Diciembre 15 de 2025

Barrida en URF por intención de Petro de repatriar billones del ahorro pensional: ¿Qué hay detrás de traer los recursos?

Varios analistas han señalado que la crisis institucional se hizo evidente con la renuncia de la directora de la URF, Mónica Higuera.

La Unidad de Regulación Financiera (URF) se encuentra en medio de una profunda agitación, luego de que la presión del Gobierno para obligar a los fondos de pensiones a repatriar inversiones del exterior motivara una ola de despidos, según la agencia de noticias Bloomberg.

Varios analistas han señalado que la crisis institucional se hizo evidente con la renuncia de la directora de la URF, Mónica Higuera, la primera semana de diciembre, quien indicó que el gobierno ha tomado decisiones que no comparte, razón por la cual no podía continuar en el cargo.

Higuera fue la primera persona nombrada por el presidente Gustavo Petro para encabezar la entidad que prepara la normativa y los estudios relacionados con la reglamentación del sector financiero. De hecho, lo acompañó en campaña a la Presidencia de la República.

Tras su salida, se pidió la renuncia de cerca de 30 funcionarios de la entidad en medio de una disputa sobre si se deben restringir las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a activos únicamente locales, de acuerdo con Bloomberg.

El directorio de servidores públicos de la URF da cuenta de que la entidad se compone de 57 personas, incluyendo al director, tres subdirectores, 33 asesores, 17 profesionales, un secretario ejecutivo, un técnico administrativo y un conductor. Se trata de una de las dependencias más pequeñas del Ejecutivo.

En agosto de este año, Petro dejó ver su intención de lograr la repatriación de las inversiones que han hecho las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fuera del país en medio de la necesidad de recursos que tiene el Gobierno, con intenciones de gasto ambiciosas pero un ingreso por debajo de lo esperado.

«Le voy a exigir a los fondos privados que se llevaron el ahorro –que no es de ellos, es del pueblo trabajador a Colombia–, porque es aquí donde tiene que producir inversión y puestos de trabajo”, dijo.

Según Bloomberg, los fondos privados de pensiones tienen activos por US$140.000 millones y alrededor de $125 billones (US$33.000 millones) están invertidos fuera del país.

La iniciativa, que busca formalizarse a través de un decreto, fue anunciada por la propia Mónica Higuera antes de su renuncia, aunque a la fecha no se ha publicado el proyecto de normativa.

Varios medios revelaron que inicialmente, la Superintendencia Financiera propuso un plazo de cinco años para repatriar estos activos. Sin embargo, el Gobierno presionó para que el cambio se produjera en solo seis meses.

Según el diario Portafolio, los técnicos del Ministerio de Hacienda advirtieron que era inviable atender la instrucción, dado que implicaría deshacer posiciones en activos complejos, ilíquidos y de muy largo plazo (30 a 50 años) de manera abrupta, sin mencionar sus implicaciones en patrimonios y mercados.

Usar recursos repatriados para emitir más deuda

Valora Analitik ha hablado en las últimas semanas con expertos del mercado financiero quienes han advertido lo que podría ser parte de las intenciones del Gobierno Petro para obligar a los fondos de pensiones a traer billones de pesos al país.

De acuerdo con dos fuentes, que prefirieron no ser citadas, la decisión del Ministerio de Hacienda de exigir la celeridad en la traída de esos recursos billonarios tiene como fin aumentar la capacidad de las AFP y de otras entidades financieras para comprar deuda pública (TES) dentro de la estrategia de la Dirección de Crédito Público.

Esa entidad del Gobierno Nacional inició en el segundo semestre de este año operaciones de manejo de deuda que han representado, entre muchas otras cosas, una billonaria colocación de TES de corto plazo (TCO) que genera dudas entre analistas e inversionistas sobre lo que será su refinanciamiento en el 2026.

Asimismo, esa estrategia -liderada por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar-, se tradujo en la monetización de alrededor de US$6.000 millones, según calculan analistas de entidades como el Banco de Bogotá.

La mayor disponibilidad de recursos en Colombia por parte de los fondos de pensiones, si es que progresa la idea del Gobierno Petro, significaría un riesgo de mercado y de liquidez por lo abrupto de los plazos para liquidar las inversiones y la pérdida de diversificación, dijeron las fuentes.

Sumado a que se verían abocados a comprar más deuda pública interna para financiar el gasto público que está desbocado, pese a los resultados de Crédito Público por mejorar el espacio fiscal mediante la reducción de los costosos intereses de esa deuda.

Advertencias de expertos y gremios

La propuesta de limitar las inversiones ha generado fuerte rechazo por parte de gremios y centros de pensamiento, quienes advirtieron sobre el impacto en el ahorro de los trabajadores.

Asofondos, la asociación que representa a los fondos de pensiones, manifestó su profunda preocupación, argumentando que limitar las posibilidades de inversión podría resultar en una reducción de las futuras mesadas de los afiliados.

El gremio defiende que la diversificación es una práctica esencial para proteger el ahorro. La estrategia actual, que combina activos locales e internacionales, ha sido calificada como exitosa y ha permitido a Colombia registrar la tasa de rentabilidad real más alta entre los miembros de la OCDE en los últimos 20 años (9,8 % anual).

En el país, los rendimientos acumulados para los afiliados superan los $370 billones, lo que representa cerca del 71 % del ahorro gestionado.

Además, Asofondos advirtió que la repatriación generaría impactos inmediatos en los mercados financieros, provocando una apreciación del tipo de cambio (revaluación del peso) y un incremento en los precios de los activos locales. La asociación recordó que el mercado colombiano carece de profundidad y liquidez para absorber flujos significativos sin afectar los precios de los activos.

El centro de estudios económicos ANIF respaldó estas alertas y coincidió en que restringir la inversión únicamente a activos locales tendría un impacto sustancial sobre el crecimiento del ahorro pensional.

En un ejercicio contrafactual, ANIF calculó que, si el ahorro pensional se hubiera invertido exclusivamente en activos locales en el pasado, sería hoy un 31 % menor, lo que implica una pérdida estimada de $145,4 billones en el valor total. Esta cifra de pérdida equivale aproximadamente al recaudo de 10 reformas tributarias promedio.

La Unidad de Regulación Financiera ya había advertido internamente que entradas de capital de ese tamaño podrían generar riesgos de mercado, de liquidez y de crédito de contraparte, y que podría afectar negativamente a los rendimientos de los ahorradores.

Fuente: Valora

Balance fiscal del gobierno Petro: Déficit histórico, deuda disparada y la sombra de una crisis en 2026

La situación actual, marcada por una deuda elevada y un déficit que rivaliza con las peores crisis recientes, sugiere que el ruido fiscal sigue siendo alto.

La economía colombiana se enfrenta a presiones significativas en materia de sostenibilidad fiscal, una situación que ha sido alertada por organismos de control y centros de pensamiento, quienes señalan un creciente desequilibrio entre el gasto y los ingresos. 

Los analistas han advertido que el balance de las decisiones fiscales de la actual administración muestra un impulso sustancial en el gasto público que, combinado con un recaudo tributario inferior al esperado, ha disparado las proyecciones de déficit y deuda a niveles históricos.

La decisión de gastar y la cláusula de escape

Una de las decisiones más criticadas del Gobierno ha sido el aumento significativo en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023, 2024 y 2025, con un crecimiento en los gastos de funcionamiento que superó incluso los niveles extraordinarios vistos durante la pandemia.

Solo en 2024, el gasto en funcionamiento creció aproximadamente un 25,8 % nominal y un 14 % real respecto al año anterior, muy por encima del crecimiento del PIB. En consecuencia, el déficit fiscal se ubicó en 6,7 % del PIB, registrando un deterioro de 2,5 pp frente a 2023 (4,2 % del PIB).

Así mismo, el gasto público para 2025 se estableció en $523 billones, con un aumento del 3,9 % respecto a 2024. Este patrón se mantiene en los cálculos para 2026, donde el presupuesto crece un 8,8 %, superior a la expansión nominal del PIB (6,3 %), lo que no refleja un compromiso con la eficiencia del gasto.

En el pasado, el desbalance entre ingresos y gastos llevó al Gobierno a hacer un recorte de $28,4 billones en el Presupuesto de 2024 ($502,6 billones). A inicios de ese año, se le aplazaron $12 billones al PGN de 2025 porque el Gobierno dependía de la aprobación de una ley de financiamiento que no se materializó, un monto no se ha recortado definitivamente. En 2026 se repetirá el problema, pues el Presupuesto ya está desfinanciado por $16,3 billones.

A pesar de que las operaciones de manejo de deuda han sido exitosas, generando un ahorro estimado en intereses cercano a los $20,9 billones en 2025, la administración ha utilizado ese espacio fiscal para aumentar su gasto en 0,5 % del PIB.

La situación de gasto elevado e ingresos insuficientes llevó al Gobierno a tomar la decisión de activar la «cláusula de escape» de la Regla Fiscal en junio de este año. Esta medida se fundamentó en la elevada rigidez del presupuesto público (92 % es inflexible) y la necesidad de sostener la demanda agregada.

La Contraloría advirtió que la activación se dio en un contexto donde el Gobierno proyectaba un déficit por encima del límite legal. Los críticos de esta decisión señalaron que no existían las «circunstancias extraordinarias» que justificaran la suspensión temporal de los límites de la Regla Fiscal, abriendo la puerta a un mayor endeudamiento.

El fracaso del recaudo y el agujero de 2026

Paralelo al aumento del gasto, la administración ha enfrentado problemas persistentes en el lado de los ingresos. A pesar de la Ley 2277 de 2022, la primera reforma tributaria del Gobierno, el recaudo efectivo fue significativamente inferior a la meta proyectada de $20 billones para 2023.

Esta deficiencia se ha agudizado, pues a octubre de 2025, el recaudo tributario neto presentaba un rezago de $9,8 billones frente a la meta de la DIAN, cumpliendo solo el 95,8 %. Este desfase llevó a la Contraloría a alertar que solo un repunte considerable podría evitar un cierre crítico

Además, los esfuerzos por conseguir recursos adicionales se vieron frustrados cuando el Congreso de la República negó o archivó dos proyectos de reforma tributaria. El más reciente, que buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el PGN de 2026, fue hundido por falta de apoyo en el Legislativo a principios de este mes, dejando un hueco fiscal considerable para el próximo año.

Las repercusiones: Déficit récord y alertas de mercado

La combinación de alto gasto y bajo recaudo ha generado un deterioro fiscal evidente. El déficit fiscal proyectado para 2025, luego de la activación de la cláusula de escape, es del 7,1 % del PIB, superando ampliamente el límite legal.

Sin embargo, las estimaciones de los analistas se aleja de la meta oficial: Fedesarrollo proyecta que el déficit fiscal alcanzará el 7,5 % del PIB en 2025, el segundo más alto de la historia, y advierte que en 2026 podría escalar a un récord del 8,1 % del PIB, el nivel más alto en 125 años.

Algunas oficinas de direcciones económicas de las entidades financieras que habían alertado un desbalance históricamente alto entre ingresos y gastos, por su parte, han ajustado sus estimaciones a la baja producto del ahorro en el pago de intereses que ha permitido la estrategia de endeudamiento. Incluso el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) reveló que le apunta a que déficit fiscal para este año sea del 6,7 % del PIB.

En cuanto a la deuda, la Contraloría estima que esta llegará al 61,3 % del PIB en 2025, superando el ancla fiscal prevista por ley en 6,3 puntos. Además, la trayectoria proyectada muestra que la deuda podría alcanzar un pico del 64 % del PIB en 2027.

El deterioro fiscal ha tenido consecuencias directas en la credibilidad internacional. La falta de disciplina macroeconómica ha provocado que agencias como Moody’s rebajaran la calificación soberana de Colombia, dejándola al borde de perder el grado de inversión.

El mercado interpreta que el Gobierno «prefiere gastar, en lugar de estabilizar las finanzas públicas,» lo que ha mantenido elevada la prima de riesgo y ha encarecido el costo de financiamiento para el país.

Otro efecto directo es la baja ejecución del gasto: a octubre de 2025, solo el 67,2 % del presupuesto total había sido obligado y la ejecución de inversión se ubicó en un preocupante 46,6 %. Si esta tendencia persiste, el país podría enfrentar una menor provisión de bienes y servicios públicos y la constitución de reservas no ejecutadas.

Los retos fiscales de 2026 y más allá

De cara al cierre de 2025 y el panorama de 2026, los retos fiscales son inmensos. El Presupuesto General de 2026, que asciende a $546,9 billones, dependía de una reforma tributaria de $16,3 billones que fue negada, por lo que ahora está desfinanciado.

Más allá de la financiación inmediata, la Contraloría advierte que el déficit primario (sin pago de intereses) empeorará en 2026 y que actualmente no existe un plan de ajuste creíble que permita retornar a la senda de cumplimiento fiscal.

El organismo concluye que el país necesita una estrategia integral de responsabilidad fiscal que combine la eficiencia del gasto, el realismo en los supuestos de ingreso y medidas estructurales para fortalecer el crecimiento económico.

El desafío fiscal que se cierne sobre el próximo gobierno (o lo que resta del actual para 2026) es monumental. El director de Fedesarrollo estima que, para estabilizar las finanzas públicas y reducir la deuda, se requerirá un ajuste fiscal de aproximadamente tres puntos del PIB, cerca de $54 billones.

Este esfuerzo fiscal es necesario para que el desbalance en las cuentas públicas se mantenga cerca de la meta oficial. Analistas han advertido que el próximo gobierno tendrá que abordar el ajuste fiscal como prioridad principal, dejando de lado posiblemente otras promesas electorales.

La situación actual, marcada por una deuda elevada y un déficit que rivaliza con las peores crisis recientes, sugiere que el ruido fiscal sigue siendo alto, aumentando la urgencia de medidas estructurales para evitar mayores inconvenientes en la economía.

Fuente: Valora

IED en Colombia llega a US$8.372 millones a noviembre, tras crecer 13,2 % el mes pasado

Solo en noviembre, la IED que ingresó a Colombia superó los US$703 millones. Este monto mensual representó un aumento del 13,2 %.

La Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia tuvo un repunte mensual en noviembre de 2025, aunque el monto acumulado del año sigue marcando una tendencia a la baja.

Según la balanza cambiaria del Banco de la República, durante los primeros once meses del año ingresaron al país US$8.372 millones en capital proveniente del exterior. Esta cifra acumulada es menor en US$1.635 millones (-16,3 %) a la registrada el mismo periodo de 2024, cuando alcanzó los US$10.007 millones.

Solo en noviembre, la IED que ingresó a Colombia superó los US$703 millones. Este monto mensual representó un aumento del 13,2 % al compararse con el de noviembre de 2024, tras un periodo de tres meses con variaciones negativas.

El sector de petróleo y minería también registró un incremento mensual. El mes pasado, la inversión directa en este rubro fue de US$529 millones, un 16,3 % más que en el mismo periodo del año anterior.

No obstante, el valor acumulado a noviembre de este año para petróleo y minería fue de US$6.390 millones, cifra inferior en un 10,6 % a los US$7.145 millones registrados en 2024.

Inversión colombiana en el exterior y transferencias netas

El rubro de inversión colombiana en el exterior, que registra los movimientos de capital de empresas colombianas fuera del país, se ubicó en US$195 millones en noviembre de 2025.

Aunque se trata de una de las cifras más bajas del año, mostró un gran repunte en su variación interanual con un crecimiento del 2.337,5 % con respecto al registro 12 meses atrás, es decir, 24 veces más.

Por su parte, las transferencias netas, que incluyen principalmente las remesas, alcanzaron los US$1.145 millones en el periodo referido, lo que significó una caída interanual del 8,5 %.

Fuente: Valora

Intervenciones forzosas en EPS empeoran la crisis del acceso a la salud: Procuraduría

La entidad dijo que el informe se adelantó en un contexto de incremento exponencial de quejas, tutelas y desacatos por parte de los afiliados.

La Procuraduría General de la Nación reveló un informe que concluye que el sistema de salud colombiano sufre un deterioro progresivo que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, producto de un diagnóstico detallado tras realizar visitas administrativas a 18 EPS, incluyendo 9 que han sido objeto de intervención.

El Ministerio Público advirtió que, tras la aplicación de las medidas de intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se ha producido un empeoramiento de las condiciones de acceso a los servicios de salud y de sostenibilidad financiera en los casos analizados.

La entidad dijo que el informe se adelantó en el marco de la defensa del interés público ante la crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y en un contexto de incremento exponencial de quejas, tutelas y desacatos por parte de los afiliados en los últimos dos años.

En 2024, se reportaron 1,6 millones de quejas de pacientes, un aumento del 23 % respecto a 2023, y se interpusieron 265.173 tutelas, un 188 % más que en 2021. La falta de acceso a medicamentos ha sido identificada como el principal motor del crecimiento histórico de las acciones de tutela entre 2024 y 2025.

Los hallazgos en las EPS intervenidas

Los resultados del análisis de indicadores asistenciales y financieros en EPS específicas demuestran que la intervención forzosa administrativa ha sido deletérea.

La Procuraduría encontró, por ejemplo, que después de la intervención, la Nueva EPS pasó a tener una operación deficitaria, gastando más de lo que factura. Antes de la medida, en 2022, el costo de prestación de servicios representaba el 95,6 % de los ingresos; sin embargo, en 2023, después de la intervención, el costo ascendió al 121 %. 

Así mismo, el patrimonio pasó de una cifra positiva de $445.000 millones en 2022 a una negativa de -$4,4 billones en 2024 y los pasivos corrientes aumentaron en un 229 %, pasando de -$5,4 billones en 2022 a -$17,8 billones en 2024.

Esto llevó a la entidad a concluir que la Nueva EPS perdió su capacidad de respuesta para garantizar el derecho a la salud, su capacidad financiera para pagar a la red de servicios y su capacidad administrativa, pues a la fecha tiene más de 13,5 millones de facturas sin auditar. Para 2025, se proyecta que se interpondrán más de 131.000 tutelas en su contra y ya acumula más de 33.000 incidentes de desacato.

Por otra parte, en Coosalud EPS, la intervención forzosa administrativa condujo al deterioro de todos sus indicadores de operación. La siniestralidad de Coosalud se disparó del 94 % en 2022 al 115 % en 2025, lo que implica que la EPS gasta $115 por cada $100 que recibe, pasando de una operación financiada a una deficitaria.

Las utilidades de la EPS, que en 2022 fueron de $110.377 millones, ahora son pérdidas acumuladas de -$1,1 billones en 2024. Además, los pasivos crecieron en un 245 %, pasando de -$811.000 millones en 2022 a -$2,8 billones en 2024 y los gastos administrativos casi se duplicaron en el año de intervención (noviembre 2024-2025), alcanzando los $316.000 millones en 2024.

Las quejas de los usuarios también se han disparado. Se espera que las PQR superen las 92.000 en 2025 y las tutelas podrían acumular más de 20.000 en el mismo año, un aumento dramático respecto a las 4.243 que justificaron la intervención.

Advertencias y acciones de la Procuraduría

La Procuraduría ha iniciado una actuación preventiva para verificar denuncias sobre supuestos servicios médicos prestados a usuarios fallecidos y sobrecostos de medicamentos.

Además, la entidad advierte sobre presuntas responsabilidades disciplinarias por las acciones y omisiones en las funciones de Dirección, Regulación, Inspección, Vigilancia y Control del Estado, que han menoscabado las condiciones técnico-científicas, administrativas y financieras de las EPS intervenidas.

En el caso específico de la Nueva EPS, la situación implica un impacto fiscal negativo de al menos $8,5 billones que afectará la operación total del Estado.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró que, dado que el diálogo inicial no concretó soluciones y el deterioro del sistema continúa, la Procuraduría activará ineludiblemente la función disciplinaria.

Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso, corrupción, malversación de recursos, así como por el incumplimiento de las órdenes de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Fuente: Valora