Dólar en Colombia corrigió tendencia y cerró al alza; deuda pública se valorizó, según ETF
La tasa de cambio se recuperó al mediodía de la tendencia a la baja que mostró en la primera hora, cuando registró un mínimo de $3.997,56.
El dólar en Colombia cerró con un precio de $4.028,20. que es superior al último valor registrado el viernes de la semana pasada ($4.013), según datos de Set-Icap.
La tasa
de cambio se recuperó de la tendencia a la baja que mostró en la primera hora,
cuando registró un mínimo de $3.997,56. Minutos antes del mediodía, llegó a un
máximo de $4.029,80 y se mantuvo alrededor de ese valor el resto de la jornada.
La apertura bajista ($4.012) fue atribuida por los analistas a las palabras del presidente de la FED, en el seminario de Jackson Hole, donde reconoció que los riesgos sobre el empleo están aumentando, lo que deja abierta la puerta a que en septiembre inicie un ciclo de recortes de tasas.
Paula Chaves, analista de mercados de HFM, destacó que el dólar se mueve en un delicado equilibrio, presionado a la baja por las expectativas de recortes de tasas en EE. UU., pero todavía sostenido por la incertidumbre global. El índice DXY continúa en 98 puntos.
“Para el peso colombiano, esta coyuntura abre la posibilidad de una apreciación adicional, aunque condicionada al comportamiento de esos soportes críticos que definirán si la historia es de continuidad bajista o de pausa técnica”, dijo.
En otros mercados, el precio del petróleo logró mantener e incluso incrementar las ganancias registradas desde esta mañana pues a los operadores les preocupa que el suministro de crudo ruso pueda verse afectado por las sanciones de Estados Unidos.
Así, a las 12:30 p. m., hora Colombia, la referencia WTI ganaba el 2,10 % hasta los US$65 por barril y el Brent se valorizaba un 1,70 % y se cotizaba en US$68,36.
En Estados Unidos, este lunes se conoció el dato de venta de viviendas nuevas, las cuales llegaron a 652.000 contratos firmados en julio, superando la proyección de Bloomberg de 630.000 gracias a los menores precios y los incentivos.
En Colombia, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, reveló que es probable que a las emisiones de TES 2029, 2033 y 2040 se sumen unas 2035 para gestionar el riesgo de refinanciación con la deuda de corto plazo y construir varios puntos líquidos a lo largo de toda la curva, de acuerdo con la respuesta que escribió a un análisis del Banco de Bogotá.
Finalmente, la deuda pública (TES) en Colombia cerró mercados con una valorización del 0,39 %, que equivale al promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Fuente: Valora
Crédito Público revela nuevos puntos de estrategia de deuda en Colombia
El mercado podría contar próximamente con más TES tasa fija luego de que se hicieran emisiones en títulos a 2029, 2033 y 2040.
El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, señaló que con las operaciones repo en los títulos de deuda colombianos (TES) que vienen haciendo en los últimos meses, además de gestionar el riesgo de refinanciación con la deuda de corto plazo, su objetivo es construir varios puntos líquidos a lo largo de toda la curva.
“Ya lo hemos hecho con 2029, 2033 y 2040. Es probable que lo hagamos también en el futuro con el 2035”, escribió en respuesta a un análisis del Banco de Bogotá sobre las operaciones de manejo de deuda para reducir riesgo de liquidez.
De esta forma, el mercado podría contar próximamente con TES tasa fija con vencimiento a 2035, luego de que se hicieran emisiones por $12,6 billones en los títulos a 2029 $15,9 billones en la referencia 2033 y $10,8 billones en la 2040.
La premisa de Cuéllar es que entre más profundo sea el mercado y más papeles líquidos tenga la curva, mejor para la eficiencia costo-riesgo que busca la nueva estrategia de endeudamiento de MinHacienda.
El funcionario también explicó que estas operaciones permitirán atraer más flujos inversionistas institucionales, al aplicar la teoría del hábitat preferido. “Tener una curva llena de cupones obsoletos y títulos off the run es contraproducente para los flujos porque lo primero que piensa un inversionista grande es que entrar es fácil, pero lo difícil es salir de una posición sin castigar el precio”.
El Banco
de Bogotá reveló una estimación de $62,1 billones en compra de TES por parte de
la Nación en el marco de una operación repo que, a cambio, ha colocado $51,1
billones en otros títulos, lo que se traduce en una reducción del saldo nominal
en cerca de $11 billones.
De este monto superior a $60 billones, más de $22 billones, es decir, una tercera parte, corresponden a deuda que vence en 2025 y 2026, según los expertos de la entidad financiera, mientras que el remanente (cerca de $40 billones) “ha sido exclusivamente para recomponer los nodos de la curva e, incluso, el del portafolio de TES de la Tesorería y el de sus administrado”.
Esto llevó a Alejandro Rojas, economista senior del Banco de Bogotá, a concluir que “existe una posibilidad no menor de que la Tesorería Nacional se haya visto beneficiada de estas operaciones”.
De acuerdo con las declaraciones entregadas por Cuéllar en el Congreso regional Asobolsa, las compras de TES no van ni por el 25 %, también anticipó anuncios al respecto en los próximos días.
Esto le ha permitido al director de Crédito Público constituir una caja de más de $30 billones en activos líquidos, pues no están en pesos en el depósito del Tesoro Nacional, sino en títulos que “se pueden convertir en tres horas”.
Finalmente, Valora Analitik pudo confirmar que a la fecha no han ingresado dólares al país producto de la estrategia de liquidez del MinHacienda.
Fuente: Valora
Remesas a Colombia alcanzaron la cifra
más alta de la historia en julio, tras superar los US$1.150 millones
Según el Banco Unión, cerca del 18 % de los hogares colombianos reciben remesas, beneficiando directa o indirectamente a más de 9,6 millones de personas.
En julio de 2025, los trabajadores colombianos en el exterior enviaron US$1.158,36 millones en remesas al país, la cifra más alta desde que se llevan registros, según estadísticas del Banco de la República.
Las transferencias hechas en el séptimo mes del año son 15,1 % más altas que las del mismo periodo en 2024 y se ubican 6,8 % por encima de las de junio de este año. Además, superan por US$60 millones las de abril, que habían sido las más altas del año.
Así, entre enero y julio de este año, las remesas superan los US$7.566 millones y son 14,1 % más altas que en el mismo periodo en 2024 (US$6.633,9 millones). Esto ha llevado a los analistas a proyectar que estas transferencias alcancen una participación cercana al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, cifra histórica para el país.
“Este año, estamos viendo un buen comportamiento en el ingreso de remesas, con cifras que marcan un récord en la historia reciente del país. Este flujo constante de recursos no solo refleja la confianza de los colombianos en el exterior, sino que también se ha convertido en un pilar fundamental para el bienestar económico de millones de hogares”, afirmó Juan Sebastián González, director de Remesas de Banco Unión.
Las remesas han presentado aumentos importantes en los últimos años, incluso por encima de lo proyectado por el equipo técnico del Banco de la República.
De hecho, en 2024, rompieron récord y superaron los US$11.840 millones, tras aumentar un 17,4 % en comparación con el dato de 2023 (US$10.091,01 millones). Esta cifra equivale al 2,8 % del PIB colombiano.
Según el Banco Unión, cerca del 18 % de los hogares colombianos reciben remesas, beneficiando directa o indirectamente a más de 9,6 millones de personas. Estos recursos llegan, en su mayoría, a manos de mujeres entre los 40 y 65 años, ubicadas en zonas urbanas, quienes suelen estar al frente de la administración del gasto familiar, especialmente en rubros como alimentación, salud, educación y vivienda.
La entidad financiera también destacó la rápida digitalización en el envío de estos recursos, pues el año pasado el 54 % ingresaron directamente a cuentas bancarias, “facilitando el acceso, reduciendo barreras geográficas y promoviendo una mayor inclusión financiera”.
“La digitalización ha convertido a las remesas en una puerta de entrada al sistema financiero”, señaló González, al tiempo que celebró que las redes de corresponsales bancarios, comercios aliados y billeteras digitales sigan ampliando la cobertura en zonas rurales y no bancarizadas para acercar estos servicios a poblaciones tradicionalmente excluidas
Fuente: Valora
¿Crédito en Colombia se pondrá más caro o
más barato?: Los efectos de la inflación
El crédito en Colombia, vale recordar, está anclado a las tasas de interés del Banco de la República.
Una sorpresiva alza en el nivel de la inflación genera efectos clave sobre otros indicadores de la economía nacional, siendo el comportamiento del crédito en Colombia uno de los más importantes.
El movimiento de este dato está anclado a lo que decida la Junta Directiva del Banco de la República sobre las tasas de interés en el país.
El crédito en Colombia, este 2025, se ha abaratado cuando se compara con los datos del año pasado. Sin embargo, las nuevas alzas de la inflación generan menos espacio.
Un reciente análisis de Corficolombiana indica que, en su reunión del 30 de julio, la Junta Directiva del Banco de la República decidió, por mayoría, mantener la Tasa de Política Monetaria en 9,25 %, con el respaldo de cuatro miembros, frente a dos votos por un recorte de 50 puntos básicos y uno por un recorte de 25 pbs.
“La decisión se sustentó en la estabilización de la inflación básica y en que las expectativas inflacionarias de analistas y mercados aún se mantienen por encima de la meta, en un contexto internacional complejo y marcado por la lenta normalización de la política monetaria de la Reserva Federal”, contexto clave para tener en cuenta lo que pase con el crédito en Colombia.
Crédito
en Colombia: Lo otro que lo condiciona
Todo esto último, agrega el análisis, mientras la economía local continúa ganando tracción impulsada por la demanda interna.
Agrega el documento que la mayoría de la Junta afirmó que la reciente baja de la inflación es transitoria y no garantiza cumplir la meta del 3 %, puesto que la inflación básica no cede y las expectativas no mejoran.
“Además, alertaron sobre riesgos al alza por un aumento elevado del salario mínimo y el impacto del déficit fiscal, aunque señalaron que el buen desempeño económico permite seguir reduciendo la inflación sin afectar el crecimiento”.
Los codirectores que apoyaron un recorte de 50 puntos “creen que la política monetaria es demasiado restrictiva y frena el crecimiento, pese a que la inflación muestra una tendencia a la baja y las expectativas se encuentran del rango meta”.
Con base en las recientes minutas, el crédito en Colombia podría ser más barato si se sigue la recomendación de los codirectores que piden reducir 50 o 25 puntos las tasas.
Esto pues con un recorte en la tasa de política monetaria, agregan las minutas, podría impulsar la economía y ayudar a la sostenibilidad fiscal.
Según este pronóstico, se aboga “por equilibrar el control de la inflación con el crecimiento y el empleo, resaltando la estabilidad macroeconómica y proponiendo una baja gradual de tasas para recuperar la inversión y la confianza”.
Fuente: Valora
Algunos ponentes dicen que el Presupuesto General para 2026 debe recortarse en 7,2%
Mientras el Gobierno desea contar con el Presupuesto más alto de la historia reciente, algunos congresistas dijeron que la reducción debe llegar a $39,5 billones
Las comisiones económicas conjuntas, la Tercera y la Cuarta, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, se reunirán con el Gobierno para discutir el Presupuesto de 2026.
El Gobierno argumentó que los gastos inflexibles ascienden a $509 billones, con lo cual justifica que el Presupuesto alcance casi $557 billones. Pese a esto, varios miembros del legislativo solicitaron ajustes por $39,5 billones, lo que equivale al 7,2% del monto total.
Pero se espera que la reunión entre coordinadores y ponentes, junto con delegados del Ejecutivo, construya consenso acerca de lo que será la política fiscal para ese año.
El Gobierno puso algunas de sus cartas sobre la mesa: el total del Presupuesto será de $556,9 billones. De estos, $530,7 billones provendrán de ingresos y rentas de capital, a lo que se suma una ley de financiamiento por $26,3 billones.
Esta última supera el monto que el mismo Ministerio de Hacienda propuso en el Marco Fiscal de Mediano Plazo como reforma tributaria, plan que, según se indicó, inicialmente estuvo entre $19,6 billones y $25,4 billones.
Opositores a la iniciativa señalaron que debería haber recortes por $39,5 billones. De esa cifra, $26,3 billones dependen de la tributaria y $13,2 billones corresponderían a ingresos sobreestimados. Sobre este último punto citaron al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf.
Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático y ponente de la Comisión Tercera de Senado, dijo que muchas entidades registran una baja ejecución presupuestal, lo que, según él, evidencia que el Gobierno no ha sido eficiente en la gestión de los recursos que tiene en su poder.
“Lo más
responsable sería reducir el monto en mínimo $30 billones, de no ser posible en
$26,3, que es lo que tiene el Gobierno como ley de financiamiento”, afirmó
Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático.
El congresista añadió que deben estudiarse a fondo el gasto y la ley de apropiaciones para definir en qué se invertirán los recursos con los que el Ejecutivo contaría. Señaló que es necesario revisar los gastos de funcionamiento, el gasto primario y el general, sector por sector y ministerio por ministerio.
Enfatizó que este análisis debe hacerlo el Congreso, y no el Gobierno, mediante un decreto. También dijo que debe haber una modificación en la ley de apropiaciones, y que a las fuerzas militares y de seguridad debe asignárseles un mayor presupuesto, ya que, este, según él, se ha venido reduciendo.
Agregó que deben garantizarse recursos para inversión en sectores como vivienda, deporte, ciencia y tecnología, con el fin de que, además de los recursos de regalías, existan montos que cubran necesidades en áreas relacionadas con inteligencia artificial. Todo esto sin dejar de lado las vigencias futuras en infraestructura ni el rezago presupuestal (recursos no ejecutados) que quede de 2025.
Según Pérez, esta vez el camino debe ser recortar los gastos de funcionamiento, y no la inversión; ya que, este es el rubro de la política fiscal que impulsa el desarrollo económico.
“El monto debe disminuirse porque no es acorde con la realidad de ingresos de fuentes de financiación. Esto debe hacerse por consenso para que no se repita la historia de 2024. Esto debe aprobarse por el Congreso. Vamos a empezar la discusión y evaluar cuáles son las entidades más exitosas en la ejecución presupuestal, ya que hay un rezago en la ejecución y esto debe tenerse en cuenta para la asignación presupuestal de 2026”, expresó Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de Cámara.
Fuente: La Republica
Bancolombia: Déficit fiscal podría
limitar la capacidad del Gobierno de cumplir con las vigencias futuras
De no corregirse el déficit fiscal, el país podría enfrentar primas de riesgo más altas y una menor disponibilidad de recursos.
El incremento de los riesgos fiscales amerita una estrategia que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno con e el sector de infraestructura a través de vigencias futuras, así como una evaluación de la capacidad de financiamiento con que se cuenta actualmente, de acuerdo con un informe del Grupo Cibest (Bancolombia).
“Blindarlas implica asegurar que las decisiones de gasto de hoy no comprometan la solvencia institucional del Estado mañana. Más que un instrumento presupuestal, las vigencias futuras representan un compromiso de ejecución a futuro que debe estar respaldado por disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica”, detalló la entidad.
Las restricciones de liquidez, según el análisis, son producto de la creciente deuda pública, que podría superar el 70 % del Producto Interno Bruto (PIB), y del aumento desbalance fiscal, derivado del mayor crecimiento del gasto en relación con el recaudo tributario. “En ese sentido, las decisiones del Ejecutivo en materia de priorización del gasto, reglas de caja y capacidad operativa en el Ministerio de Hacienda resultan claves para preservar la senda de pagos acordada”, señaló.
De acuerdo con el informe, las vigencias futuras, particularmente en infraestructura, son uno de los frentes más sensibles en este contexto y se convierten en un riesgo operativo directo porque se ve comprometida la capacidad del Estado para honrar estos compromisos de largo plazos debido a la falta de condiciones de sostenibilidad fiscal para poder ejecutarse sin sobresaltos ni retrasos.
“Aunque el país está lejos de un escenario de incumplimiento o default, la presión sobre la caja y el deterioro de las señales fiscales podrían traducirse en mayores costos de financiamiento, afectaciones a la cadena de pagos y una menor disposición de inversionistas a participar en nuevos proyectos bajo esquemas de cofinanciación”, indicó.
Una mala
señal para los inversionistas
Además de poner en riesgo la continuidad de obras estratégicas, según el Grupo Cibest, el eventual incumplimiento en los pagos enviaría señales negativas a financiadores y contratistas.
“No se
trata solo de evitar incumplimientos, sino de preservar la credibilidad del
Estado como contratante, garantizar la ejecución ordenada de proyectos
estratégicos y evitar que una eventual crisis de confianza termine afectando la
inversión pública de mediano plazo”, indica el documento.
Finalmente, el Grupo Cibest señaló que, aunque Colombia mantiene capacidad de pago en términos agregados, la fragilidad en la caja del Tesoro genera una tensión creciente entre atender obligaciones corrientes y las adquiridas mediante vigencias futuras. “Esta situación se agrava en ausencia de un ancla fiscal clara y de mecanismos de priorización del gasto”, indicó.
El análisis fue enfático en que el riesgo de incumplimiento no proviene de la voluntad de pago, sino de un desbalance acumulado que limita el margen de maniobra, con potenciales retrasos en la ejecución y efectos reputacionales que podrían dificultar la estructuración y cierre de nuevos proyectos.
La entidad concluyó que, de no corregirse estas tendencias, el país podría enfrentar primas de riesgo más altas y una menor disponibilidad de recursos para honrar pagos futuros asociados a esquemas de Asociación Público-Privada (APP) y concesiones, por lo que insistió en que preservar su cumplimiento debe ser una prioridad explícita de la política fiscal “para garantizar la continuidad de la inversión pública como motor de crecimiento”.
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