Agosto 31 de 2023

 Sube tensión por tarifas eléctricas y situación de comercializadores

Fuerte contrapunteo entre el presidente Petro y el exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, por el esquema para suavizar alzas a usuarios.

Luego de las alertas que prendió la Asociación de Colombiana de Comercializadores de Energía Eléctrica (Asocodis), sobre un posible impacto en la prestación del servicio de energía en varias regiones, debido a la apretada situación financiera de varios comercializadores, que están a la espera de recuperar $7,2 billones de valores pospuestos en las facturas, deudas de entidades públicas, subsidios y alivios dados en la pandemia, la controversia subió de tono.

Lo anterior porque el presidente Petro afirmó en su cuenta de la red social X que la opción tarifaria, es decir el mecanismo para diferir parte del valor del servicio para no impactar el bolsillo de los usuarios, la creó el gobierno de Iván Duque, aspecto sobre el que el primer mandatario señaló que se hizo de forma similar al déficit del fondo de la gasolina pero en energía eléctrica.

“Decidió unas tarifas de energía eléctrica más bajas de lo que debería cobrar normalmente en los tiempos del covid; pero lo hizo no con cargo a las utilidades del sector eléctrico sino como una deuda de los usuarios que se acumuló y que deben pagar ahora. Al final de su gobierno esa deuda asciende a 5 billones de pesos y deben ser pagados”, sostuvo.

Previamente, el mandatario había afirmado que la amenaza del apagón “es para asustarnos y afanarnos a pagar la deuda generada por Duque sea del presupuesto, sea de las tarifas”, y señaló que el Ministerio de Minas y Energía presentará otra propuesta para modificar parte del régimen tarifario “que permita tarifas justas”.

No obstante, varios expertos en el tema eléctrico, entre ellos el exministro Diego Mesa, refutaron las afirmaciones de Petro, señalando con claridad que tiene conceptos equivocados que lo están llevando a incurrir en errores.

Fuentes consultadas por Portafolio explicaron que del presupuesto solo deben salir $1,13 billones correspondientes a los subsidios a los estratos bajos, ya que lo que se busca es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ajuste la regulación para que los comercializadores puedan comenzar a cobrar estos saldos a usuarios y no al fisco.

Actualmente, para ello la norma no les permite cobrar más de 0,3% del costo unitario del kilovatio mensual y la propuesta es flexibilizar la regulación para que el cobro se pueda hacer por segmentos, iniciando por los usuarios con mayor capacidad económica, es decir del estrato 4 al 6.

Y para aliviar su situación financiera sin afectar a los usuarios más pobres, los comercializadores buscan una línea de crédito con Findeter, con tasas favorables a 10 años, para que puedan tener un respiro.

A su turno, el exministro Mesa, quien calificó como increíble que Petro este tan mal informado para que no haya una sola verdad en su trino, le recordó al mandatario que la opción tarifaria se creó en la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica) y la han aplicado, voluntariamente, comercializadoras de energía en múltiples gobiernos, la más reciente durante el Gobierno actual, mientras que el Fepc se creó en la Ley 1151 de 2007.

“Es falso que estos mecanismos, que han operado con normalidad en más de cinco gobiernos, los haya creado el gobierno Duque”, aseguró.

Y precisó que los comercializadoras “esperan que el Gobierno les pague la deuda de los subsidios y recuperar los saldos de opciones tarifarias, no que se suban las tarifas”.

Al respecto explicó que las deudas se originan en que el sistema de subsidios cruzados no alcanza para cubrir la totalidad de los recursos, cuyo monto sube no solo cuando el gobierno no les paga a las empresas esta diferencia a tiempo, lo cual se debe hacer trimestre vencido.

“En este Gobierno se ha disparado el costo de esa deuda por diferentes medidas que se han tomado”.

Portafolio consultó al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre en qué consiste el plan para regular los precios y sobre el impacto de variables como las pérdidas de energía y restricciones, pero no fue posible obtener una respuesta.

Medidas que se han tomado han incidido

De acuerdo con otros fuentes consultadas, decisiones como la suspensión de los contratos de fuentes de energía renovable no convencionales en La Guajira, incluido en la emergencia económica para ese departamento, es uno de esos factores que hace que los comercializadores queden descubiertos y deban ir a la bolsa de energía.

Como se recuerda, allí los agentes negocian electricidad en el mercado de contado, con precios que más caros en épocas de sequía.

De hecho, las cifras de XM, operador del mercado eléctrico, muestran que en los últimos meses han tenido fluctuaciones que lo han llevado a niveles superiores s los $800 por kilovatio.

Fuente: Portafolio

Bancolombia anunció una reducción de 50% en las tarifas de comisión en eTrading

Con este cambio, en cada transacción se pagará una comisión de 0,15%, más el IVA, además, la comisión mínima será de $9.500

Bancolombia anunció una reducción de 50% en las tarifas de comisión en eTrading que aplica para las operaciones de compra o venta de acciones que se realizan en sus plataformas digitales.

E-trading es un sistema electrónico para compra y venta de acciones en línea que se lleva a cabo en tiempo real, de una manera fácil, sencilla, rápida y más segura de manejar.

En el caso de Bancolombia, permite que las personas naturales puedan consultar y negociar en tiempo real todas las acciones que se trazan en la Bolsa de Valores de Colombia y es posible hacer operaciones intradía, es decir que apenas se hace la operación de venta de títulos, se puede utilizar de inmediato el dinero para adquirir otros.

Con este nuevo cambio, en cada transacción se pagará una comisión de 0,15%, sumando el IVA, y la comisión mínima será de $9.500. Este beneficio aplica tanto para las transacciones que se realizan en la versión web como en la aplicación móvil.

“Creemos firmemente que las inversiones no deben ser un privilegio exclusivo de unos pocos, sino una oportunidad accesible para todos. Al reducir nuestras comisiones de eTrading Bancolombia, facilitamos que, tanto inversionistas expertos como novatos, participen en el mercado de renta variable y, por esta vía, contribuimos para tener un mercado más inclusivo y dinámico", comentó Jorge Arango, vicepresidente de Inversiones de Bancolombia.

Más de 9.000 inversionistas operaron en el último año, eTrading Bancolombia. El monto mínimo para operaciones de compra es de $1 millón, y de $500.000 para las transacciones de venta.

Según explicó el banco, en eTrading Bancolombia se puede realizar seguimiento a la información del mercado, sin pago de suscripciones ni cargos extras, así como de acceder a informes económicos realizados por expertos; y ofrece más de 100 opciones para realizar estudios técnicos y el uso de distintas herramientas en los gráficos para complementar el análisis sobre los activos de inversión.

Fuente: La Republica

Obras, tasas y subsidios, ideas para la política contracíclica

Diferentes expertos han puesto su ‘grano de arena’ para que el Gobierno idee un plan concreto que permita impulsar la actividad económica.

Mientras que solo quedan cuatro meses para que termine el año 2023, el Gobierno ha dado puntadas sobre la necesidad de avanzar en una política contracíclica, con el fin de impulsar la economía luego de la cifra de 0,3% que se presentó en el crecimiento del PIB para el segundo trimestre del año.

Mientras que solo quedan cuatro meses para que termine el año 2023, el Gobierno ha dado puntadas sobre la necesidad de avanzar en una política contracíclica, con el fin de impulsar la economía luego de la cifra de 0,3% que se presentó en el crecimiento del PIB para el segundo trimestre del año.

Aunque el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habló en días pasados de cómo “ya están identificados los sectores en los cuales hay mayores dificultades y sobre los cuáles hay que actuar en el segundo semestre para construir la reactivación económica”, en referencia a los cuatro sectores que cayeron en el PIB del segundo trimestre, por ahora el Gobierno no ha divulgado una hoja de ruta concreta y articulada con las acciones para ello.

Por ello varios economistas y voces expertas han aportado a la discusión, con el fin de ayudar a estructurar esa estrategia, que según propone, debería arrancar por acciones en torno a la construcción, el consumo, y el comercio.

Esta semana, por ejemplo, Juan Alfredo Pinto, quien fue presidente de Acopi, el gremio de los microempresarios, envió una carta al Presidente Gustavo Petro en la que presenta un decálogo de acciones en materia de política pública para “animar el mercado interno y producir efecto reactivador en lo que resta del año 2023”.

Entre sus recomendaciones está, en principio, trabajar de la mano con el sector financiero, y sugiere, en primer lugar ordenar a la banca pública, y en la medida de lo posible a la banca de desarrollo, la aplicación de una reducción en la tasa de interés de sus operaciones crediticias durante el último cuatrimestre de 2023; y también, solicitar a las entidades del sector financiero medidas como la reducción de tasas en las tarjetas de crédito.

También, para fomentar el consumo, sugiere que el Gobierno autorice a todas las organizaciones empresariales para efectuar el pago anticipado de la prima de Navidad a partir del 15 de septiembre de 2023, y que se convoque a las grandes superficies comerciales y a todo el sistema de comercio y distribución del país para la introducción de planes de rebaja de precios en los productos de la canasta familiar.

En relación a la construcción, uno de los sectores que suele ser foco en este tipo de planes por ser intensivos en mano de obra, propuso “asegurar desde los ministerios de Hacienda y de Transporte el pago oportuno y a tiempo de las obras públicas de infraestructura y acelerar, dentro de los cánones regulatorios y bajo las disposiciones legales, la expedición de licencias, registros sanitarios y los resultados de consultas para lograr el cumplimiento de los cronogramas de proyectos públicos y privados”.

Y otra se las propuestas de Pinto es “acelerar al tope de las posibilidades la entrega de subsidios de vivienda”, y también trabajar de la mano con los medios de comunicación, operadores de telefonía y otros actores para promover el turismo y otras actividades que fomenten el comercio.

Otras propuestas

Para varios economistas, por otro lado, resulta clave trabajar en sectores como las obras civiles.

Desde el centro de estudios económicos de Fedesarrollo, su director ejecutivo, Luis Fernando Mejía,aseguró por su parte que la medida más importante es acelerar la ejecución del Presupuesto, especialmente en el componente de obras civiles.

“El nivel de actividad de las obras civiles hoy sigue siendo un 45% inferior al de la prepandemia en 2019, luego hay mucho por hacer en este frente. También es clave poder tener una buena capacidad gerencial que permita ejecutar de manera eficaz y eficiente el abultado presupuesto del sistema general de regalías”, comentó Mejía a este medio.

De igual forma, el exministro de Hacienda Rudolf Hommes mencionó como no se puede descuidar la infraestructura, pues “es uno de los sectores en que más rápido se puede actuar por la alta productividad, porque da empleo y es una buena manera de emplear recursos”, comentó Hommes, quien habló de cómo un buen plan de caminos vecinales y otros proyectos de impulso “serían una manera de impulsar de manera rápida a la economía. Hay que invertir en carreteras”.

También el presidente de Anif, Mauricio Santa María, habló de cómo, durante un periodo corto, “si hay un plan de choque bien diseñado, con inversión fuerte en infraestructura, en vivienda, en acueductos, en transferencia monetarias adicionales, los programas de reactivación sirven mucho y ayudan a suavizar el mal momento de la economía”.

Otra voz en el tema es María Claudia Lacouture, quien asegura que se requiere, de manera urgente, “de un plan de choque articulado entre sector público y privado para reactivar sectores como de la construcción que tiene una marcada caída, de comercio y reparación de vehículos e industria manufacturera que están en terreno negativo”.

Fuente: Portafolio

Banagrario necesita $150 billones para tener la mayor cartera del sistema financiero

El presidente Gustavo Petro anunció que el banco tendrá los recursos públicos que estén en otras entidades financieras

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció esta semana los planes que tiene para fortalecer la economía popular. Para ello, el Banco Agrario, entidad pública que tiene como objetivo impulsar el progreso del agro por medio de créditos, será el eje central que utilizará el mandatario.

Según explicó el jefe de Estado, los fondos del Presupuesto General de la Nación que estén guardados en otras entidades financieras pasarían al Banco Agrario para soportar créditos con tasas subsidiadas. Además, dijo que el banco recibirá el nombre de Banco Agrario y Popular, y según el mandatario, esperan que este tenga una capacidad de créditos mayor a la que tiene Grupo Aval.

Actualmente, el Banagrario es el noveno banco con la cartera bruta más alta del sistema financiero, con $18,5 billones. De acuerdo con datos de la Superintendencia Financiera, Bancolombia tiene la cartera más alta, con $174,6 billones, le sigue Davivienda ($107 billones), Banco de Bogotá ($76,7 billones), Bbva ($71,4 billones) y Banco de Occidente ($43,1 billones). De este modo, para que el Banco Agrario supere la cartera de Bancolombia necesita más de $150 billones.

Entre otras cifras, el Banco Agrario, controlado por el Ministerio de Hacienda, cuenta con 790 oficinas, 1,8 millones de clientes, 331.332 tarjetas de crédito, 3,73 millones de tarjetas débito, $35,6 billones en activos, $33,11 billones en pasivos, $2,49 billones de patrimonio y $293.858 millones de utilidades.

Principales cambios

El Banagrario es un banco público nacional que se creó en 1999 a partir de la reconversión de Financiera Leasing Colvalores en banco comercial. Su propósito principal es “impulsar el progreso del agro y las familias, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro país”, según dice la misma entidad en su página web.

Para ello, el objetivo del banco es el financiamiento de actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial, a las que debe dirigir no menos de 70% de su cartera.

En este punto se vería el primer cambio del Banco Agrario, ya que, según mencionó el presidente Petro, sus créditos ya no estarán destinados únicamente al sector agro, sino también a la economía popular de zonas urbanas.

Estos créditos tendrán tasas de interés subsidiadas que compitan con los otros bancos del sistema financiero y con los prestamistas informales del ‘gota a gota’, a los que suelen recurrir los pequeños comerciantes.

Según Petro, los créditos serán más accesibles e incluirán tanto a los trabajadores formales como a los informales, enfocándose principalmente en los micronegocios de barrio. De acuerdo con cifras del Dane, para el cierre del 2022 los micronegocios llegaron a 5,37 millones de unidades productivas.

“Aquí se han inventado dos palabras: economía informal y economía formal, dentro del discurso de la gente que ha gobernado Colombia, lo que importaba es la economía formal. Nosotros dejamos de hablar de informales, la gente no se divide entre formales e informales, la gente es trabajadora, punto”, dijo Petro en el complejo sur del Sena.

Fuente: La Republica

Así sería el plan de Petro para impulsar le economía popular

Se dará nuevo enfoque al Sena, con el fin de impulsar pequeños negocios y emprendimientos.

El presidente Gustavo Petro anunció un nuevo enfoque que tendrá el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), con el fin de impulsar pequeños negocios y emprendimientos de la ‘economía popular’.

El mandatario aseguró que el país tiene una necesidad de que se transfiera conocimiento tecnológico y técnico a diferentes sectores, y que ahí la entidad puede jugar un papel clave.

“El papel del Sena es el de llevar conocimiento a la Economía Popular. Si hemos dicho que el trabajo es cada vez más inteligencia, conocimiento, entonces la función del Sena es irradiar esos conocimientos los más profundos posibles al trabajo de la economía popular”, dijo el primer mandatario de los colombianos.

Para ello, el Gobierno lanzó el programa Full Popular del Sena, con el que busca empoderar a emprendedores y dueños de pequeños negocios de este segmento social, vinculado a labores altamente informales.

Además, destacó la necesidad de movilizar créditos hacia este tipo de actividades, con tasas de interés inferiores, y mencionó actividades como las peluquerías o los mototaxis como posibles beneficiados.

“El poder es el que el pueblo colombiano pueda trabajar con conocimientos, con créditos, con espacio, con capacidad de decisión, con asociatividad. Y ahí es donde queremos enmarcar el empoderamiento de la economía que llamamos popular, la economía del pueblo y el Sena tienen que articularse al empoderamiento de la economía popular”, aseguró.

Fuente: Portafolio

Por fallo de juez, EPM hizo público el contrato de póliza con Mapfre por Hidroituango

La empresa aseguró que no había revelado los detalles del contrato por una cláusula de confidencialidad que firmaron ambas partes

Empresas Pública de Medellín tuvo que hacer público el contrato de transacción con Mapfre de la póliza de seguro por US$983,8 millones tras recibir una notificación judicial del juzgado 18 administrativo oral del circuito de Medellín.

El juez le había dado tres días de plazo para revelar el contrato, pero la entidad lo hizo un día después, en una rueda de prensa liderada por el gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, y Andrés Uribe Mesa, vicepresidente de riesgos de la misma empresa. 

"Con relación al contrato suscrito entre Mapfre y EPM, no hay nada que esconder. Hoy estamos aquí para ponerlo a disposición de la opinión pública", aseguró Carrillo Cardoso.

EPM reiteró que pese a aceptar los US$983,8 millones de una póliza “Todo Riesgo Construcción” que cubría hasta US$2.556 millones para cobertura de daños materiales en obras civiles y equipos, no renunció a reclamar valores o conceptos que hubiesen sido objeto de cobertura.

Carrillo explicó que la totalidad de la póliza, los US$2.556 millones, se entregarían solo si la represa hubiera quedado totalmente destruida, cosa que no pasó, luego de la contingencia que tuvo el proyecto en 2018.

"La póliza cuenta con unas condiciones que enmarcan la máxima responsabilidad de la aseguradora tales como deducibles, exclusiones y sublímites, que aplicadas dentro de un proceso de ajuste técnico hacen que no todas las pérdidas derivadas de la contingencia hayan sido indemnizables por Mapfre", aseguró Uribe Mesa en la rueda de prensa.

EPM agregó que la cifra alcanzada en el Acuerdo de Transacción con Mapfre permitió cubrir las pérdidas aseguradas y cerrar de forma anticipada la reclamación. Por eso la empresa desistió de continuar con el proceso arbitral que había iniciado contra la aseguradora, por si no se llegaba a un acuerdo.

"Igualmente, llegar a un acuerdo con Mapfre en ese momento, logró el pago de la totalidad del fallo fiscal de la Contraloría, lo que permitió dar continuidad a los contratistas a cargo del Proyecto. Si los contratistas del Consorcio CCCI y de los otros consorcios de la interventoría y asesoría hubieran estado inhabilitados al quedar inscritos en el boletín de responsables fiscales, hubiera sido imposible darle continuidad al Proyecto, ocasionando mayores pérdidas y comprometiendo la estabilidad física de las obras, además de la seguridad de las comunidades aguas abajo de la presa", agregó Carrillo.

Dijo que si los contratistas hubieran quedado inhabilitados por el no pago del fallo de responsabilidad fiscal, la empresa se hubiera tardado mínimo dos meses en iniciar un nuevo proceso licitación para encontrar nuevos constructores.

EPM organizó en su momento un comité técnico para establecer las pérdidas que se hubieran generado por el retraso de esos dos meses y estableció que ese tiempo significaba entre $4,5 billones y $7,4 billones por pérdidas de ingreso y pago de multas. Por eso señaló que el acuerdo suscrito con Mapfre el 10 de diciembre de 2021 se encuentra conforme con el proceso de ajuste técnico que EPM venía adelantando.

Fuente: La Republica

Con nuevo aumento, el galón de gasolina quedaría sobre los $14.000 en septiembre

En poco menos de un año, el precio del combustible habrá subido más $5.000. Los analistas prevén que brecha internacional se cierre en tres meses

Ad portas de septiembre, el Gobierno prevé un nuevo incremento en el galón de gasolina para acercarse más al cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec).

Este nuevo incremento, que se prevé sea de $600 como en anteriores meses, llevaría al galón de gasolina a un precio promedio cercano a $14.000, que estaría aún lejos de la meta de $16.000 que planteó el Ministerio de Hacienda y que sería clave para cerrar la brecha del Fepec.

“Con el ajuste de $600 por galón que podría empezar a regir para el mes de septiembre, el precio de la gasolina a nivel nacional habría aumentando más de $5.010 por galón, en lo que va corrido de este Gobierno y, nuevamente, un aumento récord en materia de precios mensuales como tal”, aseguró Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy.

Andrés Velasco, director técnico del Carf, recordó que, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en 2023 se generará un déficit de $17,8 billones ($4 billones por gasolina y $13,8 billones por Acpm).

Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, apuntó que esta reducción del déficit para finales de año se mantendrá en el horizonte, toda vez que no se incremente el precio del Acpm.

“Esto, siempre y cuando se mantenga congelado el precio del diésel, pero de establecerse un valor diferencial para los taxistas anunciado por el Gobierno, desde luego que este déficit puede ser mucho mayor”, alertó Acosta.

La paridad internacional llegaría entre tres a cuatro meses, toda vez que continúen los incrementos del galón de gasolina. Vera recordó que las cuentas internacionales toman una tasa de cambio de $4.110,08 a día de hoy, es decir $187 por dólar más que a finales de julio.

También contempla un precio internacional del petróleo alrededor de los US$85,51 por barril, con un equivalente al precio internacional o costo de oportunidad de la gasolina de US$112,54 dólares por barril, lo que representó US$5,5 dólares por barril menos que el mes anterior.

De esta forma, según los cálculos del experto, el diferencial sería de $1.507 por galón después del aumento de septiembre, siendo a día de hoy de $2.048 por galón aproximadamente,

“Asumiendo que no hay cambios en el precio del alcohol carburante que podría aumentar este mes y que podría incrementar un poco dicho diferencia, si se realizan ajustes mensuales de $600 pesos por galón en tres meses alcanzaríamos el precio internacional o cuatro meses si se hicieran ajustes del orden de $400 pesos”, dijo Vera.

Este cálculo, aseguró el experto, prevé que los ajustes del Ministerio de Hacienda se registrarían hasta noviembre o máximo diciembre.

“Lo claro es que la TRM ha subido, el precio del petróleo se ha mantenido y el de la gasolina ha caído como es común dado que estamos llegando al fin del verano y cae el consumo global de dicho producto, tal es así que el precio de la gasolina ha caído cerca de US$13 centavos por galón”, agregó el experto.

El diésel no se toca

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reiteró que los ajustes del precio de la gasolina continuarán subiendo hasta alcanzar los $16.000, cifra en la que ya cerraría el déficit con el Fepec.

Bonilla reiteró que el Acpm, combustible de los transportistas, no ha incrementado desde 2020 y que, en lo que resta de 2023, tampoco lo hará.

Fuente: La Republica