Octubre 27 de 2025

Déficit fiscal en Colombia para 2026 podría ser el más alto en 125 años; Gobierno dice que este año está controlado

Los analistas económicos han insisto a lo largo del año en que ha faltado compromiso del Gobierno para hacer un recorte de gasto y controlar el déficit.

El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, se reunió con economistas para ahondar en los detalles sobre la nueva estrategia de deuda Colombia.

Dentro de las metas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la expectativa es tener una meta de déficit fiscal del 7,1 % del PIB en 2025, en medio de advertencias del mercado de que el desbalance podría ubicarse alrededor del 8 %.

El funcionario explicó que la operación de manejo de deuda que ha llevado a cabo en los últimos meses ha permitido un ahorro en intereses de tal magnitud que en las próximas semanas ya sería visible en el balance fiscal que publica cada mes el MinHacienda.

De hecho, su meta es que la carga de intereses sobre PIB baje del 4,7 % actual a un rango entre el 3,2 y el 3,8 % este año. Así, incluso con un déficit primario del 2,4 % del PIB con corte a agosto (desbalance calculado solo con gastos e inversión, sin intereses) que probablemente ronde el 3 % en diciembre, la diferencia entre ingresos y gastos no superaría el 7,1 % del PIB este año gracias al ahorro en el primer rubro.

Los analistas económicos han insistido a lo largo del año en que la falta de compromiso del Gobierno con la urgencia de hacer un recorte de gasto y su marcado interés por instaurar programas sociales con cargo a la Nación no son una señal de responsabilidad fiscal,.

En respuesta, el director de Crédito Público fue enfático en un mensaje: El Gobierno ha anunciado acuerdos para que el gasto en funcionamiento o inversión no se desborde.

Sin embargo, de acuerdo con la presidente del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), Astrid Martínez, cumplir la meta de gasto primario exigiría una ejecución de inversión «excepcionalmente baja», alcanzando solo el 14 %, frente al promedio histórico del 63,4 %. De lo contrario, el Gobierno podría trasladar más de $50 billones en reservas presupuestales hacia 2026.

Y es que el pago en intereses de deuda tiene la capacidad de inclinar la balanza porque pesa cada vez más en las cuentas públicas. Según cálculos del comité, $1 de cada $3 recaudados con impuestos se destina al pago de intereses. De hecho, proyectan que el gasto en intereses aumente del 3,3 % del PIB en 2025 al 3,7 % en 2026.

Hoy por hoy, el consenso de analistas y expertos es que el déficit fiscal, que ya se ubica en un nivel crítico del -5,1 % del PIB a agosto, seguirá escalando significativamente los meses siguientes y se acercará a niveles históricos, por lo que no esperan que cumpla la meta del 7,1 % del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

El indicador se ha ubicado este año cada mes en niveles incluso superiores a los vistos en la pandemia. Así, la diferencia entre ingresos y gastos en el acumulado de enero a agosto de 2025 supera los $93 billones, 35 % más que en el mismo periodo de 2024.

Desde esta perspectiva, mientras se mantengan las condiciones actuales tal como están, la posibilidad de llegar a un déficit del 8 % del PIB es real. Para que se materialice esta previsión, el desbalance entre septiembre y diciembre debería situarse alrededor del 0,7 % del PIB cada mes, solo 10 puntos básicos por encima del promedio visto este año hasta agosto (0,6 %).

A esto se suma el hecho de que históricamente, el déficit acumulado en el último cuatrimestre ha sido significativo, alcanzando el 3,8 % en 2021 y el 3 % en 2023, por lo que no luce tan lejano que en 2025 sea del 2,9 %.

El consenso se aleja de la meta del gobierno

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, ha sido enfático al señalar la gravedad histórica del problema. El centro de pensamiento proyecta que el déficit fiscal será del 7,5 % del PIB en 2025, el segundo más alto de la historia, solamente superado por la pandemia, que fue de 7,8 %. 

Además, recientemente, el economista advirtió que para 2026 el desbalance entre ingresos y gastos públicos alcanzaría un récord del 8,1 % del PIB, el nivel más alto en 125 años de historia.

“Esto muestra que realmente estamos enfrentando una situación crítica en el frente fiscal porque el gasto público ha aumentado mucho más rápido que el esfuerzo tributario de las últimas dos reformas por mejorar los ingresos, en 2021 y 2022”, dijo.

Por su parte, la presidente del CARF advirtió recientemente que si el Gobierno no realiza un ajuste de $8,3 billones este año, el desbalance será del 7,6 % del PIB. En esa línea se ubica el Banco Itaú, que anticipa un déficit nominal del 7,5 % en 2025 y del 6,8 % en 2026, ambas cifras con «riesgos al alza».

Solo Fitch Ratings proyecta que el déficit del Gobierno Central alcanzará su meta del 7,1 % del PIB en 2025, un aumento respecto al 6,7 % del PIB de 2024. A pesar de ello, la calificadora ha señalado este deterioro como un factor clave que mantiene la calificación del soberano en BB+ con perspectiva negativa.

El Banco de Bogotá, que había apostado por un indicador entre 7,8 % y 8 % del PIB este año, recalculó que el desbalance podría ubicarse entre 6,5 % y 7,1 % solo si expectativa de reducción de pago de intereses se materializa (3,2 % a 3,8 % del PIB) y el balance primario sigue su patrón histórico (cercano al 3,3 % del PIB).

Los analistas coinciden en que para que el desbalance en cuentas públicas se mantenga cerca de la meta oficial, se requiere un esfuerzo fiscal considerable, concentrado especialmente en el recorte de gastos. El ajuste requerido para cumplir las metas fiscales hasta 2027 según el mismo Gobierno, es de 4,1 pp del PIB.

El panorama actual sugiere que el «ruido fiscal sigue siendo elevado,» aumentando el riesgo de nuevas rebajas en la calificación crediticia de Colombia.

Mejía insistió en que la consecuencia inmediata de esta crisis fiscal es que el próximo gobierno, si bien llegará con una gran cantidad de ideas o promesas durante su campaña electoral, tendrá que abordar el ajuste fiscal en primer lugar. “Lo estimamos en cerca de tres puntos del PIB, estamos hablando de $54 billones para poder estabilizar otra vez las finanzas públicas y reducir la deuda, que también llegará a máximos históricos el próximo año», concluyó.

Fuente: Valora

Índice de Competitividad de Ciudades 2025 en Colombia muestra reducción de brechas competitivas

El análisis de los resultados destacó la reducción de la brecha en puntaje entre la ciudad con mejor y peor desempeño.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron esta semana el Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2025, una medición que evalúa el desempeño competitivo de las 32 ciudades capitales de departamento de Colombia y que nuevamente estuvo liderada por Bogotá.

Los resultados más relevantes de esta versión reflejan un avance generalizado de las ciudades y áreas metropolitanas en aspectos clave de la competitividad. Este progreso se observó en dimensiones fundamentales como el desempeño institucional, la adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, el dinamismo del mercado laboral y el acceso al sistema financiero, entre otros.

El análisis de los resultados demostró un aumento del puntaje promedio en nueve pilares del índice. Asimismo, se destacó la reducción de la brecha en puntaje entre la ciudad con mejor y peor desempeño en siete de los trece pilares que componen la medición.

A nivel general, Bogotá D. C. lideró el ICC 2025 con un puntaje de 7,47 sobre 10, seguida por Medellín A. M. con 6,67 y Tunja con 6,24. En contraste, los últimos puestos correspondieron a Mitú (3,13 y puesto 30), Puerto Carreño (3,11 y puesto 31) e Inírida (2,87 y puesto 32).

Según las organizaciones, estos hallazgos son coherentes con la evolución positiva que ha mostrado la mayoría de las ciudades en su desempeño competitivo. De hecho, 30 de las 32 capitales evaluadas registraron un incremento en su puntaje general frente a la medición de 2019.

Los mayores avances en el puntaje general se registraron en Mitú, con un incremento promedio anual de 3,3 %, Puerto Carreño (2,4 %), y Montería (2,2 %). No obstante, se identificaron señales de alerta, como el caso de Mocoa, que presentó una caída promedio anual de 0,5 % entre 2019 y 2025.

El ICC 2025 se compone de 92 indicadores construidos a partir de datos duros provenientes de cerca de 40 fuentes oficiales nacionales. Estos indicadores se agrupan en 13 pilares y cuatro factores de competitividad.

El pilar de condiciones habilitantes refleja la dotación de equipamientos y capacidades básicas, evaluando temas como la gestión de recursos, capacidad institucional, acceso a la justicia, infraestructura, desempeño en TIC y condiciones ambientales. Por su parte, el pilar de capital humano da cuenta de las condiciones que permiten a la población acceder a una mejor calidad de vida desde la salud y la educación.

Los dos pilares restantes muestran la facilidad para hacer negocios y el dinamismo de la economía (eficiencia de los mercados) y la diversificación productiva, así como las capacidades y resultados en materia de innovación, investigación científica y producción de conocimiento y propiedad intelectual (ecosistema innovador).

El objetivo principal del Índice de Competitividad de Ciudades es proveer a diversos actores (ciudadanía, sector privado, academia y gobiernos locales) una medición objetiva acerca del desempeño competitivo de las 32 ciudades capitales de departamento en Colombia.

“Se busca que este ejercicio sea un insumo crucial que contribuya a enriquecer el debate de los grandes temas del país desde un enfoque subnacional de competitividad. También pretende aportar evidencia que oriente el diseño y la implementación de políticas públicas y estrategias privadas con impacto directo en el bienestar y el desarrollo regional”, destacaron los autores.

Fuente: Valora

La próxima semana entra a regir impuesto para todas las importaciones con plásticos de un solo uso

En cumplimiento de esta sentencia, la DIAN emitió recientemente un proyecto de resolución que establece el mecanismo para el cobro de este tributo.

En 2022, en Colombia se creó el impuesto sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para empacar bienes para consumo propio. Desde ese momento, los ciudadanos comenzaron a ver un cobro, por ejemplo, en las bolsas plásticas al hacer mercado.

Esa expresión “para consumo propio”, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional y, como consecuencia, todas las operaciones de importación que tengan plásticos de un solo uso tendrían que estar gravadas por este impuesto.

Esto quiere decir que quedó sujeta del pago de este impuesto toda importación de productos de un solo uso destinados a ser comercializados para envasar, embalar o empacar otros bienes, así como la importación de productos plásticos en la forma de envases, embalajes o empaques de otros bienes.

En cumplimiento de esta sentencia, la DIAN emitió recientemente un proyecto de resolución que establece el mecanismo para el cobro de este tributo. En el marco de la Cumbre Colombiana del Carbón 2025, de Fenalcarbón, Valora Analitik conversó con Miguel Ángel Espinosa, presidente de Fitac, quien anunció que la medida entrará en vigor la próxima semana y plantea retos para su implementación 

plásticos de un solo uso

Los plásticos de un solo uso en Colombia. Foto: tomada de Freepik

¿Cómo funcionará el impuesto de plásticos de un solo uso en importaciones?

A manera de contexto, Espinosa explicó que “la Corte Constitucional emite una sentencia que dice que no solamente los plásticos que se utilizan aquí cuando vamos a ir a comprar un mercado, a una tienda y te ofrecen una bolsa plástica tienen que pagar el impuesto”.

Sobre la nueva medida explicó que, “para equilibrar la balanza, la Corte Constitucional dijo que no solamente tienen que pagar los impuestos los productos que se producen acá en el país, sino los que vienen de importación”.

Es decir, “el televisor que uno compra en cualquier tienda aquí en el país y viene desde el exterior, empacado en una caja de plástico o con un componente plástico envuelto”, están sujetos de este tributo.

Afirmó que actualmente la DIAN, en respuesta a esa sentencia de la Corte Constitucional, “tiene que empezar a mirar cómo se cancelan los tributos aduaneros y los impuestos sobre ese plástico que viene en cada televisor que se importa en el país”.

“Cuando uno ya va a operativizar ese discurso de cuidado del medio ambiente a una gestión logística empieza a quedarse muy enredado. Hemos tenido varias discusiones con la DIAN porque ellos también están preocupados” sobre la forma para implementar este gravamen.

Y consideró que: “Es un costo pequeño, pero si no lo calculas, si no lo pagas, tienes una sanción tributaria y una sanción económica”, por lo que advirtió sobre los desafíos para operativizar la medida, que será un reto no solo con este gobierno, sino con los que vengan.

Fuente: Valora

primicia | Luis Eduardo Llinás saldría de la dirección de la DIAN en nuevo remezón del Gobierno; este sería su reemplazo

Con este cambio, la entidad sumaría su cuarto director en lo que va del Gobierno de Gustavo Petro.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendría su cuarto director durante el Gobierno Petro. Valora Analitik pudo confirmar que Luis Eduardo Llinás, quien llegó en enero de este año en medio de cuestionamientos por filtraciones y posible tráfico de influencias, saldría próximamente de la entidad.

Su paso por la dirección de la DIAN completaría cerca de nueve meses, cargo al que llegó en reemplazo de Jairo Orlando Villabona, a quien el presidente Petro pidió su renuncia, tras seis meses al frente de la entidad. Antes de Villabona, la entidad encargada del recaudo de impuestos en Colombia estuvo liderada por Luis Carlos Reyes.

De acuerdo con la información obtenida por Valora Analitik, se estaría a la espera del decreto que oficialice la decisión.

Este es el perfil de quien llegaría a la dirección de la DIAN

Según conoció este medio, el designado para ser nuevo director de la DIAN sería el actual viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt Galeano. Es economista, con 36 años de experiencia.

En su perfil del Ministerio de Hacienda se destaca que es experto en economía pública, análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos. Además, es docente y consultor.

Es egresado de economía de la Universidad Nacional de Colombia (1989) y de la Maestría en Economía, del Convenio BID – Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina (1998).

Ha sido superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría Distrital de Movilidad, director de Economía y Finanzas Distritales en la Contraloría de Bogotá, entre otros cargos.

Además, ya tiene experiencia en la DIAN: fue jefe de la Oficina de Estudios Económicos.

Fuente: Valora

Nuevo aumento en precio de la gasolina y el diésel en Colombia: así quedarán las tarifas y sus efectos en el bolsillo

Con este ajuste, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica en $15.968 por galón.

A partir de este viernes 24 de octubre de 2025, los colombianos deben prepararse para pagar un poco más por llenar el tanque. El Ministerio de Minas y Energía anunció un incremento de $100 por galón en los precios de la gasolina y el diésel, una medida que ya rige en las principales ciudades del país.

Con este ajuste, el precio promedio nacional de la gasolina se ubica en $15.968 por galón, mientras que el diésel alcanza un promedio de $10.785. Aunque el incremento pueda parecer leve, representa un nuevo paso dentro de la política de actualización gradual de combustibles que el Gobierno ha venido aplicando desde 2022, con el fin de reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

En las principales ciudades, el aumento deja diferencias notables. En Bogotá, el galón de gasolina cuesta ahora $16.393, mientras que en Villavicencio se registra el precio más alto del país, con $16.493. En contraste, Pasto mantiene la tarifa más baja, con $14.150 por galón, seguida por Cúcuta, donde cuesta $14.366. En otras capitales como Medellín, Cali y Bucaramanga, el valor ronda entre $16.150 y $16.400.

En cuanto al diésel, el comportamiento es similar. Cali lidera con el precio más alto, $11.218 por galón, mientras que Cúcuta conserva el más bajo, con $8.832. En Bogotá, el galón se ubicó en $11.076, y en Medellín, en $11.098. Estas variaciones obedecen principalmente a factores como los costos de transporte y distribución del combustible, así como a las particularidades logísticas y tributarias de cada región.

Detrás del aumento se encuentran razones tanto internas como externas. Por un lado, el valor internacional del petróleo y el comportamiento del tipo de cambio han presionado los costos de importación y refinación. Por otro, el Gobierno continúa reduciendo los subsidios al precio interno del combustible, una medida que busca equilibrar las finanzas del FEPC, el cual durante años ha asumido la diferencia entre los costos reales y el precio que pagan los consumidores.

Aunque el ajuste de $100 puede parecer moderado, su impacto acumulativo se siente en distintos sectores. Para los transportadores, por ejemplo, implica un aumento en los gastos operativos que, a su vez, puede trasladarse a los costos de fletes y al precio final de los productos. En el transporte público, los conductores advierten que cada incremento se suma a una carga que ya resulta difícil de manejar sin ajustes en las tarifas. Y para los hogares, especialmente los que dependen del vehículo propio, el alza significa una presión adicional sobre el presupuesto mensual.

El efecto del aumento también podría tener repercusiones indirectas en la inflación. Al subir los costos de transporte y distribución, los precios de bienes y servicios básicos podrían registrar ligeras variaciones al alza en las próximas semanas.

Aun así, el Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para estabilizar las finanzas públicas y avanzar hacia un esquema de precios que refleje mejor los costos reales del mercado. Según el Ministerio de Minas, la política de actualización gradual busca evitar incrementos bruscos y permitir que los consumidores se adapten progresivamente.

En un país donde el transporte por carretera mueve más del 70 % de los bienes y alimentos, cualquier variación en el precio del combustible tiene un efecto directo en la economía cotidiana. El nuevo incremento, aunque pequeño en apariencia, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre cómo equilibrar la sostenibilidad fiscal del Estado con el poder adquisitivo de los colombianos.

Fuente: Valora

Estar en la Lista Clinton representa para el presidente Gustavo Petro una ‘muerte civil’

El jefe de Estado; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro; y el mininterior, Armando Benedetti, enfrentan un bloqueo financiero

Luego de tantas amenazas, finalmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su promesa de imponer duras sanciones al presidente Gustavo Petro.

El mandatario fue incluido a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, más conocida como la ‘Lista Clinton’.

Junto al jefe de Estado se designó a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Con esto, Petro es el primer presidente de Colombia que entra a esta lista negra, pero se une a otros dignatarios de la región como Nicolás Maduro, que está en la lista desde 2013; el expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) y el expresidente de Haití, Michel Martelly (2011-2016).

Otros presidentes en el mundo que están en este listado son el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa (desde 2017) y el presidente de Bielorrusia, Alyaksandr Lukashenka (desde 1994).

Las consecuencias

El hecho de ser incluido en la denominada Specially Designated Narcotics Traffickers List implica que el jefe de Estado enfrentará un bloqueo financiero, la afectación de su reputación y hasta un aislamiento político, es decir, Petro entró en un estado de lo que los abogados llaman como ‘muerte civil’.

El Presidente no podrá firmar contratos, hacer negocios con personas o empresas de Estados Unidos o relacionadas a ese país, abrir una cuenta bancaria ni comprar o hacer uso de sus activos en territorio norteamericano.

De acuerdo con Javier Coronado Díaz, socio de la firma de abogados estadounidense Diaz Reus y especialista en las sanciones de Ofac, aunque Petro puede seguir firmando contratos o acuerdos en su calidad Presidente de Colombia, es probable que personas y entidades estadounidenses, así como empresas extranjeras sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, opten por abstenerse de participar en operaciones o transacciones que involucren directa o indirectamente al presidente Petro.

“Es probable que aumente el escrutinio sobre las operaciones entre empresas estadounidenses y contrapartes colombianas, especialmente aquellas vinculadas al gobierno central o a proyectos donde intervenga la Presidencia”, dijo Coronado.

El abogado aclaró que la sanción no implica una ruptura de las relaciones comerciales entre Colombia y EE.UU, pero dijo que personas y empresas podrían abstenerse de realizar transacciones que beneficien a Petro.

¿Se puede apelar la decisión de la Ofac?

El abogado Javier Coronado Díaz aseguró que las personas designadas pueden solicitar su exclusión (delisting) de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN List) mediante una Petición de Exclusión presentada ante Ofac.

En dicha solicitud, el afectado debe demostrar que la designación fue errónea o las circunstancias que motivaron la sanción ya no existen, lo que es poco probable en el caso de Petro, debido a sus relaciones actuales con el presidente Donald Trump.

En ese caso, si la petición es rechazada, el presidente Petro puede presentar una demanda ante un tribunal federal en los Estados Unidos.

Fuente: La Republica

Petro considera que EE.UU. violó su estado de derecho al agregarlo a la Lista Clinton

Exasesora del Gobierno Clinton señaló que la decisión de Donald Trump muestra la falta de correctos procesos diplomáticos

El presidente Petro reaccionó a las declaraciones a la exasesora del gobierno de Bill Clinton, Michele Mannat, sobre la entrada del mandatario a la Lista Clinton. 

"Creo que el actual gobierno de los EE.UU. violó su estado de derecho al sancionarme como si fuera un mafioso, cuando dediqué mi vida a luchar contra las mafias. Su desespero llevará a armarme trampas, estoy listo para luchar. Por mi y por mi pueblo", dijo el presidente en sus redes sociales.

Mannat señaló que esta acción es un ejemplo del estilo de como Donald Trump maneja las relaciones exteriores del país de forma personal, y muestra la falta de correctos procesos diplomáticos.

"Lo que ha pasado es que una vez más Donald Trump está manejando la política de nuestro país sin un proceso correcto", e indicó que quienes respaldaron fueron senadores republicanos de Florida, quienes no respetan los procesos necesarios en casos como estos.

Comentó que cuando ella estaba en el Gobierno Clinton, el proceso para incluir a una persona en la Lista obedecía a estrictos protocolos e investigación. "Lo que hemos visto es que la decisión está basada en los prejuicios de estos funcionarios estadounidenses".

Efectos para Colombia

El asesor señaló que no tiene necesariamente un impacto directo en el sector económico ni en la energía, agricultura, etc, entre los dos países. "Estas sanciones son individuales, pero ahora hay un proceso legal que Petro inició con abogados para defenderse". Finalmente lo calificó como "otra etapa de tensión no merecida" entre los dos países.

Fuente: La Republica