Junio 03 de 2025

Los hogares también se han visto afectados por la crisis fiscal en Colombia

El incremento sostenido de la deuda pública, el déficit fiscal crónico y la inestabilidad política ya están minando la estabilidad económica.

El desbalance fiscal que atraviesa Colombia desde el año pasado podría encarecer el crédito, frenar la creación de empleo y elevar el costo de vida, según un reporte de Crowe Co, firma internacional de servicios de auditoría, consultoría Contable, asesoría Legal y Tributaria, entre otros.

“La crisis fiscal ya se traduce en efectos directos para las familias y aunque la inflación ha cedido levemente, los alimentos siguen caros, afectando su poder adquisitivo”, advirtió la empresa en un comunicado.

Según el reporte, el incremento sostenido de la deuda pública, el déficit fiscal crónico y la inestabilidad política ya están minando la estabilidad económica. De hecho, en el año pasado Colombia cerró con un déficit fiscal del 6,8 % del PIB, superando el tope legal del 5,6 %.

“Ya no es un tema técnico, sino que impacta directamente al ciudadano común, encareciendo las tasas de interés y afectando desde créditos hipotecarios hasta financiamiento empresarial”, dijo Juan Carlos Arbeláez, socio de impuestos y asuntos legales de Crowe Co y autor del reporte.

En primer lugar, hay escasos recursos públicos porque estos se destinan cada vez en mayor proporción al pago de intereses, afectando directamente la inversión en programas sociales y de infraestructura, así como el pago de subsidios, la contratación por parte del Estado y, en general, los programas sociales.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reportó que el presupuesto de inversión pública cayó un 33 % en 2025 (de $105,8 billones a $70 billones). La Contraloría General también señaló un recorte del 17,4 %, pasando de $100 a $82,5 billones.

Además, la tasa de usura, que marca el interés máximo legal para tarjetas y préstamos de libre inversión, actualmente se ubica en 25,97 %, lo que, según la firma, dificulta aún más el acceso a financiación.

Crowe Co mencionó también la suspensión del programa “Mi Casa Ya” a finales de 2024 por falta de recursos, pues unos 40.500 hogares perdieron la cobertura de tasa de interés, lo que incrementó sus cuotas hasta en un 30 %. Además, unas 49.000 familias podrían desistir de comprar vivienda este año por la reducción en subsidios, golpeando al sector de la construcción.

Por otra parte, el Icetex redujo en 40.000 los cupos de crédito educativo respecto a 2024, tras una caída del 33 % en su presupuesto (de $1,2 billones a $859.036 millones). También eliminó los subsidios a tasas de interés para estudiantes vulnerables, encareciendo los créditos en promedio un 17 %.

Las pequeñas y medianas empresas también sufren los efectos de esta crisis fiscal. Desde la reforma tributaria de 2022, enfrentan una mayor carga tributaria, con incremento en impuestos a dividendos y una tasa mínima del 15 % sobre la utilidad financiera depurada. A esto se suma la inflación, los altos intereses, y mayores anticipos y retenciones en la fuente.

Fuente: Valora

IIF plantea la urgencia de “un plan fiscal creíble” en Colombia

El Instituto de Finanzas Internacionales dijo que la posición fiscal de Colombia está bajo presión debido a que no se han hecho recortes de gasto.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) señaló en su informe Visión LatAm que Colombia “necesita con urgencia un plan fiscal creíble para restaurar la confianza del mercado y evitar más presión sobre la calificación crediticia” porque se encuentra en un punto de inflexión.

Según el análisis de la firma, la posición fiscal de Colombia está bajo una presión creciente debido a que los recortes estructurales del gasto aún no se han materializado, hay escepticismo en torno a las medidas de austeridad y el compromiso político con la consolidación parece débil.

También citó los frecuentes cambios de gabinete del presidente Petro, incluyendo a cuatro ministros de Hacienda desde 2022, y un enfoque en reformas controvertidas que “ha erosionado la continuidad de la política, mientras que el apetito por el gasto sigue inalterado”.

Este análisis se publica previo al lanzamiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), programado para el viernes 13 de junio, que esbozará las proyecciones de finanzas públicas y que “podría ser la última oportunidad del gobierno para presentar una estrategia fiscal creíble antes del ciclo electoral de 2026”.

El IIF recordó que el déficit general del gobierno central aumentó al 6,7 % del PIB en 2024, tras un breve período de consolidación entre 2022 y 2023, superando las proyecciones anteriores (5,6 %) en medio de un gasto primario elevado y ingresos fiscales decepcionantes.

“Este déficit creciente ha continuado en el primer trimestre de 2025, exacerbando los desafíos fiscales”, dijo en referencia a las cifras del Ministerio de Hacienda que daban cuenta de un desbalance del -2,1 % del PIB % con corte a marzo, la cifra más alta registrada en la serie, que comienza en 2004. Esto, según la firma, muestra presiones de gasto persistentes y alimenta las restricciones de liquidez del Gobierno.

“La rigidez del gasto sigue siendo una gran restricción, particularmente debido al aumento de los pagos de intereses (por encima del 4,5 % del PIB) y las transferencias continuas al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Además, una ejecución presupuestaria más rápida contribuyó a la ampliación del déficit, con un 28 % de las apropiaciones comprometidas en el primer trimestre”, detalló.

Luego reveló que la reforma de pensiones, la intervención del gobierno en el sistema de salud y los cambios aprobados al Sistema General de Participaciones (SGP) podrían aumentar el gasto en más del 2 % del PIB a mediano plazo sin ahorros compensatorios o nuevos ingresos.

El informe advierte escepticismo entre los inversores y el mercado en general frente a la posibilidad de que el déficit fiscal cierre el año en línea con lo proyectado por el Gobierno (5,1 % del PIB). Sus cálculos estiman que el indicador llegue al -7 % del PIB, comparable a los niveles de la pandemia y muy por encima del nivel requerido para estabilizar la deuda pública a corto plazo.

“Se necesita un plan de acción creíble para la consolidación fiscal para evitar más presión alcista sobre la inflación y una posible degradación de la calificación crediticia. Lograr esta meta requiere más del 2,5 % del PIB en ajustes, reflejando altos riesgos de implementación”, anotó el IIF.

El Instituto señaló que se requerirán recortes significativos en el gasto, incluida la eliminación gradual del subsidio al diésel y la contención del aumento de costos por subcontratación de servicios.

También se refirió a la suspensión del acceso de Colombia a la Línea de Crédito Flexible (FCL) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$8.100 millones, citando preocupaciones sobre la credibilidad de la política fiscal y la necesidad de completar la consulta del Artículo IV y la revisión de medio año.

Fuente: Valora

Agencias calificadoras podrían alinearse y bajar un escalón la nota crediticia de Colombia este año

Moody’s dará a conocer si mantiene o no la calificación soberana del país (Baa2) después de que se publique el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La única agencia calificadora que no se ha pronunciado este año respecto a la posición soberana de la deuda colombiana, Moody’s, revelaría este mes si mantiene o ajusta la calificación del país. La mayoría de los analistas dan por sentado que la noticia será negativa y anticipan que será replicada por las demás firmas.

Renzo Merino, vicepresidente y analista senior de Moody’s para Colombia, aseguró en un evento el 20 de mayo que la firma esperará a que el Gobierno publique el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), programado para el viernes 13 de junio, antes de dar a conocer si mantiene o no la calificación soberana del país (Baa2) a un año de haber modificado la perspectiva de Colombia de estable a negativa.

“Nosotros creemos que Moody’s nos va a bajar un notch (escalón) desde Baa2 hasta Baa3. Como en marzo Fitch nos sorprendió poniéndonos en Outlook negativo, lo que creemos que va a pasar ahora en el segundo semestre, antes de noviembre, es que S&P y Fitch también nos van a bajar la calificación a un nivel de BB que hoy en día tiene una economía como la de Brasil”, aseguró el economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, Munir Jalil.

La decisión sería producto de la presión en la caja del Gobierno, que se viene evidenciando desde el año pasado y que lejos de corregirse se ha agravado hasta el punto en que a pesar de la expansión económica y el aumento en el recaudo de impuestos respecto a 2024, el déficit fiscal se duplicó en el primer trimestre y llegó a máximos de la historia reciente (2,1 % del PIB vs 1 % en 2023), pues el nivel de gasto se ha acelerado.

Merino comentó que el perfil crediticio de Colombia podría estar más alineado con Baa3, lo que llevaría a mantener al país en perspectiva negativa o directamente a ajustar la nota crediticia. “Lo que estamos monitoreando de momento es no solamente el deterioro de 2024 sino las expectativas de que vaya a haber una corrección o no este año y el próximo”, explicó.

Los analistas reconocen que ha habido cierta flexibilización por parte del Gobierno para volver a poner sobre la mesa el tema de un eventual recorte de gasto público en el presupuesto; sin embargo, el anuncio se concretaría con la publicación del MFMP, pues el ministro de Hacienda, Germán Ávila, solo ha pedido tener en cuenta las posibilidades de generar nuevos ingresos.

Por ahora, los cálculos independientes sugieren recortes que empiezan en $20 billones, según el Banco de Bogotá, y llegan a los $75 billones señalados por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), dados los efectos fiscales de la reserva presupuestal constituida en 2024 ($52,3 billones y 3,1 % del PIB).

Fedesarrollo, por su parte, cree que como las proyecciones recientes de recaudo se han basado en supuestos optimistas será necesario un recorte adicional de al menos $28 billones en 2025 para cumplir con la Regla Fiscal.

Lo cierto es que ninguno de los análisis ven posible que se cumpla este año con la meta de déficit fiscal del Gobierno del 5,1 % del PIB consignada en la actualización del Plan Financiero. De hecho, todos coinciden en que superaría el 6,8 % del PIB registrado en 2024. El Banco de Bogotá le apunta a un desbalance del 7,8 %, ANIF al 7,1 % y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) al 7 %, por mencionar algunos pronósticos.

Del mismo modo, la deuda en relación con el Producto Interno Bruto superaría el 60 % de 2024, por lo que se seguiría deteriorando y se mantendría fuera del ancla y muy cercana al límite del 70 %. BTG Pactual, por ejemplo, estima que llegaría al 63 %, el nivel más alto de los últimos años, siempre y cuando el Gobierno anuncie un recorte de entre $10 y $11 billones este año.

Jalil incluso cree que el mal momento de la deuda colombiana y sus altas tasas de interés podrían llevar a las agencias a ajustar la calificación dos escalones a la baja, aunque, al parecer, las firmas no han incorporado ese riesgo adicional. “Tal vez nos dejen el Outlook negativo, eso sí”, concluyó.

Fuente: Valora

Reforma laboral en Colombia: lo que se mantiene, lo que se cambia y lo que desaparece del proyecto

Si no se aprueba antes del próximo 20 de junio, el proyecto se hundirá por vencimiento de términos legislativos.

El miércoles 29 de mayo fue aprobado en tercer debate el proyecto de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Con esto, la iniciativa presentada por el Gobierno de Gustavo Petro queda a una sola discusión —en la plenaria del Senado— de convertirse en ley.

Sin embargo, el tiempo juega en contra: si no se aprueba antes del próximo 20 de junio, el proyecto se hundirá por vencimiento de términos legislativos.

Ante dicha coyuntura, Valora Analitik consultó a Diego Felipe Valdivieso, líder del área de Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, y explicó en detalle los elementos clave de la ponencia aprobada, que refleja una versión más moderada de la reforma original, y destacó cuáles fueron los puntos que generaron mayor tensión entre el Gobierno y los gremios empresariales.

Una ponencia que busca el equilibrio, pero no resuelve todas las tensiones

El texto aprobado corresponde a una ponencia mayoritariamente construida en la Comisión Séptima del Senado, tomando como base lo que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes. No obstante, incluye algunos ajustes que buscan acercar las visiones de los sectores más distantes: el Gobierno Nacional, por un lado, y los gremios y empresarios, por el otro.

“Esta ponencia busca un punto medio en muchos frentes. En algunos artículos se mantiene la línea del Gobierno, en otros se recogen preocupaciones del sector privado. Es una reforma que intenta conciliar posturas que han sido difícilmente reconciliables”, explica Valdivieso.

De esta manera, se observa un claro esfuerzo de la comisión para incorporar elementos que permitan avanzar la discusión sin que ninguna de las partes sienta una derrota total, aunque tampoco logra resolver del todo los nudos más complejos del debate laboral en Colombia.

Jornada nocturna desde las 7 p.m.: uno de los puntos que más preocupa a los empresarios

Uno de los elementos que se mantiene intacto es la propuesta del Gobierno sobre la ampliación del recargo por trabajo nocturno. En la actualidad, la jornada nocturna inicia a las 9:00 p. m., pero con la reforma se reduciría ese umbral a las 7:00 p. m., con recargo hasta las 6:00 a. m.

“Se ratifica el recargo nocturno desde las 7:00 p. m. sin excepción alguna, lo que puede tener un efecto económico considerable sobre sectores como comercio, transporte y servicios, que operan en horario extendido”, comenta el abogado.

Este punto ha sido una bandera del Gobierno desde la primera versión del proyecto, bajo el argumento de que mejora las condiciones laborales de miles de trabajadores. Sin embargo, ha generado resistencia en los gremios, por el impacto que tendría en los costos operativos de las empresas.

Recargo dominical y festivo al 100 %

También se aprobó el recargo del 100 % para el trabajo dominical y en días festivos, lo que significa que quienes laboren en esos días deberán recibir el doble del valor ordinario por hora trabajada. La reforma, no obstante, establece una regla de transición para que esta medida se aplique de forma progresiva.

En ese sentido, la medida se aplicaría de la siguiente manera:

A partir del primero de julio de 2025, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 80 %.

A partir del primero de julio de 2026, se incrementará el recargo por laborar en día de descanso obligatorio a 90 %.

A partir del primero de julio de 2027, se dará plena aplicación al recargo por laborar día de descanso obligatorio en los términos de este artículo.

“Es una medida que busca dignificar el trabajo en días de descanso, pero que también impone un reto importante para las empresas que operan en sectores de atención continua”, señala Valdivieso.

Este punto también refleja una de las principales banderas del Ministerio de Trabajo, que ha insistido en la necesidad de equilibrar la carga laboral frente al derecho al descanso.

Contrato de aprendizaje

Uno de los temas que ha generado mayor discusión es el del contrato de aprendizaje. El Gobierno ha buscado transformarlo en un contrato laboral propiamente dicho, es decir, que esté sujeto a las reglas laborales comunes. Sin embargo, la ponencia aprobada no accede a esa propuesta.

“Se mantiene la figura del contrato de aprendizaje como una forma especial de vinculación, distinta al contrato laboral. Pero se mejora el monto del auxilio monetario para los aprendices”, explica el abogado.

El nuevo texto establece que los aprendices recibirán el 75 % de un salario mínimo durante la etapa lectiva, y el 100 % en la etapa práctica, frente al modelo actual que en muchos casos implica ingresos muy inferiores.

Desaparece la figura del régimen simple para trabajadores de medio tiempo

Otro cambio significativo tiene que ver con la eliminación de la propuesta del “régimen simple de contratación laboral” para personas que trabajan por tiempos parciales. Esta figura pretendía facilitar la contratación informal, sin el cumplimiento completo de las obligaciones laborales tradicionales.

“Lo que se propone ahora es que incluso quienes trabajan por horas reciban pagos proporcionales y directos de prestaciones sociales como cesantías, primas, vacaciones y seguridad social”, explica Valdivieso.

Este cambio busca frenar prácticas de precarización laboral en sectores donde la vinculación por tiempos parciales se ha usado como vía para evitar cargas prestacionales.

Medidas contra la informalidad y el desempleo

Aunque el grueso del proyecto sigue enfocado en fortalecer las condiciones del empleo formal, se incorporan algunos artículos nuevos orientados a combatir la informalidad y promover la generación de empleo, dos aspectos que fueron ampliamente criticados en la versión original del proyecto por no tener suficientes herramientas frente a estos desafíos estructurales.

Aún no se conocen en detalle los mecanismos propuestos, pero según el abogado, “hay un interés por avanzar hacia soluciones que reconozcan las realidades del mercado laboral colombiano”, donde cerca del 60 % de los trabajadores están en la informalidad.

Lo que sigue: debate final en el Senado y reloj en contra

Con tres debates ya superados, al proyecto solo le queda la aprobación en la plenaria del Senado, que deberá realizarse antes del 20 de junio. De no lograrse en esa fecha, el proyecto se archivará.

“Es muy probable que no se logren incorporar muchos más ajustes, justamente por los tiempos. El debate se centrará en los temas más sensibles: contrato de aprendizaje y recargo nocturno”, prevé Valdivieso.

El Gobierno podría insistir en incluir la laboralización del contrato de aprendizaje, mientras que los gremios buscarán limitar los costos derivados de los recargos nocturnos.

La versión del proyecto que se aprueba hoy es más moderada que la presentada inicialmente por el Ministerio de Trabajo, y representa un intento de construcción política entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector empresarial. Sin embargo, las tensiones persisten, y el desenlace dependerá del pulso final en el Senado.

“No es una reforma radical, pero sí implica cambios estructurales. El desafío está en implementar estas medidas sin frenar el empleo o ahuyentar la inversión”, concluye el vocero de Scola Abogados.

Fuente: Valora

Colombia tiene el segundo mayor riesgo político y la segunda aprobación presidencial más baja de la región

Un informe de AtlasIntel y Bloomberg evaluó el panorama político, social y económico de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México.

Bloomberg y AtlasIntel presentaron la más reciente actualización de su “Latam Pulse”, que proporciona datos mensuales sobre el panorama político, social y económico de cinco países clave de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y México.

En esta medición, y tomando en cuenta los países de referencia, Colombia tuvo el segundo mayor riesgo político, así como la segunda aprobación presidencial más baja de la muestra.

Al entrar en detalle, en relación con la aprobación presidencial, el país tiene una tasa de 35 %, solamente por encima de Perú, en el que este indicador se ubicó en 12 %. En contraste Chile (38 %), Argentina (45 %), Brasil (48 %) y México (61 %) arrojaron una mayor aprobación a sus gobiernos. 

En relación con el riesgo político, que capta las vulnerabilidades subyacentes que podrían perturbar la gobernanza, debilitar las instituciones y aumentar la incertidumbre para los responsables de la toma de decisiones, Colombia tiene el segundo mayor nivel más alto.

De acuerdo con el análisis, y en línea con la aprobación presidencial, Perú y Colombia tienen mayor riesgo político, con una evaluación de 57 puntos y de 55 puntos respectivamente. Sin embargo, vale la pena detallar que este factor aumentó en Colombia un punto porcentual, mientras que en el país vecino viene cayendo.

¿Qué más mide el pulso de Bloomberg sobre Colombia?

El informe cuenta con un módulo permanente presenta indicadores esenciales para el seguimiento y análisis de tendencias, incluyendo índices de aprobación presidencial, evaluación del gobierno, Índice de Riesgo Político de AtlasIntel, Índice de Polarización Social, Índice de Confianza del Consumidor (ICC), Índice de Inflación y el Índice de Liberalismo Económico.

Con esto en mente, se destaca también que Colombia tiene el segundo índice de confianza del consumidor con un mayor negativo, ubicado en -15,5 %, nuevamente, solo superado por Perú en el que este indicador llega a 34,7 %. En este punto particular, el único país con una confianza del consumidor en positivo en México (6,6 %).

Finalmente, se destaca la expectativa de inflación, según el cual en Colombia se espera que se ubique en 5,2 %, según la metodología de Atlas, siendo la segunda mayor inflación esperada en este documento, solo superada por Argentina, en donde se espera que este indicador llegue a 6,9 %, eso sí, tras una inflación actual de 39,3 %.

Fuente: Valora

Las razones por las que el sector camionero anunció el paro para mediados de junio

El sector camionero anunció que desde el 16 de junio se irían a paro en algunos departamentos del país para que el Gobierno atienda sus requerimientos

La Asociación Colombiana de Camioneros, anunció que a mediados de este mes van a irse a paro en las vías del Cauca y Nariño, para pedirle al Gobierno que atiendan la inmensa crisis de inseguridad que pone en riesgo el sector.

Su presidente, Alfonso Medrano advirtió que esta protesta podría extenderse a todo el país si las autoridades no atienden los requerimientos. 

La movilización que se dará en las vías del Cauca y Nariño comenzarán el 16 de junio. Aseguró que esto se da porque no han visto avances tras los acuerdos pactados en marzo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas; el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo; el alcalde de Ipiales, José Amilcar Pantoja; y el alcalde de Pasto, Nicolás Toro.

Medrano advirtió que el sector camionero está al borde de la quiebra y por ello requieren con urgencia que se atiendan sus necesidades y se respeten los acuerdos.}

Otras de las razones por las que se irán a paro están vinculadas con el mal estado de las vías y la obstrucción al transporte internacional directo con el cierre de la frontera con Ecuador.

El presidente de la asociación le dio una advertencia a la ministra Rojas, pues aseguró que no les ha dado la cara desde aquella reunión corta que sostuvieron en marzo. Por ello, insistió que si no responde o renuncia a su cargo se irán a paro en todo el país.

Más quejas contra acciones del Gobierno

La Asociación envió una carta al Gobierno no solo exponiendo la problemática, sino además rechazando el decreto en el que se modifica el porcentaje de la autorretención de la fuente.

“Rechazamos que mientras se nos niega protección y se incumplen los compromisos pactados, el Estado, sin escuchar las advertencias del gremio por lo lesivo del incremento, haya emitido vía decreto, sin el debido trámite legislativo, un desproporcionado e inconstitucional aumento de la retención en la fuente de 1% a 3,5%”, denunciaron en una carta.

Además, calificaron la medida de antitécnica y confiscatoria, además de ir contra el principio de la legalidad tributaria.

“Golpea de forma letal las ya golpeadas economías de miles de pequeños transportadores, quienes en su mayoría (85%) son pequeños propietarios de vehículo y no logran cubrir los costos operativos mínimos”, expusieron en el comunicado.

Ante esto, hicieron otras peticiones. La primera es reiniciar las mesas de trabajo con los ministros de: Transporte, Interior, Defensa, Energía, Hacienda y Trabajo, igualmente de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo Procuraduría y Contraloría. A quienes les pidieron participación activa y resolutiva en estos diálogos.

También exigieron la derogación inmediata del decreto que aumenta la retención en la fuente, por ser inconstitucional y lesivo.

En este comunicado aprovecharon de insistir en la necesidad de protección y seguridad de los camioneros para que se pueda garantizar sus labores.

Fuente: La Republica

Colombia, el único país de la región en no firmar nuevos contratos de petróleo y gas

La actual política energética podría generar pérdidas de $40 billones entre 2027 y 2035 y un impacto sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024

Los contratos en exploración y explotación son fundamentales para garantizar la continuidad en la producción de petróleo y gas, productos que también son conocidos como hidrocarburos. Entre 2023 y marzo de 2025, Colombia no firmó nuevos contratos de exploración y explotación, ubicándose detrás de Uruguay (1), Ecuador (3), Surinam (5), Venezuela (7), Argentina (7), Perú (13) y Brasil (183).

Lo que vendría para el futuro (a partir de 2030) podría ser una declinación en la producción de Brasil, lo que, para la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP, genera expectativas para que el mercado nacional pueda suplir la demanda. Para el gremio, a pesar de la falta de nuevos contratos, existe la posibilidad de potenciar este mercado mediante un cambio en la política energética.

La tendencia en la oferta y demanda internacional reveló que se necesitarán más de 100.000 millones de barriles de nuevas reservas, todo ello con la meta de cubrir el déficit de petróleo entre 2035 y 2050. Como resultado de este contexto, se podría capitalizar el déficit de petróleo desde la segunda mitad de la década 2030.

La tendencia en la oferta y demanda internacional reveló que se necesitarán más de 100.000 millones de barriles de nuevas reservas.

El petróleo y el gas pueden hallarse en un mismo yacimiento o campo de producción, es por ello que hacer referencia a estos dos componentes va de la mano. Pero si se pone la lupa sobre el petróleo, la actual política energética haría que para 2030 se acabara la actividad exploratoria en contratos vigentes.

Lo anterior causaría la imposibilidad de producir petróleo tanto en el mediano como en el largo plazo, lo que impactaría las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024 y pérdidas cercanas a $40 billones entre 2027 y 2035; estos ingresos se originan de rentas, regalías, impuestos, derechos económicos, entre otros.

Perspectivas de inversión en exploración en 2025

ACP proyectó inversiones en esta materia por US$740 millones, 18% menor a la que hubo en 2024 (US$900 millones); esta sería la inversión más baja en los últimos cuatro años. Los montos llegarían a dos regiones: Caribe (US$335 millones) y Llanos Orientales (US$304 millones). Sin embargo, se requiere retomar exploración en cuencas maduras.

Las zonas que concentrarán inversiones en exploración son la costa afuera en el mar Caribe (US$225 millones), Casanare (US$186 millones), Meta (US$85 millones), Córdoba (US$38 millones) y Sucre (US$36 millones).

Fuente: Valora