Marzo 18 de 2024

Tras revisión del PIB, Gobierno de Colombia tuvo peor cierre fiscal en 2023; podría incumplir Regla Fiscal

De acuerdo con un informe del Banco de Bogotá, el Ministerio de Hacienda realizó la actualización de las cifras de cierre fiscal oficial de 2023 donde se observó un ligero deterioro en las cuentas del Gobierno Nacional.

En particular, el banco dijo al incorporar el dato de crecimiento económico de 2023, que se ubicó por debajo de las previsiones del propio Gobierno, el balance fiscal del año anterior fue de -4,3 % y no -4,2 % del PIB como se había publicado en el Plan Financiero a comienzos del año.

Entre tanto, el documento recopilado por el Banco de Bogotá muestra que la deuda neta fue de 53,8 % del PIB, es decir, estuvo un punto porcentual por encima de la estimación inicial (52,8 % del PIB).

Pese a esto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal confirmó que el Gobierno del presidente Gustavo Petro cumplió la Regla Fiscal (RF) en 2023.

Agregó la entidad que, al analizar el balance fiscal primario (aquel que no contempla el pago de intereses), este se confirmó en -0,3 % del PIB con lo que se presentó finalmente un sobrecumplimiento de la Regla Fiscal.

Sin embargo, los analistas del banco advierten que la reciente publicación confirma la relevancia de la actividad económica en los indicadores fiscales que, al incorporar la perspectiva de bajo el crecimiento económico en 2024, vuelve a remarcar los temores de incumplimiento de la Regla Fiscal en la presente vigencia.

Cierre fiscal

Tras revisión del PIB, Gobierno de Colombia tuvo peor cierre fiscal en 2023. Foto: tomada de Pixabay

El DANE informó recientemente que la economía colombiana creció 0,6 % en todo el año 2023, cifra que se ubicó por debajo del 1,2 % esperado por el Ministerio de Hacienda y también por debajo de la expectativa promedio de los analistas del mercado que era de 1 %.

En esa relevación de datos del DANE se destacó una revisión a la baja de todas las cifras de crecimiento del PIB de Colombia durante los tres primeros trimestres de año pasado.

De hecho, esa revisión de parte del DANE -liderado por su directora Piedad Urdinola- llevó a críticas desde el Gobierno Petro desde donde funcionarios dijeron que la cifra del PIB se podría haber redondeado hasta 1 % para mostrar un mejor desempeño.

Fuente: Valora

Reservas de grandes petroleras en Colombia muestran caída al cierre del 2023

Ecopetrol, Frontera Energy, Geopark y Parex evidenciaron una contracción en sus volúmenes probados de hidrocarburos.

A pocos días de que se conozca el Informe de Recurso y Reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, los resultados de las principales compañías que ya han sido publicados generan alertas. Tal es el caso de Ecopetrol, Geopark, Frontera, Gran Tierra y Parex, entre otras. La mayoría de estas firmas petroleras muestra caídas, aunque con algunas excepciones.

Esto alerta sobre varios temas, incluyendo la capacidad del país para cubrir el abastecimiento propio, así como para las finanzas de la Nación.

En el caso de Ecopetrol, la principal productora y también la compañía con más reservas, reportó una caída de 6,3% en sus reservas probadas (1P), que bajaron de 2.011 millones de barriles equivalentes (crudo y gas) en 2022 hasta 1.883 millones de barriles al cierre de 2023. Esto significa que el índice de vida de las reservas pasó de 8,4 años a 7,6 años.

Sin embargo, los detalles de los recursos contingentes (2P y 3P) no se han dado a conocer al mercado, con lo que se desconoce cuál es el comportamiento de estos datos. En el informe de sus resultados del año pasado se informa que el reporte completo de recursos y reservas fue entregado al Comité de Reservas de Ecopetrol y la Junta Directiva, a la espera de su aprobación. No obstante, hasta el momento el documento no ha salido de estas instancias.

De acuerdo con fuentes del sector, esto puede tener peligros para la toma de decisiones por la limitación en los recursos para el análisis.

Incluso dijeron que algunas decisiones estratégicas que se estarían tomando no estarían alineadas con el rol de la empresa frente a las finanzas de la Nación.

La caída reservas se explicó principalmente por la baja en el precio promedio del crudo Brent al cierre de año, que fue de US$82 por barril, US$17 menos que durante 2022. Esto llevó a una disminución en 188 millones de barriles en el año, aunque se contrarrestó con la incorporación orgánica de 307 millones de barriles.

Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana, señaló que el resultado neto de caída muestra que la empresa está consumiendo más de lo que puede reponer.

Si bien esto no representa un riesgo de corto plazo en el abastecimiento del país, sí levanta alarmas para el mediano plazo, especialmente teniendo en cuenta que no se otorgarán nuevos contratos de exploración y producción durante este Gobierno.

Oscar Ferney Rincón, director ejecutivo de Acipet, explicó que estos datos, sumados a los de otras compañías muestran que hay una gran probabilidad de que a cierre de año las cifras del país hayan caído. Con esto, dijo que se podría ver comprometida la autosuficiencia en el abastecimiento.

Sin embargo, Rincón destacó que algunas empresas presentaron resultados en sus reservas probables (2P) positivos, “lo cual podría llegar a apalancar la producción y la incorporación de reservas cuyo reporte se verá reflejado en 2025”.

Al revisar los informes presentados por otras compañías se pueden ver también algunas reducciones en sus reservas.

En el caso de Parex, la compañía reportó unas reservas probadas de 112,5 millones de barriles de petróleo equivalente, principalmente explicado por crudo pesado. Esto también representa una caída frente a los 130,6 millones de barriles equivalentes que reportaron a cierre de 2022.

De acuerdo con lo presentado por la compañía, la caída en los datos de las reservas probadas y probables (1P y 2P respectivamente) también cayeron debido a “revisiones técnicas, que se centraron en el deterioro de activos en bloques no esenciales en el Magdalena medio, así como a en el bloque LLA-34 por el bajo desempeño de la delineación”.

De acuerdo con los datos de la petrolera, su índice de vida de reservas probadas cayó de 6,6 años a 5,4 años.

En el caso de Frontera Energy, si se analizan sus reservas para Colombia (teniendo en cuenta que opera también en Ecuador) se puede observar un leve descenso. Con corte al 31 de diciembre de 2023 presentaron 97,4 millones de barriles equivalentes, cifra por debajo de los 98,3 millones de 2022.

Según su información, en el caso de las reservas probables (2P) el campo Hamaca en su bloque CPE-6 aumentó en 42 millones de barriles equivalentes, contribuyendo en 25% al crecimiento en este indicador, que no compensó el neto.

Por su parte, Gran Tierra Energy reportó 74,3 millones de barriles, para sus activos de Colombia como de Ecuador. En el caso de esta compañía también se evidenció una subida en sus reservas probables, que ascendieron a 46,3 millones de barriles frente a los 36,7 que se reportaron en 2022.

Sin embargo, en el caso de Geopark, su saldo para Colombia tanto las probadas, como probables y posibles mostró un descenso.

En las probadas, es decir aquellas que son más fácilmente recuperables, hubo un descenso de 7% con lo que llegaron a 63,9 millones de barriles de petróleo equivalente. 

Ahora bien, contando las reservas probadas y probables también hay una contracción, de 9%, al alcanzar 106,4 millones de barriles a cierre de 2023.

Julio César Vera, presidente de Xua Energy, explicó que uno de los factores además de precios que podría explicar las caídas es la menor actividad exploratoria y de desarrollo.

La caída en estas cifras generan alertas según los expertos consultados, por lo que llamaron a contar con estrategias que permitan garantizar el suministro.

Estrategias a analizar

Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dijo a Portafolio que su intención sigue siendo optimizar los recursos de los contratos ya asignados y mejorar las cifras de recobro mejorado.

Por su parte, Vera dijo que se necesita encontrar alternativas e incluso estímulos para acelerar la actividad exploratoria, “de tal forma que actividad que se va desarrollar en los próximos 5 años se pueda ejecutar máximo en los próximos 3 años”.

Oscar Rincón, director de Acipet, manifestó que solo el recobro mejorado es insuficiente, por lo que otras estrategias como incentivos fiscales, manejo de la conflictividad social e impulsar las inversiones podrían ayudar.

Fuente: Portafolio

Gremios económicos señalan que Colombia no requiere una Constituyente

La Alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas), se pronunció por medio de un comunicado sobre la propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro, de realizar una Asamblea Constituyente como camino alternativo para impulsar las reformas propuestas en su plan de Gobierno.

Por lo tanto, los gremios económicos se han pronunciado acerca de tal hecho y lo han tildado como un generador de incertidumbre e inestabilidad.

“La estabilidad institucional es un pilar fundamental para el adecuado funcionamiento del Estado y proponer la convocatoria de una Asamblea Constituyente genera un ambiente de mayor incertidumbre e inestabilidad. Definitivamente ese no es el camino para impulsar las reformas”, subrayó la alianza de gremios.

Además, resaltó que estas deberían ser tramitadas por el conducto regular, es decir, cumplir con todos los debates en el legislativo y tener un consenso político.

 “El Congreso de la República es el espacio adecuado para proponer y tramitar reformas. Creemos firmemente en el consenso político como resultado del debate en el seno del congreso es el conducto regular para llevar a cabo estos procesos. Acudir a una constituyente, figura contemplada en la constitución, es ignorar las instituciones y limitar su legitimidad. La democracia y el diálogo son las herramientas más efectivas para impulsar cambios que requiera el país”, afirmó Aliadas.

Más efectos que podría tener una Constituyente en Colombia

Los gremios señalaron que además de generar incertidumbre e inestabilidad, una Asamblea Constituyente tendría otros efectos en el país.

“No solo generaría mayor incertidumbre, polarización e inestabilidad política, jurídica, económica y social, sino que distraería de la búsqueda de soluciones reales a problemáticas que son urgentes como la baja ejecución del gasto público, el desempleo, la desaceleración económica, la informalidad, la falta de competitividad y la inflación”, agregó la alianza.

Por otro lado, desde la agremiación se mostró la disposición para que se presente un diálogo entre los actores interesados en las grandes reformas, como: la pensional, la laboral y la de la salud.

“Aliadas reitera su compromiso con el diálogo desde todos los sectores para sacar adelante las reformas institucionales que el país necesita, contemplando las distintas posiciones, escuchando con respeto y aportando de manera  propositiva para contribuir al desarrollo económico y social de Colombia”, puntualizó.

Fuente: Valora

Reforma laboral en Colombia: ¿Qué pasará con los empleos del petróleo y minería?

La reforma laboral que lidera el gobierno del presidente Gustavo Petro incluye un apartado sobre lo que podría llegar a pasar con el número de empleos que se eliminarían a cuenta del proceso de descarbonización de la economía nacional.

Según el documento, es necesario que la actividad económica nacional encuentre los mecanismos que ayuden a reemplazar y proteger los empleos que se pueden perder por la idea que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Justamente los empresarios del segmento han manifestado que, en ese sentido, la reforma laboral en Colombia pareciera entonces quedarse corta para solventar los principales problemas locales: la formalización y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Dice el proyecto de ley que “toda empresa que realice explotación minera, petrolera y actividades asociadas con la generación de energías que esté en proceso de descarbonización, de transición o de cambio de matriz minero-energética por renuncia o cambio de operación o actividad debe contar con un plan de cierre y protección de derechos laborales”.

Agrega el documento que ese plan deberá ser concertado y construido “con las personas trabajadoras de la empresa y con las organizaciones sindicales que las representan, socializado con las partes interesadas en el proceso y aprobado por el Ministerio del Trabajo”.

Pide la reforma laboral en Colombia que esa transición que deben hacer las empresas de los segmentos petroleros tenga en cuenta la protección de los trabajadores.

¿Cómo se protegerá a los trabajadores del sector petróleo en Colombia con la reforma laboral?

Identificación del número de trabajadores directos e indirectos afectados por el proceso de transición, de descarbonización, o de cambio de matriz minero-energética por renuncia o cambio de operación.

Ruta de reconversión laboral de los trabajadores cuyos contratos de trabajo puedan ser terminados o ruta de reubicación laboral en casos de cambio de actividad.

Posibilidades de reubicación laboral o condiciones para las desvinculaciones, o en su defecto planes de retiro voluntario que garanticen el mínimo vital de la persona trabajadora durante el periodo de transición laboral u obtención de pensión.

Continuidad en la afiliación y cotización a la seguridad social durante el periodo de transición laboral u obtención de pensión.

Financiación de un fondo de diversificación económica para extrabajadores directos e indirectos y contratistas, vinculados con su proceso productivo, que se organicen en formas asociativas para impulsar la economía popular y comunitaria. Lo anterior, en el marco de las autonomías de las empresas.

Las personas que se vean afectadas por la transición ingresarán a la ruta de empleabilidad de la Unidad del Servicio Público de Empleo.

Aclara el proyecto del gobierno del presidente Petro que ese plan deberá incluir tener en cuenta la respectiva reparación social y ambiental para poder compensar los efectos de la actividad mineroenergética.

“En caso de transición, de descarbonización o de cambio de matriz minero-energética por renuncia o cambio de operación o actividad, se priorizará la vinculación de las empresas contratistas que se vieren afectadas”, concluye el proyecto de reforma laboral en Colombia.

Hay análisis sobre el mercado local que dan cuenta de que la menor actividad del petróleo en Colombia llevaría a que se pierdan cerca de 117.000 puestos de trabajo.

Fuente: Valora

Los hogares deben ganar más de $3,7 millones para acceder a vivienda social

Para conseguir un crédito de $140 millones, una familia requiere 2,9 salarios mínimos, pero el 65 % de los colombianos gana menos de 2.

La Vivienda de Interés Social (VIS) por más de tres décadas fue el motor del sector edificador en el país y uno de los mayores generadores de empleo, apalancando siete de cada 10 ventas e impulsando más de 35 subsectores de la economía, siendo la solución más accesible para que los hogares que devengaban entre 1 y 4 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMMLV) lograran su sueño de tener vivienda propia.

Pero hace dos años este panorama cambió y ahora los hogares han dejado de comprar vivienda.

El gran apalancador de este segmento, al menos de la última década, fue el programa de subsidios Mi Casa Ya (MCY), que permitía que las familias obtuvieran hasta 30 SMMLV por sí solo o hasta 50 SMMLV por concurrencia (uniendo este con el subsidio de las cajas de compensación) para pagar su cuota inicial. Sin embargo, con una política más restrictiva desde la llegada del gobierno Petro, este programa se convirtió en el freno de la vivienda en el país.

El Gobierno limitó el número de subsidios a 50.000 por año y además incorporó al Sisbén como medida para focalizar el programa.

Estos cambios incorporaron un trámite más a los hogares que debían escriturar en el 2023, y sin ninguna garantía sobre la obtención del puntaje requerido, muchos desistieron de su compra. Al cierre del año, la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol) registró que más de 38.000 familias renunciaron a tener su vivienda propia, incluso, en algunos departamentos, los desistimientos aumentaron hasta un 800%.

Según Camacol, uno de cada tres desistimientos registrados se explicó por los cambios en Mi Casa Ya, dentro de los cuales se encontraba el requerimiento del Sisbén y los procesos asociados a la asignación de los subsidios.

Los hogares que lograron continuar con su proceso de compra, enfrentaron dificultades para su cierre financiero debido a la disminución del poder adquisitivo a causa de la inflación y las altas tasas de interés, que si bien a hoy vienen bajado, ha sido a un ritmo más lento que el esperado. Además, la vivienda VIS, al estar atado su precio a salarios mínimos, con las fuertes escaladas de los últimos tres años, se ha encarecido.

Todo este panorama ha hecho que la intención de compra disminuya con el paso del tiempo. Según la última Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, a febrero, la disposición a comprar vivienda cayó 43,5 %. Los ajustes, las tasas y los precios subiendo responden a este indicador.

A nivel general, el número de comercializaciones cayó 50 % el año pasado, y en 2024 la situación se ha agudizado aún más, pues tan solo en enero la caída fue de 35 %. Por poner un ejemplo, mientras que enero de 2022 se vendieron 13.343 viviendas, en 2023 se comercializaron 9.344 y este año apenas 6.595.

Sin cierre financiero

Si bien existen hogares hoy dispuestos a iniciar su proceso de compra, y que hacen parte del segmento al cual va dirigido el programa de MCY, debido a la situación del último año no lograrían un cierre financiero, a diferencia de años anteriores.

Por ejemplo, para viviendas para entrega en el 2021, con un salario básico de $908.526, con un costo de la VIS de $ 136,2 millones, con unas tasas que bordaban el 13 % efectivo anual (EA) y una inflación de 5,6 %, los hogares podían acceder a créditos hipotecarios por un mayor valor que al de hoy en día (cercano al 70 % que necesitan para la compra de vivienda, es decir, $ 95,3 millones de pesos a ese año), lo que permitía que los hogares que accedían a comprar en preventa, es decir, dos o tres años antes de la entrega, y en ese tiempo ahorraran el 30 % restante de manera ‘más sencilla’.

Para este año, en el que se están comercializando viviendas por encima de los $200 millones, en el mismo segmento VIS, las familias no podrían lograr sus cierres financieros, pues con los niveles de inflación, su poder adquisitivo se ha disminuido, así mismo las altas tasas de interés han hecho que los préstamos sean por un monto menor.

Regresando al ejemplo, hoy en día, un hogar que desee adquirir este tipo de vivienda deberá ahorrar como mínimo $60 millones en el mismo periodo (dos años) y conseguir financiación cercana a los $ 140 millones para poder tener un cierre financiero, lo que dejaría a las familias de por lo menos hasta los dos salarios mínimos por fuera de esta posibilidad de adquirir este último, tanto por el monto a solicitar como por las tasas de interés.

“Los bancos, con las tasas actuales, que son las que están casi todos los bancos, es decir, el 14 % E.A. exige que los hogares devenguen 3 SMMLV si se manda la operación a pesos. En UVR la situación se exige hasta 2 SMMLV”, señala Mabel Quintero, experta en financiación de vivienda.

Según Camacol, cuando las tasas de interés superan niveles del 15 %, como ocurrió en 2023, la necesidad de ingreso de los hogares para acceder a créditos de vivienda se incrementa inmediatamente.

“Actualmente, la regulación en Colombia permite que la primera cuota del crédito sea equivalente al 40 % del ingreso del hogar. De manera que con tasas de interés del 15 %, un hogar necesitaría un ingreso de 2,5 SMMLVpara acceder a una VIP de 90 SMMLV y de cerca de 4,2 SMMLV para adquirir una VIS de 150 SMMLV”, señala Guillermo Herrera, presidente del gremio.

Y agrega: “Esto quiere decir que las tasas de interés por encima del 15 % excluyen a los hogares con ingresos de menos de 2,5 SMMLV del acceso a una VIP o VIS, y limita de manera significativa la capacidad de aquellos con ingresos inferiores a 4 SMMLV para acceder a la oferta VIS tope”.

Por eso hoy, una familia que necesite de un crédito de $140 millones necesitará al menos devengar $2,9 salarios, es decir, $3,7 millones al mes.

Esta situación apremiante que parece que durará, según las expectativas de algunos bancos, hasta el primer semestre de este año, no solo está afectando las ventas, sino que ponen en duda si la vivienda VIS continuará llegando a la clase media-baja o será de ahora en adelante de acceso para la clase media-alta y dejaría de cumplir su objetivo.

¿Luz al final del túnel?

Sobre esta preocupación, Herrera considera que la baja en las tasas será crucial para potencializar esta industria y permitirá que los hogares accedan a los altos créditos que necesitarán.

Por fortuna, esta dinámica estaría viéndose en la última semana, en la cual la banca ha bajado sus tasas. Por ejemplo, Bancolombia anunció que sus tasas para este tipo de crédito serán del 12%, lo que, según el presidente de Camacol permitirá nuevamente a las familias adquirir una vivienda formal, sin embargo, debido a las variables macroeconómicas deberán ganar más de dos salarios para ello.

“A una tasa del 12 %, el ingreso requerido para comprar una VIP baja a aproximadamente 2,1 SMMLVy para adquirir una VIS de 150 SMMLV, a 3,6 SMMLV”, dice.

Vale recordar que en Colombia cerca del 65% de los hogares tienen un ingreso inferior a los 2 SMMLV, lo que no solo les limita el acceso a la banca y a un posible cierre financiero, sino restringe la capacidad de ahorro para cumplir con la cuota inicial, es decir, que hoy en día estos hogares no podrían acceder a la vivienda social.

“En este punto los subsidios juegan un papel fundamental, dado que justamente son el instrumento para mejorar la accesibilidad por parte de los hogares de menores ingresos, que representan la mayor parte de la población en Colombia y crecen de manera dinámica”, reconoce Herrera.

Además, hay que tener en cuenta, que los hogares por encima de este promedio son menos probables de obtener un subsidio de vivienda de Mi Casa Ya, pues el foco y la prioridad por acceder a este alivio son para los hogares más vulnerables, aquellos que no podrán acceder a un crédito que les permita un cierre financiero.

“Se requerirán mayores esfuerzos de la política de vivienda para lograr que las familias con ingresos inferiores a 2 SMMLV, y las que enfrentan restricciones para generar ahorro para adquirir su vivienda, puedan acceder al mercado formal. A esto hay que sumarle la población que sigue creciendo; de hecho, cada año se forman más de 270.000 hogares urbanos con ingresos inferiores a 4 SMMLV que son potenciales demandantes de VIS”, dice el presidente de Camacol.

De esta manera, habrá subsidios para hogares que no pueden acceder a créditos y créditos para personas que no accederán a subsidios. Esto perjudica al sector, y desde ya se refleja en las cifras de iniciaciones, que para el mes de febrero ha descendido 49 %, y en VIS 55,6 %.

Esta situación ha hecho que jugadores importantes dejen de apostar por este segmento, e incluso lo trasladen a otros países, en donde consideran que sí existe seguridad jurídica. Este es el caso del Grupo Accanto, importante constructora del país, ahora le apostará a República Dominicana.

“El sector constructor ha venido soportando durante varios años la influencia de factores que van desde el alza en los costos de los insumos o el precio del dólar, hasta la inseguridad jurídica, un escenario económico inestable y condiciones políticas que, para el caso de la VIS, impiden construir con calidad y conciencia sostenible”, señaló Luis Fernando Ballesteros, gerente general del Grupo.

Futuro de la preventa

Según datos de la industria, de los 270.000 hogares urbanos que se conforman cada año tienen ingresos de hasta 4 SMMLV y de ellos, más de 200.000 devengan solo 2 SMMLV, lo significa que para poder acceder a la compra de vivienda, las posibilidades cada vez se limitaran más.

Por tal motivo, el poder contar con alivios financieros que permitan a las familias tener un cierre para su negocio no solo permite el desarrollo de las ciudades, sino el fortalecimiento económico del país y ayuda a disminuir las brechas sociales.

“Los programas de subsidio bien gestionados tienen la capacidad de impactar el cierre financiero de las familias y reducir el monto de ahorro requerido para la cuota inicial a niveles inferiores al 20 % del valor de la vivienda”, señala Herrera.

Según datos de Camacol, antes del 2023, el número promedio de subsidios para acceso a VIS y VIP se ubicó en torno a los 72.000 por año, lo que entonces permitió mayor acceso a esta vivienda.

“El volumen de subsidios y la confianza en el sistema permitieron que las entidades financieras incorporaran el subsidio esperado dentro del cierre financiero de los hogares. En el caso de Mi Casa Ya, el hecho de que los hogares pudieran ser evaluados con subsidio reducía el ingreso requerido para comprar una VIP a niveles de hasta 1 SMMLV; a 2,5 SMMLV, para comprar una VIS de 135 SMMLV, y aproximadamente 2,9 SMMLVpara una VIS de 150 SMMLV”, explica Herrera.

Fuente: Portafolio