Enero 29 de 2024

Doble alerta, legal y técnica, sobre Presupuesto de 2024

Un documento conocido por Portafolio revela una inconsistencia en la reglamentación de la ley que aprobó el Congreso.

A los dolores de cabeza que se le han generado al Gobierno por los temas presupuestales, como la baja ejecución del 2023, o los recortes obligados tras los fallos judiciales en temas como la no deducibilidad de las regalías, en las últimas semanas se ha sumado otro por cuenta de la reglamentación del Presupuesto del 2024.

Lo anterior por dos errores, uno de tipo legal en la reglamentación, y otro de orden técnico que deja ‘en el aire’ el destino de $13 billones de inversión, es decir algo más del 13 % de los $99 billones aprobados, y cuya ejecución eficiente es clave para reactivar al país.

Sobre el primero, Portafolio tuvo acceso a dos documentos que demostrarían que tanto el Decreto de Liquidación Presupuestal, como el anexo, (parte vital del Presupuesto General de la Nación) no cumplen con lo que ordena el Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto 111 de 1996) para su emisión, antes de que acabara el año pasado.

Al revisar el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, conocido como decreto de liquidación, se aprecia que este, en su articulado detallado, contiene el anexo que discrimina parte del gasto presupuestal para 2024, mientras que la ley obliga a que estos dos documentos vayan separados.

En este punto vale la pena destacar que, según el artículo 67 del Decreto 111 del 15 de enero de 1996, “corresponde al Gobierno dictar el decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación” y advierte que en la preparación de este decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Dirección General del Presupuesto Nacional, debe cumplir tres requisitos obligatorios.

El primero es que “tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno a la consideración del Congreso” y luego de esto, “insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho” en el legislativo, lo cual no pasó.

Expertos consultados, quienes pidieron reservar su identidad, explicaron que esto se hace con el fin de que el Decreto sea una copia exacta de la ley que se expide desde el Senado y la Cámara de Representantes, cosa que no sucedió con la normativa en cuestión, para hacer efectivo un texto que tiene poder en otra rama del poder público. Es decir, para volver decreto una ley nacional.

Por otra parte, volviendo al Decreto 111 de 1996, allí se señala que el decreto de liquidación “se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo (L. 38/89, art. 54; L. 179/94, art. 31)”.

Esto es algo que tampoco sucede en el documento expedido por el Gobierno y que Portafolio tiene en su poder. Analistas y conocedores de temas presupuestales sostienen que es la primera vez en la historia que sucede algo parecido con este proceso y que se abre una situación delicada, ya que podría derivar en demandas para la Nación, que pongan en jaque la ejecución del presupuesto de este año.

Además, se pudo establecer que un informe que se movió al interior del Gobierno Nacional, e incluso llegó hasta la Presidencia, advierte estas falencias, que no pueden ser subsanadas, ya que la emisión del decreto de liquidación se debe dar antes del 31 de diciembre del año anterior a la vigencia presupuestal en cuestión, o sea, en 2023.

Este documento sugiere cambiar, cuanto antes, el artículo 1 del Decreto 2295 del 29 de diciembre del año pasado, ya que de lo contrario violaría lo establecido en la legislación.

No obstante, recuerda que cualquier modificación sobre el anexo, que por ahora no existe, queda restringida para el Ejecutivo, es decir, las entidades de la Presidencia.“Tenían que emitir tres documentos, no dos. Era necesario que el decreto fuera una copia exacta de la ley aprobada en el Congreso y eso no se hizo. Se mezclaron dos documentos, uno técnico y otro normativo, y ahí es donde se fueron en contra de lo que manda la ley”, dijo un experto consultado, quien pidió reservar su identidad.

Según la Secretaría del Senado, el Decreto 111 de 1996 es una normativa de carácter orgánico, es decir, que cumple diversas funciones, como reglamentar las leyes estatutarias (de mayor jerarquía), o “dar el criterio para establecer límites a la potestad reglamentaria del Ejecutivo”, que es lo que hace en este presupuesto.

“Las leyes orgánicas han sido entendidas como textos normativos que están llamados a desarrollar la Constitución misma sobre determinados temas, es decir, como un instrumento encaminado a evitar que el texto constitucional sea constantemente reformado”, dice esta cámara legislativa.

Por esta razón, cualquier cambio que se quiera hacer a este tipo de normas, ya sea para su ejecución o reglamentación, debe ser aprobado por mayorías en el Congreso o de lo contrario se estarían violando las leyes y esto podría ser demandado ante las Cortes, generando traumatismos.

Con esto queda claro que, tal y como sostiene el informe del Minhacienda en poder de Portafolio, que la emisión del Decreto de Liquidación Presupuestal para 2023 está modificando el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo cual no se puede realizar, salvo que se presente un proyecto de ley al Senado y la Cámara; y que desde allí se apruebe tras sus respectivos debates.

La ley que decretó el Presupuesto General de la Nación de 2024, cuyo monto asciende a $502,6 billones, fue aprobada el pasado 18 de octubre en el Congreso de la República, y si bien allí se determinó cuáles serían los rubros para cada sector del Gobierno, sólo hasta el 29 de diciembre se detalló, aunque no en su totalidad, cómo se usarían estos recursos con los que se espera, según el Ministerio de Hacienda, impulsar la transformación productiva.

Retos y recortes

Cabe recordar que si bien el monto de $502,9 billones que se propuso el Ministerio de Hacienda, por orden de Casa de Nariño, para este presupuesto era ambicioso, diversos momentos han llevado a que se tenga que recortar y a que expertos del Gobierno tengan que hacer cálculos para mantenerlo a flote.

Estos recursos habían sido destinados de la siguiente manera: para Educación $70,4 billones, seguidos por el sector Salud con $61,5 billones, Defensa $56 billones, Hacienda $47,5 billones y Trabajo $44,3 billones, entre otros sectores.

No obstante, todavía hay incertidumbre sobre si se podrán recolectar los $15 billones que se esperan por litigios y arbitramentos desde la Dian, y no se puede pasar por alto que a finales del año pasado la Corte Constitucional tumbó la no deducibilidad de las regalías, lo que llevó a otro recorte de más de $3 billones.

Ante esto, organismos como el Comité Autónomo de Regla Fiscal han advertido que para 2024 se deberán recortar por lo menos $23 billones o de lo contrario no se podrá cumplir con la regla fiscal.

Según el Comité, el principal factor de riesgo es la programación de gastos estructurales financiados con ingresos no estructurales e inciertos por el rubro de arbitramento de litigios.

Para los expertos que hacen parte del comité, en el escenario para 2024 habría un aumento de la deuda neta de entre 2 y 4 puntos del PIB. “Esta perspectiva resulta preocupante, debido a que reversa la tendencia observada con posterioridad a la pandemia y, especialmente, lo alcanzado en el 2023, como se señaló en el análisis para este año”.

De acuerdo con la Carf, “una mayor deuda pone presión sobre la prima de riesgo país y aleja las finanzas públicas del objetivo de consolidación fiscal necesario para asegurar el cumplimiento de la Regla Fiscal en el mediano plazo. Hay que recordar que las metas que quedaron explícitas en la transición de la Ley, son un camino para acercar las finanzas públicas a los objetivos de la Regla Fiscal que redundan en un nivel de deuda sostenible”.

Con estas alertas, el Gobierno, según expertos, no la tiene fácil con los nuevos errores, que deberán ser subsanados cuanto antes para evitar pleitos en estrados judiciales.

La inversión más alta de los últimos tiempos en el país

Si bien en este momento está bajo la lupa y genera dudas entre analistas y expertos, no hay que pasar por alto que este Gobierno priorizó dentro de su agenda una mejora en materia de inversión, alcanzando los $99,3 billones para este año, lo cual se traduce en un incremento del 19,4% respecto al 2023.

No obstante, el llamado del sector económico es a que se enfoque en la ejecución de estos dineros con mucha dedicación, para que no se repitan los datos de la última vigencia, que quedó con el gasto más bajo de los últimos 20 años, con grandes falencias en puntos clave como la inversión, que es necesaria para frenar la desaceleración y acelerar los motores de la economía, que por el momento siguen detenidos y cada vez prenden más alertas entre los sectores productivos.

$13 billones para inversión este año quedaron ‘volando’

Otra de las inconsistencias que trae el Decreto de Liquidación Presupuestal de este año y que genera grandes alertas entre los analistas en esta materia, tiene que ver con diferentes asignaciones a cuatro entidades en materia de inversión, que no se sabe con claridad cómo se usarán.

Al revisar el polémico anexo y la especificación que hace de los gastos para 2024, se encuentra que más de $13 billones no tienen especificada su destinación y sólo se quedan en las cuentas que se aprobaron en el Congreso.

Dicho de una forma más clara y tomando en cuenta el documento de alerta que se presentó al Gobierno, en estos casos se discriminaron únicamente a nivel “Cuenta o Programa” y de “Subcuenta”, pero no a nivel de “Subproyecto”, lo cual es un requisito para evitar malos entendidos con la entrega de dineros.

Se trata de los montos de inversión para infraestructura educativa del Ministerio de Educación, por $560.000 millones, que, por ejemplo, afectaría la construcción de nuevas escuelas y colegios oficiales en todo el territorio nacional para mejorar el acceso a este servicio esencial.

También aparecen los recursos de inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura por $7,3 billones; del Instituto Nacional de Vías por $3,2 billones y las asignaciones del Ministerio de Hacienda para manejo de Sistemas de Transporte Masivo ($1,6 billones) y Sistemas Férreos ($351.000 millones).

Según los expertos que conversaron sobre este tema con Portafolio, constatando los documentos que este medio tiene en su poder, si bien la ley le permite al Gobierno hacer modificaciones sobre la marcha y especificar la destinación de estos recursos, llama la atención que no se haya hecho en su momento. Debido a esto, por ejemplo, al no tener una destinación específica y obligada, se podría trasladar el dinero a otras necesidades, postergando o renegociando el pago de compromisos adquiridos mediante modalidades como, por ejemplo, las vigencias futuras.

Estos errores también violan el principio de planificación presupuestal, ya que anterior al proceso de esta iniciativa en el Congreso se debió tramitar el proyecto que daba luz verde a los proyectos que se realizarían en 2024.

Esto se podría traducir también en escuelas cuya construcción o mejoramiento se podría aplazar, constructoras a las que no se les respondería a tiempo en la realización de obras viales, tanto nacionales (4G) o terciarias, y proyectos de inversión en transporte público para las diferentes ciudades, que se congelarían, si así el Gobierno lo decidiera.

Portafolio contactó al Ministerio de Hacienda sobre los dos aspectos, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta oficial.

Fuente: Portafolio

¿Tengo que pagar impuestos por la rentabilidad que recibo en las cuentas de ahorro?

Muchos clientes con cuentas de ahorros eligen productos con altas tasas para dejar sus ahorros y que generen rentabilidades, pero deben tener claro si deben pagar impuestos 

La llegada de los neobancos o de entidades financieras que utilizan la tecnología para abaratar costos ha hecho que se comiencen a masificar las cuentas de ahorro con rentabilidades que incluso se asemejan a las que hoy en día ofrecen los CDT, que han venido cayendo a medida que comienzan a bajar las tasas de interés del Banco de la República.

Entidades como RappiPay, Nu, Lulo Bank o Ualá están entre las que le han apostado a un mercado hasta ahora incipiente y que hace unos años no existía en el país.

Con esa opción sobre la mesa, algunos usuarios se han preguntado si las rentabilidades que ganan con estas cuentas les pueden ocasionar un mayor pago en los impuestos a la hora de enfrentarse las obligaciones anuales.

Según expertos consultados por LR, hay que tener en cuenta que todo ingreso es susceptible a incrementar el patrimonio, por lo cual debe incluirse en la declaración del impuesto sobre la renta y estará sometido a este tributo.

“Cualquier rendimiento que reciba una persona de un producto financiero deberá ser reportado como un ingreso de la persona. Estos mismos son reportados por las entidades financieras a la Dian de forma directa”, aseguró Jaime Enrique Gómez, socio del área de derecho tributario en Posse Herrera Ruiz.

Los expertos explicaron que se declara renta sobre los ingresos generados, o sea las ganancias o intereses recibidos de productos bancarios, siempre y cuando cumpla con los topes de ingresos anuales para que el contribuyente deba hacerlo y que para el año pasado estaba en $53,2 millones.

El componente inflacionario

Pablo Mendoza, socio de Liminal Law, aseguró que si por ejemplo el cliente tiene una cuenta de ahorros con $100 y esa cuenta produce $5 de rendimiento, esos $5 estarían sometidos a tributación.

“Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el componente inflacionario de los rendimientos financieros constituye un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional”, agregó Mendoza.

Esto quiere decir que el componente inflacionario de los rendimientos financieros no están sometidos al impuesto, aunque solo aplica a las personas naturales. Mendoza dijo que “se debe atender a la reglamentación que expide el Gobierno para efectos de saber cuál es el porcentaje del componente inflacionario”.

El experto explicó que se incluyen todos los rendimientos en la sección de rentas de capital en la declaración de renta, se mira qué parte de esos rendimientos constituyeron componente inflacionario y se incluye ese componente de esos rendimientos como un ingreso no constitutivo.

Por otro lado, según la explicación que entregó Nu, que ya lanzó su cuenta de ahorros con rentabilidad, cuando el pago de los rendimientos supere el monto exento de rendimientos diarios, que es de $2.333, se reportará sobre ese monto el Impuesto a la Renta.

Es decir, según explica la entidad financiera, si en un día la cuenta rinde $2.500, se pagará sobre ese monto $175, que corresponde a 7%. “Si el rendimiento es menor al monto exento de rendimientos diarios, no pagas el Impuesto a la Renta”, explicaron.

Adicionalmente, los usuarios tienen que tener en cuenta el pago del 4X1.000, con el que se cobran $4 por cada $1.000 de cualquier movimiento que se haga desde la cuenta. Sin embargo, no deben olvidar que se puede marcar como exenta de este impuesto siempre y cuando no lo haya hecho en otro banco.

Gómez insistió en que es importante sopesar el impacto del componente inflacionario de los rendimientos financieros, pues este no está gravado y puede ser un valor relevante si se tiene en cuenta el alto índice de la inflación.

Fuente: La Republica

Para Camacol, el foco del Gobierno en VIP no reanimará la vivienda

El gremio señala que así se extiendan las preasignaciones para VIS, el problema de fondo es la cantidad de subsidios que asignará el Gobierno por año.

Con más de un año registrando caídas en las ventas de vivienda, el sector constructor no ha empezado a recuperarse, esto pese a la intención del Gobierno de reactivar a la industria que jalona a otros 35 subsectores de la economía.

Según datos de la Cámara Colombiana de Construcción, Camacol, las viviendas comercializadas en el año 2023 bajaron 44,9 %, cifra jalonada por el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS), el cual presentó un decrecimiento del 49,7% de manera anual. Teniendo en cuenta que este segmento atrae siete de cada 10 ventas, esta es la principal razón de la dinámica en rojo del sector.

Por regiones, Nariño encabeza la lista como el departamento en donde más han caído las ventas de vivienda, con una cifra negativa de 68,3%, seguido de Valle (-66,9%), Cauca (-60,3%) y Norte de Santander (-59,3 %).

En el segmento VIS, nuevamente Nariño ‘lidera’ el ránking de los departamentos con mayor decrecimiento en las cifras de ventas, esta vez con un -75,3%, seguido de Valle con -69,2%, Risaralda con -66,8%, Cauca con -63,9% y Atlántico con -63,3%.

Entre las razones de la baja del último renglón, el gremio ha destacado, por varios meses, que se debió a los cambios en las reglas del subsidio de vivienda de Mi Casa Ya, puesto que este alivio concedía a los hogares de hasta cuatro Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smmlv) hasta 30 Smmlv para comprar su primera vivienda, y ahora se deben acoger a más requerimientos de los iniciales, como acceder con cierto puntaje del Sisbén, y así acceder a este incentivo.

Incluso, los desistimientos que se presentaron en 2023, según los compradores, se dieron en su mayoría a causa de estos cambios.

En razón a lo anterior, el gremio constructor ha sido enfático en potencializar nuevamente este subsidio, eliminar el requerimiento de Sisbén y aumentar el número de subsidios a asignar, puesto que cumplir con los requisitos para su acceso no genera una garantía de su obtención, ya que el número a asignar es limitado frente a la demanda del mercado.

Sin embargo, pese las dificultades en este renglón, el Gobierno anunció que su foco este año, para reactivar el sector, sería el crédito constructor (para mitigar los saldos en rojo de la empresa) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), por medio de preasignaciones que garanticen los recursos para estas viviendas.

Para el gremio, esta ‘garantía’ no corresponde a una reactivación acorde a las necesidades del mercado, puesto que la demanda por este tipo de alivio es inferior en este segmento que en el VIS, que para este año llega a los 75.000 alivios demandados, y el Gobierno apenas proyecta asignar 50.000 este año.

“La preasignación VIP no genera reactivación”, menciona Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

Esto, según analistas conocedores de esta materia, porque la oferta VIP es mucho menor que la VIS.

“El cambio propuesto de preasignación favorece la certeza del cierre financiero. Sin embargo, dejarlo solo para VIP deja por fuera la mayor parte de la oferta de proyectos, que es VIS. De las 102.000 unidades que tiene la oferta de vivienda social, solo el 10% es VIP (cerca de 10.000 unidades) y el resto es VIS. En ese sentido, la aplicabilidad de la preasignación se hace poco relevante en términos del mercado y los hogares compradores”, explica uno de ellos.

Un ejemplo de ello lo explica Herrera, mencionando: “En Medellín, si se pre-asignan, no se reactiva nada porque solo hay 200 unidades en oferta. Entonces, si bien el esfuerzo de preasignación, operativamente y en lo micro, puede ser muy interesante para los constructores porque permite de alguna forma el compromiso presupuestal del Gobierno Nacional por la reserva de unos cupos de vigencias en el futuro, la verdad es que es insuficiente si se concentra solo en VIP. Incluso si se fuera al rango VIS también, pues termina siendo insuficiente porque el problema de fondo es sobre la suficiencia de los subsidios”.

Por tal motivo, considera esencial que, tras 18 meses de caídas en ventas, se tomen medidas de fondo para reactivar la industria.

“Hoy no hay respuesta del Ministerio de Vivienda frente a las necesidades de reactivar la caída de las ventas, que tiene que ir mucho más allá de lo que se ha presentado en este momento, porque 50.000 subsidios al año claramente está muy por debajo del promedio de los últimos 10 años de asignación de subsidios”, insiste el dirigente gremial.

Insiste al Gobierno, como lo ha hecho en meses anteriores, en revisar las propuestas para reactivar la industria, proteger el empleo y catapultar a la economía regional y nacional que se suple de este motor económico.

Borró $20 billones

Según el informe de Coordenada Urbana, sistema de información de Camacol, en 2023 se vendieron 106.554 viviendas menos frente al 2022, lo que representa una reducción de $ 20 billones en la inversión en este rubro por parte de los hogares colombianos. La disminución en las ventas de viviendas también ha impactado los inicios de obra de nuevos proyectos.

Para diciembre del año pasado se había iniciado la construcción de un total de 138.418 viviendas frente a las 193.387 contabilizadas al cierre de 2022, con una variación negativa que llegó al 28,4 %.

Fuente: Portafolio

Conozca cuáles son las opciones que existen para financiar el pago de las cesantías

Algunos bancos tradicionales y fintech ofrecen líneas de crédito especiales para que las empresas financien el pago de las cesantías y sus intereses

El próximo 31 de enero es la fecha límite que tienen las empresas para consignar al trabajador los intereses sobre las cesantías que se causaron el año pasado, mientras que para el pago de las cesantías tendrán plazo hasta el 14 de febrero.

Debido a la premura de las fechas, algunas empresas están en la búsqueda de opciones de financiamiento con las que puedan pagar esta prestación social. Entre los bancos que ofrecen líneas de créditos para estos fines están Bancolombia, Davivienda, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá y el Bbva, junto a las fintech de crédito dedicadas al segmento empresarial, como Sempli y Neofinanciera.

Las cesantías son un dinero extra que reciben los empleados por parte de las empresas y está pensado como un colchón cuando el trabajador se encuentre desempleado. Sin embargo, también pueden ser usadas para otras razones tales como la compra o el mejoramiento de vivienda. Este monto equivale a un mes de salario por cada año que el trabajador esté vinculado con la empresa.

Por otro lado, los intereses corresponden a 12% del valor de las cesantías si se trabajó el año completo, de lo contrario el porcentaje es proporcional al tiempo trabajado. Como cualquier prestación, su pago es obligatorio y si el empleador después de la fecha estipulada no paga las cesantías y sus intereses, deberá asumir una sanción correspondiente a un día de salario por cada día de retraso. Por esta razón, le presentamos algunas de las opciones de financiamiento que hay en el mercado.

Opciones de financiamiento

En general, los bancos tradicionales consultados y las fintech cuentan con créditos a corto plazo, por 12 meses, y con tasas variables.

En el caso del banco Bbva, ofrece a las empresas una línea de crédito para el pago de las cesantías con montos desde un salario mínimo, y con un máximo, dependiendo del estudio de riesgo. Los intereses se calculan de acuerdo a las tasas variables DTF e IBR. El crédito tiene un plazo máximo de un año con amortización a capital e intereses mensual o trimestral, informó la entidad.

Por su parte, Bancolombia cuenta con $1,2 billones para este fin. De acuerdo con el banco, son más de 5.168 las empresas que, sin importar el tamaño, tienen acceso a cupos preaprobados que son desembolsados por medio de créditos de corto plazo, que van de uno a 12 meses, y que pueden cubrir hasta 100% del valor.

Davivienda también tiene un cupo de crédito disponible para hacer el pago total o parcial de las cesantías. Este se da bajo condiciones especiales en relación con la tasa de interés, aquellos clientes que tienen garantías a través del Fondo Nacional de Garantías tienen beneficio adicional. Según la entidad, los sectores que mayormente utilizan este crédito son el de telecomunicaciones, sector salud y alimentos.

El banco Bbva y el Banco de Bogotá ofrecen líneas de crédito especiales para financiar empresas dedicadas al agro. La línea de AgroCesantías cuenta con tasas variables indexadas al IBR o a la DTF y con disminución frente a la tasa ordinaria para este tipo de cartera.

Respecto a las fintech consultadas, Iris Neofinanciera cuenta con créditos a empresas que al menos hayan cumplido un año de constitución y con ventas anuales superiores a $100 millones. La entidad cuenta con diferentes fuentes de pago para soportar el crédito. Normalmente, el interés del crédito se genera tras un análisis del cliente, Iris Neofinanciera maneja una tasa desde DTF +10,70% T.A.

Sempli es otra fintech que también ofrece estos servicios. La entidad tiene soluciones para cubrir estas necesidades desde los $30 hasta $200 millones y hasta por 36 meses.

El proceso de acceso al crédito es rápido y en cuestión de dos a tres días se puede tener una decisión del financiamiento. De igual forma, asociado al crédito de cesantías, también la entidad ofrece una tarjeta de crédito

Fuente: La Republica

Las tasas de los bancos sienten la caída que ha tenido la usura durante el último año

Los registros que publica la superfinanciera muestran una reducción en la tasa promedio ponderada al compararla con la que había el año pasado

Los consumidores ya sienten la caída que ha tenido la tasa de usura, que incluso empezó antes de que el Banco de la República diera señales de que comenzaría a relajar su política monetaria, en medio de la desaceleración de la tasa de inflación que comenzó a verse durante el segundo semestre del año pasado.

Según las cifras que maneja la Superintendencia Financiera, en la semana que finalizó el pasado 19 de enero, se otorgaron créditos con una tasa ponderada de 21,67% E.A., al analizar tanto préstamos de consumo, como los de vivienda. El número de desembolsos fue de 9,04 millones y se registró un valor total de $3,55 billones.

Esto representa una reducción si se compara con la tasa de interés que se cobró en la tercera semana de enero de 2023. Las cifras que registra la entidad supervisora muestran que la tasa promedio ponderada que se vio en ese momento fue de 28,45%, tanto para créditos de vivienda como de consumo.

La tasa de usura, el máximo interés que se les puede cobrar a los usuarios, cayó por primera vez en mayo de 2023, después de un año y medio de no hacerlo. En ese momento, comenzó a reflejarse la “guerra de tasas” que el sector financiero inició en marzo, como una medida de alivio a los consumidores.

“Estamos hablando ya de correcciones muy importantes, ha caído por encima de 900 puntos básicos. Estamos hablando de que estuvo un poco arriba de 44% y está en 35%, es una caída muy fuerte. Nuestra perspectiva es que siga cayendo este año, no tanto como ha caído en los últimos años, pero sí pensamos que va a seguir cayendo”, aseguró Mario Pardo, presidente de Bbva, en diálogo con LR.

Wilson Tovar, gerente de investigaciones de Acciones & Valores, dijo que las perspectivas que tienen es que la tasa de referencia del Emisor continúe bajando, lo que podría ayudar a las tasas que ofrece el sistema financiero. Sin embargo, advirtió que se debe tener en cuenta el escenario en el que se encuentran los establecimientos de crédito, con una caída en los desembolsos, pero un aumento en la morosidad.

El comportamiento empresarial

Al desglosar las cifras que maneja la Superfinanciera para las empresas también se presenta una situación similar. En la semana que finalizó el 19 de enero, hubo 515.829 desembolsos por $9,25 billones. La tasa promedi ponderada que se registró fue de 18,97% E.A. El crédito comercial ordinario y el comercial preferencial fueron las dos modalidades preferidas.

Hace un año, en la semana que terminó el 20 de enero de 2023, se hicieron 498.562 de desembolsos, por $6,91 billones. La tasa promedia ponderada, ene se momento, fue de 26,72% E.A. Si se desglosa por tipo de crédito, la tasa de microcrédito para las microempresas fue de 38,12% E.A, un segmento al que se le suele cobrar más alto debido al riesgo que representa. Asobancaria espera que para este año la cartera tenga una senda de recuperación, aunque será un proceso lento en medio del menor crecimiento económico que habrá.

Fuente: La Republica

Ordenan la liquidación de gigante inmobiliario Evergrande: lo que viene para la empresa

Un tribunal de Hong Kong también nombró a la consultora estadounidense Alvarez & Marsal como administrador judicial de la empresa china.

La justicia hongkonesa ordenó, este lunes 29 de enero, la liquidación del endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande en favor de sus acreedores extranjeros, un dictamen que abre un largo e incierto proceso ante la duda de si será reconocido en la China continental, donde están la mayoría de sus activos

"La vista ha durado un año y medio y la compañía todavía no ha logrado presentar una propuesta concreta de reestructuración. Creo que es hora de que el tribunal diga que ya basta", indicó la jueza del caso, Linda Chan, quien había otorgado hasta siete aplazamientos a Evergrande para que negociase un acuerdo con sus acreedores.

La prensa internacional había apuntado que la última ronda de negociaciones de Evergrande con sus principales acreedores había finalizado en ruptura y que, en consecuencia, estos habían decidido apoyar la petición de liquidación presentada a mediados de 2022 por un inversor local por el impago de unos 110 millones de dólares en concepto de recompra de acciones.

El año pasado, Evergrande aseguró, citando un análisis de Deloitte, que la tasa de recuperación para los inversores en caso de una liquidación rondaría un 3,4 %.

Minutos después de la noticia, las acciones de Evergrande (que todavía puede recurrir la decisión) cayeron casi un 21 %, arrastrando a las de sus filiales de vehículos eléctricos (-18,2 %) y de gestión inmobiliaria (-2,5 %). Y las tres compañías suspendieron su cotización en la mañana de este lunes 29 de enero.

En otra vista celebrada también este lunes, el tribunal nombró a la consultora estadounidense Alvarez & Marsal como administrador judicial de Evergrande, cumpliendo así con la preferencia de un grupo de acreedores.

Si bien el consejero delegado de Evergrande, Shawn Siu, aseguró que la compañía "cooperará" con los administradores judiciales y "se comunicará de forma activa" con ellos, también indicó que "tomará todas las medidas legales y promoverá la operativa normal de los negocios del grupo".

En una entrevista con el diario económico 21st Century Business Herald, Siu matizó que la orden afecta a China Evergrande, la rama cotizada en Hong Kong del grupo, por lo que "la dirección y las operaciones" del conglomerado "se mantienen intactas", ya que el sistema judicial hongkonés está separado del chino en el marco del estatuto de semiautonomía de la antigua colonia británica.

¿Reconocerá China la orden?

El diario hongkonés The Standard suscribe esa teoría al afirmar que, "si bien la orden podría tener un efecto operativo limitado, sus efectos psicológicos podrían acelerar la crisis del mercado inmobiliario", y recuerda que al menos otras tres promotoras chinas ya han pasado por procesos similares en Hong Kong desde 2021.

En las últimas semanas, varios expertos habían planteado ya la duda de si una orden de liquidación encontraría reconocimiento en la China continental, ya que este tipo de procedimientos está explícitamente excluido del reconocimento mutuo de sentencias judiciales entre China y Kong Kong, y Cantón -sede de Evergrande- no es una de las tres ciudades incluidas en un programa piloto que sí reconoce los procesos de liquidación iniciados en Hong Kong.

"Los administradores judiciales tendrán un poder de ejecución muy limitado sobre los activos 'onshore' (situados en la China continental) si no logran ese reconocimiento", apunta Lance Jiang, socio de Ashurst LLP, citado por el diario local South China Morning Post.

Evergrande, con un pasivo de unos 330.000 millones de dólares, entró en impago hace más de dos años tras sufrir una crisis de liquidez por las restricciones impuestas por Pekín a la financiación de promotoras con un alto nivel de apalancamiento, tras lo que fue intervenida por las autoridades chinas.

El grupo, convertido en la principal cara visible de la crisis inmobiliaria en China, se vio sumido en el 2023 en una nueva crisis después de que su fundador y presidente, Xu Jiayin, fuese puesto bajo una especie de arresto domiciliario por "sospechas de actividades ilegales".

Fuente: Portafolio

Las utilidades de los establecimientos de crédito cayeron $8,5 billones a noviembre

El comportamiento de los bancos muestra la estrechez que ha tenido que enfrentar el sistema durante 2023

Las cifras del sistema financiero continúan mostrando la dificultad por la que pasan los establecimientos de crédito. Según el documento publicado por la Superintendencia Financiera, al cierre de noviembre de 2023, los activos alcanzaron los $2.876,9 billones mientras que las utilidades, solo de los establecimientos de crédito, cayeron $8,5 billones.

Al hacer foco en el comportamiento de las utilidades, el informe de la Superfinanciera resaltó que los bancos acumularon ganancias por $7,2 billones; las corporaciones financieras, $448.765 millones; las compañías de financiamiento tuvieron pérdidas por $300.400 millones y las cooperativas de carácter financiero $18.780 millones.

Bancolombia continúa de líder en el sector, con ganancias por $5,2 billones, a pesar de que estas representaron una caída de 11,95%. Le sigue Banco de Bogotá, con utilidades por $1,01 billones y un retroceso de 66%.

Luego del Banco de Bogotá, el top cinco lo cierran Citibank ($720.945 millones); Banco Agrario ($577.856 millones) y el Banco de Occidente ($352.544 millones).

Un análisis de Asobancaria aseguró esta semana que la fuerte desaceleración que se dio el año pasado, con las condiciones financieras “aún estresadas” debido a la inflación que completó 29 meses por fuera del rango meta del Banco de la República, ocasionó que se diera una fuerte contracción de la cartera.

“Tanto la cartera a hogares como a empresas se contrajeron. La primera debido al deterioro de las condiciones financieras, en línea con una inflación elevada que mantuvo una política monetaria restrictiva, unos niveles de riesgo altos y las modificaciones en los criterios de focalización de los programas de subsidios de vivienda”, agregó el documento del gremio.

 

Mario Pardo, presidente de Bbva, explicó en entrevista con LR que hubo una ralentización económica muy alta, “tipos de interés más altos y eso hace que a los clientes les cueste más estar al día con sus pagos, dentro de un contexto en que los colombianos son buena paga y son muy responsables con sus obligaciones, pero el contexto afectó”.

El banquero dijo que para este año la perspectiva es que va a ser complejo, a pesar de que se espera un crecimiento un poco más alto. “Tenemos una expectativa de crecimiento ligeramente más alta que la del año pasado, por encima de 1,5%, pero aún así son niveles de crecimiento bajo. La parte positiva es que consideramos que la inflación va a corregirse de manera muy significativa este año”, aseguró.

El análisis de Asobancaria también apuntó a que se espera una leve recuperación en el crecimiento de la cartera, gracias a la continuación del ciclo bajista de la política monetaria “que se reflejará en menores tasa de colocación”.

Fuente: La Republica