de garantizar la aprobación de créditos internacionales. Según las pesquisas, desde el Ministerio de Hacienda se habrían direccionado contratos por $92.000 millones hacia tres municipios (Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar) como parte de esa estrategia.

Las acusaciones han sido respaldadas por exfuncionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, ambos condenados.

Además, Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, dejó al descubierto una serie de tensiones internas en el Gobierno, en las que también se ha visto involucrado Bonilla.

Reyes, quien también fue director de la DIAN, acusó al exministro de Hacienda de obstaculizar su labor y emprender una campaña de desprestigio contra los resultados tributarios de la entidad en 2023 y 2024.

“El recaudo de 2024 fue el segundo más alto de la historia. Pero, al no alcanzar metas poco realistas fijadas por el Ministerio de Hacienda, se utilizó ese resultado para desacreditar nuestra gestión”, señaló Reyes. Según él, Bonilla priorizó su salida de la DIAN por encima del cumplimiento de las metas fiscales.

Uno de los movimientos más controvertidos que menciona Reyes fue el aval de Bonilla a una propuesta de varios congresistas para trasladar $200.000 millones de la DIAN a la UNGRD dentro de la adición presupuestal de 2023. Esta operación coincidió con el periodo en que la UNGRD quedó en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción.

Fuente: Valora

Crece posibilidad de que el BanRep en Colombia suba tasas en diciembre

Según el Banco de Bogotá, hay una probabilidad del 50 % de que la Junta Directiva opte por subir las tasas de interés en la sesión de diciembre.

En las últimas semanas, la advertencia de varios codirectores del Banco de la República sobre la posibilidad de que sea necesario subir las tasas de interés ha ganado fuerza al punto que una de las oficinas de investigaciones económicas ajustó sus proyecciones al alza.

El director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez, reveló este martes durante la presentación de tendencias financieras para 2026 que hay una probabilidad del 50 % de que la Junta Directiva opte por subir las tasas de interés en la sesión del viernes 19 de diciembre en 25 puntos básicos (pb), lo que implicaría devolverla al 9,50 % de finales de 2024.

De no ocurrir el próximo mes, estiman con alta probabilidad que el ajuste al alza tendría lugar en enero de 2026. De hecho, proyectan que esta decisión se replicará en los meses consecutivos (marzo y abril), buscando controlar las expectativas de inflación previo a las elecciones, que estarían empujadas por un incremento del salario mínimo de dos dígitos.

«Lo que estamos esperando hoy en día realmente es que empiecen a aumentar las tasas de interés del banco central tan pronto como en enero y estamos esperando tres aumentos consecutivos, enero, marzo y abril, justo para evitar llegar a las elecciones con ese ruido adicional. Pero, incluso, existe cierta probabilidad de que ese ajuste se dé tan pronto como en el mes de diciembre, porque como va a haber un aumento salarial elevado y hay un comportamiento desfavorable de la inflación y sus expectativas», detalló el experto, al tiempo que dijo que se irían graduando «poco a poco y con precisión» los ajustes que se requieren.

Esta nueva postura rompe con el consenso que, hasta hace poco, esperaba recortes de tasas en la segunda mitad del año 2026. 

La tasa de intervención se ha mantenido inalterada por cuatro sesiones consecutivas desde abril de este año, por lo que actualmente es del 9,25 %.

De acuerdo con Camilo Pérez, lo que está ocurriendo con la inflación «cambia toda la película en tasas de interés», pues el indicador ha sido persistente, sobre todo en las variaciones de los precios de los servicios, que son más o menos la mitad de la canasta de consumo. La entidad financiera estima que en diciembre de 2025, el IPC cambiaría un 5,3 % respecto al año anterior y en 2026 cerraría en 4,4 %, lo que significa que se completarían seis años por fuera de la meta del banco central (3 %).

El vocero advirtió que la inflación seguiría siendo un problema en 2026 si el Gobierno opta por un aumento del salario mínimo de dos dígitos, pues por cada punto adicional en el incremento, la inflación del siguiente año sería entre 10 y 20 puntos básicos más alta a la estimada inicialmente. El Banco de Bogotá se ha inclinado por un ajuste del 12,4 % para llegar a una cifra redonda de $1,8 millones mensuales, con un rango de opciones entre 10 % y 12 %. De ser así, Colombia tendría para 2026 el mayor ajuste a la remuneración básica en 45 años de historia.

Indicadores que parecen buenos, pero ocultan problemas

De acuerdo con los cálculos del Banco de Bogotá, la economía está creciendo «relativamente bien». En el tercer trimestre, el PIB se expandió un 3,6 %, el mejor dato desde la pandemia. Este crecimiento, según Camilo Pérez, es «mucho más fuerte de lo que se ve en la superficie» y está impulsado principalmente por la demanda interna, con el consumo de los hogares aportando tres puntos y el gasto público más de dos puntos al total.

En consecuencia, la entidad financiera revisó ligeramente al alza la proyección de crecimiento para 2025 de 2,7 % a 2,8 %. Sin embargo, el director de Investigaciones Económicas advirtió la tendencia a futuro podría ser insostenible, ya que el crecimiento potencial de Colombia se estima bajo (entre 2,5 % y 3 %) debido a los bajos niveles de inversión.

En la presentación también se destacó que el mercado laboral se mantiene favorable, con el desempleo a la baja y cerca de mínimos históricos. Esto se debe en parte a que los servicios, un sector intensivo en mano de obra, están creciendo más que otros sectores tradicionales.

En contraste, la tendencia de la inversión ha sido desfavorable y está perdiendo participación en la economía, ubicándose alrededor del 17 % del PIB. En el caso de las empresas está limitada, su capitalización se limita a lo necesario para operar y satisfacer la actual demanda de los hogares, según Pérez, quien atribuyó esta dinámica a la incertidumbre y las decisiones de política pública, especialmente en infraestructura y sectores como el minero y petrolero.

Algo similar ocurre en el panorama fiscal. Según el Banco de Bogotá, a pesar del bajo recaudo tributario, es probable que el gobierno cumpla o supere su meta de déficit fiscal para este año (presupuestado originalmente en 7,1 % del PIB). No obstante, la composición del déficit no será satisfactoria, ya que el espacio generado por la reducción del pago de intereses (gracias a factores como una menor tasa de cambio y una mejor gestión de deuda) se está utilizando para mayor gasto público.

Adicionalmente, el gobierno se ha endeudado localmente como nunca antes en la historia. La emisión de títulos de corto plazo (TCO) está presionando al alza las tasas de interés de corto plazo. De hecho, se registra un récord histórico de casi $100 billones de deuda adicional mediante pagarés con entidades públicas

Pérez destacó que a diferencia de otras economías latinoamericanas que corrigieron su gasto pospandemia, Colombia no ha logrado contenerlo.

Fuente: Valora