La Dian explica cómo sería el aumento de impuestos para los empresarios
Su
director, Luis Carlos Reyes, advirtió que demoras en aprobación del proyecto de
ley de arbitraje de litigios, podrían pasarle factura en 2024.
Esta
semana se conocieron los balances de recaudo tributario para Colombia en el
2023, que quedó en $278,9 billones, los cuales fueron calificados por la Dian
como “históricos”, pese al debate que se ha generado por cuenta de quienes
resaltan que no se cumplió la meta establecida por el Gobierno Nacional, de
$290 billones.
En
charla con Portafolio, el director de esta entidad, Luis Carlos Reyes, aseguró
que quienes critican este logro “no saben de qué están hablando”, al tiempo que
lanzó una alerta frente al futuro de los $15 billones que espera el Ministerio
de Hacienda por cuenta de litigios y arbitramentos para 2024, cifra que podría
terminar siendo menor.
¿Qué
balance le deja el recaudo 2023?
Es
un balance realmente histórico para la Dian y lo digo en un contexto en el cual
se ha devaluado mucho ese término “histórico”. Algo que se venía haciendo
anteriormente, no solo en la Dian, sino en general en el sector, era decir este
año tenemos el presupuesto de educación más alto y el recaudo más alto de la
historia y era porque en pesos nominales todo siempre es más alto porque hay
inflación.
Aquí
nosotros no estamos haciendo eso, estamos mostrando las cuentas tanto como
porcentaje del PIB, que obviamente no está sujeto a la inflación, como en
términos de crecimiento real, crecimiento de poder adquisitivo del recaudo, y
en ese sentido tenemos un recaudo histórico.
Hay
gente que dice que no se cumplió la meta…
Me
parece que todos estos expertos en metas de recaudo que surgieron en el último
año, ya que están interesados en el tema y quieren profundizar, deberían
entender un poco mejor cómo funcionan esas metas de recaudo. Son metas que se
ajustan durante el transcurso del año, según la evolución de variables
macroeconómicas que se van observando en el transcurso del año.
Esa
meta que están citando no es el resultado final de recaudo. La meta final de
recaudo se establece con base en los datos observados de PIB del año y dado que
el Dane no los reporta sino hasta febrero, es en febrero que se dan las cuentas
finales. Quienes están diciendo que no se cumplió la meta, me parece que no
saben de qué están hablando.
Primero
hay que dejar claro que no es cierto que una gran parte del Presupuesto dependa
de los litigios, son alrededor de $15 billones, que yo pienso que se tendrá que
ajustar dadas las demoras que ha habido en la aprobación del proyecto de ley de
arbitraje.
Por
otro lado, me parece que también, quienes traen a colación este tema de
arbitraje de litigios como un tema de la Dian, están confundiendo categorías.
¿Por
qué?
La
Dian no pasa leyes al Congreso, nosotros no tenemos mucho qué hacer, no se
puede medir la eficiencia de nosotros con el arbitraje de litigios, mientras no
haya una ley de arbitraje de litigios. Quien está a cargo de la iniciativa
legislativa en términos tributarios es el Ministerio de Hacienda.
Así
que me empieza a sorprender esa insistencia desde diversos sectores, en que el
proyecto de ley de arbitraje de litigios se mezcla, se revuelve, con la
eficiencia de la Dian. Es un tema de gestión legislativa desde el Ministerio de
Hacienda y me parece que eso tiene que quedar muy claro.
¿Entonces
cuál es el papel de la Dian?
Nosotros obviamente estamos listos para rendir cuentas con respecto al recaudo que hacemos, con base en las leyes existentes, y por ese lado entonces las proyecciones de recaudo que se hacen con base en eso pensamos que son totalmente razonables.
Es
más, estamos seguros de que una vez aprobado el proyecto de ley de litigios,
que esperamos que tenga un buen trámite en el Congreso, esa segunda meta sea
perfectamente cumplida.
¿En
cuánto podría quedar la cifra de litigios y arbitrajes?
No,
no hay un cálculo específico en este momento, pero creo que quienes podrían
hablar de un cálculo sería precisamente el Ministerio de Hacienda, que es el
que conoce íntimamente los detalles de su estrategia legislativa. Todo depende
de cuándo se apruebe y cuándo se pueda poner en práctica, para hacer cualquier
tipo de análisis frente a este tema.
¿Se
necesita una nueva reforma tributaria?
Me
parece que, tal y como lo ha manifestado el presidente, puede ser conveniente
recortar impuestos a las utilidades de las empresas para subirles impuestos a
las personas naturales que son dueñas de esas empresas, siempre y cuando esto
no implique una disminución del recaudo, dado que algunos estudios sugieren que
eso puede aumentar la eficiencia de la actividad económica.
¿Se
ampliará la base gravable de personas naturales?
El
presidente ha sido muy claro con respecto a que esto no es para tocar a las
personas naturales que se protegieron en la reforma tributaria de 2022. Es muy
importante tener en cuenta que la idea, si se llega a dar esta reforma, es
reducir impuestos a las utilidades de las empresas y subir impuestos a las
personas naturales dueñas de esas empresas. La inmensa mayoría del país no es
dueño de empresas y, por lo tanto, no tocaría a esas personas la reforma
tributaria.
¿Cuánto
variaría el recaudo con este cambio?
Hay
muchos escenarios posibles. Obviamente, no se deberían tomar medidas que
reduzcan el recaudo tributario, pero de nuevo, lo que ha planteado el
presidente es algo más enfocado en la eficiencia del recaudo que en un aumento
del mismo. Creo que también sería una excelente oportunidad para simplificar
procedimientos tributarios y hacer toda una serie de cosas que faciliten la
inversión, que den seguridad jurídica a los inversionistas.
Fuente:
Portafolio
Con
decreto, el GEA y el Grupo Gilinski seguirán adelante con el Acuerdo de Madrid
El
decreto fue publicado en la noche del martes y permitirá a las empresas
continuar con el proceso que se pactó
El
Gobierno Nacional finalmente publicó el decreto con el que podrá continuar el
acuerdo al que llegaron el Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y el Grupo
Gilinski el año pasado. Con la normatividad, las compañías involucradas podrán
realizar el intercambio de acciones que tienen planteado, más la Oferta Pública
de Adquisición, OPA, que se tenía contemplada en el pacto al que llegaron tras
una reunión en Madrid durante 2023.
Con
el decreto, publicado en la noche del martes, se establece la obligación de que
se realice una OPA cuando haya un intercambio directo de acciones entre
compañías que cumplan ciertos requisitos, con el objetivo, según dice el
Gobierno, de proteger a los accionistas minoritarios de las empresas
involucradas.
Así,
la norma establece que, cuando los inversionistas pacten un contrato de
adquisición de acciones por medio de un intercambio, deberán realizar una OPA
dentro del mes siguiente al que lo hagan. Estos inversionistas deben tener la
calidad de beneficiario real de más de 25% y menos de 50% del capital con
derecho a voto de la sociedad, en más de dos sociedades inscritas en el mercado
de valores.
Esta
OPA deberá ser dirigida a los inversionistas que no participaron en este
intercambio.
“Hay un acuerdo entre el Grupo Antioqueño y la
familia Gilinski respecto a un intercambio de acciones por las diferentes
empresas que ellos tienen. Y para poder llevar a buen término el Acuerdo de
Madrid, se necesitaba un permiso para poder permutar acciones”, explicó el
martes el superintendente César Ferrari sobre la necesidad de que se publicara
este decreto.
El
Acuerdo de Madrid
Con
esta decisión, las empresas involucradas en el GEA y el Grupo Gilinski podrán
continuar con el acuerdo en el que los primeros entregarán su participación en
el Grupo Nutresa, a cambio de que el banquero caleño y sus socios árabes salgan
del Grupo Sura.
Esto
se haría bajo un largo proceso, que incluyó la escisión de Nutresa en dos, una
nueva OPA y dos intercambios directos de acciones.
Este
proceso es el que el Gobierno buscó regular con el decreto, con el que se
comprometió el mismo presidente Gustavo Petro en una reunión con los
presidentes de ambos grupos.
El
primer paso ya se dio, con la escisión de Nutresa en Nutresa Alimentos (que
mantiene el negocio de la compañía) y de la llamada Sociedad Portafolio, que
mantiene las participaciones que hay en Grupo Sura y Grupo Argos.
Luego,
ambos grupos pactaron el mencionado intercambio en donde Argos y Sura
entregarán 45,5% de las acciones que tienen en Nutresa Alimentos al Grupo
Gilinski, que pasaría a tener 76,9% de participación de este negocio. En
contraprestación, las compañías paisas recibirán acciones que Gilinski tiene en
Sura y en la mencionada Sociedad Portafolio, equivalente al 45,5% que
recibieron.
"Después
de esa permuta de acciones, viene la OPA y esa OPA va a ser inmediatamente
después de que se concrete parte del acuerdo", explicó Ferrari el martes.
Según
lo pactado, esa Oferta será conjunta, entre Sura, Argos y una empresa designada
por el Grupo Gilinski, por 23,1% de las acciones de Nutresa Alimentos.
“La
solicitud de autorización de la realización de manera obligatoria de la OPA,
para ser ofrecida a los accionistas minoritarios, es la manera de protegerlos,
ya que se garantiza el derecho a acceder a este mecanismo”, agregó el
Ministerio de Hacienda al responder las observaciones al proyecto de decreto,
que se publicó el 28 de diciembre.
El
objetivo de la OPA, según se acordó, será alcanzar al menos 10,1% de las
acciones, de tal manera que el Grupo Gilinski alcance al menos 87% de Nutresa,
porcentaje pactado en el Acuerdo de Madrid.
En
el documento, también se advirtió que la medida es necesaria para que se
“reconozcan las necesidades de los accionistas minoritarios que, ante la
circunstancia de concentración accionaria, tendrán menor poder de negociación
ante cualquier evento de intercambio de propiedad entre inversionistas
mayoritarios”.
En
esta OPA, según está en el acuerdo marco y en el otrosí que se firmó, los
accionistas tendrán tres opciones: recibir a cambio acciones de Grupo Sura y
Sociedad Portafolio; recibir US$12 por acción o elegir una combinación de ambas
modalidades.
Luego
de este proceso, vendrá un segundo intercambio directo en el que Grupo Sura y
Grupo Argos entregarán hasta 10,1% de las acciones conseguidas en la OPA que se
realizó. En contraprestación, el Grupo Gilinski entregará las acciones de Grupo
Sura y Sociedad Portafolio que no fueron entregadas en el primer intercambio.
En
el último paso, se liquidará la Sociedad Portafolio, lo que implicará que cada
accionista de esta reciba acciones de Grupo Argos y de Grupo Sura.
Según
explicaron en su momento, tras el fin de todo este proceso, Grupo Argos pasaría
a tener alrededor de 70% de Grupo Sura, mientras que esta pasaría a tener
alrededor de 36% de Grupo Argos. Esta última compañía ha dicho que en un plazo
máximo de tres años "tomará decisiones sobre su participación en Grupo
Sura que sean consistentes con su especialización en el negocio de
infraestructura".
Fuente:
La Republica
Por
qué habría inconstitucionalidad en el Presupuesto General de la Nación del 2024
Expertos
advierten que es necesario subsanar las fallas encontradas en la liquidación de
los rubros de inversión no discriminados por el Minhacienda.
Todo
un revuelo se sigue presentando al interior del Ministerio de Hacienda por
cuenta de los errores que hay en el Presupuesto General de la Nación aprobado
para el 2024, el cual, según hallazgos revelados por Portafolio, tiene dos
errores en su reglamentación, uno legal y otro técnico, que ponen en riesgo las
finanzas del país.
El
primero de ellos está relacionado con el Decreto 2295 del 29 de diciembre de
2023, también conocido como decreto de liquidación presupuestal, que contiene
en su interior el anexo que discrimina el gasto presupuestal para 2024, cuando
la ley obliga a que estos dos documentos deben ir por separado, violando el
artículo 67 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto.
En
segundo lugar, y un poco más grave, según los expertos, en el desglose del
gasto para este año, el documento emitido por el Gobierno Nacional deja en el
aire al menos $13 billones en cuatro entidades, ya que no se especifica cómo
será su gasto, pese a que la legislación obliga a que se entregue un alto nivel
de detalle en este tema.
Se
trata de los recursos de inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura
por $7,3 billones; del Instituto Nacional de Vías por $3,2 billones y las
asignaciones del Ministerio de Hacienda para manejo de Sistemas de Transporte
Masivo ($1,6 billones) y Sistemas Férreos ($351.000 millones).
Así
mismo, aparecen los montos de inversión para infraestructura educativa del
Ministerio de Educación, por $560.000 millones, que, por ejemplo, afectaría la
construcción de nuevas escuelas y colegios oficiales en todo el territorio
nacional para mejorar el acceso a este servicio esencial para el futuro del país.
Con
el fin de ahondar en las consecuencias que podrían acarrear estas fallas a las
finanzas de la Nación, Portafolio habló con tres expertos en temas
presupuestales y normativos frente a este tema, quienes explicaron que, como
está redactado el Presupuesto Nacional, se podría interpretar que tiene vicios
de inexequibilidad.
El
primero de ellos fue el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien
explicó que el primer error es más de forma que de fondo y podría subsanarse
sin mayores contratiempos, siempre y cuando se cumplan con dos requerimientos
muy importantes en materia de avales y planificación.
“En esto es fundamental que la ley que apruebe
el Presupuesto tenga dos componentes: Primero, el estimativo de los ingresos y
segundo, las autorizaciones de gastos. Si está claro en el proyecto, en la ley
que aprobó el Congreso, cuáles son esos dos grandes capítulos, no creo que se
pueda caer en un formalismo sobre si está el anexo adentro o afuera del
decreto”, explicó.
No
obstante, este economista, especializado en derecho económico, advierte que
debe preocupar el hecho de que no se discriminen a fondo la ejecución de los
recursos de las cuatro entidades ya mencionadas, puesto que la ley “no es muy
amiga” de las partidas globales y exige que se explique claramente cómo se
usarán los recursos de los colombianos.
“Puede
haber un problema porque si la definición es así, tan global, rompe el
principio de que la designación del gasto debe especificar el rubro y el
objetivo. Si solamente tiene para mantenimiento un área general, pero no dice
cuáles serán los proyectos, pues eso rompe con el principio de la especificidad
del gasto”, agregó el exministro de Hacienda, que a su vez resaltó que así se
arreglen los errores, “el riesgo de que se le reprochen vicios de
constitucionalidad sigue vigente, porque la ley está aprobada”.
Otro
experto consultado por este medio fue el exviceministro de Hacienda, Juan
Alberto Londoño, quien indicó que lo más grave de todo es que se está poniendo
en riesgo la ejecución del Presupuesto Nacional, advirtiendo que cualquier
ciudadano podría demandar la legalidad del documento ante la rama judicial, si
no se corrige el error cuanto antes.
“El
Gobierno tendría que reconocer su error y sacar un decreto que se llama un
decreto de yerros. ¿Qué quiere decir esto?, que les toca salir a decir que nos
equivocamos en esto y lo estamos corrigiendo, manteniendo lo aprobado por el
Congreso. Si no sacan ese decreto, cualquier ciudadano podría demandar la
liquidación del presupuesto, pedir su suspensión provisional”, explicó Londoño.
En
caso de que esto llegara a pasar, este experto advirtió que “eso haría que el
Presupuesto General de la Nación no se pudiera ejecutar y eso quiere decir que
no se podrían pagar salarios, no se podrían pagar pensiones, no se podría
cumplir con todas las obligaciones que tenemos en materia de infraestructura y
demás”.
Por
último, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la
Universidad del Rosario, dijo que no hay que pasar por alto que en el peor de
los escenarios, “si la Corte Constitucional falla sobre la inexequibilidad de
algún procedimiento o alguna norma que haya llevado todo el desarrollo de la
reglamentación presupuestal, en la que fue la ley anual de presupuesto para
2024, pues genera incertidumbre, porque quedaríamos pendientes de saber qué
pasaría con un asunto tan importante”.
Revuelo
entre los expertos y asesores del Minhacienda
Fuentes
al interior del Gobierno Nacional contaron a Portafolio que las falencias que
se han presentado con el Presupuesto General de la Nación han generado malestar
entre algunos asesores y funcionarios relacionados con el proceso, lo cual ha
derivado en la renuncia de por lo menos dos expertos del Ministerio de
Hacienda, quienes prefirieron dar un paso al costado antes de arriesgarse a una
investigación en el futuro por parte de los entes de control, teniendo en
cuenta las alertas que se han emitido, tanto a la Dirección General de
Presupuesto como a instancias superiores, las cuales al parecer no han sido
escuchadas por los altos cargos en esta entidad. Hasta el momento no se han
subsanado los errores del Presupuesto Nacional 2024.
Fuente:
Portafolio
Estos
son los bancos con tasas de interes más cercanas y lejanas a la usura de
febrero
Algunas
de las entidades con tasas más lejanas a la usura son Banco Agrario, Itaú,
Scotiabank Colpatria, Bancolombia, Banco Davivienda y Banco de Bogotá
La
tasa de usura, el máximo interés que los bancos pueden cobrar a los usuarios,
sigue con tendencia a la baja y se ubicó para febrero en 34,97%. Lo que
representa una ligera reducción en comparación con la que había en enero, que
era 34,98%.
En
abril del año pasado, la tasa llegó a niveles máximos de 47,09% efectivo anual,
para luego caer, por primera vez, en mayo de 2023, después de un año y medio de
no hacerlo.
Como
se sabe, la medida impacta los créditos de consumo y ordinario, como las
tarjetas de crédito, y pone a los bancos a replantear sus tasas si se
encuentran por encima de esta.
Según
datos publicados por la Superfinanciera con corte al 19 de enero, Banco Agrario
(16,15% E.A.), Itaú (16,40% E.A.), Scotiabank Colpatria S.A. (16,47% E.A.),
Bancolombia (16,75% E.A.) Banco Davivienda (20,15% E.A.) y Banco de Bogotá
(20,36% E.A.), son los bancos que tienen las tasas efectivas anuales, más
bajas, es decir, las más lejanas a la usura. Esto en tarjetas de crédito para
ingresos superiores a dos salarios mínimos.
Mientras
que Ban100 (34,98% E.A.) y Banco Unión (34,65% E.A.) son los que tienen los
niveles de interés más cercanos a la usura de febrero.
En
total, de las entidades consultadas, 14 tienen tasas por debajo de 30%, y solo
Ban100 cuenta con una tasa que supera la usura, con 34,98% E.A.; sin embargo,
esto se puede explicar debido a que la Superfinanciera solo tiene los datos de
las tasas con corte al 19 enero, por lo que algunas pueden estar en
actualización.
El
contexto económico
Frente a este panorama, Daniel Castellanos, analista financiero, comentó que con esta tasa “se benefician todos aquellos que tienen créditos. En especial aquellos que tienen deudas en tarjetas de crédito, cuyas tasas usualmente se aproximan a las de usura”.
Sin
embargo, el panorama económico es más complejo para los demás actores. “Hay un
falso sentimiento de confianza de que estamos bien, pero estamos ante un nivel
de riesgo de liquidez alto” comentó Diego Palencia, vicepresidente de
investigaciones en Solidus Capital. Según el analista, el que haya una
reducción en las tasas de usura y persista la baja liquidez por la inflación,
podría ser un riesgo para el sector financiero.
Esto
estaría relacionado con que a los colombianos se les ha vuelto más difícil
cumplir con sus deudas. De acuerdo con las cifras más recientes de la
Superfinanciera, se observa que la cartera vencida hasta noviembre del año
pasado, tuvo un incremento real de 29,07%, que equivale a $10,5 billones.
Por
otro lado, lo que prevén los analistas es que si persiste una alta inflación,
el hecho de que se disminuyan las tasas de interés incrementaría la presión
sobre los precios y la capacidad de compra.
“Hay
que ser cautelosos con el endeudamiento de los hogares (...) hay un riesgo de
colocar recursos a tasas altas, inclusive a la misma tasa actual, porque sube
la gasolina, sube el tema escolar, universidades, sube todo, o sea, es un
efecto dominó hacia arriba” explicó Wilson Triana, experto y consultor en banca
y seguros.
Lo
que pronostican los economistas consultados es que la tasa de usura va a
estabilizarse. “La tasa no va a bajar más, va a estar entre 29% E.A., pero muy
probablemente va a devolverse a 34% E.A. y 35% E.A.” comentó Palencia. De la
misma forma lo proyectó Triana, quien aseguró que “la tendencia en el corto
plazo es que no siga bajando”.
Para
Palencia es importante prestar atención a la capitalización de los bancos por
los deterioros de cartera, “pues el riesgo no se puede eliminar, sino que se
gestiona” dijo. De igual forma, comentó que hay que estar pendientes al
comportamiento del margen de intermediación.
Fuente:
La Republica
MinHacienda
oficializó el decreto para destrabar acuerdo entre el GEA y Grupo Gilinski
El
Decreto 0079 de 2024 modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las
excepciones a la realización de la Oferta Pública de Adquisición
El
Ministerio de Hacienda emitió el decreto para destrabar el acuerdo entre el
Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, y el Grupo Gilinski, que incluye un
intercambio accionario por el control de Nutresa.
MinHacienda
oficializó este martes el Decreto 0079 de 2024 “por el cual se modifica el
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las excepciones a la realización de
la Oferta Pública de Adquisición”, norma que se concretó después de la reunión
que sostuvieron los representantes de los dos conglomerados económicos con el
presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 12 enero.
El
decreto aplica para aquellos casos en que los inversionistas sean beneficiarios
de más de 25% del capital con derecho a voto de la sociedad y menos de 50% del
mismo, en dos o más sociedades inscritas en Registro Nacional de Valores y
Emisores y en una bolsa de valores, tengan la intención de adquirir acciones
por medio de un contrato de permuta con fin de lograr control de la sociedad.
“En
este evento es obligatorio que dichos inversionistas, dentro del mes siguiente
al perfeccionamiento del contrato de permuta, realicen solicitud de
autorización oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas que no
participen en dicho contrato, que mantenga como mínimo precio de intercambio y
en general garantice las mismas condiciones que fueron aplicables a las partes
del contrato de permuta", señala el texto.
El
superintendente financiero, César Ferrari, comentó en la mañana de este martes
que el decreto busca beneficiar a los accionistas minoritarios en el acuerdo
entre el GEA y Gilinski y anunció su publicación “en estos días”.
La
expedición del decreto fue un compromiso del presidente Gustavo Petro, con el
objetivo de proteger a los accionistas minoritarios en la operación acordada
entre el GEA y el Grupo Gilinski
Fuente:
La Republica
La
Dian quedó a media tributaria de cumplir con la meta de recaudo del año pasado
La
cifra de recaudo en 2023 implicó $11,2 billones por debajo de la meta actual,
según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal
El
Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, alertó ayer por el incumplimiento en
la meta de recaudo bruto de impuestos en 2023, por parte de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian.
La
entidad de impuestos informó que el recaudo bruto de impuestos alcanzó $278,9
billones en 2023, lo que representó un crecimiento de 22% frente a los $228,3
billones alcanzados en 2022. Sin embargo, el Carf dijo que esta cifra
representó 96,2% de la meta de recaudo bruto de $290,1 billones.
La
cifra de recaudo en 2023 implicó $11,2 billones por debajo de la meta actual,
según el documento de la entidad.
Según
el Carf, la meta de recaudo se cumplió en 96,3% en renta; 98,7% en IVA; y en
93,1% en recursos externos.
El
exdirector de la Dian, Lisandro Junco, había asegurado que este recaudo bruto
no se habría cumplido en 2023. “Los números muestran que no se cumplió las
metas de recaudo en 2023 y aún sigue la contingencia en el sistema aduanero”,
puntualizó Junco en un fragmento de una columna de opinión para LR.
Junco
aseguró por medio de su perfil de X que el presupuesto 2024 estaría
desfinanciado en $11 billones, que no se recaudaron más $15 billones del
“arbitraje” que no existen y otros $6 billones de normas declaradas
inconstitucionales de la tributaria del exministro de Hacienda, José Antonio
Ocampo.
En
contraposición, Andrés Velasco, director técnico del Carf, aseguró que el
incumplimiento del recaudo tributario no implica necesariamente un
desfinanciamiento.
“Depende
de qué tanto se gastó frente a lo programado. Ya sabemos que hubo subejecución.
Todo apunta a que una cosa habría compensando la otra. Toca esperar las cifras
del Plan Financiero para hacer el análisis completo”, señaló.
Esta
publicación toma más relevancia tras la publicación de la ejecución
presupuestal de 2023, que tampoco cumplió con las expectativas.
José
Ignacio López, presidente de Anif, aseguró que las cifras presentadas por la
Dian resultarían en una diferencia en el recaudo que no se habría logrado
frente al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“Esto
va a acarrear que hacia 2024, vamos a ir ampliando esa fecha de faltante del
recaudo, lo cual indicará que este año tendrá serios retos en dicha materia
fiscal”, apuntó López.
¿Y
la nueva tributaria?
El
Ministerio de Hacienda, a través de su líder, Ricardo Bonilla, está preparando
una reforma tributaria para reducir paulatinamente la carga corporativa de las
compañías y, en paralelo, aumentar la de las personas naturales.
Frente
al tema, López aseguró que el 2024 “no es un año propicio para abrir la caja de
Pandora” y quizás “todos los indicios de recaudo y desaceleración sugieren que
el Gobierno debe priorizar el gasto y tratar de recortar en los programas que
sean de menor eficiencia y retorno social y económico”.
Fuente:
La Republica
