Octubre 20 de 2025

Dólar en Colombia abrió al alza tras romper la barrera de los $3.800

La tasa de cambio mostraba una curva descendente tras los primeros minutos de negociaciones, de manera que el mínimo se ubica en $3.858.

El dólar hoy en Colombia abrió con un precio de $3.889, de acuerdo con datos suministrados por JP Tactical Trading, por lo que se ubica por encima del cierre del vienes ($3.834), un día en que tocó mínimos que no se veían desde inicios de abril de 2024.

A pesar de esto, la tasa de cambio mostraba una curva descendente tras los primeros minutos de negociaciones, de manera que el valor máximo coincide con la apertura y el mínimo se ubica en $3.858. La TRM de hoy se estableció en $3.808,12.

El Banco de Bogotá señaló en su informe semanal que estos días la tendencia bajista de la tasa de cambio estará a prueba, tras romper la barrera de los $3.800 la semana pasada. Los analistas de la entidad anticipan que la dinámica global del dólar dependerá de los ajustes en las previsiones de tasa de la Reserva Federal.

Los precios del petróleo abrieron la semana con pérdidas ante temores de un exceso de oferta global, reflejado en el aumento de inventarios en EE. UU. y la aparición del “contango” en los futuros del Brent, que hace referencia al momento en que el precio de los contratos de futuros a más largo plazo es superior al precio al contado.

El Brent, de referencia en Europa, cae un 0,46 %, hasta los US$61,01 el barril y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., cede un 0,94 %, hasta los US$57.

En Estados Unidos, el mercado está pendiente de la publicación del dato del IPC de septiembre, anunciada para el próximo viernes, nueve días después de lo programado, debido al cierre del Gobierno. El dato es fundamental para la política monetaria de FED, cuya reunión tendrá lugar la próxima semana.

En Colombia, este lunes a las 11:00 a. m., el DANE revelará el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de agosto. El mercado ha dejado ver proyecciones de una expansión económica del 2,7 %, según la encuesta de analistas del Banco de la República.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que su administración impondrá nuevos aranceles a Colombia, al acusar al país de no combatir con suficiente firmeza el narcotráfico. Los analistas de JP Tactical Trading advirtieron que “ya estaba muy descontada una posible reacción ante los delitos comprobados que tiene EE. UU. contra (Gustavo) Petro por su apoyo al narcoterrorismo”.

Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia arrancó sin variaciones en la valorización promedio ponderada de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Fuente: Valora

Tras aprobar el presupuesto, el Gobierno prepara el terreno para la tributaria y el salario mínimo 2026

Ávila confía en que la reforma tributaria será aprobada este año y consigan consenso en el Congreso.

Después de semanas de incertidumbre, el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2026, luego de un acuerdo que implicó un recorte de $10 billones. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó en entrevista con El Espectador cómo se alcanzó el consenso y qué viene con la reforma tributaria —o “ley de financiamiento”, como la llama el Gobierno—, que será presentada antes de que termine el año.

“Empezamos con una propuesta de $556,9 billones, que incluía una ley de financiamiento por $26,3 billones. Después de las conversaciones con el Congreso y con el presidente Petro, acordamos reducir en $10 billones tanto el monto del presupuesto como el de la ley de financiamiento, que pasó a $16,3 billones”, explicó Ávila. 

Según el ministro, fue un “ejercicio constructivo y dinámico” que permitió ajustar sectores sin sacrificar prioridades sociales. “Hubo conciencia por parte de los congresistas de que no era fácil hacer recortes mayores y el Gobierno fue flexible”.

Los impuestos que salen y los que se quedan

Con la reducción del recaudo proyectado, el Ejecutivo eliminará los puntos más sensibles de la reforma original. “Decidimos excluir el incremento al IVA de la gasolina, que era el único que generaba alguna transferencia a la canasta familiar”, confirmó Ávila.

También se suspenderá el impuesto a la cerveza, aunque se mantendrán los incrementos al IVA sobre los licores de alto contenido alcohólico. En cuanto al impuesto al consumo de boletas por encima de $500.000, el ministro anticipó que podría descartarse: “El nivel de recaudo sería bajo, por eso estamos considerando no tenerlo en cuenta”.

Entre los tributos que sí se mantendrán están los impuestos al patrimonio, a la renta, al sector financiero, algunos ambientales y los impuestos al consumo sobre bebidas distintas a la cerveza. El objetivo, según Ávila, es mantener una reforma progresiva, concentrando el esfuerzo en los sectores de mayores ingresos. “El sector financiero debe aportar más a las finanzas del país, sobre todo a los programas sociales que son altamente redistributivos”, dijo.

Sobre el impuesto de renta, explicó que solo afectará a personas con ingresos superiores a $10,2 millones mensuales, con un incremento leve en la tarifa que aumenta conforme crecen los ingresos.

“No se tocarán los estratos bajos ni los medios”, aseguró.

En cuanto al impuesto al patrimonio, señaló que habrá incrementos para quienes tengan bienes por encima de $2.000 millones. “Cuanto más alto sea el patrimonio, mayor será la tarifa”.

La apuesta por un consenso en un año preelectoral

Pese a los temores políticos, Ávila confía en que la reforma tributaria será aprobada este año. “El Congreso entendió la importancia del consenso en el presupuesto, y creo que algo similar ocurrirá con la reforma. Hemos creado un ambiente favorable y podemos construir mayorías”, sostuvo.

El ministro insistió en que el proyecto no afectará la canasta familiar y no tocará a los sectores de ingresos bajos ni medios. “Se enfocará en los estratos medio-altos y altos, que serán quienes aporten a los nuevos ingresos del país”, reiteró.

En caso de que el Congreso no apruebe la iniciativa, advirtió que el Gobierno tendría que hacer ajustes presupuestales y acudir a otras fuentes de financiación, aunque confía en que “habrá un debate razonable”.

Inflación, tasas y déficit fiscal

Sobre la política monetaria, Ávila reiteró su llamado al Banco de la República para reducir las tasas de interés, actualmente en 9,25 %. “Mantenemos una brecha extremadamente grande con la inflación, que está en 5,1 %. Si queremos que la economía crezca, necesitamos estímulos más fuertes”, señaló.

Según el ministro, un crecimiento económico más robusto ayudaría a cerrar el déficit fiscal, estimado en $16 billones. “A medida que resolvemos el crecimiento económico, resolvemos el problema del déficit”, afirmó.

El jefe de la cartera de Hacienda también explicó las causas de ese hueco fiscal:

“Cuando llegó el presidente Petro, se había acumulado una deuda muy grande en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cerca de $79 billones. Esa es la principal causa del incremento en el déficit”.

A ello se sumó un crédito de US$5.300 millones con el FMI, contratado durante la pandemia. “Lo grave no fue el endeudamiento, sino la forma en que se hizo. Este Gobierno tuvo que pagarlo en dos años”, dijo. 

Por esa razón, el Ejecutivo activó la cláusula de escape de la regla fiscal, para estabilizar las finanzas sin estrangular el gasto público. “Intentar resolverlo en un solo año habría sido un despropósito”.

Diésel, FMI y visión económica del Gobierno

Ávila confirmó que el ajuste del diésel avanzará de forma gradual. “Ya completamos el trámite de un decreto para nivelar el ACPM en vehículos que no son de transporte de carga, cerca del 30 % de los que usan diésel, como camionetas o vehículos de lujo. Para ellos desaparecerá el subsidio”.

Sobre el crédito con el Fondo Monetario Internacional, aclaró que no se trata de un síntoma de fragilidad fiscal:

“Nosotros lo suspendimos. En diciembre se pagará la última cuota. No contemplamos usar la línea de crédito flexible; las necesidades de financiamiento externo están aseguradas”.

¿Cómo se comportaron los precios de la gasolina y diésel en Colombia en 2024?

Los precios de la gasolina y diésel en Colombia Foto: tomada de Freepik

Frente a las críticas del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), que advierte un déficit mayor, Ávila defendió la flexibilidad económica del Gobierno:

“El problema del CARF es que está amarrado a una visión rígida. Para nosotros, el factor de referencia fundamental es garantizar el crecimiento económico. Si para eso hay que tener menores rigideces con respecto a la inflación o la regla fiscal, hay que ser flexibles”.

El ministro también cuestionó los “fetiches” del debate económico, en especial la idea de que subir el salario mínimo genera inflación o desempleo.

“Llevamos tres años aumentando el salario mínimo sin generar inflación ni desempleo. Creemos en una economía redistributiva. Lo que construye el crecimiento económico es que haya mayor capacidad de gasto e ingreso”, concluyó.

Fuente: Valora

Codirectores Moisá y Villamizar revelan nuevas perspectivas sobre tasas e inflación en Colombia

Los codirectores del Emisor trazaron las líneas maestras de lo que podría venir en política monetaria.

Laura Moisá y Mauricio Villamizar, codirectores del Banco de la República, dejaron ver pincelazos de lo que sería las nuevas reglas de juego en la economía nacional y qué factores influirán.

En su más reciente reunión, la Junta del BanRep decidió mantener la tasa de referencia en 9,25 %, argumentando que la inflación continúa lejos de la meta y que los riesgos siguen siendo elevados. Mientras tanto, el Gobierno ha mantenido la presión pública para que se reduzcan las tasas y se estimule el crecimiento económico.

Sin embargo, desde el Banco advierten que una baja de tasas solo sería posible si las expectativas de inflación se corrigen de forma importante y el Ejecutivo toma medidas claras para reducir el déficit fiscal.

Los analistas del mercado proyectan que la tasa de intervención se mantendrá en 9,25 % durante el resto de 2025 e incluso prevén una eventual subida si la inflación sigue repuntando.

Cuando Semana le preguntó a Laura Moisá si reducir las tasas implicaría riesgos, respondió que los verdaderos peligros no están en subir o bajar, sino en mantener posturas demasiado rígidas.

Codirectora Moisá

Laura Moisá codirectora del Banco de la República. Foto: Banco de la República

“Para mí, los mayores riesgos están en quedarse en posiciones ortodoxas o heterodoxas y no tener la capacidad de abrir la mente a otras respuestas, porque todo cambia”. 

Para Moisá, el problema inflacionario que enfrenta el país no proviene de la demanda, sino de choques de oferta que se han mantenido desde la pandemia.

“El problema de inflación que tenemos en el país, que además viene estabilizándose pospandemia, para mí sigue siendo un choque de oferta, que, desde mi perspectiva, es más permanente. Me refiero, por ejemplo, a costos internacionales que recaen sobre muchos productos intermedios necesarios para producir alimentos, como los fletes, que están caros”, dijo en Semana.

Según explicó, esta situación estructural de precios internacionales ha impedido que Colombia alcance niveles más bajos de inflación. Los alimentos, en especial los perecederos, han sido los que más presionan los precios.

“Los precios se han mantenido porque las empresas temen que todo esto se dé vuelta y tengan pérdidas en sus ventas. Para mí, se trata de una inflación de oferta que no se soluciona por el lado de la demanda, es decir, con la tasa de interés. En este momento no tendría ningún efecto”.

Moisá también sostuvo que una inflación del 5 %, si no está acelerada, no debe ser motivo de nerviosismo en un contexto de leve crecimiento y mejora en el mercado laboral.

“Es más, podría ser una inflación que funcione para recuperar la economía después del choque de la pandemia”, añadió.

En su diagnóstico, el país enfrenta problemas estructurales:

“Estamos bajando el desempleo, pero no logramos resolver el problema de la informalidad. Tampoco el de la productividad de los trabajadores y de nuestras empresas. Eso tiene unos costos que podrían equilibrarse con un nivel de inflación estable”.

Riesgos fiscales, salario mínimo y lo que viene para 2026

Moisá también reconoció que la situación fiscal del país es compleja y que en el Banco hay preocupación por el aumento del déficit.

“Es una circunstancia que tampoco es de fácil resolución, pues los inflexibles del gasto son muy altos y el Ejecutivo ha dejado claro que no va a renunciar a su programa de gobierno”.

En ese contexto, destacó que será clave observar la propuesta de reforma tributaria y la evolución del déficit. Según la codirectora, dentro de la Junta hay consenso en que el Gobierno ha actuado correctamente en materia de deuda y equilibrio de ingresos y gastos. “Estamos en modo observación”, dijo.

Las tareas del gobierno Petro

Consultada sobre el manejo fiscal del gobierno Petro, Moisá aseguró:

“Este Gobierno hizo una tarea que no se había podido hacer por diferentes razones, pero ya sacó del escenario el subsidio de la gasolina. Eso es clave para que esa presión fiscal no exista. Está intentando lo mismo con el diésel, pero ese producto puede provocar un choque más directo a la inflación, por su relación con el transporte de alimentos”.

En su análisis, si la regla fiscal se restablece como meta en dos o tres años, después de corregir los problemas estructurales, “se habrá hecho una buena tarea desde lo fiscal, independientemente de que sea este o el próximo Gobierno el que lo haga”.

Sobre el salario mínimo, Moisá consideró que su discusión debe ir más allá del impacto inflacionario:

“En mi criterio, el salario mínimo también tiene que ver con la calidad de vida de la mayoría de la población del país. Que tiene un efecto inflacionario, sí. Ahí es importante hacer una revisión, pues hay precios que no tendrían que estar indexados al salario mínimo, sino a la inflación. Pero también hay que lograr que las empresas no se preocupen solo por ese aumento, sino por mejorar su productividad”.

Reforma tributaria

El ministro de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Presidencia de la República.

Añadió que aún tiene dudas sobre la relación directa entre el aumento salarial y la inflación, pues el mercado laboral ha mostrado signos de recuperación. 

“Está mejorando la contratación, está creciendo la economía, entonces creo que ahí hay que estudiar el fenómeno”.

Moisá recordó que en el pasado, durante el boom de las materias primas, los salarios no crecieron al ritmo de las utilidades empresariales. “Ahora se busca recuperar el poder adquisitivo, aunque no sea el mejor momento”.

Villamizar: riesgos sobre la mesa

Por su parte, el codirector Mauricio Villamizar advirtió a Bloomberg, en el marco de las reuniones del Fondo Monetario Internacional, que el Banco de la República podría considerar un aumento de tasas por primera vez en más de dos años si se materializan nuevos riesgos inflacionarios.

Villamizar señaló que el Banco evalúa un escenario más restrictivo ante factores que podrían elevar las presiones sobre los precios, entre ellos: un incremento excesivo del salario mínimo en 2026, una reversión de la reciente apreciación del peso, el aumento de los precios del gas natural, y un mayor deterioro de las cuentas fiscales.

“Subir tasas está sobre la mesa, aunque aún no es el escenario base. Todo dependerá de que nuevos riesgos se materialicen”, afirmó.

El codirector también advirtió que el deterioro fiscal complica la labor de política monetaria en un entorno de inflación persistente. Según sus estimaciones, el déficit fiscal podría acercarse al 8 % del PIB en 2025, por encima del 7,1 % previsto por el Gobierno.

Fuente: Valora

Gobierno reconoce que no hay cómo financiar la reforma a la salud sin la tributaria y le hace falta información

Dado que no hay certeza de lo que pase con la reforma tributaria, el MinHacienda no quiso revelar los techos de gasto de la reforma a la salud.

El Ministerio de Hacienda reconoció oficialmente que no tiene los recursos para financiar la reforma a la salud propuesta por el Gobierno, hasta tanto no se apruebe la reforma tributaria o ley de financiamiento que fue radicada ante el Congreso de la República a inicios de septiembre y estaría próxima a debatirse.

En un documento, conocido en primicia por Valora Analitik, la cartera dejó ver que los cálculos que se tienen de este proyecto, que le apunta a transformar el sistema de salud y disminuir la participación de las EPS, se basan en información incompleta y proyecciones no verificadas.

Según el MinHacienda, la información con que cuenta fue proporcionada por el Ministerio de Salud y Protección Social en octubre del año pasado y esta «presentaba inconsistencias y ausencia de datos relevantes», por lo que solicitó verificarla y ampliarla, una respuesta que llegó en abril de este año y le permitió acceder a 13 bases de datos adicionales.

Hace seis meses, la entidad inició el procesamiento de la información y en la actualidad continúa con este, dado que su primera tarea es garantizar la consistencia de las bases de datos. «Considerando que se trata de cerca de 2.154 millones de registros (…), el Departamento de Tecnología continúa haciendo las evaluaciones técnicas necesarias para disponer del espacio y generar las condiciones óptimas para el procesamiento de la información», contestó el MinHacienda a la senadora Nadia Blel en un derecho de petición.

Además, al indagar por ejercicios de validación del costo de la atención primaria en salud por parte de la cartera de Hacienda, responsable de administrar las finanzas públicas de la Nación, la respuesta a la congresista deja ver que no se llegaron a aplicar dichos cálculos sino que se tomó la información tal cual llegó del MinSalud porque a esta entidad le correspondería «realizar los estudios necesarios que respalden y validen los elementos planteados, como líder del sector y promotor de la propuesta». 

Lo que sí tiene el Gobierno es un panel de datos que sigue los gastos reportados por las EPS para 11.478 procedimientos, financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en la actualidad y con esta «muestra de conveniencia», como lo manifestó MinHacienda, construyó escenarios de referencia de la evolución del gasto en salud para su componente de mediana y alta complejidad para «capturar la tendencia de los gastos per-cápita».

Aun así, el Ministerio de Hacienda emitió un aval fiscal definitivo a mediados de agosto y en los últimos meses incluso el presidente Gustavo Petro ha replicado los cálculos que dan cuenta de un costo fiscal de $112 billones para 2026, que ascendería a $114,8 billones en 2027 y llegaría a ser de hasta $191,7 billones a 2036.

Incertidumbre frente al origen de los recursos

Por otro lado, la financiación de la reforma a la salud depende netamente de que la reforma tributaria consiga más de $16 billones en ingresos adicionales para el Estado. El propio Ministerio de Hacienda advirtió que no puede garantizar los recursos necesarios hasta que se aprueben el Presupuesto General de la Nación (PGN) y una eventual ley de financiamiento.

En la respuesta de la cartera queda en evidencia que «la disponibilidad de los recursos está sujeta a la aprobación de la ley de financiamiento», a pesar de que todo proyecto de ley de iniciativa gubernamental que plantee un gasto adicional o una reducción de ingresos debe contener la correspondiente fuente sustitutiva, según la norma, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda.

La ley exige que el aval fiscal sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), lo que implica que se indique expresamente el costo fiscal y la fuente de ingresos adicional. Aun así, la senadora Nadia Blel denunció que la reforma a la salud se está debatiendo «con base a un escenario incierto» y sin certeza de las fuentes que van a financiar la nueva estructura.

El Ministerio de Hacienda no reveló los techos de gasto y sus proyecciones y fue enfático en que solo se podrán definir con certeza una vez se conozca la composicional final del Presupuesto para 2026 por sectores y se defina el futuro de la reforma tributaria, lo que llevó a los congresistas a alertar que el sistema podría quedar desfinanciado.

Esta revelación motivó a la Comisión Séptima del Senado a suspender la discusión del proyecto de ley, por solicitud de la senadora Blel del Partido Conservador. Otros congresistas, como Honorio Enríquez, calificaron de «gravísimo» el hecho de que Hacienda haya reconocido la irresponsabilidad de obrar con un aval sin la debida verificación debata en un contexto de un déficit fiscal creciente (4,3 % del PIB hasta julio).

Sin embargo, congresistas cercanos al Gobierno, como el senador Fabián Díaz, tildaron la proposición de suspensión como una «estrategia de dilación». Los defensores de la reforma a la salud insistieron en que el cambio es necesario para superar una crisis estructural y poner fin a la intermediación financiera de las EPS.

Fuente: Valora