Febrero 12 de 2024

Golpe a la infraestructura por líos en Presupuesto de 2024

Expertos advierten que esto se podría traducir en una andanada de demandas contra la Nación, pérdida de confianza y falta de financiación.

Luego de que Portafolio destapó que el Gobierno no discriminó $13 billones en los rubros de inversión de cuatro entidades para 2024, y que por ello más de 100 proyectos quedaron sin seguridad sobre los recursos que deben recibir este año, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que es parte de un “ejercicio de priorización” que les ordenó el presidente Gustavo Petro.

El funcionario puso como ejemplo la primera línea del Metro de Bogotá, proyecto que no tendría este año los $776.000 millones que se aprobaron en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI. “Con el Metro (de Bogotá) hay una discusión, que la planteó su mismo Gerente, diciendo que hay retrasos. Los recursos están asegurados, nunca se le ha quitado el nivel de importancia estratégica. Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse, dado el nivel de retraso de la obra”, explicó el funcionario.

Luego reveló que esto hace parte de una revisión para determinar qué tanto han avanzado obras como esta o las concesiones viales de cuarta generación, y comenzar una renegociación de las vigencias futuras, en función de su grado de avance y de “qué es lo que van a necesitar este año”.

Se trata de un giro radical que prende una alerta máxima sobre los proyectos, su ejecución y su financiación, ya que se estructuraron bajo el compromiso de que tendrían un flujo de dinero dentro del Presupuesto General de la Nación de cada año.

Según expertos, las vigencias futuras no es un tema con el que se pueda jugar, ya que constituyen una prenda de garantía de cara a la confianza e incumplirlas le traería serias consecuencias al país. Una de las primeras reacciones fue la de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), quien pidió que se expida con urgencia el decreto que desagrega los $13 billones que actualmente se encuentran en partidas globales y se dé un parte de tranquilidad con los compromisos adquiridos.

Esto para “garantizar la buena marcha de obras estratégicas para la conectividad. De igual manera, en aras de superar la parálisis de proyectos vitales, es esencial honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras ya asignadas a iniciativas como, por ejemplo, Mulaló-Loboguerrero”.

De hecho, según la CCI, la parálisis ya es visible en varios programas de mantenimiento rutinario a cargo del Invías, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios del sector. Además, ya fueron suspendidos procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de $267.000 millones al no poderse ratificar las vigencias futuras. “El Invías no puede sacar ninguna licitación pública para el mantenimiento periódico de carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) para abrir las licitaciones”, enfatizó la CCI.

Para entender la importancia de este mecanismo, Juan Benavides, investigador asociado de Fedesarrollo, explicó que son promesas de pago que utilizan las concesiones para obtener financiación por parte de bancos y otras entidades, con miras a desarrollar las obras que les contratan.

Cambio sería ilegal

“Los proyectos de Alianza Público Privada se financian con aportes patrimoniales y una deuda  obtenida en los mercados de bonos o por la banca comercial de desarrollo”, dijo. Explicó que las concesiones se remuneran de dos maneras: con peajes o, cuando estos son insuficientes para recuperar la inversión y gastos de operación y mantenimiento, con aportes estatales llamados vigencias futuras.

Agregó que esas vigencias se definen en entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura o Findeter, y quedan “amarradas” al Presupuesto General de la Nación, por lo que cambiar su destinación es “ilegal”, ya que no son de libre asignación.

Fuentes oficiales que pidieron reserva revelaron que este ha sido el malestar entre técnicos del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, quienes califican de “suicidio insitucional” lo que se quiere hacer, ya que le terminaría costando mucho a Colombia.

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, advirtió que esto abriría la puerta a una ofensiva jurídica contra el Gobierno, que podría acabar en litigios que se pierdan. “No sacarían plata sino que (con alta probabilidad), les costaría más”, dijo.

Vale recordar que, en el documento Conpes 3760 de 2013 se proyectó que el flujo máximo de vigencias futuras entre 2020 y 2044 es de 0,4% del PIB, dejando claro que son asignaciones que no se cambian. Los analistas también coinciden en que al tocar las vigencias futuras se está golpeando un esquema que funciona y que hay que tener en cuenta que los dineros que no se entregan implicarían para los concesionarios y sus empresas incumplir el pago de la financiación y que se les cierre la puerta al crédito.

Para Andrés Moreno Jaramillo, experto financiero, “renegociar las obligaciones, todo lo que sea cambiar las condiciones, y más en un escenario de improvisación, de mal manejo técnico y profesional, de mal liderazgo y de pésima ejecución”, terminará espantando la inversión extranjera.

Hay mucho por renegociar

Otro experto que habló con Portafolio sobre este tema fue el profesor de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, quien advirtió que no se puede pasar por alto que todo “contrato de concesión tiene cláusulas de renegociación” y que si hay voluntad, se podrían establecer nuevas condiciones.

“Sin embargo, hay varios problemas que renegociar en este caso. En primer lugar, hay muchos contratos en esos rubros presupuestales para poderlos renegociar y dudo mucho que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de renegociar simultáneamente todos esos contratos”, sostuvo.

Adicional dijo que si no se logra renegociar los contratos antes de que se llegue al momento de término de los pagos, se estaría cesando este compromiso y se podría tomar como un incumplimiento en el tema.

Fuente: Portafolio

La Asamblea de Accionistas abre una semana clave para el futuro del Grupo Nutresa

La compañía se reunirá hoy en Medellín para elegir una nueva Junta Directiva. El Grupo Gilinski ya tiene 76,9% de participación tras los intercambios con el GEA de la semana pasada

El Grupo Nutresa enfrenta el inicio de los cambios que traerá la llegada a la administración del banquero Jaime Gilinski y sus socios árabes como los accionistas mayoritarios de la compañía. El primer paso se dará esta mañana, con la asamblea extraordinaria de accionistas que se citó para cambiar la Junta Directiva y reformar parte de los estatutos que tiene la empresa.

La reunión se tendrá luego de que se cumplió uno de los pasos del Acuerdo de Madrid, con el que las compañías del Grupo Empresarial Antioqueño, GEA, pactaron su salida de la multilatina de alimentos a cambio de que lo que se conoce como el Grupo Gilinski saliera de sus participaciones en el Grupo Sura.

Tras el intercambio de acciones que concretó la semana pasada, Gilinski y sus socios quedaron con 76,9% de participación, mientras que el porcentaje restante está en manos de una serie de minoritarios, incluido el paquete de la empresa Microinversiones, de la familia Palacio.

Con este porcentaje, llegarán a la Asamblea citada a las 8 de la mañana en el Hotel Intercontinental de Medellín. En la propuesta que llevarán, los miembros patrimoniales estarían conformados por Jaime Gilinski Bacal, Gabriel Gilinski Kardonski y Ricardo Díaz Romero.

Además, los miembros independientes serían María Ximena Lombana y Christian Murrle. De acogerse estos nombres, marcaría la salida de los Gilinski de la Junta de Sura, de donde renunciaron la semana pasada, y su llegada a Nutresa.

Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, destacó que con la llegada de los nuevos dueños, se podrían buscar más inversionistas, uno de los puntos de los que ya se hablaron durante las OPA que se lanzaron desde 2021.

“Consideramos que lo más probable para materializarse serán las desinversiones de activos y optimización de la estructura de capital para poder rentabilizar la inversión realizada, junto con aumentos en los dividendos decretados”, aseguró el analista.

En la propuesta de reforma de estatutos está realizar cambios como reducir el tiempo de antelación para la presentación de candidatos a la Junta, con el propósito de facilitar la elección.

Además, se propone eliminar la función de aprobar la política de sucesión que tiene actualmente la Asamblea de Accionistas, al considerar que se trata “de un asunto que se encuentra regulado, no solo a nivel de la ley mercantil, sino también a través de los estatutos y el Código de Buen Gobierno de Grupo Nutresa”. En la propuesta, también se discutirá reducir el número de miembros de la Junta Directiva de siete a cinco miembros, de los cuales dos serán independientes.

Wilson Tovar, gerente de investigaciones económicas de Acciones & Valores, consideró que tras la llegada de los nuevos directivos a la multilatina “es probable que los cambios no sean tan veloces, puesto que la gestión financiera de la compañía de alimentos parece sólida, o al menos lo suficiente como para no realizar cambios significativos en periodos menores a seis meses”.

Sumado a los cambios que tendrán los estatutos y la Junta Directiva de la compañía, los accionistas también están pendientes al lanzamiento de la OPA que se convino en el Acuerdo de Madrid, para aumentar la participación que tiene el Grupo Gilinski en la empresa.

El año pasado se pactó que tras lograr en el intercambio 76,9% de la empresa, se buscaría que tuviera al menos 87% de la participación accionaria. Para esto, Grupo Argos, Grupo Sura, Graystone Holdings, que es una sociedad designada por IHC, Jgdb y Nugil harán una Oferta hasta por 23,1%.

La OPA será realizada a todos los accionistas de Nutresa. En el caso de Argos y Sura ofrecerán adquirir hasta 10,1% de las acciones en circulación, con una forma de pago que incluye una combinación de acciones de Sura y de la llamada Sociedad Portafolio o recibir US$12 por acción.

Las otras firmas del Grupo Gilinski ofrecerán adquirir a US$12 los títulos que excedan el mencionado 10,1% hasta un máximo de 13%.

Más de la mitad de las ventas se realizan en Colombia

Según los resultados al tercer trimestre de 2023, el Grupo Nutresa acumuló ingresos por $14,2 billones, un incremento de 17,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. De esto, 58,7% de las ventas se produce en Colombia, mientras que el porcentaje restante viene de mercados internacionales.

A esto, se suma una serie de alianzas estratégicas que amplían su presencia. Por ejemplo, tiene 40% de Bimbo Colombia y 30% de Estrella Andina, el operador de la cadena Starbucks en el país.

Fuente: Portafolio

Instituciones financieras optan por la cautela a la hora de hacer inversiones este año

Los analistas creen que la renta fija está entre las alternativas para este año

Las instituciones financieras globales no tienen un consenso sobre los activos en los cuales se debe invertir, pero el elemento en común que sí mantienen es la cautela a la hora de analizar cuáles son sus activos preferidos para este año.

Según una encuesta de Natixis IM, solo están infraponderados el efectivo y el high yield estadounidense, pero las instituciones son neutrales en ocho clases de activos, algo que no se veía desde finales de 2019.

En el caso de la renta variable, el informe asegura que los inversores deberían favorecer sectores como los servicios públicos y los productos básicos de consumo, junto con las recompras de acciones que, según Natixis, “pueden constituir una fuerza importante que impulse” los títulos durante 2024.

La renta fija también está entre las recomendaciones, después de que los bonos no tuvieran el rendimiento que se esperaba durante 2023. Las instituciones financieras globales “esperan que los inversores obtengan rendimiento de los bonos del Estado y muchos buscan ampliar la duración y reducir las elevadas posiciones de efectivo más pronto que tarde”, añadió el informe.

Como suele suceder, los analistas recomiendan una mayor diversificación por sectores, regiones y estrategias especialmente en la infraestructura y la deuda privada.

Dentro de los temas que discutieron las instituciones financieras estuvieron el impacto que podría tener lo que llamaron un súper ciclo de la innovación, impulsado por la inteligencia artificial, junto con la descarbonización y la llamada economía verde.

Fuente: La Republica

Cómo se ven afectadas las universidades públicas por líos en Presupuesto de 2024

El Gobierno expidió un decreto con el que busca arreglar algunos de los errores en estas partidas, tomando facultades del Congreso.

La polémica por las irregularidades en el Presupuesto General de la Nación, que tienen en el aire $13 billones del 2024 y sin una asignación específica a 108 proyectos y programas del Gobierno para este año, tiene un capítulo importante en la educación, que si bien se está tratando de corregir desde el Ministerio de Hacienda, sigue dejando serias dudas sobre la legalidad de su implementación.

Por ejemplo, el pasado 5 de febrero, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 103 del 2024, con el cual “efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación contenido en el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación para la vigencia fiscal 2024”.

Allí, según las comparaciones realizadas con el borrador de decreto de liquidación que hizo esta cartera, pero que no fue implementado por la Presidencia, se retoman las propuestas de discriminación sugeridas por los técnicos del Gobierno y se parte en tres la partida para el mejoramiento en infraestructura de al menos 15 universidades públicas.

En el documento que finalmente quedó vigente estos dineros, que suman $1,2 billones, quedaron bajo las sombrillas “Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las instituciones de educación superior” ($800.000 millones). “Mejoramiento Integral de las Condiciones de Calidad de las Instituciones de Educación Superior ($300.000 millones) y Fortalecimiento de las Universidades Estatales-Estampilla Pro Universidad Ley 1697 de 2013” ($110.000 millones).

Cabe resaltar que en el Decreto 2295 del 2023, que ha sido motivo de varios reclamos por parte de analistas debido a la no discriminación específica de recursos, los más de un billón de pesos ya mencionados aparecían con el concepto “Educación Superior Como un Derecho-Infraestructura”, el cual se interpretaba como una partida global.

Sin embargo, al contrastar esta normativa para 2024 con sus similares de años anteriores, se aprecia que no existe una desagregación puntual de los centros de educación superior públicos que recibirán estos dineros del Estado, sino que todos los recursos se dejaron en una bolsa común, que analistas advierten que podría ser repartida a criterio del Gobierno. 

Sólo para poner un ejemplo, al revisar los decretos de liquidación de 2020, 2021 y 2022; se aprecian conceptos como “Aportes para la Financiación de la Universidad Pedagógica Nacional” o “Aportes para la Financiación de la Universidad del Cauca-Nacional”; para los que se solían especificar partidas entre $2.500 y $3.700 millones; las cuales quedaban aseguradas por ley.

Pero al revisar el Anexo de Proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) - 2024, documento clave para priorizar los planes y programas que van en el presupuesto de cada año; se aprecia que para este quedaron agendados como “Aportes para la Financiación” de al menos 15 universidades públicas que no aparecen de forma clara en las cuentas de la Nación.

En la lista aparecen la Universidad Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad de Caldas, Universidad de la Amazonía, Universidad de Córdoba, Universidad de los Llanos, Universidad del Cauca, Universidad del Pacífico, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), Universidad Pedagógica, Universidad Popular del Cesar y la Universidad Tecnológica del Chocó, entre otras.

Expertos consultados concordaron en que la no discriminación de las partidas presupuestales para estas universidades las deja en el mismo escenario que los 108 proyectos de infraestructura, que no tienen una seguridad jurídica frente a la plata que deben recibir este año, ya que todo queda a discreción del Gobierno.

Portafolio también habló con varios analistas sobre si los errores del Presupuesto de 2024 se pueden arreglar por decreto y, para Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, por este medio “no pueden arreglar la situación; les va a tocar ir al Congreso”, que fue donde originalmente se presentó la primera inconsistencia.

“Se equivocaron y, por seguir tapando el error, cada día éste es más grande. El Gobierno debería ir al Congreso a modificar el Presupuesto porque no lo liquidó como era. Ese Decreto de Liquidación del presupuesto está mal hecho porque no tienen sustento jurídico”, enfatizó Londoño.

Entre tanto, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, señala que lo primero que hay que dejar claro es que “el presupuesto de la vigencia 2024 se está manejando de una manera muy poco transparente”, teniendo en cuenta que las partidas globales reveladas por Portafolio dejan un mensaje de incertidumbre.

“La ley orgánica del Presupuesto dice que todos los gastos deben aparecer discriminados e identificables en la Ley de Apropiaciones. No pueden inventarlas luego los gobiernos en el curso de la ejecución presupuestaria”, indicó Restrepo.

Y destacó destacó un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que advierte que las partidas globales en el Presupuesto General de 2024 se podrían prestar para casos de corrupción, ya que no hay una destinación fija para los $13 billones ya mencionados, lo cual genera desconfianza.

Facultades exclusivas del Congreso de la República

El profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, se refirió a las facultades que tiene el Ministerio de Hacienda para cambiar las partidas presupuestales dentro del Decreto de Liquidación y manifestó que, según la ley, “si usted quiere modificar las apropiaciones, la única manera de poder hacerlo es ante la misma autoridad institucional que tiene la función y esa función la tiene únicamente el Congreso de la República”, dejando claro que todo debe ir de la mano con la Ley de Presupuesto que se aprobó el año pasado en la cual, al ser revisada por este medio, se evidenció que también quedó en partidas globales.

Fuente: Portafolio

Las altas tasas de interés aún trasnochan a los colombianos a la hora de pedir créditos

Un informe del Banco de la República muestra las principales preocupaciones sobre el sector financiero. La percepción de demanda de crédito continúa en niveles negativos

A pesar de que el Banco de la República ya comenzó a reducir las tasas de interés y la tasa de usura ha caído más de 1.000 puntos básicos, el costo de los créditos sigue siendo la principal preocupación de los consumidores, según un informe del mismo Emisor.

El reporte de la situación de crédito, a corte de diciembre del año pasado, reveló que a la hora de realizar el trámite de la negociación de un crédito, la queja más frecuente está relacionada con la percepción de que las tasas de interés continúan en un nivel muy alto. La respuesta se encontró tanto para los clientes de los bancos, como de las cooperativas y las compañías de financiamiento.

Además, al cierre de 2023, la encuesta también mostró que el descontento también nace porque se cree que las condiciones de aprobación del crédito son muy difíciles, el plazo del crédito es muy corto o el tiempo para realizar el procedimiento para pedirlo es muy largo.

Según las cifras de la Superintendencia Financiera, la tasa promedio ponderada de los desembolsos para las personas fue de 21,44% E.A., en la semana que finalizó el 29 de diciembre del año pasado. Para ese mismo periodo, en 2022, la tasa promedio ponderada de los desembolsos a las personas fue de 25,21% E.A.

Del lado de la percepción de los bancos, la capacidad de pago de los clientes es el principal obstáculo que impide o podría impedir otorgar un mayor volumen de crédito al sector privado, aunque también hay otros factores como la actividad económica del cliente y el costo de los recursos captados.

“Se espera que una mayor proporción de bancos aumenten las exigencias para la asignación de nuevos créditos para todas las modalidades, a excepción de consumo. Para esta última modalidad y para microcrédito, se prevé un leve aumento en el porcentaje de entidades que disminuyan las exigencias”, agregó el informe del Banco de la República.

Demanda de crédito, a la baja

La desaceleración económica, la menor confianza del consumidor y las altas tasas que aún mantiene el Emisor se sintieron en el desempeño del crédito. La percepción de demanda de los préstamos continuó en niveles negativos para todas las modalidades, especialmente en el segmento de vivienda, un sector donde las ventas registraron un retroceso de más de 40%.

Según el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, durante el año pasado, la cartera crediticia cayó 6,8% en términos reales, lo que llevó al indicador de profundización financiera a su nivel más bajo en una década.

Sobre la percepción de demanda del crédito corporativo, el informe del Banco de la República destacó la leve recuperación de los indicadores de los cuatro tamaños de empresa, aunque todavía se encuentran en niveles similares a los que hubo durante la pandemia.

Sobre la situación del crédito, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, aseguró que 2023 fue un año de retos, en medio del poco crecimiento económico y del deterioro de la cartera. Según el banquero, si bien ya comenzaron las reducciones en las tasas de referencia, los consumidores solo las sentirán hasta el segundo semestre, dado el rezago que tiene con las tasas comerciales.

“Ha bajado mucho la demanda de crédito, claramente los colombianos están siendo mucho más cautelosos, sobre todo, porque hay menos crecimiento económico y las tasas están altas, lo que llevó a que el año pasado hubiera un decrecimiento de cartera a final de año”, agregó el presidente de Bancolombia.

Pese a al panorama, Malagón destacó la fortaleza del sistema financiero y dijo que tiene un nivel de solvencia del sistema bancario de 16%, que supera los mínimos regulatorios de 9%, y resaltó la supervisión que se realiza al sector.

Fuente: La Republica

Petro habla sobre los hechos en el Palacio de Justicia y los abucheos a la primera dama

En un extenso tuit, el presidente dio su versión de los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero. Responsabiliza a personas ajenas a la movilización.

El presidente Gustavo Petro, a través de sus redes sociales, habló sobre lo sucedido el pasado 8 de febrero, cuando se presentó un aparente intento de asedio al Palacio de Justicia, en Bogotá, así como los abucheos que habría recibido la primera dama, Verónica Alcocer, en el Carnaval de Barranquilla.

El jefe de Estado, ante versiones de los hechos que apuntan que hubo violencia física en contra de magistrados de la Alta Corte, aseguró que dicha información es falsa.

No obstante, y, sin quedarse corto, el primer mandatario desglosó su versión de los hechos, en el que asegura que, con informaciones obtenidas por el Gobierno, cuatro personas "ajenas por completo a las manifestaciones", habría bloqueado la puerta de la reja del Palacio de Justicia.

Supuestos abucheos a Verónica Alcocer en Barranquilla

De igual manera, Petro se refirió a la situación de los abucheos que habría recibido la comparsa de la que hizo parte la primera dama, Verónica Alcocer, en el Carnaval de Barranquilla.

El jefe de Estado asegura que esta información también es falsa; sin embargo, detalló que, efectivamente, hubo un grupo organizado de personas "listas para ejercer violencia" contra su esposa, no obstante, cuenta que la comparsa tomó otro recorrido "y allí solo hubo aplauso popular a mi Gobierno".

Fuente: Portafolio

Las exportaciones no minero-energéticas hacia Estados Unidos cayeron 0,4% en 2023

Mientras el sector minero-energético cerró con una caída de 24,2% al pasar de US$7.074 millones en 2022 a US$5.365 millones

AmCham Colombia informó que las exportaciones no minero-energética hacia Estados Unidos cayeron 0,4% el año pasado, ya que se contabilizó el orden de US$7.732 millones, mientras que en 2022 la cifra era por US$7.765 millones, según cifras del Dane.

Las exportaciones no minero energéticas hacia Estados Unidos siguen siendo mayoritarias con 59% del total transado con ese país y en comparación con productos minero energéticos, de acuerdo con AmCham Colombia.

El sector minero-energético registró una caída de 24,2% al pasar de US$7.074 millones en 2022 a US$5.365 millones en 2023, lo que generó una reducción de las ventas totales hacia Estados Unidos de 11,7% por valor de US$13.097 millones, frente a los US$14.840 millones comercializados en 2022.

“Si bien es cierto que la demanda internacional presenta una caída después del rebote de consumo tras la pandemia, y esto se ha visto reflejado en la disminución de las exportaciones de Colombia, el llamado es a tener un plan de acción público-privado para potencializar las oportunidades que hay e identificadas por la Cámara Colombo Americana”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia.

Lacouture agregó que “es importante que con esta estrategia se impulsen las ventas hacia Estados Unidos de los productos no minero energéticos y aquellos en los que tenemos mayor competitividad gracias a la ventaja comparativa revelada frente a otros países”.

Los productos que continuaron creciendo durante 2023 del subsector de las manufacturas fueron las puertas y ventanas de aluminio por US$626 millones con un alza de 32%; transformadores de dieléctrico líquido con ventas por US$68 millones y un aumento de 1.447%; transformadores de dieléctrico líquido de potencia superior a 1000 kva (+81,7%); ropa de tocador de cocina de algodón (+13,2%); tarjetas inteligentes (+4,9%); tapas y tapones de plásticos (+28,4%); ácido cítrico (+81,3%); placas y hojas de vidrio colado (+26,9%), entre otros.

En el subsector agroindustrial destacaron las flores cortadas por valor de US$959 millones y un incremento de 2%; pompones frescos por el orden de US$89,9 millones (+1,5%); azúcar de caña (+23,6%); claveles frescos (+2%); frutas comestibles (+29%); filetes de tilapia (+9,5%); lima Tahití (+31,5%); alstroemerias frescas (+1,8%); grasas y aceites vegetales o animales (+235,5%); claveles miniatura frescos (+5%); café soluble liofilizado (+36,4%); plátanos frescos (+13,6%), entre otros.

“Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, contamos con oportunidades para desarrollar, sabemos que, con un trabajo público-privado en los próximos tres años, se pueden crecer las exportaciones agroindustriales en un 250%, también en productos intermedios, de manufacturas e industrias, así como en servicios. Las cifras lo demuestran, pero se requiere mayor esfuerzo y sinergia entre los entes económicos para lograr aprovechar todo el potencial que percibimos”, afirmó la presidenta de AmCham Colombia.

Por regiones

Antioquia lideró las exportaciones NME durante 2023 con transacciones por valor de US$2.474 millones, presentando un crecimiento de 15,8% al compararlo con 2022 cuando se registraron en US$2.137 millones; Bogotá se desaceleró 5,7% pasando de US$1.577 millones en 2022 a US$1.487 millones en 2023; Atlántico se alzó 23,2% de US$757,2 millones en 2022 a US$933 millones; Cundinamarca aumentó 3,1% alcanzando cifras por US$ 838,3 millones. Valle del Cauca con movimientos por US$562,3 millones en 2023; Huila con US$250,5 millones; Caldas por valor de US$205,5 millones, sin embargo, en los mencionados, las transacciones totales presentaron un decrecimiento hacia Estados Unidos.

“Independientemente de los retos que tengamos como país, y de la coyuntura internacional, Colombia siempre ha sido un país que ofrece oportunidades y Estados Unidos mantiene una preferencia por los productos colombianos, un logro que se ha dado por cuenta del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ese país. Por eso, debemos ver este contexto como una oportunidad, debemos cambiar la perspectiva, reforzando el trabajo entre Gobierno y empresarios y construyendo una complementariedad entre cada una de las acciones con el desarrollo regional productivo de cada departamento para tener impacto”, finalizó Lacouture.

Fuente: Portafolio