Las
proyecciones sobre el futuro de las finanzas públicas de Colombia
Mientras
que el Gobierno asegura que se seguirá respetando la regla fiscal, se han
lanzado alarmas y se ha cuestionado el manejo de las finanzas
La
sostenibilidad fiscal del país es uno de los grandes retos que tiene la
presidencia de Gustavo Petro, y también es la coyuntura que tiene entre la
espada y la pared al ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla.
En
junio, el titular de esa cartera presentó las estimaciones del Marco Fiscal de
Mediano Plazo del 2023, en el cual el Gobierno definió para este año una
proyección del déficit fiscal en 4,3% como porcentaje del PIB, y también que
para el próximo año sería de 4,5%, lo que implica un aumento en lugar de una
corrección.
Las
cuentas estatales también señalan que para el 2023 la deuda representaría 55,8
puntos del PIB; en el 2024 esta cifra sería de 57,1 puntos y empezaría a
descender en una senda que busca llegar a 55 puntos del PIB nuevamente para el
2034.
Con
estas cuentas sobre la mesa, son varias las alertas que se han elevado con
relación a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el nivel de gasto de la
Nación y el plan financiero que tiene el 'gobierno del cambio' a futuro.
Cuestión
de intereses
Desde
el Ministerio de Hacienda, Bonilla ha tratado de calmar las aguas desde el
primer momento en que presentó sus expectativas, y ha señalado que este aumento
en el desbalance fiscal que se espera para el próximo año tiene una explicación
técnica, relacionada con la acumulación de la deuda y el perfil de vencimientos
que tiene Colombia para los próximos dos años.
"El
país no se va a declarar en moratoria ni va a tener default, lo que no
significa que no se buscarán otras posibilidades de financiamiento", dijo
el Ministro.
Otra
de las grandes críticas que ha recibido el Gobierno es que el desbalance fiscal
que se espera para este año es mayor a las estimaciones que se tenían a finales
del 2022, cuando se esperaba un dato de 3,8% para el 2023.
NO
todo es negativo
El
Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) se pronunció sobre las cuentas
macroeconómicas lanzadas por el Ministerio de Hacienda al presentar el Marco
Fiscal de Mediano Plazo. Aunque hizo varios reparos, el Carf exaltó los
esfuerzos del Ejecutivo por cerrar la brecha entre el precio internacional de
la gasolina y lo que se paga en Colombia, al tiempo que estima que al final del
2023, el déficit del fondo que estabiliza los precios de este combustible en el
país terminará en $18,5 billones, es decir, $10 billones menos de lo esperado a
principios de año.
Sin
embargo, debido al descenso en los precios del petróleo y la reducción de las
importaciones, es probable que el recaudo esperado se vea afectado, y esto,
según el titular de la cartera de Hacienda, también justifica por qué el
Gobierno revisó sus metas fiscales hacia un escenario más negativo.
El
ministro, al presentar el Marco Fiscal, reiteró que frente a los datos del 2022
(-5,3%), se prevé igualmente una reducción de 100 puntos básicos en el déficit
fiscal para este año.
"Este
ajuste sería consistente con el logro de un equilibrio primario por primera vez
desde el 2019, apalancado en el mayor recaudo tributario de la reforma y de la
coyuntura de altos precios del petróleo: los ingresos totales del Gobierno
Nacional Central alcanzarían un máximo histórico como porcentaje del PIB",
indica el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Según Bonilla, esto permitiría de manera simultánea reducir el déficit fiscal y lograr un aumento histórico en el gasto primario, en línea con el objetivo de alcanzar una mayor justicia social que tiene el Gobierno.
"Seguimos
comprometidos con respetar la regla fiscal: es una regla fiscal muy dura, que
nos coloca en los límites", ha sostenido el funcionario.
A
pesar de estos argumentos, para los expertos hay un alto riesgo de
incumplimiento de la regla fiscal, y aparentemente, las cuentas del Gobierno no
terminan por dejarlos tranquilos. Entre las alertas más duras está la del
Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), entidad independiente adscrita a
Hacienda que se creó con la reforma tributaria del 2021, precisamente, con el
fin de realizar un seguimiento a la regla fiscal y propender por la
sostenibilidad de las finanzas públicas.
Desde
el Carf, no solo se ha cuestionado la posibilidad de que el próximo año se dé
un incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, sino que también se ha llamado
la atención sobre el deterioro previsto para el déficit fiscal el próximo año y
sobre el incremento programado del 1,2% en el gasto primario entre el 2023 y el
2024.
Entre
las situaciones que destacó el Carf en su pronunciamiento oficial sobre el
Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Comité puso sobre la mesa cómo se prevé un
deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda para el próximo año,
"a pesar de haberse aprobado dos reformas tributarias en los últimos dos
años que aumentaron de forma importante los ingresos de la Nación".
Andrés
Velasco, director técnico del Carf, explica que el centro del problema está en
la manera en que se busca financiar el gasto de la Nación, y de ahí las alertas
que viene lanzando el Comité.
"La
regla fiscal tiene una doctrina en que se proyecta gasto permanente solamente
cuando hay ingresos permanentes. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el
Gobierno incluye para el 2024, 2025 y 2026 unos montos muy importantes de
arbitramento de litigios", señala Velasco.
Esto,
por un contingente por cerca de $30 billones con los que hace cuentas el
Gobierno, con una estrategia que busca recuperar $15 billones en el 2024, $10
billones en el 2025 y $5 billones en el 2026.
"Esos
recursos tienen la característica de no ser estructurales, permanentes ni
recurrentes. El Carf considera riesgoso programar gasto estructural e iría en
contravía del cumplimiento de la regla fiscal. No existe un ingreso estructural
que los reemplace", indica Velasco a revista Portafolio.
Además,
el Carf también ha sido crítico sobre el aumento del gasto primario de 1,2
puntos porcentuales, pues el Marco Fiscal establece que este se elevaría de
$309,05 billones según lo proyectado en el 2023 a $347,49 billones en el 2024.
Y pasaría de representar el 19,2% del PIB en el 2023 a 20,5% en el 2024.
Pero
no todo son críticas en el análisis de la entidad. En el pronunciamiento
oficial del Carf sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Comité también
"elogió", en sus propias palabras, el esfuerzo del Gobierno en temas
como la reducción del déficit del Fepc.
Al
llamado de atención que hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal al Gobierno
se sumaron también otras voces expertas, y elevaron alertas en la misma línea.
Desde
Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, su director ejecutivo, asegura que, dadas
las perspectivas con que viene trabajando el Gobierno desde el Marco Fiscal de
Mediano Plazo, "se prevé que en el 2024 y 2025 se pondría en riesgo el
cumplimiento de las metas establecidas por la regla fiscal".
"Un
elemento central para analizar es que este MFMP incluyó por primera vez un
rubro de ingresos por litigios de la Dian, el cual corre el riesgo de no ser
incluido en el Balance Primario Neto Estructural (BPNE) al no ser de carácter
estructural y ser considerado como transacción de única vez", advierte el
experto.
Pero, del mismo modo, comenta también que, de incluirse esté en el balance, existe una alta incertidumbre en la materialización de ese recaudo adicional, pues no es clara la velocidad ni la probabilidad de éxito con la que se podrían ejecutar los procesos judiciales.
"Desde
Fedesarrollo se considera crucial la adopción de medidas que promuevan una
reducción del gasto para avanzar en el proceso de consolidación de las finanzas
públicas y disminuir la actual vulnerabilidad económica de Colombia", indica
la entidad.
Problemas
de financiamiento
De
igual forma, Mauricio Santa María, presidente del centro de estudios económicos
Anif, también ha llamado la atención sobre la situación, especialmente con
relación al balance entre ingresos y gastos que propone Hacienda.
El
economista aseguró, en el marco de un evento organizado por la entidad el mes
pasado, que el nivel de gasto tanto para este como para el próximo año "es
muy grande", y a ello se suman presiones como el déficit del Fondo de
Estabilización de Precios a los Combustibles (Fepc) que aún debe asumir el
Gobierno, y que, según cálculos de MinHacienda, tan solo este año acumulará
$17,8 billones, lo mismo que el pago de intereses por deuda.
La
preocupación de Santa María se centra entonces en la forma como el Gobierno
espera financiar buena parte del presupuesto en el 2023. "Los ingresos
tributarios suben muchísimo este año. Es casi un punto del PIB por ingresos de
la Dian y otro poco por litigios, pero si eso no se cumple, vamos a tener
problemas importantes", comentó.
Ya
esto se suma también el impacto relacionado con las reformas sociales en el
gasto de la Nación, pues, según Santa María, "el nuevo gasto que se está
generando está abriendo una brecha hacia el futuro que tendrán que pagar las
próximas generaciones".
Y
también desde la academia se ha hecho un llamado al Gobierno en torno a sus
metas fiscales. Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, se
cuestionó que el plan financiero del Gobierno se acerca al límite impuesto por
la Regla Fiscal basado en una previsión de ingresos que "genera
dudas".
Para
Oliver Pardo, director del dicho Observatorio, el gasto proyectado es "tan
alto" que, a pesar de las optimistas proyecciones de ingreso, apenas si se
cumple la regla fiscal.
"El
endeudamiento tiene ciertos límites, por lo que es fundamental que las
perspectivas de gasto estén fundamentadas en ingresos realistas", asegura
el analista.
A
pesar de ello, el Gobierno ha insistido en que sus proyecciones son realistas.
Al igual que Bonilla, el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, ha venido
reiterando los compromisos de la cartera, con el fin de enviar mensajes de
tranquilidad ante el mercado.
En
declaraciones a medios, Guevara aseguró que el ministerio está "manejando
responsabilidad macroeconómica, siempre mandando el mensaje de sostenibilidad
fiscal y pago de deuda".
De
acuerdo con el funcionario, "se está haciendo un ajuste fiscal
importante", y desde el año pasado se vienen ejecutando acciones en este
camino, como lo fue la aprobación de la reforma tributaria, para financiar el
gasto social sin afectar la estabilidad fiscal.
"De
los desafíos más difíciles para nosotros está el déficit del Fepc: hemos
asumido unos aumentos antipopulares con la gasolina y, en el caso del diésel,
hemos sido más prudentes", comentó el viceministro.
A
finales de julio, el equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana
presentó el informe 'Cuentas fiscales 2023 y 2024: el ajuste que no fue', en el
cual la entidad reconoce que las proyecciones de déficit para el próximo año no
solo están "al límite" de lo permitido por la Regla Fiscal, sino que
además apuntan a métricas peores frente a otros países de la región y un margen
de maniobra muy limitado.
"Lo más preocupante es el aumento del gasto sin intereses ni Fepc, de 17,6% del PIB en el 2023 a 19,4% en el 2024, unos $47 billones más. En comparación con el 2022, el Gobierno gastaría casi $100 billones más el próximo año, fuera de intereses y Fepc, lo que configura una postura fiscal excesivamente holgada que puede arriesgar la sostenibilidad fiscal", dice una de las conclusiones de Corficolombiana.
Pero,
además, el informe reconoce que estas cuentas son aún más preocupantes si se
incorpora el efecto de las reformas que se discutirán en esta legislatura.
Corficolombiana
señala que, ante esta situación, el Congreso debe demandarle al Gobierno un
presupuesto de gasto para el 2024 más austero y consistente con un gasto
primario, sin incluir el déficit del Fepc, inferior al 19,4% del PIB.
"Un
déficit público de 4,5% del PIB, como el que establece el MFMP, expone al país
a un riesgo alto si llegan a materializarse escenarios externos desfavorables.
Además, borra del mapa la posibilidad de avanzar en recuperar el grado de
inversión", finaliza el análisis de Corficolombiana.
Tarea
compleja
Pero
un presupuesto austero resultará una tarea compleja, si se tiene en cuenta que
el ‘gobierno del cambio’ busca para el 2024 que el Presupuesto General de la
Nación (PGN) llegue a los $502,6 billones, con lo cual se incrementará un 18,8%
con relación al monto que quedó aprobado para este año tras la adición
presupuestal, que es de $422,8 billones.
Además,
según los cálculos del propio Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con
este monto el Presupuesto General de la Nación pasaría a representar el 29,6%
del PIB, 3,3 puntos porcentuales más que el de este año, que equivale a 26,3%
del PIB.
“La
estrategia de financiación del PGN 2024 es fiscalmente responsable. Se
fundamenta en aumentar el recaudo tributario con altos estándares de equidad y
en elevar la calidad y eficiencia del gasto público”, aseguró el Ministerio de
Hacienda al radicar el proyecto del presupuesto ante el Congreso.
Según
la cartera, desde la administración se está trabajando en estos propósitos a
partir de la Ley 2277 del 2022 –la que aprobó la reforma tributaria a finales
del año pasado– y también por medio de “una estrategia para el uso eficiente de
los recursos públicos”, contenida en las bases del Plan Nacional de Desarrollo
vigente.
Con
todo esto presente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene sobre sus
hombros una tarea compleja, para la cual tiene que manejar con atención sus
proyecciones de gasto en una coyuntura en la cual se está quedando sin margen
de maniobra.
Milton
Díaz
Aunque
el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2024 ya tiene medio camino andado
en el Congreso y para su aval final en plenarias de Senado y Cámara hay un
plazo máximo del 20 de octubre, su primer examen en las comisiones no estuvo
exento de múltiples observaciones por parte de diversos senadores y
representantes a la Cámara.
Si
bien el articulado fue aprobado casi por unanimidad, dando paso a un monto sin
precedentes de más de $502 billones, desde el legislativo hubo un llamado al
Ministerio de Hacienda para que preste atención a detalles como la financiación
de la ciencia y la tecnología, así como a la distribución de recursos para las
regiones y que haya explicaciones sobre una parte de estos recursos que están en
el limbo, puesto que no tienen una base sólida y segura de financiación.
En
efecto, ese primer round estuvo marcado por varios cuestionamientos de
congresistas como Katherine Miranda o Ciro Ramírez, por los $15 billones que el
Gobierno Nacional espera recaudar por medio de litigios y arbitramentos, ya que
se estaría contando con una plata sobre la que no hay certeza de si llegará o
no.
"Es
necesario que el ministro Bonilla nos hable y nos haga claridad frente a las
dudas que hoy se están planteando por parte de varios senadores y
representantes que no sienten que se esté explicando este proyecto como se
debiera y deja muchos vacíos sobre los cuales se debe trabajar", dice
Ramírez.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostiene que, con respecto a los reparos que realizó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal por algunos litigios con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la entidad cuenta con las herramientas fijadas por la reforma tributaria para incrementar el recaudo.
Empresarios
al límite
Otras
de las dudas desde las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara están
relacionadas con el aumento de impuestos que denunciaron legisladores como
Carlos Meisel, quien argumentó que se está llevando al límite a los empresarios,
desconociendo que el país atraviesa por una realidad económica desfavorable.
"Lo
que más me preocupa es que hablan de aumentos tributarios, siempre con un
ordeño excesivo a la vaca que tanto maltratan y que es el tejido empresarial,
por medio del aumento de impuestos. Hoy los empresarios no enfrentan un clima
favorable en la economía del país y eso es algo que se está pasando por alto y
en el futuro puede terminar afectando a todos", dijo el senador Carlos
Meisel.
Dentro
de las inquietudes que también se plantearon antes de la votación, destacaron
la reducción de los recursos para Ciencia y Tecnología, así como la falta de
claridad frente a las fuentes de financiación para mantener los subsidios que
viene entregando actualmente el Estado.
Fuente:
Portafolio
Wall
Street sube y el S&P 500 roza máximos históricos, y registra la mayor alza
Un
cierre por encima del nivel de 4.796,56 unidades confirmaría que el S&P 500
se encuentra en un mercado alcista
Las
acciones estadounidenses subían el miércoles, en una jornada en la que el
índice S&P 500 estaba cerca de su máximo histórico ante la perspectiva de
que la Reserva Federal recorte pronto las tasas de interés.
A
las 1449 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI ganaba 27,61 puntos, o un
0,07%, a 37.572,94 unidades; el S&P 500 .SPX avanzaba 3,27 puntos, o un
0,07%, a 4.778,02 unidades; y el Nasdaq Composite .IXIC mejoraba 20,33 puntos,
o un 0,13%, a 15.094,90 unidades.
El
referencial S&P 500 está a un paso de batir el récord alcanzado en enero de
2022 y en camino de registrar su mayor alza trimestral en tres años. Ocho de
los once subsectores del índice cotizaban en positivo, liderado por el consumo
discrecional .SPLRCD.
Un
cierre por encima del nivel de 4.796,56 unidades confirmaría que el S&P 500
se encuentra en un mercado alcista desde que tocó el nadir del mercado bajista,
el mínimo de cierre alcanzado en octubre de 2022. Sin embargo, es probable que
los volúmenes sigan siendo bajos, ya que la mayoría de los actores del mercado
se encuentran ausentes por las festividades de fin de año; y hay pocos
catalizadores, ya que el jueves sólo se esperan los datos semanales de
solicitudes de subsidio de desempleo.
"Tradicionalmente,
entre navidad y año nuevo no hay mucha actividad, pero sí noto que esta semana
parece dominar el optimismo", dijo Peter Andersen, de Andersen Capital
Management en Boston. "Creo que la Fed no subirá las tasas en 2024 y que
la economía seguirá mostrando un aterrizaje suave. Eso debería proporcionar una
base sólida para un aumento continuo en 2024".
El
fabricante de vehículos eléctricos Tesla Tsla.O impulsaba al alza al Nasdaq
tras conocerse que planea lanzar una versión renovada de su Modelo Y.
CytokineticsCytk.O se disparaba un 62,1% después de que su fármaco experimental
contra las cardiopatías alcanzara el objetivo principal de un esperado estudio
de fase avanzada, lo que le sitúa en la senda de competir con un tratamiento
rival de Bristol Myers Squibb Bmy.N.
Las
acciones de Cytokinetics se disparan tras exitoso estudio de un fármaco
cardíaco.
Fuente:
La Republica
Situación
financiera del sistema de salud sería la más crítica de los últimos 30 años
Así
lo señalan los gremios asociados al sector, quienes hacen un llamado al
Gobierno para que se atienda esta problemática.
A
través de una carta, los gremios de las EPS, Acemi, Gestarsalud, Asocajas y la
Cámara de aseguramiento de la Andi, expusieron su preocupación en torno a la
crisis financiera que atraviesa el sector.
En
la misiva, dirigida a la Comisión Asesora de beneficios, costos, tarifas y
condiciones del aseguramiento, las agremiaciones aseguran que a la fecha no se
han cancelado los pagos corrientes por presupuestos máximos de noviembre y
diciembre, los cuales ascienden a 500.000 millones de pesos.
Carta
de los gremios
De
la misma manera, manifiestan que para la vigencia 2023 no se expidió la
metodología para el pago de los presupuestos máximos, ni se ha requerido
información que permita hacer la revisión pormenorizada para estimar una cifra
de los faltantes del año.
Las
entidades también señalan que, a la fecha, no se han adelantado las gestiones
para reconocer los ajustes del año 2022, así como los presupuestos máximos cuyo
monto ascendería a los 820.000 millones de pesos.
De
esta manera, según los gremios firmantes, la deuda por servicios no incluidos
en el plan de beneficios, para los años 2022 y 2023, podría llegar a ubicarse
por encima de los $2,3 billones. Situación que se suma a la mora injustificada de
4 meses, entre julio y octubre de este año.
"Esta
situación ya empieza a afectar a los pacientes y la provisión de medicamentos
vitales para poblaciones con enfermedades huérfanas, de alto costo y
degenerativas. También afecta la provisión de servicios sociales como
hospedaje, transporte no medicalizado, alimentos de uso especial y pañales, que
dejan de entregarse a población vulnerable", menciona el texto.
Panorama
incierto
Acemi,
Gestarsalud, Asocajas y la Cámara de aseguramiento de la Andi destacaron que a
la situación anterior se le suma que al día de hoy no se conoce ningún avance
oficial sobre la determinación de la prima de riesgo (Unidad de Pago por
capitación - UPC) que le será reconocida a las EPS en 2024.
En
ese sentido, el grupo emisor señala que no hay noticias sobre las reuniones
ordinarias que deben realizar los equipos técnicos de los Ministerios de Salud
y Hacienda, ni de reuniones oficiales de la Comisión. Tampoco se ha hecho
referencia al estudio de suficiencia, ni se publicó oficialmente el borrador para
comentarios de la resolución que determina la prima y sus ajustes, así como se
ha venido haciendo de manera regular durante los últimos 20 años.
"Esta
situación, del todo inédita, profundiza la crisis financiera del sistema de
salud y
agudiza
la incertidumbre de todos los actores", indican los gremios.
Por
esa misma línea, hicieron énfasis en las múltiples oportunidades en las que
desde distintos frentes se le ha hecho un llamado al Gobierno a atender esta
situación, sin que se hayan definido las acciones a seguir.
Llamado
de atención
Las
agremiaciones hacen eco en que el sistema de salud cierra este año "en
medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años". Una
situación que se evidencia en las pérdidas técnicas en la mayoría de las EPS y
deudas por parte de la Nación con prestadores y proveedores.
"A
pesar de que después de la pandemia se ha hecho evidente la necesidad de más
recursos para el sistema, no se han tomado las acciones necesarias para evitar
la desfinanciación del derecho a la salud de los colombianos".
Las
entidades reiteran su pedido al Ejecutivo y a la Comisión para que se planteen
las medidas necesarias para hacerle frente a la situación crítica que atraviesa
el sistema. Estas incluyen "una prima suficiente para el próximo año, el
pago oportuno y suficiente de los presupuestos máximos y la posibilidad de
realizar ajustes posteriores ante deficiencias en las proyecciones".
Fuente:
Portafolio
El
dólar extendió su tendencia a la baja y se cotizó por debajo de la barrera de
$3.900
Los
precios del Brent y el WIT también registraron caídas leves este miércoles a
medida que se restablecen las operaciones marítimas en el mar Rojo
El
dólar volvió a caer este miércoles, en una jornada marcada aún por la escasez
de datos macroeconómicos en los últimos días de 2023 y el efecto que han tenido
en los mercados las señales de la Reserva Federal de que se inclinará por un
recorte de tasas. La divisa estadounidense se mantuvo en su nivel más bajo en
cinco meses frente al euro, en tanto que en Colombia registra sus valores
mínimos desde junio del año pasado.
La
cotización de apertura fue $3.850 y cayó $27 frente a la Tasa Representativa
del Mercado, TRM, de $3.871,45, cuando marcó al cierre un promedio de
$3.843,94. Durante la jornada se registró un máximo de $ 3,870.00 y alcanzó un
mínimo de $3.810,00. En total, se negociaron US$ 831,961,000.00 a través de
1.062 transacciones.
El
índice dólar mantiene su tendencia a la baja mientras los inversionistas en
EE.UU. se mantienen a la espera de nuevas pistas sobre cuándo la Fed comenzará
a recortar las tasas de interés, mientras que la inflación el país
norteamericano se acerca a su objetivo anual de 2%.
Precios
del petróleo
Los
precios del petróleo cotizaban estables el miércoles. Los inversionistas
mantienen al pendiente de la situación en el Mar Rojo y más ahora que varios
transportadores han decidido reanudar sus operaciones pese a los ataques de los
hutíes y las tensiones que han ido escalando en los últimos días en el Medio
Oriente.
Los
futuros del petróleo Brent registraron una caída de 0,21%, es decir, 17
centavos, ubicando el precio del barril en US$80,90 a las 0940 GMT.
Por
otro lado, el crudo estadounidense WTI registró también una caída de 34
centavos, es decir, cedió 0,45% ubicándose en US$75,23 a la misma hora.
Hay
que tener en cuenta que en la jornada del martes los precios del petróleo
subieron más de 2% por cuenta de los ataques perpetrados por los radicales en
el Mar Rojo. Estos hechos despertaron el temor de una posible interrupción del
transporte marítimo en esa zona. Importantes navieras como Maersk y la francesa
CMA han reanudado su paso por este mar gracias a la presencia de una fuerza
operativa multioperativa en la región.
Fuente:
la Republica
Van
Camp's desmiente afirmaciones de Ministra de Trabajo y anuncia acciones legales
La
encargada de la cartera, Gloria Inés Ramírez, señaló sin ofrecer pruebas que
las trabajadoras de la atunera no tienen tiempo de ir al baño
Seatech
Internacional Inc., fabricante de atún Van Camp’s rechazó las afirmaciones
lanzadas este miércoles por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez en las
que señalaba que en varias empresas del sector floricultor y de procesamiento y
empaquetamiento de atún se registraban condiciones precarias de trabajo.
Según
la encargada de la cartera, en algunas visitas de inspección se encontraron que
había mujeres que no tenían tiempo para ir al baño. En sus declaraciones se
refirió directamente a Van Camp’s.
“Se han encontrado que las condiciones con las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores, por ejemplo, no tienen tiempo de ir al baño, que es algo tan propio del ser humanos, de la máquina que somos, entonces nosotros estamos trabajando para que estas condiciones de ejercicio de labores y de los oficios tengan dignidad humana fundamentalmente”, dijo la ministra.
Según
Ramírez esto ha implicado que las trabajadoras tengan que durar más de ocho
horas para poder hacer sus necesidades e incluso las obliga a tener que usar
pañales.
La
respuesta
Ante
estas palabras, Seatech Internacional Inc. expresó a través de un comunicado de
prensa su rechazo contra las acusaciones de la ministra diciendo que no se
puede “atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera”.
Además,
señaló que las palabras de la ministra atentan contra los más de 35 años que la
empresa lleva aportando al país con crecimiento y generación de empleo. “La
compañía y sus 1.800 colaboradores reiteran que lo señalo no es cierto y
procederá a defenderse de ese ataque bajo la ley y normatividad vigente
colombiana”.
Fuente: La Republica
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