Reforma laboral podría elevar entre 3 % y 5 % el desempleo juvenil en Colombia
Un informe de la
Universidad de San Buenaventura señala que será necesario adoptar medidas
específicas para los trabajadores menores de 28 años.
Un informe de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura
advierte que la reforma laboral podría elevar entre el 3 % y el 5 % el
desempleo juvenil.
Y es que este grupo etario
es particularmente vulnerable en el mercado laboral. La informalidad laboral en
jóvenes sigue por encima del 56,8 %, mientras que la desocupación laboral para
ellos se ubica en el 16 %, según cifras del DANE.
Otros analistas,
académicos y gremios han manifestado su preocupación por el impacto de la
reforma laboral en el mercado, especialmente en los jóvenes, que podrían sufrir
los mayores efectos colaterales por los cambios en las reglas de juego.
Firmas como Crowe Co y
gremios como Acopi, entre otros, coinciden en que la reforma también podría
elevar entre el 17 % y el 34 % los costos no salariales de las pymes, lo que
llevaría a muchas a reducir su planta de personal, conformada en su mayoría por
trabajadores menores de 28 años.
Además, la reducción de la
jornada diurna, que ahora irá hasta las 7:00 p. m., y no hasta las 9:00 p. m.,
y el incremento de los recargos dominicales y festivos al 100 %, representaría
un aumento del 9 % en costos adicionales para estas unidades productivas, un
factor que puede frenar nuevas contrataciones, en especial para el personal
joven sin experiencia.
El documento de la
Universidad de San Buenaventura señala que será necesario adoptar medidas
específicas para los trabajadores menores de 28 años. Particularmente, propone
la creación de una vinculación laboral específica para este grupo de la
población con una duración limitada entre seis y doce meses.
Esta figura intermedia
entre el contrato de aprendizaje y el indefinido incluiría un salario mínimo y
afiliación obligatoria a salud y pensión, pero no tendría recargos nocturnos,
dominicales ni obligación de indemnización por terminación anticipada con el
fin de facilitar la entrada al mercado sin trasladar todos los costos al
empleador.
“La reforma está diseñada
para dignificar el trabajo, pero el primer empleo exige una aproximación
flexible y gradual. Este contrato funcionaría como puente de entrada sin poner
en jaque a las microempresas”, explicó Pedro Villamizar, director del Consultorio
Jurídico de la Universidad de San Buenaventura.
La propuesta del contrato
juvenil, no solo se ajusta a la realidad nacional, sino que se inspira en
modelos aplicados con éxito en países como Alemania (sistema Ausbildung),
Italia (apprendistato) y Nueva Zelanda (Youth Wage Subsidy), donde la
contratación de este segmento de la población se estimula con subsidios
parciales o esquemas escalonados de cotización, según la institución educativa.
El informe resalta que, si
no se habilita un esquema alternativo como el contrato juvenil, las empresas
podrían acudir a automatización o tercerización como respuesta a los nuevos
costos. Incluso los gremios ya hablan de sustituir mano de obra joven por inteligencia
artificial y tecnología básica.
“El reto no es solo
legislar, sino adaptar el marco legal a las capacidades reales de las empresas.
Si se quiere proteger a los jóvenes, hay que construirles una entrada formal
posible”, concluyó Villamizar.
Fuente: Valora
CAF aprobó tres líneas de crédito por más de US$740 millones para Colombia
Los recursos fortalecerán
el Plan Nacional de Desarrollo, la política de salud mental y el plan de
inversiones estratégicas de Aerocivil.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó tres operaciones de crédito por un valor conjunto superior a los US$740 millones para Colombia.
Estos recursos están
destinados a impulsar la acción climática, el acceso a servicios de salud
mental y la modernización del sistema de navegación aérea y aeroportuario del
país.
CAF impulsa inversiones
estratégicas en Colombia
En primer lugar, se aprobó
un financiamiento por US$350 millones para apoyar el Programa de Apoyo a la
Acción Climática, Sostenibilidad y Biodiversidad, liderado por el Ministerio de
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación.
Esta operación fortalecerá
la resiliencia frente al cambio climático, protegerá la biodiversidad y
promoverá las finanzas sostenibles, alineándose con el Plan Nacional de
Desarrollo 2022–2026.
En el sector salud, se
otorgó un préstamo por US$150 millones para mejorar la cobertura y calidad de
los servicios de salud mental, con especial énfasis en poblaciones vulnerables
y rurales.
El programa contempla
inversiones en infraestructura, unidades móviles, formación de talento humano y
estrategias de comunicación para combatir el estigma, como parte de la política
de Salud Mental 2024–2033.
Finalmente, se aprobó un
crédito corporativo por US$240 millones para financiar el Plan de Inversiones
Estratégicas 2025–2030 de Aerocivil, con el que se modernizará la
infraestructura tecnológica y aeroportuaria en regiones prioritarias del país.
Entre sus componentes se
destacan la actualización de sistemas de navegación aérea, mejoras en la
seguridad operacional y el desarrollo del aeropuerto de Tolú, clave para la
conectividad del Caribe colombiano.
“Colombia es un socio
estratégico y un ejemplo de liderazgo en sostenibilidad e inclusión social.
Estas tres operaciones reflejan el compromiso de CAF con un desarrollo que
conecte territorios, proteja la vida y garantice bienestar a todos los
ciudadanos”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Fuente: Valora
Aprendices del SENA costarán lo mismo que un trabajador
regular: ANIF advierte desaparición del incentivo
Un análisis de ANIF señaló
que la decisión de pagar un salario completo a los aprendices eleva los costos
de contratación en más del 105 %.
El Gobierno calificó como
un hecho histórico la laboralización del contrato de aprendizaje, lo que
significa que los practicantes del SENA recibirán un pago por su trabajo y
cotizarán a seguridad social. Sin embargo, analistas advierten que la decisión
eleva los costos de contratación en más del 105 %.
El artículo incluido en la
reforma laboral (número 23) les otorga a los aprendices del SENA un contrato
laboral y establece que recibirán 75 % de un salario mínimo por sus funciones
en etapa lectiva y el 100 % en etapa práctica, junto con una afiliación completa
a salud, pensiones y riesgos laborales, y prestaciones tales como cesantías,
intereses de cesantías, vacaciones, y prima de servicios.
Según el MinTrabajo, hay
más de 400.000 aprendices, en su mayoría jóvenes, que hoy se forman y trabajan
en instituciones como el SENA. “Es la política más eficaz de primer empleo que
ha tenido el gobierno y el estado colombiano”, dijo el titular de la cartera,
Antonio Sanguino.
El ministro recordó que
esta figura fue desmontada en 2002 con la Ley 789, a pesar de que la
Recomendación 208 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece
garantías como licencia de maternidad, libertad sindical y negociación
colectiva para los aprendices.
“Hoy la dignidad de esos
jóvenes se ha recuperado. Es una labor que se debe a la movilización que ellos
iniciaron, por eso todo el reconocimiento a los aprendices del SENA y también a
los sindicatos”, dijo el director del SENA, Jorge Eduardo Londoño, quien
recordó que el presidente, Gustavo Petro, fue insistente en que se aprobara
dicha propuesta.
Sin embargo, el centro de
estudios económicos ANIF advirtió que incluir todas las prestaciones laborales
tradicionales en un contrato de aprendizaje, que era una figura especial de
vinculación laboral con fines formativos, hace que el salario de los practicantes
pase de $1.075.027 a $2.204.727 mensuales, igual que el de un contrato laboral
pleno.
“Al equiparar los costos
de un aprendiz con los de un trabajador experimentado, las empresas perderán el
incentivo económico para contratar jóvenes sin experiencia, optando por
personal ya formado, generando implicaciones económicas significativas que amenazan
la inserción laboral de los jóvenes, especialmente aprendices del SENA”,
lamentó el centro de pensamiento.
Microempresas anticiparon
dificultades en la implementación
El Observatorio Nacional
de la MiPyme de ACOPI, en representación de las micro, pequeñas y medianas
empresas del país, también manifestó su preocupación por lo que llamó una
desnaturalización del contrato de aprendizaje y un incremento del 12,5 % del
salario para salud y riesgos laborales que recae plenamente sobre la empresa.
“Otorgarle carácter
laboral al contrato de aprendizaje representa una desnaturalización de su
esencia formativa, alineándolo más con relaciones de subordinación y producción
que con procesos pedagógicos. Aunque la medida busca garantizar mayores
derechos al aprendiz, este cambio podría distorsionar su propósito original,
limitar su alcance en la formación técnica y tecnológica, y generar efectos
contraproducentes en su implementación, especialmente en las MiPymes”, advirtió
el gremio.
Por otro lado, lamentó que
la cuota de monetización se incrementara en el 50%, al pasar de $1.423.500 a
$2.135.250 por cada contrato de aprendizaje no suscrito. También se eliminó la
disposición que eximía a las empresas de esta obligación cuando pudieran
demostrar que, habiendo solicitado aprendices al SENA, la entidad no los había
asignado.
Según el análisis de ANIF,
el contrato de aprendizaje funcionaba como un puente estratégico entre la
educación y el mundo laboral, caracterizado por su finalidad exclusivamente
formativa y una estructura de costos diferenciada que beneficiaba tanto a estudiantes
como a empresas.
Este cambio en la reforma
laboral hace equivalente la contratación de un practicante a la de un
trabajador regular con experiencia y formación profesional completa. “Cuando
los costos de un aprendiz se aproximan a los de un trabajador experimentado,
las empresas potencialmente optarán por la segunda alternativa, reduciendo
oportunidades para jóvenes sin experiencia laboral”, indica el análisis.
Los datos de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2024 muestran que 4 de cada 10
contratos beneficiaban estudiantes SENA, 5 de cada 10 a universitarios en
práctica profesional, y 1 de cada 10 a estudiantes de instituciones privadas de
formación laboral, evidenciando el amplio uso de esta figura dentro la
población estudiantil.
ANIF concluyó que esto
compromete las oportunidades de primer empleo de millones de jóvenes, limitando
a las empresas al cumplimiento mínimo de cuotas legales y reduciendo la
contratación voluntaria.
Fuente: Valora
Reforma laboral en Colombia: así será su implementación
tras la sanción presidencial
La reforma laboral
empezará a aplicarse en dos momentos: con normas de vigencia inmediata y otras
de implementación gradual.
El pasado 25 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro sancionó la nueva reforma laboral, marcando un importante cambio en las reglas que rigen las relaciones de trabajo en Colombia.
La normativa empezará a
aplicarse en dos momentos: con normas de vigencia inmediata y otras de
implementación gradual.
Para entender cómo será
este proceso, Valora Analitik conversó con Juan Esteban Amador, abogado experto
en Derecho Laboral y Seguridad Social de Scola Abogados, quien explicó en
detalle los alcances, retos y oportunidades que trae la nueva reforma para empleadores
y trabajadores.
Dos fases de
implementación: inmediata y gradual
“El proceso de
implementación de la reforma laboral se da en dos momentos: algunas normas
rigen desde el 25 de junio, día en que fue sancionada, y otras comenzarán a
aplicarse de forma escalonada”, explicó Amador.
Entre las disposiciones
que ya están vigentes se encuentra la laboralización del contrato de
aprendizaje en su fase práctica. Esto significa que los aprendices Sena que se
encuentren prestando su etapa práctica serán considerados trabajadores, con
todos los derechos y obligaciones correspondientes.
En contraste, otras
disposiciones tienen plazos establecidos para su entrada en vigor. “Por
ejemplo, los recargos nocturnos comenzarán a aplicarse desde las 7:00 p.m.
dentro de seis meses, es decir, a partir del 25 de diciembre de 2025”, precisó
el abogado.
Contratación de personas
con discapacidad y recargos dominicales: implementación progresiva
Uno de los puntos que más
impacto generará entre las grandes empresas es la obligación de contratar
personas con discapacidad. “Los empleadores que tengan más de 100 trabajadores
deberán contratar al menos dos personas con discapacidad por cada 100 empleados.
Esta obligación será exigible desde el 25 de junio de 2026”, afirmó Amador.
En cuanto a los recargos
dominicales, la reforma también estableció una implementación progresiva:
Desde el 25 de junio de
2025, el recargo pasa al 80 %.
En junio de 2026 será del
90 %.
Para junio de 2027
alcanzará el 100 %.
Presidente Gustavo Petro
sanciona la reforma laboral
Presidente Gustavo Petro
sanciona la reforma laboral. Foto: Presidencia.
Mayores costos y ajustes
en los esquemas de contratación
De acuerdo con el experto,
la reforma implica un incremento en los costos para las empresas. “Primero, por
los nuevos recargos y aportes a seguridad social que deben realizarse ahora
para los aprendices en fase práctica. Segundo, porque se debe revisar toda la
estructura de contratación, ya que la norma general será el contrato a término
indefinido”.
Además, Amador explicó que
los contratos a término fijo, una vez superen los cuatro años de duración, se
convertirán en contratos indefinidos. “Los primeros contratos fijos que
migrarán automáticamente a indefinidos serán los firmados en 2025, y esto ocurrirá
en 2029”, puntualizó.
Cambios positivos:
flexibilidad en las jornadas y simplificación de trámites
No todo son cargas
adicionales para las empresas. La reforma también incluye aspectos positivos
que dan mayor flexibilidad a los empleadores.
“Uno de los avances más
importantes es que el día de descanso obligatorio ya no tiene que ser domingo o
sábado. Ahora podrá pactarse cualquier día de la semana, lo que permitirá una
mejor organización de turnos y jornadas laborales”, destacó.
Asimismo, desaparece un
trámite considerado innecesario: la solicitud de autorización al Ministerio del
Trabajo para aplicar horas extras. “Ahora, el empleador no tendrá que hacer esa
solicitud previa. Este cambio aligera la carga administrativa”, agregó.
Cambios en contratación
con temporales y actualización del reglamento interno
Uno de los puntos más
controvertidos de la reforma es la prohibición de la rotación de trabajadores
en empresas temporales, práctica comúnmente utilizada en el pasado. “Ese
carrusel que permitía que un trabajador en misión pasara de una temporal a otra
fue eliminado. Ahora está expresamente prohibido”, afirmó Amador.
También será obligatorio
que todas las empresas revisen y actualicen su reglamento interno de trabajo.
“Se deben incluir nuevos permisos como los de asistencia escolar, trámites
administrativos o judiciales, además de incorporar un nuevo proceso disciplinario
laboral conforme a la reforma”, señaló.
¿Aumentará el desempleo
con la reforma laboral?
Aunque no hay una
respuesta concluyente, Amador considera que el efecto en el empleo dependerá de
la capacidad financiera de las empresas para adaptarse a las nuevas
condiciones.
“No podemos asegurar que
la reforma genere desempleo, pero sí habrá un encarecimiento de los costos
laborales. Las medianas y pequeñas empresas que ya venían con dificultades en
sus nóminas, y que no acceden a subsidios, podrían verse aún más presionadas”,
advirtió.
Sin embargo, recalcó que
la formalización depende, en gran medida, de la voluntad empresarial. “Nuestra
experiencia nos muestra que la intención de contratar formalmente nace del
deseo del empresario de cumplir la ley, no necesariamente del número de normas
que existan”.
Lo que deben tener en
cuenta empleadores y trabajadores
Amador enfatizó que tanto
empresas como empleados deben prepararse y conocer a fondo los cambios.
“Hay que tener claridad
sobre los plazos, cómo se implementan los cambios, y sobre todo fomentar un
diálogo transparente dentro de las organizaciones. La desinformación puede
generar tensiones innecesarias que se evitan con capacitación y comunicación”, recomendó.
Cesantías, intereses y
nuevas alternativas de pago
Otro cambio positivo está
relacionado con las cesantías. “La reforma permite que el empleador pague
mensualmente los intereses a las cesantías y que las mismas cesantías puedan
entregarse directamente al trabajador, siempre que se verifique que el uso está
autorizado por la ley”, explicó.
Esto, según el abogado,
aligera la carga administrativa y da flexibilidad a las partes.
Contrato de aprendizaje:
¿laboral o académico?
Uno de los puntos que más
dudas genera es la nueva condición del contrato de aprendizaje, especialmente
en su fase práctica, la cual será considerada ahora como un contrato laboral.
“No compartimos del todo
esta figura. En la fase lectiva, cuando el aprendiz asiste al Sena, no hay
prestación de un servicio, pero se obliga a la empresa a pagar riesgos
laborales. No tiene mucho sentido”, comentó.
Además, señaló que el
cambio obedece a un interés sindical. “La intención es permitir que los
aprendices se afilien a sindicatos, como lo expresó el propio presidente Petro
en la sanción de la ley. Pero desde la teoría del derecho laboral, el contrato
de aprendizaje no es un contrato laboral tradicional”.
La reforma laboral de 2025
representa un cambio estructural en la manera como se regulan las relaciones de
trabajo en Colombia. Trae retos importantes para los empresarios, pero también
abre oportunidades para una contratación más moderna y flexible.
Para Juan Esteban Amador,
el mensaje principal es: “Esta es una reforma que obliga a actuar con
responsabilidad, planificación y diálogo. No se trata solo de cumplir la ley,
sino de construir mejores relaciones laborales para todos”.
Fuente: Valora
Agencias calificadoras preocupadas por alto endeudamiento del Gobierno
Petro
Colombia enfrenta
actualmente altos costos de financiamiento internos y externos que reducen su
flexibilidad fiscal.
Esta semana, dos de las
tres agencias calificadoras más importantes del mundo le rebajaron a Colombia
su nota soberana por cuenta del desbalance en las cuentas del Gobierno y
advirtieron particularmente el aumento en el costo de la deuda.
S&P Global fue
enfática en que redujo la calificación de Colombia de BB+ a BB por cuenta de un
deterioro constante de los resultados fiscales, un mayor nivel de deuda pública
y una carga de intereses más alta.
Para Moody’s, la rebaja
(de Baa2 a Baa3) refleja el deterioro proyectado de los indicadores de deuda
del gobierno, que se espera persista en los próximos años debido a déficits
fiscales elevados y superiores a los límites establecidos por la Regla Fiscal.
Las calificadoras se fijan
básicamente en dos indicadores que han empeorado en los últimos años: la
diferencia entre los ingresos y gastos del Gobierno, conocido como déficit
fiscal, y el endeudamiento público como proporción del PIB que termina por reflejar
si el tamaño de la economía puede soportar los compromisos o no.
Estos están implícitamente
relacionados, pues históricamente cuando los ingresos no han sido suficientes,
el Gobierno los ha compensado en gran parte con deuda. Sin embargo, a su vez,
el exceso de endeudamiento deriva en que la carga de intereses aumente y se
deban destinar aún más recursos a pagar estas obligaciones. «Esto se vuelve una
bola de nieve», dijo el director del Observatorio Fiscal de la Universidad
Javeriana, Mauricio Salazar-Saenz.
Así se comportarán los
principales indicadores
El Gobierno dejó ver en el
Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) que proyecta que el déficit fiscal aumente
al 7,1 % este año tras proyectar que sería del 5,1 %. Así mismo, el
endeudamiento llegaría al 63 % del PIB, superior en 2,4 puntos porcentuales (pp)
al 60,6 % consignado en el Plan Financiero.
Las agencias calificadoras
tienen sus propias proyecciones al respecto. S&P prevé que los déficits
promedien el 6,2 % del PIB durante el período 2026-2028, inferior al 6,7 % de
2024, y que la deuda neta del gobierno general aumente un 6,2 % del PIB en el
mismo plazo de tiempo y promedie el 64 % del PIB, cuando en 2025 fue del 58 %.
Moody’s anticipa que este año la deuda alcanzará el 59,5 % del PIB y llegará a
su punto máximo (64 % del PIB) en 2027, por encima de la mediana prevista para
la categoría ‘Baa’ (62 %).
El Observatorio Fiscal de
la Universidad Javeriana advirtió que la deuda venía en una senda creciente
desde 2018 y pandemia supuso subirla. En tres años aumentó 10 puntos (del 53 %
al 63 %) y lo que se espera hacia adelante es una deuda más grande, por eso la
necesidad de hacer el esfuerzo de bajarla a niveles del ancla (55 %).
Intereses exacerban el
tamaño de la deuda
Otro tema en el que
coinciden las firmas es en que Colombia enfrenta actualmente altos costos de
financiamiento internos y externos que reducen su flexibilidad fiscal.
S&P estima que el pago
de intereses del Gobierno se estabilice por encima del 15 % de los ingresos y
que podrían alcanzar un máximo de casi el 5 % del PIB para 2026, en comparación
con el promedio del 3 % entre 2017 y 2019. Para Moody’s, el pago de intereses
en Colombia en relación a los ingresos (16 %) supera la mediana de países con
calificación ‘Baa’ del (9 %); además, se espera que llegue al 17 % en 2025.
“La diferencia entre el
déficit fiscal y el primario se explica, de hecho, en el pago de los
intereses”, dijo Mauricio Salazar-Saenz, lo que complica el panorama fiscal.
S&P advirtió que
Colombia tiene el riesgo de una nueva rebaja en su calificación en los próximos
18 meses si no se toman medidas oportunas y efectivas para estabilizar las
cuentas fiscales y los niveles de deuda.
Moody’s, por su parte,
anotó que, si el gobierno no logra restablecer el historial de consolidación
fiscal, esto ejercería presiones negativas sobre la calificación por cuenta de
“un debilitamiento más permanente de la efectividad de la política fiscal”.
Fuente: Valora
Contraloría reportó hallazgos con incidencia fiscal por
$1,17 billones al cierre de junio
El órgano de control
detalló que el sector vivienda fue el que presentó mayores hallazgos fiscales
por $593.000 millones
La Contraloría finalizó
las auditorías del primer semestre del año y aseguró que incidencia fiscal
compromete al menos $1,17 billones. Detalló que esto se concentra en 488
hallazgos de este tipo tras evaluar la gestión realizada por 337 entidades
sujeto de control y 327 entes territoriales que pasaran a la delegada para la
responsabilidad fiscal.
Fue el sector vivienda el
que presentó mayores hallazgos fiscales, por $593.000 millones, seguido por
infraestructura con $66.560 millones. El órgano de control también aseguró que
detectaron 48 hallazgos con incidencia penal y 1.898 de carácter disciplinario.
“Con base en estos
resultados y con el fin de determinar el avance de las actuaciones que se deben
implementar por motivo de este tipo de hallazgos, el máximo órgano de control
fiscal convocará mesas de trabajo con la Procuraduría y la Fiscalía, para establecer
las acciones que estas entidades adelantarán en el marco de sus competencias y
contribuir a la eficacia del ejercicio auditor adelantado por la entidad”,
señaló la Contraloría en su reciente informe.
El órgano también celebró
el avance de iniciativas como la “estrategia compromiso Colombia- salvando
obras”, cuyo programa avanzó en la entrega de 40 obras que tenían comprometidos
recursos por $541.305 millones.
También resaltó que al
cierre del primer semestre se adelantan 1.073 Indagaciones preliminares, de las
cuales 260 están a cargo de la Contraloría delegada para responsabilidad
fiscal, 222 se encuentran en las direcciones de vigilancia fiscal de las contralorías
delegadas sectoriales, 44 en el grupo interno de regalías, 45 en la unidad
anticorrupción y 502 están a cargo de las gerencias departamentales de la
Contraloría en todo el país.
Al finalizar el primer
semestre, la Contraloría actualizó su cifra de recaudo (septiembre 2022- junio
2025), que hoy supera $3,08 billones, aseguró que esto es producto de los
fallos con responsabilidad fiscal y que han resultado determinantes para continuar
el ascenso de esta histórica cifra que regresa a las arcas del estado en dinero
efectivo.
Fuente: La República
